¿Razonabilidad en la aplicación de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo No.1421? | Fernando Huacasi Valdivia

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I. Introducción

No existe argumento válido en el marco de nuestro modelo de Estado constitucional de derecho que pueda amparar la aplicación y vigencia de disposiciones que contemplen normas retroactivas con la finalidad de cobrar tributos, como es el caso de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo No.1421[1] (en adelante, “PDCT 1421”), ya que con ello se vulneran derechos fundamentales y se deja sin efecto las garantías del Estado peruano. La finalidad de lograr el cobro de tributos no puede llevar a justificar el uso de medios inconstitucionales, ya que ello sienta un precedente de arbitrariedad y anarquía en el Estado peruano.

II. En el marco de un estado constitucional de derecho ¿Es posible justificar la aplicación retroactiva de normas tributarias bajo un argumento de razonabilidad en el cobro de deudas tributarias determinadas?

Antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No.1113, el inicio del plazo de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar, sancionar y cobrar, se computaban conjuntamente según lo regulado en los incisos correspondientes del artículo 44° del Código Tributario, a partir del cual se iniciaba un plazo que transcurría por 4 o 10 años, de acuerdo a lo precisado en el artículo 43° de la misma norma.

Asimismo, el numeral 2 del artículo 45° del Código Tributario establecía como una de las causales de interrupción del plazo prescriptorio de la acción de cobro de la Administración Tributaria, la notificación de una resolución de determinación o de multa, con lo cual, el cómputo del plazo de prescripción de cobro de dichas deudas se reiniciaba.

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2012 entró en vigor el Decreto Legislativo No.1113, mediante el cual se incorporó el numeral 7 al artículo 44° del Código Tributario, introduciendo un nuevo supuesto que regula exclusivamente el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria a partir del día siguiente de la notificación de las resoluciones de determinación o de multa.

En adición a lo anterior, el Decreto Legislativo No.1113 modificó el numeral 2 del artículo 45° del Código Tributario, al derogar como una de las causales de interrupción del plazo de prescripción de cobro de la Administración Tributaria, la notificación de resoluciones de determinación o de multa.

Ahora bien, la entrada en vigor del Decreto Legislativo No.1113 generó una duda aparente en cuanto a la aplicación del nuevo numeral 7 del artículo 44° del Código Tributario, en tanto existen supuestos en los que, el inicio del término prescriptorio de la acción de cobro de la Administración ocurrió con anterioridad al 1 de enero de 2012 y, la notificación de las resoluciones de determinación o de multa, sucedió con posterioridad a su entrada en vigencia el 28 de septiembre de 2012.

¿Resulta conforme a derecho que, en aplicación del numeral 7 del artículo 44° del Código Tributario, el termino prescriptorio de la acción de cobro de la Administración Tributaria iniciada hasta el 1 de enero de 2012 se reinicie posteriormente con la notificación de las resoluciones de determinación o de multa?

Al respecto, el Tribunal Fiscal, como órgano colegiado administrativo especializado en materia tributaria, mediante Resolución de Observancia Obligatoria No.09789-4-2017 estableció como precedente vinculante lo siguiente:

El inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de la Administración para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación y de multa emitidas por conceptos originados antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No.1113, notificadas a partir del 28 de setiembre de 2012, se rigió por los numerales 1) a 4) del artículo 44° del Código Tributario, según correspondía, por lo que no resulta aplicable el numeral 7) del anotado artículo”.

Como resulta claro, la duda aparente alrededor de la aplicación del Decreto Legislativo No.1113 se encontraba zanjada con la correcta aplicación de la teoría de los hechos cumplidos y el principio de irretroactividad de las normas reconocidos en el artículo 103° de nuestra Constitución, así como en el principio de seguridad jurídica reconocido como principio consustancial a la noción de estado de derecho reconocido por el Tribunal Constitucional.

Así, en los supuestos en los que el computo del plazo de prescripción de cobro se inició hasta el 1 de enero de 2012, dicho inicio resulta un hecho cumplido (agotado) regulado bajo los alcances del artículo 44° del Código Tributario antes de su modificación por el Decreto Legislativo No.1113 el 28 de septiembre de 2012; en tal sentido, todos los supuestos en los que el inicio del plazo de prescripción de cobro se inicien con posterioridad al 28 de septiembre de 2012, se encontraran regulados bajo el alcance del numeral 7 del artículo 44° del Código Tributario (aplicación inmediata).

