Aplicación de la Ley No. 30498, una forma de promover las donaciones durante el Estado de Emergencia | PWC

2511
0
Compartir

Escrito por Raúl Campos Ramírez* y José Julio Hernández**

El 2020 será recordado como el año en el que la actividad del mundo entero quedó paralizada. Aún es pronto para calcular el impacto económico del coronavirus (Covid-19); sin embargo, comentarios como el de la directora gerente del Fondo Internacional (FMI), Kristalina Gueorguieva no parecen muy esperanzadores. El pasado 24 de marzo indicó que, “El pronóstico de crecimiento global para 2020 es negativo, tan mala o incluso peor que la de la crisis financiera global (2008)[1].

En el marco de la crisis financiera “[…] el avance de la economía cayó de casi 10% en 2008 a menos de 1% en 2009, las exportaciones se desplomaron más de 15%, pero igual estuvimos lejos de la recesión que afectó a los países más poderosos del mundo[2]. A pesar de ello, el Perú se mantuvo como uno de los pocos países que, a pesar de esta crisis sostuvo el crecimiento de su PBI.

Sin embargo, parece que en esta oportunidad no correríamos la misma suerte. Tal como lo señaló Elmer Cuba, “[…] estamos llegando al fin del milagro económico peruano”. Mientras que, entre los años 2002 y 2013 el Perú crecía, en promedio, a un 6% anual, dos puntos por encima del promedio mundial, entre el año 2014 y 2020 se creció en un 3.1.%, por debajo del 3.5 que crece el mundo[3].

Esta nueva crisis tiene una naturaleza completamente distinta a la del 2008, pues tiene su origen en la paralización de la actividad económica a la que se ha visto – y verán – obligada una gran cantidad de los países del mundo. Así pues, la paralización, afecta por igual a las empresas que se ven obligadas detener sus operaciones, como a los trabajadores quienes dejarán de percibir o verán reducidos sus salarios; sin contar aquellos que perderán sus empleos.

Así pues, si un impacto de tal magnitud tendrá sobre la actividad económica formal; no es muy difícil imaginar el impacto que tendrá sobre el empleo informal o, peor aún, respecto de aquellas personas que viven del “día a día” como taxistas, chatarreros, locadores, recolectores, entre otros muchos. Recordemos que nuestro país enfrenta tasas de informalidad que bordean el 70%[4].

En ese sentido, antes de pensar en medidas macroeconómicas que mitiguen una posible crisis económica, la primera fila de medidas deben pasar por paliar los efectos sobre quienes ya vienen siendo afectados. Estamos hablando; por un lado, de las empresas cuya actividad ha quedado paralizada y, en especial de aquellas personas que, debido al estado de emergencia decretado por el gobierno, se encuentran impedidas de proveer un sustento diario a sus hogares.

1. Una alternativa perdida: aplicación de la Ley No. 30498

1.1. Alcances de la Ley

Bajo ese contexto, queremos traer a debate una Ley cuya aplicación – desde nuestro punto de vista – puede llegar a beneficiar a empresas como ciudadanos por igual y, que ha sido completamente olvidada por nuestro gobierno. Estamos hablando de la Ley No. 30498, Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales.

Con la citada Ley, se introdujeron dos regímenes especiales de donaciones. Un régimen para la donación de alimentos que han perdido valor comercial, pero que aún se encuentran aptos para el consumo humano y, otro para las donaciones en caso de Estado de Emergencia originado en desastres naturales. En ambos casos, la Ley determinó una serie de beneficios tributarios relativos al Impuesto a la Renta (IR) y, al Impuesto General a las Ventas (IGV) con el fin de incentivar tales donaciones.

Para el primer régimen se dispusieron los siguientes beneficios: (a) se introdujo el inciso x.1) del artículo 37 la Ley del IR, en virtud del cual se admite la deducción para la determinación de la renta de tercera categoría (empresarial) de las donaciones de alimentos en buen estado y demás gastos vinculados a estas[5], (b) las donaciones no serán consideradas como transacciones sujetas a las reglas de valor de mercado a que se refiere el artículo 32 de la Ley del IR; (c) las donaciones se encuentran inafectas del IGV y del pago de derechos arancelarios (para el caso de importación)[6] y, (d) asociado al punto anterior que, el donante no pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal que corresponda al bien donado.

