Hacia una protección específica para de las personas LGTBI+ en situación de movilidad forzada | Alessandra Enrico y Morgana Salvador

Visibilizar es un ejercicio que exige trascender la mera narrativa expositiva para aterrizar en la identificación y protección efectiva de los derechos de las personas. ¿Cuál es la intersección entre ser LGTBI+ y haber huido del país de origen? ¿Qué riesgos enfrentan? ¿Cuál es la situación de acogida en el Perú? Por Alessandra Enrico, Abogada en Derecho por la PUCP, candidata a Magister en Derechos Humanos de la misma casa de estudios; y Morgana Salvador, Abogada por la PUCP, Magíster en Acción Humanitaria por University College Dublín (Red NOHA).

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Hacia una protección específica para de las personas LGTBI+ en situación de movilidad forzada[1]

 

 

Por: Alessandra Enrico[2] y Morgana Salvador[3]

Visibilizar es un ejercicio que exige trascender la mera narrativa expositiva para aterrizar en la identificación y protección efectiva de los derechos de las personas. Hoy en día resulta alentador que haya una mayor concientización sobre los derechos de las personas LGTBI+, que permite una mayor reflexión y empatía frente a las distintas dificultades y obstáculos que enfrentan, y que se traducen, por lo general, en situaciones de persecución y de abuso basado en su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.  Sin embargo, aún hay muchísimas necesidades de protección que deben ser arduamente trabajadas desde un enfoque integral y que articule una intervención desde diversas disciplinas. De ahí la importancia de abordar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas LGTBI+ como una lucha que interpela e involucra a la sociedad en su conjunto y exige la suma de esfuerzos de los distintos actores que participan en su protección.

Bien es sabido que muchas personas LGTBI+ atraviesan a lo largo de su vida eventos traumáticos y estigmatizadores que menguan en el ejercicio de sus derechos y que también tienen un impacto a nivel psicosomático, mellando su autovaloración personal. Las agresiones, la persecución social, familiar e incluso estatal, sumada a la discriminación en los distintos espacios y niveles, son solo algunos ejemplos de las múltiples formas de rechazo que aún perduran. Todo ello tiende a replicarse y agravarse en espacios en donde coexisten o se intersectan otras formas de rechazo.

De ahí la importancia de tener aproximación holística que considere las  múltiples situaciones de vulnerabilidad que se suman a la orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. Así, factores como la etnia, la edad, la posición económica y la movilidad forzada, son solo algunos ámbitos que deben tomarse en consideración para comprender que la discriminación se extiende a situaciones variadas y simultáneas. La identificación de estas vulnerabilidades permite comprender las necesidades específicas de las personas y qué mecanismos de protección ejercer.

En las siguientes líneas se abordará la intersección entre ser LGTBI+ y haber huido del país de origen. Esta situación de huida se denominará “movilidad forzada”, toda vez que las personas no tendrían otra alternativa ni opción para garantizar su vida, libertad o integridad. A partir de ello, se analizarán los riesgos que se enfrentan, se contextualizará la situación de acogida en el Perú, y se detallarán las obligaciones internacionales y desarrollos en materia de soft law más específicos para garantizar una adecuada protección.

Riesgos que enfrentan las personas LGTBI+ en situación de movilidad forzada

Ante experiencias de violencia que incluyen situaciones de brutalidad de las fuerzas del orden, violaciones correctivas, discriminación y segregación, asesinatos de honor, detenciones arbitrarias y violencia sexual o emocional en el ámbito doméstico[4], las personas LGTBI+ ven como única alternativa la huida de sus países de origen. Esto sucede particularmente en sociedades donde las expresiones sexuales, de género, identidad o de expresión de género no encajan en patrones culturales prestablecidos[5]

Proteger a las personas LGTBI+ en situación de movilidad forzada tiene una importancia significativa si se toma como premisa que al 2020, existen todavía muchas sociedades que criminalizan a las personas por razón de su por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. De acuerdo con el informe de la asociación ILGA publicado en 2019, a la fecha 70 países tienen legislaciones en las que se criminaliza a las personas por su orientación sexual, “68 estados de la criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, mientras que 2 lo hacen de facto”. Estas barreras legales podrían terminar constituyéndose en escenarios que alienten la persecución a esta población, lo que, en última instancia, hace intolerable la permanencia de las personas en el país de origen y anula la posibilidad de ejercicio de derechos.

