Primera escena
El representante del máximo organismo electoral del país presenta un proyecto de ley según el cual, de ahora en adelante, el Parlamento no podrá aprobar reformas electorales un año antes de las elecciones.
El representante de este máximo organismo electoral no toma en cuenta, empero, que su propuesta es anodina -pues esa misma mayoría que se requiere para aprobarla es la misma que se requiere para dejarla de lado- y que va en contra de lo que, precisamente, es la razón de ser de un parlamento democrático: sentar posición sobre los grandes temas del país sin limitaciones de ninguna clase, salvo aquellas que están contenidas en la Constitución y que se refieren a derechos o a la forma republicana de gobierno.
Segunda escena
El Defensor del Pueblo recientemente elegido ni bien empieza su gestión anuncia que propondrá al Congreso de la República una iniciativa que apunta a que todos los informes de la institución que lidera sean vinculantes. Ello con el objeto, afirma, de que se respeten sus funciones y competencias y se eviten abusos y arbitrariedades que pongan en peligro el Estado de derecho y la democracia en nuestro país.
Olvida el nuevo Defensor que su entidad no cuenta con la competencia constitucional para imponer sus puntos de vista a los demás poderes del Estado u organismos públicos y que si acaso la tuviera sería la quiebra de los valores que dice defender, pues acumularía un poder insoportable y se convertiría en un actor político de primera línea sin haber, por supuesto, obtenido un solo voto, una sola adhesión del pueblo.
Tercera escena
Un «distraído» alcalde (la primera palabra que vino a mi mente fue sicotrópico) acaba de anunciar con bombos y platillos que su concejo municipal ha aprobado una ordenanza para regular el popular juego Pokemon Go, pues sostiene altera el orden público y pone en cuestión la seguridad de las personas.
Pierde de vista el alcalde que no es posible sancionar, ex ante, la practica de un juego, y que si acaso algún jugador de Pokemon Go incurre en los actos que menciona podría ser sancionado por otras normas que ya regulan ese tipo de conductas. Eso sin considerar, claro esta, que la norma, técnicamente, es inaplicable y que es, desde todo punto de vista, pintoresca y absurda.
¿Cómo se llama el cuento?
Populismo jurídico: una enfermedad que se manifiesta, sobretodo, en políticos oportunistas que no ponderan las consecuencias de sus actos y sus propuestas y cuyos efectos pagamos todos por falta de espacios que nos permitan controvertir esas nefastas decisiones.