En la misma línea, se dispusieron disposiciones similares para las donaciones en caso de Estado de Emergencia decretado por desastres naturales. En ese sentido, se otorgaron los siguientes beneficios: (a) permitir la deducción para la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría[7] de los gastos por donaciones de bienes y prestación de servicios a título gratuito, que se realicen durante el estado de emergencia decretado por desastres naturales[8], (b) las donaciones y prestación de servicios gratuitos no serán consideradas como transacciones sujetas a las reglas de valor de mercado a que se refiere el artículo 32 de la presente Ley, (c) las donaciones de bienes no se considerarán como venta gravada para efectos de la Ley del IGV,  (d) los donantes no pierden el derecho a aplicar el crédito fiscal que corresponda y, (e) tanto las donaciones, como la prestación de servicios a título gratuito no se considerarán como operaciones “no gravadas” para efectos de la prorrata del crédito fiscal.

En ambos casos, los citados beneficios tributarios solo serán aplicables en la medida que las donaciones y/o prestación de servicios se realicen en favor de entidades receptoras de donaciones. Al respecto, los inciso s) y s.1) del artículo 21 de la Ley del IR señalan que cuentan con esta calidad, (a) las entidades y dependencias del Sector Público Nacional, (b) las organizaciones u organismos internacionales acreditados ante el Estado peruano[9] y, (c) las demás entidades beneficiarias calificadas como perceptoras de donaciones por la Sunat[10].

Por otro lado, respecto del régimen de donaciones en caso de Estado de Emergencia se precisó que los bienes y servicios a los cuales les serían aplicables los beneficios tributarios de la referida Ley son aquellos detallados en el decreto supremo que declare el Estado de Emergencia por desastres naturales. Cabe resaltar que este régimen se instauró bajo el contexto de las fuertes lluvias y “huaycos” que azotaron el país producto del fenómeno del niño en el año 2017.

Por ejemplo, el Decreto Supremo No. 035-2017-PCM (que declaró el estado de emergencia en el departamento de Piura) estableció que se encuentra comprendido dentro del alcance de la Ley No. 30498 la donación de material médico, medicamentos, bloqueadores solares, vacunas, equipos médicos y/o afines, repelentes de insectos, alimentos, bebidas, prendas de vestir, textiles para abrigo, entre otros detallados en el artículo 3.1. del referido decreto.

Así mismo, dicha norma dispuso que los servicios prestados a título gratuito que se encuentran comprendidos bajo el régimen son los de catering, servicios médicos, servicios de transporte, servicios logísticos de despacho, traslado y almacenaje, servicios de operadores y cualquier otro servicio que sea necesario para atender los requerimientos de la población afectada.

1.2. Régimen de donaciones en caso de Estado de Emergencia

Conforme señalamos en el aparatado precedente, para que proceda la aplicación del régimen de donaciones en caso de Estado de Emergencia, se debe reunir dos condiciones: (a) declaración de Estado de Emergencia originado por desastres producidos por fenómenos naturales y, (b) que el decreto supremo que declare el Estado de Emergencia detalle los bienes y servicios gratuitos cuya donación se encuentra comprendida dentro de los alcances del régimen.

En el contexto del Covid-19, el Decreto Supremo No. 044-2020 que declaró el Estado de Emergencia no dispuso la aplicación del régimen de donaciones de manera expresa; por ende, la Ley No. 30498 no fue aplicable. Sin perjuicio de ello nos preguntamos, ¿Acaso el brote del Covid-19 no es un desastre natural?; si ello fuera así, ¿El gobierno debió disponer su aplicación?

Para responder ambas preguntas, el primer paso es definir qué se entiende por “desastre natural”. Respecto este punto, lo cierto es que no hay una norma en nuestro ordenamiento jurídico tributario que defina qué se entiende por dicho término, motivo por el cual nos vemos obligados a recurrir a definiciones planteadas por diversas fuentes.

1.2.1. Definición de desastre natural para la Organización de las Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas (en adelante, “ONU”), a través de Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas[11] (UNIDRR) define el término desastre de dos maneras: (i) a partir de sus consecuencias y, (ii) por la manera en que son ocasionados.

Según la primera definición, un desastre es una grave perturbación del funcionamiento de comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales generalizadas que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. Según la segunda acepción, el desastre es el resultado de una combinación de tres factores: (a) riesgos o peligros (i.e. naturales y ocasionados por el hombre), (b) condiciones de vulnerabilidad y, (c) una insuficiente capacidad de medidas para reducir las consecuencias negativas del suceso[12].

Dentro de la segunda acepción es posible distinguir entre los llamados desastres naturales y, aquellos inducidos por “procesos humanos”. Al respecto, las ONU define al término “peligro” [hazard] como un acontecimiento físico, fenómeno o actividad humana potencialmente perjudicial que puede causar la pérdida de vidas, lesiones, daños a la propiedad, trastornos sociales y económicos o degradación del medio ambiente. En ese contexto, los riesgos “naturales” son los procesos o fenómenos ocurridos en la biosfera que puede constituir un evento dañoso. A su vez, estos últimos pueden ser diversa índole como: geológicos, meteorológicos o biológicos[13]. Precisamente, el ejemplo por antonomasia de los riesgos biológico son los brotes epidemiológicos o pandémicos.

