Buscando la Ruta de la OCDE: la agenda Tributaria

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POLÍTICA DE ESTADO: Empezando por el Programa País

Como sabemos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) surgió en 1961 y es una organización intergubernamental que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas. Está integrada por 34 países que representan alrededor del 80 por ciento del Producto Bruto Interno global. Dos países latinoamericanos son miembros de la organización: México y Chile; Colombia ha sido invitada a iniciar el proceso de incorporación y Costa Rica ha presentado su solicitud de acceso.

En estos días, una delegación de OCDE inició el proceso de elaboración de un Estudio Multidimensional País para el Perú, realizado en el Marco del acuerdo que suscribimos con dicha organización en México en diciembre de 2014, denominado “Programa País”.

No se trata, como algunos han querido entender, de un mecanismo de incorporación a la OCDE sino del inicio de un proceso organizado de vinculación con dicha organización y además de un reconocimiento a los avances significativos que como país hemos dado en los últimos años.

El Estudio, que partirá de un proceso de toma de información participativo (incluirá a la sociedad civil), es un pilar fundamental dentro de los ejes temáticos del Programa País, que está orientado a lograr elevados estándares de gobernanza y diseño de políticas públicas. Además de identificar restricciones que impiden generar sinergias entre objetivos económicos, sociales y ambientales, dará pie al desarrollo de nuevos estudios y revisiones respecto de temas más específicos.

El proceso tendrá una duración de 18 meses, y tres fases: (i) diagnóstico de restricciones y barreras al crecimiento y desarrollo, (ii) análisis y recomendaciones de política, y (iii) construcción de la estrategia y recomendaciones para la implementación.

La culminación exitosa del Programa País será un paso fundamental en el proceso de incorporación a la OCDE que solicitamos en noviembre de 2012 y que a partir del 2014 es parte de las políticas de Estado, conforme se ha declarado en el seno del Acuerdo Nacional. Cabe resaltar que a través del Programa País, Perú también participará más activamente de los diversos comités y grupos de trabajo de la OCDE, y actualmente ya se integró en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en materia tributaria y en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho.

VENTAJAS DE FORMAR PARTE DE LA OCDE

Se ha dicho –y no falta razón— que formar parte de la OCDE asegurará la idoneidad y cumplimiento de las políticas públicas, especialmente las referidas a materia de institucionalidad, mejora de la rendición de cuentas, prácticas anticorrupción, calidad regulatoria, transparencia estatal y combate a la criminalidad.

Ello, es claro, apoyaría que el país se perfile como una economía desarrollada, máxime si en el seno de la OCDE se realiza una intensa colaboración entre los países miembros para el desarrollo y cumplimiento de las mencionadas políticas públicas, así como el intercambio periódico de experiencias en estrategias de fomento de prosperidad y otros temas económicos.

A diferencia de otras organizaciones internacionales, la OCDE no provee recursos financieros, no otorga crédito ni fondos para el financiamiento de inversiones; sino que transmite conocimiento y asesoría para el mejoramiento de las políticas públicas y la promoción del buen gobierno. Ello, a través de un diálogo multilateral en el que cada país miembro, e incluso algunos no miembros, ponen a disposición sus experiencias en prácticamente todas las áreas de las políticas públicas. Luego, de esto resulta que la OCDE se constituye en una fuente primaria de información y conocimiento en desarrollo económico y humano.

Formar parte de OCDE es, en cierta manera, un certificado de que en ese país se aplican políticas económicas acertadas y podría llevar –en nuestro caso– a un incremento de la inversión extranjera, aunque ello no es evidente, salvo para cierto tipo de fondos de inversión que tienen entre sus requisitos que solamente puedan ser invertidos en países miembros de OCDE.

 UNA RUTA, NO INMEDIATA

En términos generales –como lo ha remarcado un informe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)-, el Perú debe asumir algunos retos importantes si quiere ser considerado como parte de OCDE, como elevar la calidad de la educación, reducir la amplia informalidad existente, fortalecer el régimen tributario y, en general, la capacidad que debe tener el Estado para proveer servicios de calidad a la ciudadanía. Por eso el CEPLAN entiende que el proceso de incorporación debe culminar cuanto menos en el año en que celebremos el Bicentenario Patrio.

