La semana que pasó – la del 15 al 21 julio para ser exacto – fue la semana de la resocialización. Esto en consonancia con la absurda tradición estatal de ponerle a nombre a los años, meses, semanas o días, en un intento desesperado de tratar de mostrar rumbo y consecuencia.

Lo real, más allá de la parafernalia que acompañó esta ¿ celebración ?, es que pese a que nuestro ordenamiento normativo indica como meta la mentada resocialización, los esfuerzos de los distintos órganos estatales competentes para llevar cabo dicho proceso, en los últimos tiempos, han estado cifrados en señalar todo lo contrario.

Veamos. Tanto la Constitución Política, como el Código Penal y el Código de Ejecución Penal precisan, palabras más, palabras menos, que la finalidad del régimen penitenciario es la reincorporación del penado a la sociedad. O sea, la resocialización.

Ante ello ¿ qué hace el Congreso ?, subir penas y crear – a diestra y siniestra – más delitos; ¿ qué hace el Poder Judicial ?, en algunos casos soltar delincuentes mediante beneficios penitenciarios o medidas coercitivas benignas, y en otros casos imponer penas altísimas; ¿ qué hace el INPE ?, tramitar a veces «suavamente» los beneficios penitenciarios y hacer esfuerzos para cumplir sus funciones pese a sus limitaciones. El resultado : la inseguridad ciudadana sigue en alza. No han coherencia, rumbo y consecuencia.

No propongo desde luego ser benignos con el delincuente, el concepto de resocialización no significa eso; pero si hablamos de reincorporar a una persona a la sociedad deberíamos preocuparnos en tomar medidas para ello y no meter a todos «al bote», de donde vemos que salen repotenciados a seguir con sus fechorías (e incluso hacerlas cuando están en prisión con «pana y elegancia»). Evidente la estrategia – si esta existe, lo cual dudo – no está funcionando y urge revisarla para no tener más años, meses, semanas y días de inseguridad.