Sobre este punto, tradicionalmente se ha definido a las pandemias como aquella “[…] epidemia que ocurre a nivel mundial o sobre un área muy amplia, cruzando límites internacionales y, usualmente, afectando a un gran número de personas”. Esta definición fue adoptada por la OMS para determinar que el brote de influenza (AH1N1) del año 2009 calificó como una pandemia[14]. A su vez, se define a la epidemia como “la ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, un comportamiento específico relativo a la salud u otros eventos relacionados con la salud que excedan la expectativa normal[15].

En conclusión, el término desastre tiene dos acepciones complementarias entre sí:

  • La primera lo define a partir de sus consecuencias. En ese sentido, un desastre, es el conjunto de daños y pérdidas de diversa índoles (i.e. humanas, medioambientales, económicas, entre otras) que genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales sobrepasando la capacidad de respuesta.
  • La segunda lo hace a partir del modo en el que origina. En ese sentido, un desastre es la combinación de los siguientes tres factores: (a) de un peligro, el cual puede ser de origen natural o inducido por procesos humanos, (b) una situación de vulnerabilidad[16] y, (c) una insuficiencia en la capacidad para atender las consecuencia de los sucesos.

1.2.2. Definición de desastre en el Ordenamiento Peruano

Llegados a este punto, resulta necesario preguntarse si las definiciones expuestas en el apartado precedente  se encuentran comprendidos o pueden aplicarse al ordenamiento peruano. Al respecto, si bien no hay una definición concreta de “desastre natural”, sí existe una normativa a fin de prevenir los riesgos de desastres.

Bajo este contexto, el Reglamento de la Ley No. 29664[17] define a los desastres como el “[…] conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana” (el énfasis es nuestro).

A su vez, define el término “peligro” como, “[…] la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos”. Finalmente, define “vulnerabilidad” como “[…] la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza”.

Conforme se puede apreciar, a pesar de las diferencias en la redacción, la norma peruana contiene las dos acepciones de desastre planteadas por la ONU. Por un lado, lo define como los daños ocasionados por el impacto de un peligro y, que sobrepasa las capacidad de respuesta local para atender las consecuencias (primera acepción) y, por otro, lo define como el conjunto de daños y pérdidas de distinta índole que sobrepasa la capacidad de respuesta local (segunda acepción). A su vez, agrega que los desastres se originan en peligros de carácter natural o humano; aunque a diferencia de la ONU no los describe. Lo cual resulta razonable, teniendo en consideración que la regulación para la gestión de los desastre no varía por la naturaleza de origen.

Por otro lado, encontramos el Decreto Legislativo No. 1156[18] que se emitió con la finalidad con el objeto de “[…] dictar medidas destinadas a garantizar el servicio público elevado o daño a la salud […]. Dicha norma define a las epidemias y pandemias en términos similares a los aceptados por la OMS[19].

El artículo 4 del Reglamento[20] agrega que una emergencia sanitaria constituye “en estado de riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, de extrema urgencia, como consecuencia de la ocurrencia de situaciones de brotes, epidemias o pandemias en el territorio nacional”. Precisa que, uno de los supuestos para declarar la emergencia sanitaria es la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

1.2.3. Calificación del brote del Covid-19 como desastre natural

Bajo el marco conceptual expuesto, procederemos a analizar si es que el brote del Covid-19 califica como un “desastre natural”. Para lo cual se analizará si la pandemia cumple con los elementos de ambas acepciones.

Con relación a la primera acepción, en definitiva, el brote se originó en un peligro o riesgo. Específicamente, esta nueva enfermedad es ocasionada por un virus, denominado por la OMS como SARS-CoV-2. Al respecto, de acuerdo con la clasificación de la ONU este peligro sería calificado como un riesgo natural de corte biológico (i.e. brotes epidemiológicos o pandémicos), en contraposición de los peligros ocasionados en procesos humanos como las guerras o ataques terroristas.

En segundo lugar, la pandemia ha expuesto diversas situaciones de vulnerabilidad. Primero, tratándose de una nueva enfermedad, los seres humanos no han desarrollado inmunidad y, por ello el virus resulta rápidamente contagios e incremente la mortalidad. Otro elemento de vulnerabilidad lo encontramos en la propia estructura de la sociedad, así pues, factores como la globalización o la alta densidad poblacional de las ciudades también coadyuvan a la rápida dispersión de la enfermedad.

