Una mirada al Sistema de Justicia a partir del caso Ana Estrada | Liliana Salomé

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*Escrito por Liliana Salomé

Introducción

El caso de Ana Estrada tiene una fuerte carga emotiva. Ana es una mujer diagnosticada con una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa, llamada polimiositis. Desde hace años Ana desea poder decidir libremente el momento en que pondrá término a su vida, que será cuando los intolerables dolores y las condiciones de deterioro de su salud hagan que su vida sea incompatible con su dignidad.

Hace poco, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió una sentencia sin precedentes: ordenó al Ministerio de Salud y EsSalud que respeten la decisión de Ana de poner fin a su vida a través de la eutanasia cuando ella lo decida (Exp. N.°00573-2020). Esta sentencia viene motivando múltiples reacciones, pues se ha opinado a favor y en contra de la sentencia y, con seguridad, se seguirá escribiendo mucho sobre ella desde diferentes puntos de vista. La teoría de los derechos fundamentales, la argumentación jurídica, el derecho penal, la bioética jurídica y el derecho procesal constitucional, son solo algunas de las aproximaciones posibles. Este artículo busca aproximarse al caso desde los avances y desafíos que su resolución ha planteado y continúa planteando al Sistema de Justicia.

Atendiendo al objeto de este artículo, considero importante precisar que parto de una noción de Sistema de Justicia que lo concibe como “el conjunto de todas las instituciones públicas que cumplen un papel relevante para permitir el acceso a la justicia (o no) de los ciudadanos cuando estos consideran que sus derechos han sido indebidamente vulnerados o cuando requieren resolver una controversia jurídica, patrimonial, comercial o familiar que no ha sido posible resolverla en forma privada” (Lovatón, 2017, p. 20).

El Sistema de Justicia, por tanto, se articula para garantizar el derecho fundamental de todas las personas a acceder a la justicia. Este derecho puede ser definido como “el derecho que tiene todo sujeto a acudir a los órganos jurisdiccionales a solicitar la protección de cualquier derecho o interés frente a cualquier situación de lesión o de amenaza de lesión en la que se encuentre” (Priori, 2019, p. 82). En las siguientes líneas, me referiré al rol que, en el marco de sus respectivas competencias, han desempeñado en este caso la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y las procuradurías de las entidades públicas demandas.

I. La Defensoría del Pueblo: la defensa de los derechos y la labor pedagógica

La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucionalmente autónomo, cuya principal misión consiste en defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con énfasis en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Asimismo, supervisa el cumplimiento de las obligaciones del Estado. La autonomía de la Defensoría del Pueblo deriva de la propia Constitución (artículos 161 y 162) y en sus casi 25 años de vida institucional ha impulsado o intervenido en numerosos procesos constitucionales (Albán, 2019). El caso de Ana Estrada es uno de ellos.

La vía procesal elegida, en esta oportunidad, ha sido el proceso constitucional de amparo, que procede en defensa de todos los derechos fundamentales de las personas, con excepción de aquellos derechos que son protegidos por el proceso de hábeas corpus y por el proceso de hábeas data[1]. La legitimidad para obrar activa en el proceso de amparo ha sido regulada en el articulo 39 del Código Procesal Constitucional, que establece lo siguiente: “[e]l afectado es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo”.

Sin perjuicio de ello, el artículo 40 del mismo código señala que “la Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de amparo en ejercicio de sus competencias constitucionales”. Este artículo leído en concordancia con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (Ley 26520) faculta a dicho organismo para interponer demandas de amparo “en tutela de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad” (artículo 9.2).

En el marco de las normas citadas, la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de amparo a favor de Ana Estrada. Su objetivo central era que se declare inaplicable, para el caso concreto, el artículo 112 del Código Penal que tipifica el delito de homicidio piadoso. La Defensoría consideró que los efectos desplegados por dicho artículo constituían una lesión al derecho fundamental de Ana a la muerte en condiciones dignas, así como a sus derechos fundamentales a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y; además, representaba una amenaza cierta e inminente a no sufrir tratos crueles e inhumanos. Al declararse inaplicable el artículo 112 del Código Penal, Ana podría acceder a la eutanasia sin que ninguna persona sea sancionada penalmente por ello. De tal forma, las entidades demandadas fueron EsSalud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además de ser la entidad demandante, es destacable el rol pedagógico que viene desempeñando la Defensoría del Pueblo en esta materia. Archivos y enlaces conteniendo la demanda, la audiencia y la sentencia, así como resúmenes e infografías sobre lo que significa la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna, pueden encontrarse en su portal institucional con el nombre “En busca de una #MuerteDigna”. El rol pedagógico de difusión de los derechos humanos busca la construcción de ciudadanía (Santistevan: 1998) y ello tiene una importancia crucial en este caso, pues aun cuando el proceso de amparo interpuesto por la Defensoría del Pueblo permitirá dar una respuesta a Ana Estrada, es importante que el Estado peruano pueda dar una respuesta a todas las personas que se encuentren en su misma situación o en situaciones similares. Por ello, la aprobación de una ley con efectos generales, luego de un debate público y democrático, se hace necesaria.