Cabe recalcar que el inicio del plazo prescriptorio resulta un hecho identificable, independiente y de realización inmediata, ya que este se agota en su mera realización y no es posible extenderlo por un periodo de tiempo. En el mismo sentido, el Código Tributario ha regulado en forma independiente el inicio del plazo prescriptorio en el artículo 44° del Código Tributario, a diferencia del iter o el fin del plazo prescriptorio regulado en el artículo 43° de la misma norma. Por tanto, la norma aplicable al inicio del plazo prescriptorio -hecho agotado- es la que se encontraba vigente cuando este ocurrió.

No obstante, excediendo las facultades para legislar establecidas en la Ley No.30823, el 13 de septiembre de 2019 se emitió el Decreto Legislativo No.1421, cuya Primera Disposición Complementaria Transitoria dispuso que, en los supuestos en los que el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria haya iniciado hasta el 1 de enero de 2012 y, se notifiquen resoluciones de determinación o de multa a partir del 28 de septiembre de 2012 – dentro del plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria -, el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de cobro se volverá a computar a partir del día siguiente de dicha notificación, conforme lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 44° del Código Tributario.

Como se puede concluir, la PDCT 1421 dispuso la aplicación retroactiva del numeral 7 del artículo 44° del Código Tributario incorporado mediante Decreto Legislativo No.1113 vigente desde el 28 de septiembre de 2012, a supuestos en los que el inicio del cómputo prescriptorio se había cumplido y agotado con anterioridad al 1 de enero de 2012, con lo que se dispone un nuevo inicio del cómputo del plazo de prescripción de cobro a partir de la notificación de los valores.

III. ¿Es posible hablar de justicia tributaria si se ampara aplicación retroactiva del numeral 7 del artículo 44° del Código Tributario impuesta por la PDCT 1421 con la finalidad de recaudar tributos?

Se vienen levantando posiciones en favor de la constitucionalidad de la PDCT 1421, pese a su evidente y aceptado carácter retroactivo, bajo un argumento de razonabilidad que pondera entre los valores constitucionales de seguridad jurídica y el deber de contribuir, con lo cual se intenta justificar la aplicación retroactiva de normas en materia tributaria a fin de que la Administración mantenga su facultad de cobrar las deudas tributarias que determinó, en un pretendido e inexacto ideal de justicia tributaria.

Así equivocadamente se pretende sostener que, si por medio de la aplicación retroactiva de normas dispuesta por la PDCT 1421 se logra la recaudación de tributos, pues se mantendría la defensa del interés público bajo el fundamento del deber de contribuir, en aras de privilegiar la justicia tributaria.

Al respecto debemos indicar que, en el marco de nuestro modelo de Estado constitucional de derecho, no existe argumento válido que pueda sostener la aplicación y vigencia de una norma de carácter retroactivo como es la PDCT 1421, y menos aún, ampararla bajo un falaz ideal de justicia tributaria.

La sustancia detrás del principio de irretroactividad de las normas tributarias es el principio de seguridad jurídica, el cual resulta en un valor constitucional y pilar que consagra la existencia de un Estado organizado en base a un sistema de normas jurídicas (derecho). No es posible hablar de Estado de derecho si se deja sin contenido el principio de seguridad jurídica.

La justicia es uno de los fines por los cuales la sociedad se organiza bajo un modelo de Estado constitucional de derecho, para tal efecto el Estado establece una estructura normativa mediante la cual procura garantizar la tutela de principios y derechos que este concibe. Por tanto, no es posible hablar de justicia si se deja sin efecto el principio de seguridad jurídica, con el cual precisamente se garantiza una estructura normativa que procure justicia y armonía en la sociedad; avalar lo contrario provoca escepticismo sobre el propio sentido del Estado.

El deber de contribuir, conforme lo desarrolla la doctrina tributaria y el Tribunal Constitucional, resulta un principio derivado del principio de solidaridad que emana de la cláusula de Estado social de derecho establecida en el artículo 43° de la Constitución[2], bajo el cual se establece el deber constitucional de contribuir con el pago de tributos al Estado para que éste cumpla con sus fines constitucionales.

No obstante, el deber de contribuir no es un deber cuya ejecución habilite al ejercicio arbitrario del ius imperium del Estado a través de la Administración Tributaria, sino que su consecución debe circunscribirse a los parámetros y límites establecidos en el artículo 74° de la Constitución[3], entre ellos, el respeto a los derechos fundamentales[4].