En cuanto al último elemento (i.e. falta de capacidad de respuesta), las medidas de aislamiento social obligatorio (cuarentena) denotan la falta de respuesta ante esta nueva enfermedad. Medidas de tal magnitud – y consecuencias – se debe a que, de no tomarlas, los sistemas de salud se verían colapsados, lo que demuestra la falta de preparación ante una emergencia de este tipo. A su vez, la falta de capacidad de respuesta se manifiesta en la inexistencia de un tratamiento satisfactorio de la enfermedad ni de una vacuna que permita prevenir futuros contagios.

En cuanto a la segunda acepción, son evidentes los graves efectos ocasionados por el brote del Covid-19.  De acuerdo con el Ministerio de Salud, al 5 de abril de 2020, esta enfermedad, ha ocasionado el fallecimiento de 83 personas, así como 2281 casos confirmados, los mismos que seguirán aumentando diariamente[21].

Adicionalmente a ello, la gravedad de esta nueva enfermedad va más allá de los daños humanos; así pues, de acuerdo con la directora del FMI, Kristalina Gueorguieva, “Esta es una crisis como ninguna otra. Nunca en la historia del FMI hemos sido testigos de que la economía mundial se paraliza. Estamos en una recesión y es mucho peor que la crisis financiera[22].

La inminente crisis, ha llevado al gobierno a la adopción de medidas de salvataje económico a fin de reducir las consecuencias económicas que ocasionará el Covid-19 tales como aumentos en la tasa de desempleo, desaceleración económica y la quiebra de empresas de diversos sectores económicos.

Por otro lado, el Covid-19 ha obligado a que, mediante el Decreto Supremo No. 008-2020-SA, se declare la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por un plazo de noventa (90) días calendario.

Así pues, es de nuestra opinión que, el brote del Covid-19 se trata de un desastre en la medida que reúne todos elementos de su definición; es decir, se trata de un suceso ocasionado por un peligro (riesgo), agravado por diversas situaciones de vulnerabilidad como la inexistencia de cura o vacunas y, que en definitiva ha sobrepasado los mecanismos de respuesta de la sociedad, obligando a gobiernos de todo el mundo a medidas de aislamiento social obligatorio (cuarenta).

Específicamente, se trataría de un desastre de carácter natural, en la medida que la clasificación de la ONU incluye a las epidemias y pandemias como peligros naturales; en concreto como uno de carácter biológico.

Por todo lo expuesto, nos resulta, cuanto menos, curioso que el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, que declaró el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del Coivd-19 no haya previsto la aplicación de la Ley No. 30498 a fin de incentivar las donaciones por parte del sector privado durante la emergencia.

1.2.4. Beneficios de la aplicación de la Ley No. 30498

A pesar de la inaplicación de la Ley No, 30498, en los últimos días hemos podido comprobar cómo distintas empresas han realizado donaciones a favor de las poblaciones más afectadas por el estado de emergencia. Por ejemplo, “[…]las marcas de la compañía Delosi y la empresa San Fernando donaron más de 24 de toneladas […] las cadenas de fastfood y restaurantes afirmaron que se logró beneficiar a más de 10.000 personas entre albergues, Bomberos Voluntarios de Miraflores y Marina de Guerra del Perú con productos como vegetales, embutidos, pan, sándwiches preparados, pizzas, entre otros[23].

Con relación a ello, como señalamos previamente, la inevitable recesión a la que nos enfrentaremos en los próximos meses afectará por igual a las empresas como a la población. Por consiguiente, no cabe duda de que, muchas compañías contarán con inventarios de productos que no serán vendidos, los cuales, en lugar de ser desechados, podrían ser aprovechados por quienes más lo necesitan. Y, no es necesario limitarse a alimentos, por ejemplo, podrían ser objeto de donación, ropa, pañales, productos de aseo, entre otros muchos. De esta manera, no solo se verían beneficiados los más vulnerables, sino que las empresas podrían aplicar los beneficios tributarios dispuestos para el régimen de donaciones en caso de Estado de Emergencia.

De la misma forma, hemos podido comprobar distintas iniciativas de las empresas. Por ejemplo, una reconocida cadena de hoteles que, por medio de sus redes sociales, anunció que ponía a disposición sus establecimientos para poder alojar a aquellos peruanos que regresan del extranjero y así cumplir con el periodo de aislamiento social necesario a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus[24]. O, por ejemplo, la cervecería peruana Backus que puso a disposición sus plantas para surtir de agua a los camiones cisterna de organismos públicos que así lo requieran (como los de la Policía y las Fuerzas Armadas)[25].

Los ejemplos expuestos en el párrafo anterior son solo una muestra de la gran cantidad de servicios que las empresas de diversos sectores económicos pueden brindar a fin de paliar las consecuencias del brote de COVID-19, los cuales – sin duda – podrían calificar como una prestación de servicios gratuitos, en el marco de lo dispuesto de la Ley No. 30498 y, así poder aplicar los beneficios tributarios dispuestos para esta norma.