II. El Poder Judicial: resolver sobre el fondo de un caso difícil

El Poder Judicial ocupa un lugar protagónico en el Sistema de Justicia. Sin embargo, existe la creencia de que ante un caso especialmente difícil –como es este– y considerando la elevada carga procesal (que constituye un problema muy extendido en el Poder Judicial), posiblemente un juzgado de primera instancia evite ingresar al fondo del asunto. Esto no ocurrió en el caso de Ana Estrada, lo que resulta meritorio.

Una de las dificultades de tipo procesal que el juzgado debió resolver antes de pronunciarse sobre el fondo guarda relación con el hecho de que se trata de una demanda de amparo contra una norma legal. Al respecto, es importante tener presente que si bien la Constitución señala que el amparo “no procede contra normas legales” (artículo 200.2), este artículo constitucional ha sido interpretado en el sentido de prohibir el amparo frente a normas heteroaplicativas, dejando a salvo la posibilidad de cuestionar normas autoaplicativas.

Sobre estas últimas, el Código Procesal Constitucional señala que “[s]on normas autoaplicativas, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada” (artículo 3). ¿Es la norma que se cuestiona una norma autoaplicativa? Para dar respuesta, observemos el artículo en cuestión: “El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”. A primera vista, no parece que el artículo 112 del Código Penal calce en la definición anotada pues su aplicación estará supeditada a que una persona incurra en la conducta que la norma describe y eso es algo que podría no ocurrir.

En este punto, es importante señalar que el tema del amparo contra normas es uno de los temas más debatidos en torno al amparo en el derecho comparado (Abad, 2017; Neyra, 2005). No se trata, por tanto, de una cuestión sencilla. En la sentencia del caso Ana Estrada, el juez señala que se trata de una norma autoaplicativa, porque no requiere un reglamento o un acto administrativo previo que determine su aplicación; cualquier persona que incurra en la conducta prohibida podrá ser denunciada, investigada, procesada y sancionada con la pena establecida en el artículo citado (párr. 84).

En el caso Confederación General de Trabajadores del Perú (Exp. N.° 4677-2004-PA/TC, FJ 4), el Tribunal Constitucional interpretó que era posible distinguir entre dos tipos distintos de normas autoaplicativas:

  • Por un lado, aquellas normas cuyo supuesto normativo genera una incidencia directa sobre la esfera subjetiva de las personas. El amparo en estos casos procederá porque la norma es, en sí misma, un acto (normativo) que podría resultar contrario a los derechos fundamentales.
  • De otro lado, son también normas autoaplicativas aquellas que tengan una incidencia en los derechos fundamentales como consecuencia de su aplicación obligatoria e incondicionada. En este caso, la procedencia del amparo es una consecuencia de la amenaza cierta e inminente que representaría la norma en cuestión para los derechos fundamentales[2].

Es el segundo tipo de norma autoaplicativa el que más se acerca a lo ocurrido en el caso Ana Estrada y plantea la necesidad de justificar que existe una amenaza, lo que también fue planteado por la Defensoría del Pueblo.

Ahora bien, sostener que en el caso existe una amenaza trae consigo nuevos desafíos, pues cuando se interpone una demanda de amparo contra la amenaza de lesión de un derecho fundamental se debe observar lo previsto en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional. Dicho artículo señala lo siguiente: “[c]uando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización”. De ahí que, una de las críticas que se haya formulado a la sentencia es que en ella “no existe ningún elemento que permita establecer que en un futuro próximo tal declaración [se refiere a la declaración de Ana de poner fin a su vida] se llevará a cabo, rompiendo con ello la exigencia de inminencia de la amenaza prevista en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional” (Castillo, 2021).

Poniendo en contexto las dificultadas anotadas, es importante señalar que el amparo contra normas es posiblemente uno de los tipos de amparo que mayores desafíos genera, porque la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas no siempre es clara. Tampoco lo es cuándo una amenaza resulta cierta e inminente (aunque existe criterios jurisprudenciales que pueden ser se ayuda, como el caso CGTP, mencionado líneas atrás). Estas dificultades pueden generar dudas en el órgano jurisdiccional respecto de si cabe –o no– emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. ¿Qué hacer en caso de duda? Aquí cobra especial relevancia el principio de pro actione y el derecho a un pronunciamiento sobre el fondo.