Así, se debe tener presente que el cumplimiento del deber de contribuir conlleva una exacción de la propiedad de los contribuyentes a favor del Estado, por lo que dicha afectación debe ser sumamente respetuosa de los derechos fundamentales de los contribuyentes, de lo contrario se convertirá en una exacción ilegitima y arbitraria contraria al ordenamiento constitucional.

Dentro de los derechos fundamentales que consagra la Constitución tenemos la garantía que otorga el principio de irretroactividad de las normas, la teoría de los hechos cumplidos y el principio de seguridad jurídica. Así, el artículo 103° de la Constitución precisa:

“Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho.

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

La Constitución no ampara el abuso del derecho

Queda claro que a nivel constitucional se ha establecido la irretroactividad de las normas y reconocido la teoría de los hechos cumplidos[5] [6] como garantías de la aplicación de las normas en el tiempo. En tal sentido, a nivel constitucional se reconoce que las leyes son de aplicación inmediata a los hechos producidos a partir de su entrada en vigencia y de ninguna manera a hechos ocurridos con anterioridad. En el mismo sentido, la irretroactividad de las normas ha sido recogido en la norma X del Título Preliminar del Código Tributario[7].

Como lo indicamos líneas arriba, las garantías que otorgan la irretroactividad de las normas y la teoría de los hechos cumplidos tienen como sustento el principio de seguridad jurídica, ya que como se aprecia en el artículo 103°, a nivel constitucional se establece un orden en la aplicación de las normas que garantiza la eficacia de principios y derechos constitucionales en las relaciones jurídicas.

Así, la seguridad jurídica constituye uno de los pilares en los que se construye el modelo de Estado derecho peruano reconocido en el artículo 43° de la Constitución[8], en virtud del cual es posible organizar, ordenar y garantizar de certeza al sistema de normas jurídicas, bajo el cual el Estado debe cumplir con sus fines constitucionales, como son el deber de contribuir o el de administrar justicia (conforme lo señalan los artículos 44° y 138° de la Constitución).

En el mismo sentido, la doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Constitucional ha establecido sobre el principio de seguridad jurídica en la sentencia recaída en el Expediente No.0016-2002-AI/TC[9] lo siguiente:

“El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. (…)

Así pues, como se ha dicho, la seguridad jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo, desde luego, a la Norma Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución (…)”

De lo expuesto, queda claro que el principio de seguridad jurídica es un valor de orden constitucional sustancialmente vinculado a la noción de Estado de derecho, por el cual se construye un sistema normativo organizado, ordenado y certero, que garantiza el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado. En tal sentido, la irretroactividad de las normas y la teoría de los hechos cumplidos reconocidos en los artículos 103° de la Constitución y la norma X del Título Preliminar del Código Tributario, como manifestaciones del principio de seguridad jurídica, buscan garantizar un sistema que excluya la arbitrariedad y la anarquía en el Estado.

Ahora bien, como lo indicamos al inicio de este punto, existen posiciones a favor de la aplicación de la PDCT 1421 pese a su evidente y aceptado carácter retroactivo, bajo un argumento de razonabilidad que pretende sostener que, si por medio de la aplicación retroactiva de normas dispuesta por la PDCT 1421 se logra la recaudación de tributos, pues se mantendría la defensa del interés público bajo el fundamento del deber de contribuir, en aras de privilegiar la justicia tributaria.

En base a lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que no es posible hablar de justicia tributaria, si para ello la recaudación de tributos se consigue por medio de la aplicación retroactiva de normas, ya que ello no solo implica la violación del artículo 74° de la Constitución[10], sino también dejar sin efecto el principio de seguridad jurídica, el cual es consustancial a la noción de estado de derecho, bajo el cual es posible hablar de justicia.

Al amparo de este errado argumento de razonabilidad -por demás subjetivo-, que pondera el deber de contribuir por encima del principio de seguridad jurídica, con el fin de justificar la aplicación retroactiva dispuesta por la PDCT 1421, de tal manera que la Administración -pese a que su facultad de cobro se encuentra prescrita- exija el pago de deudas determinas, se deja absolutamente vacío y sin contenido el principio de seguridad jurídica.

A diferencia del test de proporcionalidad utilizado por el Tribunal Constitucional para analizar la afectación entre bienes constitucionales, donde el contenido esencial o “núcleo duro” nunca puede ser dejado totalmente sin efecto para mantener otro[11], en este caso, se pretende dejar sin contenido el principio de seguridad jurídica, al tolerar la aplicación retroactiva de una norma, con el fin de recaudar tributos.

