¿Importa seguir hablando del conflicto entre la libertad y la vida?

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En los últimos años, el tema de la despenalización del aborto en el Perú ha sido debatido en la esfera pública en varias oportunidades[1]; no obstante, solo en una fue posible la realización de dicho debate en la vía institucional del Congreso de la República. Esta ocasión, desarrollada entre los años 2014 y 2015, fue posible debido a la propuesta legislativa[2] presentada a través de una iniciativa ciudadana que postulaba la despenalización para los casos de violación sexual, inseminación artificial y transferencia de óvulos no consentidas. Después de una serie de sesiones en las que los parlamentarios pudieron escuchar a expertos y representantes de la sociedad civil, finalmente la Comisión de Justicia y Derechos Humanos emitió un predictamen en el que se decidió archivar el proyecto de ley; lo mismo ocurrió algunos meses después con la Comisión de Constitución y Reglamento que, por voto mayoritario, emitió un dictamen en el mismo sentido.

Así, la posición proaborto en la sociedad —representada institucionalmente en esta propuesta por 64,271 ciudadanos adherentes al proyecto de ley— perdió una vez más la posibilidad de que se produzca una reforma que permita la ampliación de los supuestos legales de aborto. Pero más que ello, todos los ciudadanos peruanos en conjunto, independientemente de su posición particular, perdimos la oportunidad de que el tema del aborto en casos de violación sexual y otros sea discutido en el Pleno a través de un proceso institucionalizado de deliberación, en el que el recurso por excelencia sea el uso de argumentos morales y constitucionales, y no, como se dio muchas veces al interior de las comisiones, con el uso de simples afirmaciones retóricas y carentes de una defensa adecuadamente construida.

Sin entrar al análisis de los debates de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de la Comisión de Constitución y Reglamento —en la que, por ejemplo, más de la mitad de los argumentos de una de las posiciones estuvo dirigida en contra del aborto en general sin hacer mención alguna a los supuestos específicos del proyecto de ley (Sotomayor y Ancí, en publicación)—, quiero hacer referencia a un extracto de una de las sesiones de la primera comisión, en el que la deficiencia de la calidad del debate es evidente. Se trata de la sesión realizada el 28 de abril de 2015 en el marco de las exposiciones de invitados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En esta ocasión, una de las participantes era Lucy Zare Chávez que, como representante del Poder Judicial, expuso una serie de argumentos que respaldaban la posición de la institución, la cual se pronunciaba a favor del proyecto de despenalización. Entre las ideas expuestas, mencionó lo siguiente:

Las normas que penalizan el aborto no deberían poner en mayor estado de vulnerabilidad a las mujeres víctimas de la violencia de género; la violación sexual, (…) constituye un supuesto de violencia de género, por tanto, el Perú está obligado a garantizarle a la mujer un desarrollo en igualdad de oportunidades, y si es necesario, a través de la derogación de ciertas disposiciones normativas (…). De persistir en la penalización del aborto sentimental, estaríamos perpetuando la violencia y la discriminación estructural contra la mujer, traducida en la afectación de su autonomía y autodeterminación para realizarse conforme a su voluntad y su propio proyecto de vida (…)[3].

Luego de culminada esta primera exposición, se dio paso a la intervención de la congresista Martha Chávez, quien realizó la siguiente pregunta: “[La representante del Poder Judicial] define que las mujeres que son violadas son víctimas de violencia de género. [En base a ello,] ¿cómo define al aborto? ¿qué tipo violencia es cuando se trata de quitarle la vida de un ser humano que es hombre o mujer, y que su única diferencia es que está en proceso de gestación al interior del vientre de la madre? (…) ¿es [también] violencia de género?”[4]

Más allá de la ambigüedad en la construcción de la pregunta[5], llama la atención el recurso que la congresista hace de las nociones de vida y de ser humano en su formulación. Tal como es de conocimiento general, y como ha sido expresamente señalado por ella misma[6], Martha Chávez está en contra de la despenalización del aborto, incluso en los casos de violación sexual. La mayoría de veces, esta posición es sostenida por ella y por muchos otros, principalmente, a través de la defensa indiscutible que realizan a favor del derecho a la vida del ser humano que se encuentra al interior del vientre de la mujer. Lo curioso, sin embargo, es, si en el contexto actual, hablar sobre el derecho a la vida del concebido es la única razón de fondo que sirve como eje en la construcción de la posición antiaborto, o si, por el contrario, muchas veces la alusión al derecho a la vida funciona más como una especie de distractor.