2. Posibles puntos de mejora en la Ley

Más allá del “olvido” del Gobierno respecto a la aplicación de la Ley No. 30498; esta resulta una buena oportunidad para revisar el alcance de sus disposiciones. Así pues, desde nuestro punto de vista existen diversos puntos de mejora para su aplicación ante cualquier desastre.

2.1. Mejoras al régimen de donación de alimentos

Como primer punto, si bien los beneficios tributarios son aplicables para cualquier persona jurídica que done alimentos en buen estado a las entidades perceptoras; resulta claro que la atención de la norma está puesta en los almacenes de alimentos y supermercados. De hecho, el artículo 1 de la Ley es concluyente al señalar que, la finalidad de la Ley es que estos donen la totalidad de alimentos que reúnan las condiciones de la norma, quedando prohibida la destrucción de estos.

En ese sentido, no vemos ningún motivo que impida ampliar el alcance de la norma a todos los agentes que participen en todas las etapas de cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo humano (por ejemplo, los restaurantes); aunque es evidente que, para ello se requieren medidas razonables y proporcionales para cada tipo de agente. Al respecto, hacemos notar que, actualmente, ya existe una norma con el fin de evitar la reducción de pérdidas de desperdicios de alimentos con este alcance[26].

Un segundo punto de mejora lo encontramos respecto a los beneficios otorgados por la Ley a fin de promover las donaciones. En primer lugar, respecto a las donaciones, si bien se permite una deducción como gasto en la determinación del IR y, una exoneración del IGV y derechos arancelarios, desde nuestra óptica estos no serían suficientes. Al respecto, otros países de la región van un paso más allá. Por ejemplo, en el caso de Colombia, las donaciones que efectúan los contribuyentes a los bancos de alimentos son deducibles en un ciento veinticinco (125%) de su valor.[27]

Por otro lado, como fue señalado anteriormente, la Ley No. 30498 tenía como finalidad que, a partir del tercer año de su entrada en vigor (i.e. 2 de agosto de 2019) los supermercados y almacenes tuvieran prohibida la destrucción de aquellos alimentos no comercializados, pero, que se encuentren aptos para el consumo humano. Al respecto, el 9 de agosto de 2019, se publicó el proyecto de Resolución Ministerial No. 179-2019[28] con el fin de hacer efectiva tal disposición, la misma que al día de hoy, habiendo pasado casi cuatro años desde la publicación de la Ley, aún no ha sido aprobada.

No obstante, es pertinente remitirnos nuevamente a nuestro país vecino Colombia que, el 2 agosto de pasado año 2019 promulgó la Ley No. 1990 por medio de la cual se crea la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos. En efecto, tal norma dispone que el incumplimiento de tales medidas será objeto de multas y sanciones administrativas por parte de la Administración Tributaria de este país. Consideramos que, sería pertinente aplicar medidas similares en nuestro país.

Como tercer punto de mejora, consideramos que es factible ampliar los productos cuya donación será obligatoria. Así pues, además de alimentos, las empresas dejan de comercializar, por motivos de apariencia (e.g. fallas en el empaquetado) otros productos de primera necesidad, tales como pañales, ropa, productos de aseo, entre otros.

Sobre este último punto, Chile ha tomado medidas similares; por ejemplo, desde julio de 2018 la Administración Tributaria de este país permitió deducir como gasto necesario el valor de pañales que no se comercializaban por tener fallas en su embalaje o transporte, y a comienzos de agosto extendió este tratamiento tributario a los productos de higiene personal: pasta de dientes, champú, jabón, entre otros. Incluso, parece haber ido un paso más allá; el proyecto de modernización tributaria – aún no aprobado – incluyó la donación de bienes en general (libros, ropa, útiles escolares, entre otros) y, castigó su destrucción[29]. 

2.2. Mejoras al régimen de donación en caso de Estado de Emergencia

En primer lugar, resultaría necesario ampliar el objeto de este régimen a fin de que se aplique a cualquier tipo de desastre o cuanto menos precisar qué se entiende por “desastre natural”, ello sin perjuicio que desde nuestro punto de vista, existen elementos para calificar a esta epidemia como desastre natural en los términos desarrollados. Conforme hemo señalado, la legislación peruana otorga el mismo tratamiento para todo tipo de desastres, con independencia de su origen; ello en la misma línea de lo señalado por la ONU.

Sobre este punto, se ha llegado a afirmar que los desastres no son “naturales” sino que siempre son ocasionados por el hombre, debido a que la mayoría de sus efectos se debe a la falta de previsión de los riesgos que lo ocasionan[30]. Así pues, independientemente del origen, lo importante es prever los riegos y, cuando estos ocurran procurar dar una solución uniforme a sus consecuencias.