No es posible hablar de una afectación “parcial” o “razonable” del principio de seguridad jurídica en este caso, ya que la aplicación retroactiva del numeral 7° del artículo 44° del Código Tributario dispuesta por la PDCT 1421 es absoluta y total: los supuestos cuyo inicio del plazo de prescripción de cobro se iniciaron bajo los alcances del artículo 44° del Código Tributario hasta el 1 de enero de 2012, ahora, con la entrada en vigencia de la PDCT DL 1421, se les aplica retroactivamente lo dispuesto por el Decreto Legislativo No.1113 vigente a partir del 28 de septiembre de 2012.

Como puede cerciorarse, no cabe espacio para argumentar una afectación razonable del principio de irretroactividad de las normas y de seguridad jurídica, con lo cual queda claro que la afectación a dichos principios es total; en tal sentido, resulta desproporcionado y excesivo anular el principio de seguridad jurídica con el único fin de privilegiar el cobro de tributos.

En consecuencia, si las garantías mínimas que ofrece el principio de seguridad jurídica quedan sin efecto dada la aplicación retroactiva del numeral 7 del artículo 44° dispuesta por la PDCT DL 1421, nos encontramos frente a un ejercicio arbitrario e inconstitucional del deber de contribuir que excede el respeto a los derechos fundamentales que ordena el artículo 74° de la Constitución. El cobro de tributos en el marco del deber de contribuir solo es legítimo si se realiza en observancia al ordenamiento constitucional.

Asimismo, pretender dejar sin efecto el principio de seguridad jurídica significa negar la esencia misma del Estado de derecho contemplado en el artículo 43° de la Constitución bajo el cual se administra justicia, ¿Cómo es posible hablar de justicia tributaria si al hacerlo, contradictoriamente, se deja sin contenido el principio de seguridad jurídica que justamente garantiza justicia en el Estado de derecho? Insistir en ello es sentar un precedente de arbitrariedad y anarquía en nuestro ordenamiento, y generar un gran escepticismo sobre la eficacia de las garantías del modelo de Estado de derecho en el Perú.

Todo lo anterior hace explicita la contradicción en el argumento de quienes defienden la aplicación retroactiva de la PDCT 1421 con la finalidad de privilegiar el deber de contribuir, ya que no es posible hablar de justicia tributaria y del constitucional cumplimiento del deber de contribuir, si para ello se deja totalmente sin contenido el principio de seguridad jurídica mediante la aplicación arbitraria de normas en el tiempo. Aún más si tenemos en cuenta que, la seguridad jurídica aparece como un medio para alcanzar la justicia en una sociedad organizada bajo un modelo de estado de derecho, dado que la justicia que el Estado otorga encuentra su legitimidad en el respeto al ordenamiento constitucional.

Queda claro entonces que no es posible hablar de justicia tributaria si para ello los medios empleados son inconstitucionales y atentan contra la esencia misma del Estado de derecho. En este caso, a través de la aplicación de lo dispuesto en la PDCT 1421, que establece la aplicación retroactiva del numeral 7 del artículo 44° del Código Tributario, se pretende ejecutar arbitrariamente el cobro de tributos, lo cual bajo nuestro modelo de Estado constitucional de derecho no puede ser aceptado. El fin no justifica la aplicación de medidas arbitrarias.

IV. Conclusiones. –

Se hace necesario que la justicia constitucional sea contundente y clara en la defensa del orden constitucional, no existe argumento bajo el marco del Estado constitucional de derecho peruano que pueda amparar la aplicación y vigencia de la PDCT 1421, ya que como ha quedado demostrado, no solo se vulneran los derechos fundamentales de los contribuyentes establecidos en el artículo 74° de la Constitución, sino que se deja sin efecto el principio de seguridad jurídica, dada la vulneración al principio de irretroactividad de las normas y la teoría de los hechos cumplidos reconocidos en el artículo 103° de la Constitución, lo que trastoca la esencia misma del Estado de derecho peruano.

Amparar la aplicación y vigencia de la PDCT 1421 bajo un argumento de razonabilidad en aras de privilegiar el deber de contribuir por encima del principio de seguridad jurídica resulta contradictorio, puesto que no es posible hablar de Estado de derecho y de justicia tributaria si se deja sin efecto el sistema normativo que lo hace posible. El fin de lograr el cobro de tributos de ninguna manera puede amparar el uso de medios inconstitucionales.

