Comentarios al decreto supremo Nº. 014-2011-TR

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Comentarios al Decreto Supremo No. 014-2011-TR: ¿un supuesto de aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional?

El 18 de setiembre pasado, entró en vigencia el Decreto Supremo No. 014-2011-TR (en adelante, “el Decreto Supremo”), el cual agregó el artículo 61-A al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (en adelante, “el Reglamento”), aprobado por Decreto Supremo No. 011-92-TR, y creó el Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas.[1]

De los considerandos del Decreto Supremo se desprende que su aprobación tuvo por finalidad recoger los criterios vinculantes de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (en adelante, “TC”), pues en ellos se cita el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, así como la sentencia y resolución aclaratoria del 10 de junio de 2010 recaídas en el Expediente No. 00351-2009-PA/TC (en adelante, “el caso de los trabajadores portuarios”).

Ahora bien, más allá de lo que se asevera en los considerandos del Decreto Supremo, creemos necesario formularnos las siguientes interrogantes: ¿es cierto que el Decreto Supremo recoge los criterios de la doctrina jurisprudencial del TC? ¿Son sus disposiciones plenamente compatibles con lo señalado en el caso de los trabajadores portuarios o no? En las siguientes líneas expondremos nuestra opinión al respecto.

El criterio del TC en el caso de los trabajadores portuarios

En la sentencia referida, el TC concluyó que la inasistencia injustificada de las asociaciones de empleadores portuarios a las reuniones de negociación convocadas por la Autoridad de Trabajo había vulnerado el derecho de negociación colectiva del Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao (en adelante, “el Sindicato”), pues significó un abuso de sus libertades para negociar y para decidir el nivel de la negociación, así como una inobservancia del deber de negociar de buena fe.

Recordemos que este proceso de amparo se inició debido a la negativa de las asociaciones de empleadores portuarios de negociar a nivel de rama de actividad con el Sindicato. Dicha negativa tenía como sustento dos sentencias judiciales en las que, sobre la base de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (en adelante, “LRCT)[2], aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR, se había indicado que la negociación debía llevarse a cabo a nivel de empresa, al no existir un acuerdo entre las partes para negociar por rama de actividad.[3]

Ahora bien, más allá de que -para efectos del caso concreto- el TC haya fallado ordenando a las asociaciones de empleadores portuarios que asistan a las reuniones convocadas por la Autoridad de Trabajo, corresponde resaltar el criterio contenido en la sentencia en el sentido que “a falta de acuerdo para decidir el nivel de negociación, éste se determinará mediante el arbitraje, sin que exista previa declaración de huelga” (Fundamento Jurídico 29 de la sentencia)[4].

El sustento para la adopción de este criterio se encuentra en el Fundamento Jurídico 15 de la sentencia, en el que -en primer lugar- el TC enfatiza que la determinación del nivel de negociación debe depender esencialmente de la voluntad de las partes, mas luego acota que “no obstante, por excepción, cabe la posibilidad de que el nivel de la negociación pueda ser determinada (sic)por vía heterónoma (arbitraje) ante un organismo independiente a las partes, en función de la naturaleza promotora de la negociación colectiva. Ello se justifica plenamente en el caso de que se demuestre que una de las partes no está cumpliendo con su deber de negociar de buena fe o está realizando prácticas desleales”.

Como se puede apreciar, en opinión del TC, la regla general es que el nivel de negociación sea determinado por las partes. Únicamente de modo excepcional, este podrá ser determinado vía arbitraje. ¿Y mediante qué tipo de arbitraje? En la resolución aclaratoria del 10 de junio de 2010, el TC precisó este punto en los siguientes términos: “el arbitraje al que hace alusión el artículo 61° del Decreto Supremo N.° 010-2003-TR, y que es el llamado a determinar el nivel de negociación ante la falta de acuerdo, es potestativo, y no voluntario. Es decir, ante la falta de acuerdo, y manifestada la voluntad de una de las partes para acudir al arbitraje, la otra tiene la obligación de aceptar esta fórmula de solución del conflicto”.

En suma, en el caso de los trabajadores portuarios, el TC estableció que la determinación del nivel de negociación vía arbitraje era excepcional -únicamente indicó expresamente que estaba justificada en los casos de negociación de mala fe o realización prácticas desleales- e interpretó, en el marco de un proceso en el que discutía sobre la determinación del nivel de negociación, que el arbitraje regulado por el artículo 61 de la LRCT es potestativo.

¿El Decreto Supremo recoge lo dicho por el TC en el caso de los trabajadores portuarios?

En nuestra opinión, no. Como viéramos, el conflicto suscitado en el caso de los trabajadores portuarios se refería fundamentalmente a la determinación del nivel de negociación. Por ello, la sentencia del TC desarrolló los principios que rigen y sustentan la negociación colectiva -entre ellos, la libre determinación del nivel negocial-, concluyendo que es legítimo recurrir a un arbitraje en aquellos casos en que una de las partes no observe el deber de negociar de buena fe o incurra en prácticas desleales.