En ese sentido, teniendo que la finalidad de la Ley No. 30498 es promover las donaciones ante un Estado de Emergencia, en nuestra opinión no es relevante su fuente (natural o humana) sino atender las consecuencias del evento. En esa línea, será el decreto supremo que declare la emergencia el que precise qué bienes y servicios son requeridos para atender el desastre específico.

En segundo lugar, en nuestra opinión, la Ley debería señalar que su aplicación es de carácter obligatorio ante cualquier desastre que derive en la declaración de un Estado de Emergencia, a fin de evitar que su aplicación dependa de la voluntad del gobierno.

Como tercer punto de mejora, al igual que en el régimen de donación de alimentos, los beneficios tributarios otorgados resultan insuficientes para incentivar las donaciones. En una línea parecida parece ir el Proyecto de Ley No. 4895, Ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, el cual propone que la deducción de gastos por donaciones efectuadas durante la emergencia sanitaria que no puedan ser aplicadas en el ejercicio puedan ser arrastradas a los ejercicios siguientes

Como cuarto punto de mejora, los efectos causados por los desastres naturales se extienden mucho más allá del “estado de emergencia”. En ese sentido, consideramos necesario extender la aplicación temporal de los beneficios, hasta un periodo límite posterior al estado de emergencia.

Como último punto de mejora, en especial bajo el contexto de urgencia en el que nos encontramos, consideramos pertinente la revisión de la rigidez de requisitos formales y del procedimiento de la donación en caso de estado de emergencia.

Al respecto, el Reglamento de la mencionada Ley señala que el donatario (entidad perceptora de donaciones) deberá emitir un documento[31] el cual deberá señalar expresamente el destino de los bienes o servicios, a modo de comprobante de la recepción. Por su parte, también exige que el donante (prestador) declare los servicios a la Sunat. De igual forma, tal como lo hemos señalado, serán consideradas donaciones comprendidas bajo este régimen, aquellas realizadas a favor de una “entidad perceptora de donaciones” que, tratándose de entidades (privadas) sin fines de lucro, previamente deberán registrarse en el respectivo registro de exoneración o inafectación IR. Conforme se podrá notar, básicamente no existe diferencia en la regulación del procedimiento para las donaciones en estado de emergencia en comparación al del régimen general de donaciones.

Bajo estas premisas nos preguntamos, ¿acaso el estado de urgencia no amerita un tratamiento más célere? Precisamente, pensamos en la posibilidad de crear un régimen en el que baste la presentación de una Declaración Jurada a Administración Tributaria señalando los bienes o servicios donados. De igual forma, las entidades que al momento del desastre no cumplan con los requisitos formales, podrían presentar una Declaración Jurada en la que se comprometan a regularizar tal situación posteriormente.

No debemos perder de vista que, la finalidad detrás de esta norma es incentivar las donaciones ante un Estado de Emergencia en el país.

3. Plazo de los beneficios tributarios: artículo VII del Código Tributario

Como último punto del presente trabajo, quisiéramos detenernos específicamente sobre la regulación del otorgamiento de beneficios tributarios, en particular respecto a su plazo de duración.

Al respecto, de acuerdo con la Norma VII del Código Tributario, toda norma que contenga exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios deberá señalar de manera clara el plazo de vigencia de tales beneficios, el cual no podrá exceder de tres (3) años. Asimismo, señala que en caso de que la norma no señale tal plazo, supletoriamente, se entenderá que el beneficio es otorgado por un plazo máximo de tres (3) años.

Así pues, teniendo en consideración que la Ley No. 30498 otorga beneficios tributarios y exoneraciones y, que no dispuso expresamente el plazo de vigencia de estos, nos planteamos la siguiente interrogante:

¿Es posible afirmar que los beneficios tributarios otorgados por la Ley No. 30498 habrían perdido su vigencia por haber transcurrido más de tres años desde su publicación?

Sobre este punto, el Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional han emitido diversos pronunciamientos. Así pues, la RTF No. 5510-8-2013, recogiendo el criterio de la Sentencia recaída en el Exp. No. 04700-2011-PC/TC, precisó que “[…] si bien la regla general es que las leyes tributarias que no establezcan plazo de duración alguna para la vigencia de los beneficios tributarios se sujetan al plazo máximo establecido por el Código Tributario (3 años para el presente caso); lo cierto es que esta regla admite excepciones, las cuales deben ser evaluadas teniendo en cuenta el caso concreto […]” (el énfasis es nuestro).

Siguiendo la postura del Tribunal Fiscal[32] – desde nuestra óptica adecuada– no es posible llegar a tal conclusión. Cabe recordar que, los beneficios otorgados por la Ley No. 30498 tienen como fundamento el incentivo de donaciones a fin de evitar la destrucción de alimentos aptos y, de ayudar a la población en caso de diversos tipos de desastre, motivos que se encuentran vigentes al día de hoy.