Según el principio de pro actione, en caso de duda se preferirá dar trámite a la demanda de amparo. Este principio, por tanto, impone a los órganos jurisdiccionales “la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho de obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, ante la duda, la decisión debe ser por la continuación del proceso y no por su extensión” (STC Exp. N°6512-2005-PA/TC, FJ 3).

Mientras que, el derecho a un pronunciamiento sobre el fondo (o el derecho a que el proceso concluya con una decisión que se pronuncie sobre la protección al derecho material solicitada) implica, siguiendo a Priori (2019), que “debe haber una resolución al conflicto de intereses planteado y, por lo tanto, un pronunciamiento respecto de la pretensión formulada” (p. 118). Esta es, por cierto, “la función que le corresponde cumplir al proceso dentro del sistema jurídico” (p. 119).

Se puede decir mucho más sobre la sentencia del caso de Ana Estrada; pero atendiendo a que el objetivo de este artículo consiste en realizar una aproximación al rol que han desempeñado los órganos que integran el sistema de justicia, avancemos al tercer y último punto de este breve artículo.

III. La decisión de las procuradurías de las entidades demandadas de no impugnar la sentencia

Las procuradurías están a cargo de la defensa jurídica de las entidades públicas (artículo 47 de la Constitución), por lo que, en este caso, al haberse demandado a EsSalud, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, intervinieron en el proceso de amparo los procuradores públicos de cada una de las entidades mencionadas.

Un asunto que causó expectativa luego de emitida la sentencia del caso Ana Estrada fue conocer si las tres procuradurías apelarían dicha decisión. A decir verdad, existe la creencia de que los procuradores públicos están siempre obligados a apelar cuando un fallo resulta desfavorable a la entidad que representan; y, en este caso, la sentencia había sido declarada fundada en casi todos sus extremos. Pero las procuradurías no están obligadas a apelar siempre y en todos los casos, creer lo contario sería de un formalismo inadmisible en un Estado constitucional y democrático de Derecho; además de contradictorio con el principio de razonabilidad.

Una norma que resulta relevante para esclarecer esta cuestión es el artículo 31 del Reglamento del Decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. En él se establece que constituye un acto de inconducta funcional el “[n]o presentar recursos impugnatorios en los procesos o procedimientos en los que interviene, dejando consentir de manera injustificada una resolución judicial, disposición fiscal, laudo arbitral u otra resolución que ponga fin al proceso, procedimiento o a la investigación y que perjudique los intereses del Estado” (artículo 31.2.6).

Por tanto, para que se configure un supuesto de inconducta funcional, el consentimiento tendría que haber sido injustificado y se tendría que haber perjudicado los intereses del Estado, algo que no ocurrió en este caso. De ahí que, las procuradurías de EsSalud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunciaron que no apelarían el fallo. Considero que se trata de una decisión destacable y que debe ser acogida en futuros casos, de manera que la apelación no se convierta en la expresión de un formalismo acrítico e innecesario, que no hace más que prolongar innecesariamente la solución de un caso concreto.

Recordemos que un aspecto que preocupaba con relación al caso era el tiempo que Ana tendría que esperar para obtener una respuesta definitiva. Al respecto, resulta oportuno mencionar que, según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en el distrito judicial de Lima, en promedio, un proceso de amparo demora aproximadamente tres años, sin contar el tiempo que dura el procedimiento ante el Tribunal Constitucional (Defensoría del Pueblo, 2015).  Un tiempo bastante prolongado, si se tiene en cuenta que el amparo está llamado a ser un proceso sencillo, rápido y efectivo para la protección de los derechos fundamentales de las personas.

La innecesaria presentación de apelaciones no hace más que agudizar el problema y, por eso, la decisión de las procuradurías de EsSalud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de no apelar la sentencia representa un avance importante. Corresponde ahora a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema pronunciarse en consulta sobre la sentencia no impugnada pues así lo disponen el Código Procesal Constitucional[3] y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

IV. Reflexiones finales

Se puede coincidir o discrepar de la forma en que se resolvió el caso Ana Estrada; pero no cabe duda de que se trata de uno de los casos más importantes que el Poder Judicial ha resuelto en materia de derechos fundamentales.

