Pocos días atrás, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, reiteró en los medios de comunicación el compromiso de “revolución social“ que asumiera el presidente Kuczynski como candidato. Para lograrla, las medidas incluirán renovados esfuerzos en brindar agua y saneamiento a todos, mejorar la cobertura y calidad de la educación, reducir la anemia, atacar la inseguridad ciudadana, y destrabar inversiones mineras para acelerar el crecimiento (aunque esto último definitivamente no sea parte de las políticas sociales).
Aráoz olvidó, sin embargo, un elemento fundamental del desarrollo que formaba parte de la revolución social de Kucyznski: la reducción de la desigualdad. El cuarto gran objetivo del plan de gobierno de PPK, en efecto, también apuntaba a reducir la “gran desigualdad de ingresos“ que persiste en el país. Lamentablemente, no ofrecía medidas concretas para reducirla, tampoco una línea de base ni metas de desigualdad de ingresos a alcanzar en 2021. Tras más de un año de gobierno, aún esperamos políticas que ataquen directa y frontalmente a la desigualdad, incluyendo la desigualdad de ingresos, como se ofreció en el contexto electoral. Si bien algunos indicadores muestran que la desigualdad descendió en el período de bonanza económica, sigue significando un gran desafío, y desde 2014 su reducción está estancada según el más reciente Índice de avance contra la desigualdad de Oxfam.
Para resolver el problema de desigualdad identificado en el plan de gobierno, es necesario pero no suficiente hacer más inversión social y luchar contra la pobreza. Pobreza y desigualdad son fenómenos emparentados pero distintos: la desigualdad, en general y en términos de ingresos y de riqueza, es un problema importante por sí mismo, por consideraciones éticas y de justicia, así como también de estabilidad social e incluso de crecimiento económico. Economistas influyentes como el premio Nobel Joseph Stiglitz han afirmado que la desigualdad produce sistemas económicos menos estables y menos eficientes que limitan el crecimiento económico y la participación de todos en el mercado laboral. Asimismo, diversos analistas políticos destacan el crecimiento de la desigualdad en las últimas décadas como fuente de inestabilidad política y del surgimiento de movimientos radicales, como se ha evidenciado en los países desarrollados en años recientes.
Quizás la prueba más contundente de que hoy en día cualquier país, incluso uno con un modelo de desarrollo neoliberal como el nuestro, necesita políticas explícitas contra la desigualdad es un informe que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional. Sí, los mismos que promovieron el llamado Consenso de Washington desde los años 80, impulsando reformas de mercado y la minimización del papel del Estado alrededor del mundo mediante la condicionalidad de los programas de ajuste estructural. En su influyente informe semestral Monitor Fiscal (octubre 2017), el FMI sostiene que mayores tasas de impuesto a la renta para los más ricos ayudarían a reducir la desigualdad sin tener un impacto adverso en el crecimiento, mencionando además que esto es algo ya establecido en la teoría fiscal y confirmado por la evidencia empírica reciente:
Aunque cierto grado de desigualdad es inevitable en un sistema económico de mercado, la desigualdad excesiva puede erosionar la cohesión social, conducir a la polarización política y, en última instancia, reducir el crecimiento económico.
Ante el reciente aumento de la desigualdad en muchos países, el FMI propone tasas de impuestos significativamente más altas para los que tienen ingresos más altos (el 1%), y también que es necesario considerar nuevos tipos de impuestos a la riqueza. Entre las medidas que sugiere deberían considerar los países en desarrollo (donde “la redistribución fiscal es mucho más limitada porque la tributación y el gasto son más bajos y menos progresivos y porque los impuestos indirectos regresivos son más comunes“) no sólo están aumentar impuestos a los más ricos, sino también reducir desigualdades en educación y salud, e incluso considerar la adopción del ingreso básico universal.
Siguiendo en el ámbito internacional, cabe recordar que el plan de gobierno de PPK no es el único compromiso pertinente con la reducción de la desigualdad que debería orientar las políticas del actual gabinete. El Perú también asumió metas concretas de reducción de la desigualdad al suscribir la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en 2015. Dicho marco global incluye un objetivo sobre la desigualdad (el ODS 10) en el que se propone que los ingresos del 40% de hogares con menores ingresos crezcan a mayor velocidad que el promedio; esta podría ser una primera orientación general para empezar a plantear políticas de reducción de la desigualdad y sistemas de seguimiento de su evolución en nuestro país. No olvidemos que el gobierno ha confirmado en 2017 su compromiso con este marco, y lo ha establecido como referente obligatorio para planes y políticas a nivel nacional y subnacional.
Considerando este nuevo consenso internacional sobre la necesidad de abordar directamente la desigualdad, se hace más urgente aún que la renovada revolución social considere un paquete de medidas específicas ante este problema. El fortalecimiento de la educación y salud es un buen inicio, pero falta decir mucho más en el ámbito de la tributación y de los programas sociales.