Sin perjuicio de lo anterior, planteamos el debate, pues se trata de un tema controversial y, que aún no cuenta con un pronunciamiento expreso por parte de la Administración Tributaria.

4. Conclusión

Con base en todo lo expuesto, no cabe duda de que nos enfrentamos ante un escenario lleno de retos. En definitiva, la crisis económica generada por el nuevo coronavirus, COVID-19 obligará al gobierno a tomar serias medidas económicas. Sin embargo, consideramos que nuestro ordenamiento jurídico vigente presenta diversas medidas que pueden ser de gran utilidad en estos momentos, una de ellas consiste en la aplicación de la Ley No. 30498.

Si bien es una norma perfectible, desde nuestro punto de vista, su aplicación sería de gran utilidad a fin de incentivar las donaciones a favor de los más perjudicados por Estado de Emergencia Nacional en el que nos encontramos y, a la par otorgando beneficios de índole tributaria a favor de las empresas del país.


*Abogado por la PUCP. Abogado Junior en Tax Consulting  PricewaterhouseCoopers Perú (PWC). Miembro extraordinario de IUS ET VERITAS.

**Estudiante de derecho de la Universidad de Piura (UDEP). Practicante Pre – Profesional de derecho tributario de PricewaterhouseCoopers Perú (PWC). Ganador del Desafío Pro Bono 2018.

[1]    Cinco Días (El País Economía) (2020). El FMI pronostica una recesión “tan mala o peor” que la sucedida tras la crisis de 2008. Recopilado de: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/23/economia/1584984349_684488.html

[2]    RPP Noticias (2018). A 10 años de Lehman Brothers: ¿qué tan preparado está el Perú para una crisis global? Recuperado de:

https://rpp.pe/economia/economia/a-10-anos-de-la-caida-de-lehman-brothers-que-tan-preparado-esta-el-peru-para-una-debacle-global-noticia-1150072

[3]    Gestión (2020). Elmer Cuba: “Estamos llegando al fin del milagro económico peruano”. Recuperado de: https://gestion.pe/economia/elmer-cuba-estamos-llegando-al-fin-del-milagro-economico-peruano-noticia/

[4]  De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,2018). La tasa de empleo informal en el Perú fue de 65.7% Recuperado de:

https://gestion.pe/blog/el-arte-de-emprender-y-fallar/2019/07/la-informalidad-peruana.html/

[5]    De acuerdo con la Ley No. 30631 el límite para la deducción de tales gastos es del 1.5 % del total de las ventas netas de alimentos del ejercicio.

[6]      Al respecto, ver el inciso k) del artículo 2 la Ley del IGV y, el inciso e) del artículo 147 de la Ley General de Aduanas. En ambos casos se dispone que se encuentran inafectas de los referidos tributos, aquellas donaciones (importación o transferencia de bienes a título gratuito) efectuadas a favor de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Nacionales (ONGD-PERÚ) e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional (IPREDA), inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentren calificadas previamente por la SUNAT como entidades perceptoras de donaciones

[7]      También se admitirá su deducción de la renta neta de trabajo (cuarta y quinta categoría en virtud de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 49 de la Ley del IR.

[8]      De acuerdo con la Ley, estas donaciones y prestación de servicios gratuitos deberán cumplir con lo dispuesto en el inciso x) de la Ley del IR a fin de admitir su deducibilidad; por lo tanto, se encuentran sujetas a un límite del diez por ciento (10%) de la renta neta de tera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas acumuladas.

[9]      Para el caso de las donaciones de alimentos, el inciso s.1) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del IR precisa en para las donaciones previstas en el inciso x.1) del artículo 37 de la Ley del IR se entenderá que las organizaciones u organismos internacionales y las demás entidades sin fines de lucro que califican como entidades perceptoras de donaciones son aquellas cuyo objetivo sea recuperar alimentos en buen estado, evitando su desperdicio o mal uso para entregarlos gratuitamente a personas que necesiten de estos, directamente o a través de instituciones caritativas y de ayuda social calificadas también como entidades perceptoras de donaciones.

[10]     Para obtener la calificación de entidad perceptora de donaciones, las entidades sin fines de lucro, distintas a entidades estatales, organizaciones u organismos internacionales deberán encontrarse inscritas en el RUC, registro de entidades inafectas del IR o en el de entidades exoneradas del IR y, cumplir con los requisitos previstos en la Resolución de Superintendencia No. 300-2017-SUNAT.