Como se señaló al inicio de este artículo el caso puede ser analizado desde diferentes puntos de vista y mi objetivo ha sido aproximarme a él a partir del rol que ha desempeñado el Sistema de Justicia, que –a mi juicio– ha sido destacable. El impulso de la Defensoría del Pueblo ha contribuido a que Ana Estrada pueda acceder a la justicia. Además, su permanente labor pedagógica viene contribuyendo a informar a la ciudadanía, algo fundamental en un Estado democrático, sobre todo si se tiene en cuenta que este es un asunto que forma parte de la agenda legislativa pendiente[4].

El Poder Judicial, por su parte, a través del Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima, emitió una sentencia sin precedentes y se pronunció sobre el fondo de un caso especialmente complejo. No estuvieron ausentes las dificultades de tipo procesal, como la cuestión relativa al carácter autoaplicativo (o no) de la norma cuestionada y la duda en torno a la certeza e inminencia (sobre todo esta última) de la amenaza. En todo caso, considero que la apuesta por ingresar al fondo del asunto ha sido acertada y puede sustentarse en el principio de pro actione y en el derecho a un pronunciamiento sobre el fondo.

Finalmente, las procuradurías de las entidades demandadas decidieron no apelar el fallo. Una decisión importante, alejada de formalismos y de actuaciones mecánicas. Una decisión que se adopta en el ejercicio de sus funciones y que busca contribuir a una misión que debe inspirar permanentemente la actuación del Estado, que es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad (artículo 1 de la Constitución). Debido a que, en caso lo hubieran hecho, sería contrario a un Estado constitucional y democrático el sostener que, en un caso como este, al no haber apelado la sentencia de primera instancia, las procuradurías públicas podrían haber incurrido en algún tipo de inconducta funcional, recalcándose que el marco normativo vigente es claro al respecto.

En ese sentido, son muchos los desafíos aún pendientes. En el corto plazo, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema tiene que pronunciarse en consulta sobre la sentencia que resolvió el caso de Ana Estrada. Esperemos que la Corte Suprema resuelva con prontitud y que podamos decir a Ana que el Sistema de Justicia tiene, finalmente, una respuesta definitiva a su pedido. Y que podamos decirle también que su lucha, además de representar una verdadera contribución a nuestra sociedad, permitió sacar lo mejor de nuestras instituciones.

*Sobre la autora: Profesora del curso Sistema de Justicia y Fundamentos Constitucionales del Proceso en la PUCP.

Imagen obtenida de https://bit.ly/2QqhqJX


[1] El proceso de hábeas corpus procede contra actos u omisiones que vulneran o amenazan el derecho a la libertad individual y los derechos constitucionales conexos; mientras que el proceso de hábeas data tutela el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales.

[2] En un sentido similar, el Tribunal Constitucional ha señalado que “cuando las normas impongan restricciones y sanciones sobre aquellos administrados que incumplan en abstracto sus disposiciones, queda claro que por sus alcances se tata de normas de carácter autoaplicativo que desde su entrada en vigencia generarán una serie de efectos jurídicos que pueden amenazar o violar derechos fundamentales” (STC Exp. N° 0684-2010-PA/TC, FJ 3).

[3] El artículo 3 del Código Procesal Constitucional, en la parte pertinente, señala que: “Las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las normas, serán elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones judiciales en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no proceda medio impugnatorio alguno”.

[4] En enero de este año el Congresista Gino Costa presentó un proyecto de ley que permite el uso de la eutanasia (Proyecto de Ley N° 6976/2020-CR).

Referencias

Abad, S. (2017). El proceso constitucional de amparo. Lima: Gaceta Jurídica.

Albán, W. (2019). La Defensoría del Pueblo en el Perú y en el mundo. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Castillo, L (2021). “Eutanasia e inminencia”. En La Ley. https://laley.pe/art/10809/eutanasia-e-inminencia

Defensoría del Pueblo (2015). Estudio del proceso de amparo en el Distrito Judicial de Lima. Lima: Defensoría del Pueblo.

Lovatón, D. (2017). Sistema de justicia en el Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

Neyra, A. (2005). Algunos alcances sobre la procedencia del amparo contra leyes. En Espinosa-Saldaña, Eloy (coord.), Derechos fundamentales y Derecho Procesal Constitucional. Lima: Jurista Editores.

Priori, G. (2019). El proceso y la tutela de los derechos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

Santistevan, J. (1998). El rol pedagógico de la Defensoría del Pueblo. En Patricia McLauchlan de Arregui & Santiago Cueto (Eds.), Educación ciudadana, democracia y participación (pp. 34-39). Lima: Grade.

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