Desde esta perspectiva, se puede sostener que, antes de volver al interminable y ampliamente discutido conflicto entre el derecho a la vida del concebido y la libertad de la mujer embarazada, hay una pregunta previa que es necesario responder, pero que muchas veces no se aborda con claridad. En palabras de Thomson (citado por Tribe, 2012, p. 296), dicha pregunta está referida a “si el Estado puede obligar a una mujer a incubar [un] embrión y a servir contra su voluntad como un sistema de respiración artificial”. Teniendo en cuenta ello, se puede afirmar que uno de los primeros obstáculos que es posible que haya petrificado por años el debate sobre el aborto en nuestro contexto esté dado por el hecho de que muchos —ya sea intencional o irreflexivamente— equiparan el derecho a abortar de la mujer a una especie de “derecho de matar” a otro ser humano. No obstante, “a una mujer a la cual se le niega el derecho a elegir si interrumpe o no su embarazo, no se le está pidiendo únicamente abstenerse de matar a otra persona, sino que haga un sacrificio afirmativo (además, uno muy profundo) para salvar[la]” (Thomson citado por Tribe, 2012, p. 296).

En ese sentido, el derecho que se contrapone al derecho a la vida del feto sí tiene un valor constitucionalmente reconocido. En primer lugar, porque la prohibición de abortar implica una acción que la mujer debe de realizar en contra de su libertad y sobre su cuerpo a lo largo de la duración del embarazo (y, por lo tanto, se ve afectada su autonomía); y, en segundo lugar, porque la prohibición acarrea una transformación en la vida de la mujer después del embarazo obligándola a convertirse en madre (lo que implica una clara afectación al libre desarrollo de la personalidad). Por ambas razones, la cuestión no es solo si es constitucionalmente legítimo obligar a la mujer a no abortar para proteger el derecho a la vida de otro ser humano (i), sino, además, si es constitucionalmente legítimo obligar a una mujer a realizar un sacrificio sobre su propio cuerpo y proyecto de vida para proteger el derecho a la vida de otro (ii).

El problema, como veremos a continuación, se genera cuando uno observa que tanto (i) como (ii) no se encuentran al mismo nivel de discusión. No es solo que, para solucionar el conflicto, se deba, en base a las circunstancias particulares, otorgar un valor a la vida del feto y otro a la vida de la madre, para realizar una ponderación. En (i) si bien se enfrentan los intereses del concebido con los de la mujer, en (ii) el problema trasciende los límites de la discusión constitucional debido a que, para saber si el Estado tiene la potestad o no de obligar a una mujer a realizar semejante sacrificio, es necesario indagar en las bases de la estructura social.

En relación con el derecho a la vida del feto, la cuestión ha sido abarcada desde diferentes puntos de vista, entre uno de los cuales está aquel que la aborda mediante la pregunta referida a si el feto es una persona. Según Tribe (2012), uno puede buscar la respuesta a través de la religión, la ciencia, o la propia Constitución; no obstante, sea el feto o no una persona portadora de derechos humanos en toda su extensión, desde las diferentes perspectivas, hay una intuición clara: “(…) es probable que casi todos crean, aun cuando no parezcan tan dispuestos a decirlo con tanta franqueza, que el aborto, en particular en la fases tempranas del embarazo, no es realmente equivalente al asesinato de una persona ya nacida y que la mujer que elige interrumpir su embarazo no debería ser castigada como una homicida” (p. 284).

El hecho de que el aborto esté regulado a través de un tipo penal distinto al de homicidio y de que se le otorgue una sanción penal mucho menor a la que se considera para este segundo delito, va acompañado en el Perú por otra circunstancia importante. Después de que el proyecto de ley sobre la despenalización en casos de violación sexual y otros se rechazó al interior del Congreso, una de las reacciones más generalizada entre los que apoyaban la iniciativa, resaltó la “hipocresía” de los legisladores debido a que en nuestro país ninguna mujer ha sido condenada por el delito de aborto[7]. Este dato reafirma la tesis que muchos sostienen en relación a que la prohibición legal que se impone en contra de una mujer que quiere interrumpir voluntariamente su embarazo, tiene una carga más simbólica que constitucional. Los grupos provida denuncian que la despenalización generaría la desprotección del derecho a la vida de miles de fetos que más mujeres decidirían abortar. La pregunta, sin embargo, que se plantea es: ¿las restricciones a la interrupción del embarazo hacen mucho por salvar la vida de los fetos?