Ello lleva a que las personas LGTBI+ opten por dejar su país de origen en búsqueda de un lugar más seguro en donde puedan desarrollarse. No obstante, esta decisión muchas veces conlleva propios riesgos, los cuales se manifiestan en tres etapas[6]. A saber:

  1. En la huida del país de origen: como se ha visto esta se manifiesta a través de situaciones de persecución por razón de la por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, y muchas de las veces se encuentra inclusive criminalizada en los ordenamientos jurídicos.
  2. Durante el tránsito: aquí se pone de manifiesto los múltiples tránsitos que se dan durante la ruta migratoria, por ejemplo, explotación sexual, abuso por parte de bandas criminales, etc.[7]
  3. Al llegar al país de acogida: en esta etapa las dificultades siguen presentes ya que, el no tener un documento legal que identifique a las personas extranjeras impide el acceso a muchos servicios sociales de vital importancia y al ejercicio de derechos. Sumado a ello, muchos países no tienen un marco jurídico protector para las personas LGTBI+ y por tanto las condiciones de discriminación suelen repetirse, aunado al hecho de ser extranjero. en su contra pueden repetirse.

Si bien muchas personas ven como única alternativa la huida del país de origen con miras a establecerse en un nuevo lugar en donde encuentren mayor bienestar y donde puedan desarrollarse libremente, lo cierto es que, terminan encontrándose con riesgos en el tránsito y en el nuevo país de origen. Esto no solo resulta problemático a nivel personal, sino que impide, en última instancia, su integración en la sociedad de acogida ya que se carga el estigma de ser persona LGTBI+, hecho que se ve potenciado por ‘no ser nacional’, lo que conlleva también actitudes xenófobas.

A ello debe sumársele que las necesidades, en el país de acogida, no se limitan a la determinación de su estatus legal, sino que trascienden a ámbitos propios de su identidad y autorreconocimiento. Sin perjuicio de ello, es innegable que contar con un estatus legal protector será, en mucho de los casos, la puerta de acceso a derechos. Un ejemplo de ello es el acceso a un puesto de trabajo formal, que en muchas legislaciones, como la peruana, demanda el contar con un documento de identidad que acredite que la persona se encuentra en situación regular. Si esto último es, en sí mismo, un requisito complejo, su obtención resulta mucho más difícil para las personas trans que no suelen ser reconocidas con su nombre social o identitario, lo que hace que tengan que seguir conviviendo con el estigma y el señalamiento.

De ahí que en este escenario muchas personas vean como única posibilidad de supervivencia permanecer en el anonimato. Esto es, no hacer pública su por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. Esta es una estrategia que desafortunadamente se ha utilizado para encontrar mejores o mayores herramientas para la inserción en la nueva sociedad de acogida. Sin embargo, lejos de mejorar las condiciones que obligaron a que las personas salgan de sus países de origen, se sigue afectando de sobremanera un derecho esencial que es la identidad de las personas, el cual quedaría condicionado a satisfacer otros derechos que permitan la supervivencia en el país de acogida.

Garantizar un análisis de protección internacional para las personas LGTBI+ en el Perú

Definiciones relevantes básicas:

Protección internacional: es “aquella que ofrece un Estado a una persona extranjera debido a que sus derechos humanos se ven amenazados o vulnerados en el país de nacionalidad o residencia habitual, y en el cual no pudo obtener la protección debida por no ser accesible, disponible o efectiva”. Corte IDH en la Opinión consultiva 21/14 (2014)

Persona refugiada: es quien ha recibido protección internacional. Su definición más precisa está contenida en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados, y es quien huye de su país de origen o de residencia debido a fundados temores de persecución en su contra basada en motivos discriminatorios por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social u opinión política. (A nivel regional hay instrumentos jurídicos que permiten entender una versión más amplia que esta definición).


Con ello presente, el contexto de desplazamiento actual de personas venezolanas en el Perú exige tener una mirada más cercana y aguda sobre las necesidades de protección internacional. Esto demanda la comprensión de las causas que motivan dicha movilidad y que mueven a que las personas a buscar otros espacios en donde puedan tener una vida digna, sin ningún tipo de violencia y en libre desarrollo de su personalidad. Evidentemente no todos los casos terminarán en un reconocimiento del estatuto de refugiado; sin embargo, sí debe garantizarse un análisis completo y puntilloso sobre la situación de la individual y los motivos que hay detrás de su salida.

Así, en cuanto al marco jurídico que ampara a las personas en situación de movilidad forzada, no solo se encuentran los tratados de derechos humanos generales, sino también la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificada por el Perú y aprobada mediante Resolución Legislativa No 15014. Este instrumento jurídico es el más relevante en cuanto a protección internacional, sus disposiciones, además, han sido implementadas adecuadamente mediante la Ley 27891, Ley del Refugiado y su Reglamento.