Finalmente, la aplicación y vigencia de la PDCT 1421 siembra un escepticismo sobre las garantías que ofrece el modelo de Estado constitucional de derecho peruano, e incluso, puede sentar un incentivo perverso en el Estado para, so pretexto de una medida “razonable” se empleen medidas inconstitucionales, como la aplicación retroactiva de normas en materia tributaria.


[1]     “Decreto Legislativo 1421: Cómputo del plazo de prescripción:

Tratándose de procedimientos en trámite y/o pendientes de resolución el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación o de multa cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria o para aplicar sanciones se inició hasta el 1 de enero de 2012, notificadas a partir del 28 de setiembre de 2012 dentro del plazo de prescripción, se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones conforme con el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario.”

[2]     El Tribunal Constitucional ha recogido el concepto del deber de contribuir en su jurisprudencia, véase las sentencias recaídas en los expedientes No.0004-2004-AI/TC, No.06089-2006-PA/TC, entre otras. Así, en el proceso No.06089-2006-PA/TC el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: “18. En el Estado Social y Democrático de Derecho, el fundamento de la imposición no se limita únicamente a una cuestión de Poder Estatal, sino que incorpora a su razón de ser el deber de todo ciudadano al sostenimiento de los gastos públicos (…)

[3]     Artículo 74 de la Constitución: “Principio de Legalidad. –  Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

      Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.” (Resaltado nuestro).

[4]     En el mismo sentido lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente No.0042-2004-AI: “La imposición de determinados límites que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios constitucionales que están previstos en el artículo 74 de la Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la confiscatoriedad.” (Resaltado nuestro)

[5]     El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente No.316-2011-PA/TC ha reconocido lo siguiente: “26. A partir de la reforma constitucional del artículo 103 de la constitución, validada por este Colegiado en la STC 0050-2004-AI/TC, y en posteriores pronunciamientos, se ha adoptado la teoría de los hechos cumplidos dejando de lado la teoría de los derechos adquiridos, salvo cuando la misma norma constitucional lo habilite. De igual forma, tal como se explicó en la STC 0002-2006-PI/TC (fund. 11) citando a Diez-Picazo, la teoría de los hechos cumplidos implica que la ley despliega sus efectos desde el momento en que entra en vigor, debiendo ser ‘aplicada a toda situación subsumible en el supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad

En el mismo sentido, la Corte Suprema en la Casación No.8312-2015 Lima ha señalado: “Es importante anotar que la teoría de los derechos adquiridos postula que la nueva ley no podrá afectar derechos que se hubieran adquirido al amparo de una ley anterior, los cuales continuarán regidos por la norma bajo la cual surgieron, es decir que parte de reconocer los efectos inmediatos de la nueva ley, pero deja a salvo la intangibilidad de los derechos que se hubiesen adquirido en el marco de la ley anterior. (…)

[6]     El artículo III del Título Preliminar del Código Civil señala: “La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza no efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú.”

[7]     Dicha norma no hace distinción entre aspectos sustantivos, formales o procesales: “NORMA X: VIGENCIA DE LAS NORMAS TRIBUTARIA: Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. (…)”

[8]     Artículo 43° de la Constitución: “Estado democrático de derecho.  Forma de Gobierno. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.  El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.”

[9]     En el mismo sentido ha sido recogido en las sentencias recaídas en los expedientes No.1546-2002-AA/TC, 00010-2014-P1/TC, STC 03700-2013-PA/TC, entre otras.

[10]    En el mismo sentido lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente No.0042-2004-AI: “Se debe señalar que cuando la Constitución establece dichos principios como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 740 de la Ley Fundamental establece que «no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo» (Resaltado nuestro)

[11]    Así lo indica la doctrina jurisprudencial vinculante emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente No.0731–2004–HC/TC “11.  En ese sentido, si bien las restricciones a derechos son admitidas prima facie, el principio de proporcionalidad – también conocido como prohibición del exceso-, impide la injerencia desproporcionada sobre los mismos, evaluación que debe medirse en conjunto con otro limite, cual es, la prohibición de rebasar el contenido esencial del derecho.”; en el mismo sentido lo señala en la sentencia recaída en el expediente No. 1417-2005-aa/TC precedente vinculante: “21.  Así las cosas, todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho fundamental sólo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga incólume.”

1 COMENTARIO

  1. Me parece un fundamentado análisis normativo y doctrinario, sobre la seguridad jurídica aplicable al Principio de «Irretroactividad de las Normas Tributarias»que todo Estado de Derecho debe de garantizar ante sus administrados.

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