Para abordar el tema del derecho a la vida, el reconocido constitucionalista, Laurence H. Tribe, propone tomar, por un momento, como correcta la tesis que sostiene que “el feto es una persona desde el momento mismo de la concepción y, por consiguiente, portador de derechos humanos” (2012, pp. 272ss.). Desde su punto de vista, si ello es así, cualquier tipo de despenalización del aborto implicaría un trato desigual para el feto en relación con la regulación del delito de homicidio y, por lo tanto, cualquier tipo de despenalización sería inconstitucional, a menos que se acepte que hay un derecho protegido del “otro lado de la ecuación”. En el caso del aborto terapéutico se dice, por ejemplo, que el otro derecho es la vida de la mujer que se encuentra en riesgo; en el caso del aborto sentimental (casos de violación sexual), el otro derecho sería la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad de la mujer. Sin embargo, en el primer caso el sacrificio del feto se considera justificado, mientras que, en el segundo, no. ¿Por qué?

¿Hay alguna forma moralmente correcta en la que se concluya como válida la elección de la vida de una persona portadora de derechos humanos, por la de otra? Muchas son las razones que, desde la bioética y otras ramas del Derecho, se han intentado dar a esta pregunta. Sin embargo, la cuestión de fondo desde la perspectiva de Tribe es que no hay una manera moralmente suficiente de justificar la elección de una vida sobre otra a menos que, manifiestamente, la sociedad tolere el sacrificio de la vida del feto en cierto tipo de supuestos porque el valor que le otorga a sus derechos como persona es menor que el de los de una persona nacida. Lo que se plantea a partir de ello, no obstante, es por qué razón dicha tolerancia no alcanza a otro tipo de supuestos como es el caso del aborto sentimental.

Lo primero que se dirá es que, en este segundo supuesto, por ejemplo, la mujer tiene la posibilidad de decidir, mientras que en el caso de un aborto terapéutico su propia vida se encuentra en riesgo y no hay otra elección más que decidir por uno mismo. Sin embargo, con esta forma de justificación, se abre un grave problema para la protección constitucional que supuestamente ampara también a los derechos de la mujer. En otras palabras, el hecho de que la sociedad no considere el menor valor que les otorga a los derechos de un no nacido en los casos como el aborto sentimental, por ejemplo, hace que el derecho de la mujer se vacíe de contenido, y la protección constitucional sea una garantía declarada no concretizada. Para un caso, sí se acepta que la vida del feto pueda ser sacrificada; pero, para otro, la vida se defiende de manera absoluta, incluso llegándose a negar que la mujer tiene algún tipo de derecho constitucional que la respalde. ¿Por qué sucede esto?

En otras palabras, la cuestión puede retratarse con la siguiente pregunta: ¿por qué en el debate de la despenalización general o específica —como en los casos de violación sexual— la posición proaborto no otorga una importancia suficiente a la libertad de la mujer? Ante ello, se puede plantear dos consideraciones: una de origen netamente ético, y la otra, de contenido sociocultural, pero con efectos constitucionales.

La primera hace alusión a un principio general según el cual a la persona que lleva a otra persona en su vientre se le exige una forma de comportamiento heroico —el cual se ve mucho más acentuado en los casos en los que se obliga a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación sexual. De esta forma, la mujer debe hacer uso de su cuerpo “como un recipiente y un vehículo para otra vida” (Tribe, 2012, p. 273) durante el tiempo que dure el embarazo, así como debe convertirse en madre en el momento del parto, todo ello con la finalidad de salvarle la vida a otro ser humano. El principio abstracto que justifica esta obligación tiene la forma del “deber general de entregarse a sí mismo para rescatar a otra persona”. Sin embargo, la duda que surge inmediatamente es si el Derecho puede recoger un principio ético de tal magnitud hasta convertirlo en una obligación jurídicamente relevante, y penalmente sancionable.

La duda surge justamente porque el reconocimiento jurídico de esa obligación moral podría contener una visible contradicción. Si el acto heroico de sacrificar cierta parte de uno mismo para salvar a otro necesita de la voluntad libre del primero para que efectivamente sea un acto de auténtica heroicidad y valentía, ¿cómo sería posible conservar dicho valor ético si es que se obliga a una persona a comportarse de esa manera? El hecho de que exista una obligación de este tipo, desde un punto de vista razonable, vacía de contenido al principio mismo al cual los defensores provida apuntan: el que la mujer se sacrifique para salvar la vida del feto.