Esto tiene aún mayor relevancia si se considera que actualmente el Perú es el principal receptor de solicitudes de la condición de refugiado, habiendo recibido hasta la fecha 482 571 en total[8]. Con ello presente, una de las definiciones más utilizada es -precisamente- la correspondiente a la definición de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (en adelante Convención de 1951) que, de manera general, implica determinar la presencia de fundados temores de persecución a partir de una raza, opinión política, religión, nacionalidad y pertenencia a determinado grupo social.

Si bien ninguna de las referidas categorías es orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, como se verá más adelante, cada vez más se ha ido dotando de protección a aquellas situaciones que linden con la persecución por dichos motivos. De ahí que un análisis pormenorizado e individual de una solicitud de una persona LGTBI+, que contemple los elementos de la definición de refugiado, pueda caracterizarse a partir de “pertenencia a determinado grupo social”, y por lo tanto recibir protección internacional.

En razón a ello, el estudio de las solicitudes de la condición de refugiados en Perú debe prestar especial atención a dos aspectos trascendentales: 1. el relato de la persona solicitante, el cual podía involucrar persecución por orientación sexual, identidad o de género y/o expresión de género; y 2. la información disponible y confiable sobre el país de origen. Con ello presente, las personas que tengan por función la determinación del estatuto de refugiados deberán poder identificar aquellos hechos u experiencias que involucren una amenaza u hostilización a partir su sexo/género[9], teniendo especial cuidado de guardar el principio de confidencialidad contemplado en la Ley (artículo 11), y de tener un adecuado tratamiento de la información a fin de evitar episodios de revictimización.

Ahora bien, no solo el Perú se encuentra suscrito a múltiples tratados que determinan obligaciones internacionales para las personas en movilidad forzada, sino que existen vastos instrumentos de soft law que son de mucha utilidad para abordar los derechos de grupos específicos, entre los que se encuentra la población LGTBI+. Por ejemplo, están los Principios de Yogyakarta que en su Principio 23 desarrolla el derecho a buscar asilo para las personas LGTBI+. Básicamente, este alienta el reconocimiento del estatuto de refugiado a personas que tengan motivos fundados de persecución situaciones de discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. Además, resalta el respeto de su privacidad  y fomenta el desarrollo de guías o protocolos adecuados y garantistas para la evaluación de la credibilidad de la solicitud de la condición de refugiado, evitando siempre los testeos médicos o psicológicos inapropiados, invasivos e innecesarios. En este punto, debe recordarse que el eje es el relato de la persona, y la credibilidad debe ser analizada a partir de los hechos señalados.

De igual manera, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante, ACNUR) como organismo especializado en la protección de personas refugiadas, ha visibilizado la situación de las personas LGTBI+ permitiendo la estandarización de criterios que permitan identificar cuándo una persona se encontraría siendo perseguida por razón de su por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. El Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, documento que desarrolla el contenido de la Convención de 1951, ha permitido asociar determinadas situaciones de discriminación como posibles hechos de persecución, pues aún sin ser graves, podrían generar en el fuero interno de la persona “un sentimiento de desconfianza e inseguridad con respecto a su existencia futura»[10], aspecto que podría hacer intolerable su permanencia en el país de origen.

De igual manera, en el 2008 también el ACNUR emitió una Nota de orientación del sobre la materia, en la que se destacó la identidad como aspecto indisociable de la persona y un ámbito que puede determinar conductas de persecución en distintas esferas, no solo por parte del Estado sino también por parte de la comunidad u otros agentes persecutores[11]. Esta Nota constituyó la primera iniciativa para realiza el análisis de determinación del estatuto de refugiado como persecución a partir de la pertenencia a un grupo social específico, a partir aquellas situaciones de hostilización por ser LGTBI+.

Otro hito importante se dio en el 2012, con la Directriz del ACNUR número 9 sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género[12]. Este documento orientativo, que partió de la misma línea de la precitada Nota de orientación, se puso a disposición tanto para Estados, sociedad civil y otros actores involucrados en la identificación y atención de personas LGTBI+ en situación de movilidad forzada. De este modo, podría forjarse un procedimiento de determinación del estatuto de refugiados más garantista y agudo en el análisis de este tipo de solicitudes a partir de la caracterización de la persecución a las personas LGTBI+ como una asociada al grupo social. Visibilizar ello ha permitido brindar una respuesta con dignidad y respeto a quienes han enfrentado este tipo de situaciones y desde luego ha facilitado el reconocimiento de la condición de refugiado.