En sentido bastante más amplio, el artículo 61-A del Reglamento -agregado por el Decreto Supremo- establece que las partes pueden iniciar un arbitraje potestativo en los siguientes supuestos: (i) cuando no se pongan de acuerdo en la primera negociación, en el nivel o su contenido; y, (ii) cuando durante la negociación del pliego se adviertan actos de mala fe que tengan por efecto dilatar, entorpecer o evitar el logro de un acuerdo[5].

Como se puede apreciar, alejándose del criterio del TC en el caso de los trabajadores portuarios, el literal a) del artículo 61-A del Reglamento prevé la posibilidad de recurrir a un arbitraje potestativo cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre el nivel o contenido de la primera negociación, sin que sea necesario que una de ellas haya incurrido en conductas contrarias al deber de negociar de buena fe. En particular, no encuentra sustento en la doctrina jurisprudencial del TC la habilitación del arbitraje para definir el contenido de la primera negociación.

Por su parte, el literal b) del artículo 61-A del Reglamento regula un supuesto al que tampoco se aludió en la sentencia del caso de los trabajadores portuarios -actos de mala fe durante la negociación, es decir, habiéndose determinado ya el nivel negocial-.

De esta manera, el Decreto Supremo desconoce el carácter excepcional del recurso al arbitraje, en tanto potencialmente lesivo de los principios que rigen la negociación colectiva -especialmente, del principio de libre determinación del nivel de negociación-, que había sido enfatizado por el TC en la sentencia del caso de los trabajadores portuarios. En otras palabras, se genera un contexto propicio para que la regla (definición del nivel negocial por voluntad de las partes) se convierta en la excepción (definición del nivel negocial vía arbitraje) y viceversa.

Compatibilidad del Decreto Supremo con los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo

Para finalizar, creemos necesario referirnos brevemente a la posición de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, “OIT) con relación a la imposición de un arbitraje con efectos vinculantes por iniciativa de las autoridades (arbitraje obligatorio) o de una sola de las partes (arbitraje potestativo).[6]

El Comité de Libertad Sindical (en adelante, “el Comité”) únicamente admite la imposición del arbitraje “en los casos en que la huelga puede ser limitada o incluso prohibida, es decir, en los casos de conflicto dentro de la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término”.

Por su parte, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (en adelante, “la Comisión”) únicamente admite, de manera excepcional, la imposición de un arbitraje por iniciativa de los trabajadores (arbitraje potestativo) para la firma del primer convenio colectivo, pues entiende que se trata de un mecanismo que facilita la negociación colectiva. Con respecto al arbitraje por iniciativa de las autoridades, la Comisión considera que solo sería admisible tras negociaciones prolongadas e infructuosas “cuando es obvio que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una iniciativa de las mismas”.

Como se puede apreciar, los órganos de control de la OIT coinciden en señalar que la imposición del arbitraje solo es admisible en supuestos excepcionales[7] -nótese que no se refieren expresamente a la inobservancia del deber de buena fe-, por lo que existen argumentos para cuestionar la constitucionalidad del Decreto Supremo, al ser este incompatible con los Convenios No. 87 y No. 98 de la OIT. Ciertamente también existen argumentos para cuestionar la compatibilidad del criterio del TC con los Convenios citados por lo que no debería llamarnos la atención que este sea objeto de un pronunciamiento del Comité o de la Comisión, tal como ocurrió con la sentencia del caso de los trabajadores de construcción civil[8].



[1] Cabe mencionar que el Decreto Supremo también contiene disposiciones referidas a la interpretación del artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR, las cuales no serán comentadas en el presente artículo.

[2] En la sentencia del caso de los trabajadores portuarios, el TC inaplicó el primer párrafo del artículo 45 de la LRCT pues concluyó que este era materialmente inconstitucional, en tanto lesivo de la libertad para decidir el nivel de la negociación y del derecho de negociación colectiva (Fundamentos Jurídicos 27 y 28 de la sentencia).

[3] Esta controversia fue resuelta por un laudo arbitral que, entre otras cosas, declaró que los trabajadores portuarios tenían derecho a la negociación colectiva por rama de actividad.

[4] De esta manera, sin exponer mayores argumentos, el TC se niega a brindar el “plus de tutela” para hacer posible la negociación colectiva, al que había hecho referencia en su sentencia recaída en el Expediente No. 00261-2003-AA/TC (en adelante, “el caso de los trabajadores de construcción civil”).

[5] Mediante Resolución Ministerial No. 284-2011-TR del 23 de setiembre de 2011, se ha establecido un listado enunciativo de conductas que constituyen actos de mala fe en la negociación.

[6] Para conocer la referencia exacta de los pronunciamientos citados y obtener mayores alcances sobre este tema, recomendamos la revisión del siguiente link:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publi…

[7] Conforme a los pronunciamientos de ambos órganos de control, el proceso arbitral deberá ser imparcial y rápido.

[8] El Comité se refirió a esta sentencia en su Informe No. 338 (Caso No. 2375) emitido con motivo de la queja contra el Gobierno Peruano presentada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), alegando la existencia de disposiciones legales que imponían al sector de la construcción la negociación por rama de actividad.


 

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Verdad a medias. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho (LL.M.) con especialización en litigación y resolución de disputas por The George Washington University Law School. Asociado en Miranda & Amado Abogados.

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