Ello, no obstante, sería así a menos que el estar en contra de la despenalización del aborto incorpore una razón distinta que justifique de alguna forma a la obligación, y que esté más allá de la protección a la vida de un ser humano. Según Tribe, “hay un solo espacio de la ley donde se ha requerido un [auténtico] sacrificio íntimo y realmente significativo de una persona para salvar a otra: la ley sobre el aborto” (2012, p. 298). Ante ello, la duda que se sigue de dicha constatación es si esta exigencia excepcional del sacrificio de uno mismo en favor de otro conllevaría cierto vicio de discriminación. La posición del constitucionalista es clara: “Cuando la ley prohíbe a una mujer liberarse del feto que está en su interior parece ejercer una discriminación severa en contra de las mujeres [en general], aun si los fetos se consideraran personas” (Tribe, 2012, p. 298).

Debido a ello, la discusión deja el nivel netamente jurídico (i), y se traslada a uno segundo (ii) en donde es necesario, para poder avanzar en la deliberación, virar la mirada hacia las bases estructurales de la sociedad que, en su mayoría, respalda el otorgamiento de un valor mínimo a la posición de la mujer que desea interrumpir voluntariamente su embarazo. En este segundo nivel de la discusión estamos, como mencionamos líneas arriba, ante un argumento de contenido sociocultural, pero con efectos constitucionales.

Al parecer, más allá de la protección a la vida de un ser humano, la defensa antiaborto está de acuerdo en que la mujer debe asumir la responsabilidad de su género y su condición biológica para cargar, solo ella, con la responsabilidad del embarazo como consecuencia de una relación sexual, ya sea consentida o no consentida. A partir de ello, se puede afirmar que las “opiniones antiaborto son motivadas no tanto por la inocencia del feto, sino por la supuesta ‘culpa’ [o función en la sociedad] de la mujer” (Tribe, 2012, p. 299).

La pregunta que queda pendiente, entonces, es si el Derecho, como herramienta de estabilización social, puede legítima y constitucionalmente imponerle una carga de tal magnitud a una persona solo por razón de su género. El debate sobre la despenalización sobre el aborto, en la actualidad, parece que ha dejado el campo minado y poco determinado de la bioética, en donde la discusión tiene como eje el conflicto de absolutos como son la vida y la libertad, para migrar hacia el ámbito de la cultura y la sociedad en la que dicho debate se encuentra arraigado. Con ello, ingresa a la ecuación un nuevo factor: “el hecho de que las leyes que prohíben el aborto niegan a las mujeres la protección igualitaria [ante el Derecho]” (Tribe, 2012, p. 303).

Bibliografía consultada

Dworkin, R. (1993). Life´s Dominion. An argument about abortion, euthanasia, and individual freedom. Nueva York: Alfred Knopf.

Hurtado Pozo, J. (1996). Aborto y Constitución (pp. 219-236). En Gonzales Amuchástegui, J. et.al. Derechos humanos de las mujeres. Aproximaciones conceptuales. Lima: Movimiento Manuela Ramos.

Sotomayor E. & N. Ancí (en publicación). “Debates parlamentarios y racionalidad legislativa en las discusiones sobre el tratamiento jurídico-penal del aborto: un análisis del periodo 2014-2015”. En:  Mujeres, aborto y religiones: debates sobre política sexual, subjetividades y campo religioso. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Tribe, L. H. (2012). El aborto: guerra de absolutos. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.


[1] En el año 2009 se reabrió con fuerza el debate a partir de la propuesta de reforma presentada por la Comisión Especial Revisora del Código Penal.

[2] Proyecto de Ley N° 3839-2014-IC.

[3] Transcripción realizada de la grabación de la sesión del 28 de abril del 2015. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TG0fV2DgUhA&t=6031s

[4] Transcripción realizada de la grabación de la sesión del 28 de abril del 2015. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TG0fV2DgUhA&t=6031s

[5] Hay un vacío, y, por lo tanto, no queda clara la relación entre el concepto de violencia de género y el hecho de quitarle la vida a un feto mediante la realización de un aborto. Al parecer, con la pregunta la congresista está sugiriendo que, si el Poder Judicial considera que la violación sexual de una mujer constituye violencia de género, entonces el matar a un feto con sexo femenino durante un aborto también sería un supuesto de violencia de género. Por lo tanto, pareciera que la congresista cree que la posición defendida estaría cayendo en una contradicción.

[6] Ello se observa, por ejemplo, en sus intervenciones en el Acta de la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del 24 de noviembre de 2015: “Se debe respetar la vida humana y la propuesta presentada no respeta el tratamiento igualitario de las personas y de la vida de las mismas (…)”.

[7] Ver: http://es.rfi.fr/americas/20151127-peru-no-se-despenalizara-el-aborto-en-caso-de-violacion

Imagen obtenida de: goo.gl/LCjQVU

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