Los procedimientos de protección internacional deberían incorporar también  los significativos avances que se han dado a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No es propósito enunciar todos ellos[13] ni puntualizar en jurisprudencia general, sino solo aquellos documentos que involucren la protección de personas LGTBI+ en movilidad forzada. De esta manera, la CIDH a finales del 2019 aprobó los Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, en donde se reconoce varios aspectos relevantes para atender a las personas LGTBI+ en movilidad forzada. Por ejemplo, se destaca la importancia de incluir “formas de protección diferenciada e individualizada para tratar a las personas en todas las etapas del desplazamiento internacional” lo que supone el reconocimiento de un abordaje interseccional para la atención de necesidades específicas. Finalmente, la incorporación de una perspectiva de género y un enfoque diferenciado (principio 8), y la erradicación de toda forma de violencia (principio 14), también desarrolladas, dotan de seguridad y garantía en el país de acogida.

A modo de conclusión, el contexto actual que enfrenta la región americana, y en particular el Perú que tiene el más alto número de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas hace necesario discutir este tema desde múltiples aristas que permitan identificar los riesgos que se atraviesan antes, durante y después del desplazamiento, y plantear mecanismos de protección diferenciada. Entonces, en un nivel de coordinación, es necesario que se fortalezca la articulación con los distintos actores avocados a la protección de personas LGTBI+ en situación de movilidad forzada de modo que se brinde la atención especializada para garantizar su resguardo, establecimiento en la sociedad, y su integración.

Un aspecto que podría considerarse para el procesamiento de solicitudes de la condición de refugiado en el Perú tendría relación con la ausencia de estadísticas que permitan visibilizar la cantidad personas LGTBI+ requiriendo protección internacional, así como el trabajo con perfiles específicos que aceleren el reconocimiento de personas que efectivamente han sido perseguidas por cuestiones asociadas a su por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. Sin embargo, debe reconocerse el valioso trabajo conjunto de articulación entre las autoridades públicas conjuntamente con sociedad civil, que buscan cubrir las brechas en términos de servicios disponibles para impulsar la documentación legal, y el acceso a derechos sociales, como salud, educación, u oportunidades para integración y reforzamiento de las redes de apoyo.

Asimismo, en la esfera jurídica será igualmente importante considerar los instrumentos internacionales generales y específicos sobre protección a personas LGTBI+, pero sobre todo aquellos estándares que han venido consolidándose y que plantean mecanismos reforzados de protección en situaciones de desplazamiento forzado.  Además, ello redundará positivamente en el fortalecimiento del sistema de asilo y garantizará un mejor análisis sobre las necesidades de protección internacional que puedan demandar las personas.


[1] Las opiniones vertidas en el artículo corresponden a la visión y perspectiva de las autoras y no compromete ninguna posición institucional.

[2] Abogada en Derecho por la PUCP, candidata a Magister en Derechos Humanos de la misma casa de estudios. Cursó estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como Asociada de protección (legal) en ACNUR Perú.

[3] Abogada por la PUCP, Magíster en Acción Humanitaria por University College Dublín (Red NOHA). Asociada en manejo de casos en ACNUR Perú.

[4] Véase más: CIDH (2015) Informe temático sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) en América. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/violencia-lgbti.html

[5] MARTÍN, L. et al (2005). Introducción y Estudio Cuantitativo “¿Cuál es el grado de aceptación de la diversidad sexual en nuestras escuelas?”. En Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), investigación pluridisciplinar sobre la homofobia en el Sistema Educativo. Madrid. Disponible en: http://www.20minutos.es/data/adj/2006/01/16/68.pdf)

[6] Sin Fronteras (2020) “Guía para funcionarios/as sobre derechos y atención a personas refugiadas y migrantes LGBTI+ en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú”.  En Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes de América Latina y el Caribe.

[7] Ib. “Guía para funcionarios/as sobre derechos y atención a personas refugiadas y migrantes LGBTI+ en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú”.

[8] Véase más Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes (R4V) – Perú. Disponible en: https://r4v.info/es/situations/platform/location/7416

[9] Véase más en: ACNUR (2012) Directriz No 9 “solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967”. Disponible en: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=518113d54

[10] ACNUR (2019) Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y Directrices sobre protección internacional. En virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Reedición. Ginebra: febrero de 2019.

[11] ACNUR (2008) Nota de orientación del ACNUR sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/6949.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2009/6949

[12] Ib. Directriz No 9 “solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967”.

[13] Véase más en: Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017, solicitada por la República de Costa Rica: Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Párrafo 112. Disponible en: https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

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