Escrito por Daniel Linares Aviléz (*)
En este cuarto gabinete de ministros hay dos abogados que han sido docentes universitarios, el actual premier, Dr. Aníbal Torres Vásquez, quien fue ministro de justicia del gabinete anterior, además ha sido decano de la facultad de derecho de la Universidad Mayor de San Marcos y decano del Colegio de Abogados de Lima. El canciller, Dr. César Landa, quien también fue ministro en el gabinete presidido por Héctor Valer. Según su currículum publicado en el portal del Estado , es docente de derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Mayor de San Marcos, y además ha sido Presidente del Tribunal Constitucional, entidad esta última que es el máximo intérprete de la constitución en nuestro país.
El actual Ministro de Justicia, Félix Chero Medina, indica en su currículo que ha practicado la docencia, sin embargo no precisa en qué universidad o institución lo ha hecho, ni en qué materias, y en mis búsquedas no he encontrado cual ha sido su aporte académico. Además, son abogadas de este gabinete Betssy Chavez Chino, respecto de ella, en un reportaje de un programa dominical se dio noticia que el 49% de su tesis para optar el título de abogada ha sido plagiada, según se corroboró con la aplicación Turnitin. También es abogada de este gabinete la ministra de desarrollo e inclusión social y actual vicepresidente del Perú, la Sra Dina Boluarte.
Cabe preguntarse, si en un Gabinete en el que coinciden cinco abogados, dos de ellos, el Dr Landa y el Dr Torres Vasquez, de amplia trayectoria profesional y docentes universitarios, y uno, el canciller, especialista en derecho constitucional; resulta verosímil sostener que estos profesionales no son conscientes que las últimas propuestas del Gobierno son disposiciones que transgreden nuestra Constitución de forma evidente. Me estoy refiriendo al D.S. N° 034-2022-PCM que dispuso la inmovilización de los pobladores de Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional el 05 de abril último, y ahora del Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que autoriza someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución Política del Perú,.
Es del caso precisar, que el decreto supremo aludido fue emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros y rubricado tanto por el premier como por el Ministro de Justicia, ambos abogados; y en el caso del proyecto de Ley, el mismo aparece rubricado por la oficina de asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia, y la carta con que se remite el mismo a la Presidencia del Congreso, la suscriben el Sr. Pedro Castillo y el Sr. Aníbal Torres Vasquez.
Los abogados estudiamos la ley, aprendemos a interpretarla, somos conscientes desde el inicio de nuestra formación universitaria que la Constitución es la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico, sabemos que es la norma de mayor jerarquía en nuestro sistema, la que organiza el estado, limita el poder político disponiendo el respeto de nuestros derechos fundamentales y del estado de derecho.
En el caso del decreto supremo y el proyecto de ley aludidos, hay opinión unánime de los abogados especialistas en derecho constitucional, que la inmovilización fue una disposición desproporcionada e innecesaria que atentó contra libertades esenciales de los pobladores de Lima y Callao, como lo son la libertad de tránsito, el derecho al trabajo entre otros; mientras que el proyecto de ley propone una Asamblea Constituyente, que es una institución no reconocida por nuestra Constitución para la modificación de la misma, y por tanto es inconstitucional, entre otros vicios.
La pregunta que considero pertinente hacer, ante estos actos jurídicamente insostenibles, ¿qué nos hubiesen enseñado los profesores Landa y Torres Vasquez?. Estoy seguro de que los hubiesen condenado sin dudarlo, porque en las aulas surge el espacio para el debate académico, alturado y razonado, en el que los disparates se desmantelan con argumentos y sapiencia, destacando en la discusión las posiciones con mejor estructura. Sin embargo, esto no ocurre en el ámbito político, en el que los intereses priman sobre la ley y las instituciones, sometiendo a estas últimas en beneficio de los primeros, sacrificando el discurso razonado y sustentado, por el atropello, la confabulación de pasillo, y los intereses mezquinos.
En mi condición de abogado, lamento mucho que los políticos Landa y Torres Vasquez difieran de aquellas expectativas que la comunidad jurídica depositaba en los profesores Landa y Torres Vasquez, y si bien pienso que el Premier y los otros tres abogados que fungen de ministros hace tiempo dejaron en evidencia sus verdaderos intereses (por lo que se puede esperar cualquier desatino de su parte), en el caso del Dr Landa me llama mucho la atención que no haya protestado ante estas atrocidades legales de las que no tengo duda es consciente, optando por guardar silencio.
El abogado es pieza fundamental en el desarrollo y protección del orden jurídico, y si tiene la condición de político ostenta incluso una mejor posición para que su aporte sea beneficioso para la sociedad, lo lamentable es que ocurra todo lo contrario. Sería funesto comprobar que se dio más valor a intereses egoístas antes que al trascender de manera positiva en la historia del país.
Bibliografía:
[1] https://www.gob.pe/pcm/ministros