Empero, hay que tomar nota que para entrar en la OCDE no es necesario mantener indicadores similares a los que tienen sus actuales miembros, lo que desde ya sería muy difícil de completar en el plazo mínimo señalado, sino mostrar una férrea voluntad para trabajar en la mejora de las políticas públicas y completar ciertos marcos normativos mínimos que se requiere, entre otros, por ejemplo hacer vigente herramientas tales como los acuerdos de intercambio de información.

Lo que si es cierto es que todo país que sea candidato a ser miembro de la OCDE debe suscribir o aceptar el patrimonio legal de dicha organización, al que se suele denominar como “acquis”. En estricto, es el conjunto de instrumentos legales de la organización, que no solo incluye las Decisiones y Recomendaciones aprobadas por el Consejo sino también instrumentos internos como las Resoluciones del Consejo y otros externos como las Declaraciones de los Ministros de la OCDE.

En ese sentido, el Perú, en este acercamiento cooperativo que es el Programa País, tendría que empezar a hacer suyas las enseñanzas de las experiencias relevantes en un sinnúmero de áreas de políticas públicas, transformándolas en lecciones útiles para nuestro contexto. Además, poco a poco y a partir del referido programa, tendría que ir adecuando su legislación interna al marco del “acquis” de la OCDE, especialmente en las materias que dicha organización considera de relevancia, entre las cuales se encuentra la tributaria.

 LA AGENDA TRIBUTARIA

Sin duda, por lo que venimos señalando, en el proceso de incorporación a OCDE, el Perú tiene que revisar su marco normativo tributario, pero también la actuación de sus órganos administradores de tributo y también de aquellos que resuelven las controversias tributarias, a efectos de armonizarlo con el «acquis» de OCDE en esa materia.

La OCDE tiene actualmente ciertos estándares (que incluyen procedimientos e institutos jurídicos) para abordar los aspectos vinculados a la política fiscal, a la descentralización fiscal, y a la relación entre administraciones y contribuyentes. También desarrolla y promueve mejores instrumentos para la eficiencia de los impuestos al consumo y del impuesto sobre la renta; siendo relevante en este último tema todo aquello vinculado a los tratados para evitar la doble imposición (CDI), respecto de lo que la OCDE mantiene un Modelo de CDI (MCOCDE) y sus respectivos Comentarios que son actualizados periódicamente.

Además, la OCDE está configurando estándares normativos mínimos respecto a la lucha contra los delitos tributarios (Tax and crime) y el fraude de ley (Aggressive tax planning), así como sobre el intercambio de Información entre Administraciones Tributarias (Exchange of information) y el régimen de Precios de Transferencia (Transfer pricing), materias sobre las cuales produce Directrices y documentos que introducen nuevos estándares regulatorios.

Empero, la cuestión actual es que la OCDE, a raíz de la crisis económica y financiera de los últimos años y del descubrimiento de una serie de planificaciones fiscales agresivas por parte de empresas multinacionales utilizando instrumentos normativos generados en el seno de la organización, viene desarrollando un Plan de Acción para reconstituir su «acquis» en materia tributaria, denominado como Base Erosion and Profit Shifting – BEPS, que supondrá posiblemente una serie de cambios en el tratamiento tributario de operaciones económicas globalizadas.

En ese sentido, es posible que la agenda normativa peruana de los próximos años incluya una armonización al estándar OCDE. Hay ciertas cuestiones que seguramente tendrán mayor relevancia como la efectiva aplicación de la Cláusula General Antielusiva contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario que –en líneas generales se encuentra armonizada al estándar OCDE-, o la posibilidad de que SUNAT pudiese realmente intercambiar información sobre cuentas corrientes bancarias con las administraciones tributarias de los países miembros de la OCDE, lo que para muchos tendría que suponer una modificación constitucional en materia de Secreto Bancario y Reserva Tributaria.

En cualquier escenario, nos parece que sería importante que en nuestra legislación interna debamos ya ir empezando a digerir cómo se incorporará todo ese material normativo interno de la OCDE (Soft Law), especialmente teniendo definiciones sobre el tipo de fuente jurídica que debe asignarse a los Comentarios al MCOCDE para interpretar los alcances de nuestros CDI y a las propias Directrices sobre Precios de Transferencia para definir los alcances del artículo 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta.


Fuente de la Imagen: Radio.uchile.cl

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