[11]    United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)

[12] International Strategy for Disaster Reduction (s/f). Terminology: Basic terms of disaster risk reduction. Recuperado de https://www.eird.org/eng/terminologia-eng.htm

[13]     Ibidem

[14]    Heath Kelly (2011). The classical definition of a pandemic is not elusive. Bulletin of the World Health Organization 2011; 89:540-541. Recuperado de: http://www9.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-088815/en/

[15] International Epidemiological Association (2001). A dictionary of Epidemiology (pág.60 y 131). Oxford UniversIty Press, Nueva York, Estados Unidos de América.

[16]  De acuerdo con la ONU (UNIDRR) una situación de vulnerabilidad son aquellas condiciones determinadas por factores o procesos físicos, económicos y ambientales que incrementan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de peligros (riesgos).

[17]     Reglamento de la Ley No. 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Aprobado por Decreto Supremo No. 048-2011-PCM.

[18]  Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.

[19]     Artículo 3.

[…]

  1. b) Epidemia. – Constituye la ocurrencia de una enfermedad transmisible en un número de casos por encima de lo esperado en un lugar y período de tiempo determinado, que tiene el potencial de rápida diseminación en la población.

[…]

  1. d) Pandemia. – Constituye la ocurrencia de una enfermedad de tipo epidémica que se extiende y expande hacia muchos países, incluso a través de los continentes y que por consecuencia afecta a casi toda o a una buena parte de la población que los habita. Esta condición es formalmente declarada por la Organización Mundial de la Salud.

[20]    Aprobado por decreto supremo No. 007-2014-SA.

[21]  Ministerio de Salud (2020). Sala Institucional Covid-19 Perú. Recuperado el 5 de abril de 2020 de: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp. A la fecha de presentación del presente artículo se proyecta 3000 mil infectados.

[22]    Gabriela Frías (2020). Mucho peor que la crisis financiera, el efecto económico por el covid-19. CNN en Español. Recuperado de:

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/04/mucho-peor-que-la-crisis-financiera-el-efecto-economico-por-el-covid-19/

[23]    Perú21 (2020). Coronavirus en Perú: empresas donan más de 24 toneladas de alimento a poblaciones vulnerables. Recopilado de:

       https://peru21.pe/economia/coronavirus-en-peru-empresas-donan-mas-de-24-toneladas-de-alimento-a-poblaciones-vulnerables-covid-19-declaratoria-de-emergencia-nndc-noticia/

[24]    Casa Andina Hoteles (2020). Continuamos sumándonos a la ayuda. Ante el pedido de nuestro presidente Martín Vizcarra hemos decidido sumarnos a esta causa. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/B-A7LUQHCvm/

[25]     Perú21 (2020). Backus habilita plantas de cerveza para surtir de agua gratis a camiones cisternas de las Fuerzas Armadas. Recopilado de:

https://peru21.pe/peru/coronavirus-en-peru-estado-de-emergencia-nacional-backus-habilita-plantas-de-cerveza-para-surtir-de-agua-gratis-a-camiones-cisternas-de-las-fuerzas-armadas-noticia/?ref=p21r

[26]   Ley No. 30988, Ley que promueve la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos

[27]   Artículo 126-2 del Estatuto Tributario de Colombia. Recopilado de: https://mgiviaconsultoria.com/donaciones-a-bancos-de-alimentos-dan-derecho-a-deduccion-del-125-por-ciento-en-el-impuesto-sobre-la-renta/

[28]   Disposiciones reglamentarias sobre la donación de alimentos regulada por la Ley No. 30498.

[29] Pauta (2018). La propuesta de incentivos tributarios a las donaciones recibe aplausos. Recuperado de: https://www.pwc.com/cl/es/prensa/prensa/2018/La-propuesta-de-incentivos-tributarios-a-las-donaciones-recibe-aplausos.html

[30]   The World Bank and United Nations (2010). Natural Hazards, UnNatural Disasters. Recuperado de: gfdrr.org/sites/default/files/publication/natural-hazards-unnatural-disasters-2010.pdf

[31]   Tratándose de entidades públicas será una Resolución; para el caso de organismos u organizaciones internacionales será una declaración; y, para el caso del resto de entidades sin fines de lucro, será un Comprobante de recepción de Donaciones, en los términos previstos en la Ley No. 30498 y su reglamento.

[32]    En aquella oportunidad, el tribunal discutió la vigencia de los beneficios otorgados por el Decreto Legislativo No. 882 que establecía disposiciones vinculadas al beneficio tributario de crédito por reinversión en educación. Si bien esta norma obvió detalla el plazo, considerando que la finalidad es la promoción de la inversión en educación, este beneficio no puede entenderse otorgado por el plazo máximo de 3 años; sino hasta que el legislador, en base a su misma potestad tributaria por la que otorgó el beneficio, la derogue cuando ya no considere factible promover la inversión en educación; por lo menos, en función de beneficios tributarios.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here