El caso Ugarteche: Tribunal Constitucional y matrimonio entre personas del mismo sexo

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«On balance, litigation has probably advanced the cause of gay marriage more tan it has retarded it. But such litigation has also probably impeded the realization of other objectives of the gay rights movement, and it has had significant collateral effects on politics. […] How gay marriage happens may be almost as important as that it happens«[1].

Acepté con mucha alegría la invitación de IUS 360° para presentar mi opinión (jurídica, se entiende) sobre el «Caso Ugarteche». Para ello, en primer lugar haré una breve introducción y recuento del caso. Luego pasaré a responder las preguntas concretas que ‒según me indicaron‒ tenía que absolver con este artículo (con la esperanza de lograr lo que se me pidió). Finalmente, se plantearán algunas cuestiones adicionales, así como las conclusiones.

 

I. BREVE INTRODUCCIÓN Y RECUENTO DE HECHOS RELEVANTES:

El 12 de diciembre de 2012, la Mesa de Partes del Poder Judicial recibió una demanda de amparo, de las tantas que recibe día a día. No obstante, esta sería muy particular. Se trataba de la demanda de amparo interpuesta por el ciudadano peruano Óscar Ugarteche Galarza ‒quien reside en México junto a su pareja‒ contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante, el «RENIEC»).

¿Qué dice esa demanda presentada hace ya casi 07 años?[2] Narra que el 30 de octubre de 2010, el Sr. Ugarteche contrajo matrimonio con el ciudadano mexicano Fidel Aroche Reyes. Es decir, para la Ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos, la pareja del mismo sexo conformada por el Sr. Ugarteche y el Sr. Aroche contrajo matrimonio y es considerada como una familia (el estado civil de cada uno de ellos es «casado»). Más adelante, el 12 de enero de 2012, el Sr. Ugarteche solicitó al RENIEC que inscriba su matrimonio válidamente celebrado en el extranjero en el Registro Civil. Es decir, que también tenga validez en el Perú.

El RENIEC se negó, declarando la improcedencia de su solicitud. ¿Por qué motivo? Porque las normas que rigen al RENIEC señalan que en el Registro Civil se inscriben «los actos que la ley y el reglamento de las inscripciones determinan» (artículo 40° de la Ley N° 26497). ¿Y ahí está el problema? No en estricto… ocurre que conforme al artículo 234° del Código Civil de 1984, el matrimonio «es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común«. Por lo tanto, el RENIEC argumentó que considerando que la ley (en este caso, el citado artículo del Código Civil) solo prevé el matrimonio entre un varón y una mujer, inscribir el matrimonio Ugarteche-Aroche no sería posible.

En el camino, el RENIEC emitió la Resolución N° 1258-2012-GOR/JR10LIM/ORLIMA/RENIEC, la Resolución Regional N° 00497-2012/GOR/JR10LIM/RENIEC y la Resolución Gerencial N° 055-2012-GRC/RENIEC; todas las cuales denegaron lo solicitado por el Sr. Ugarteche, quien hizo uso de los recursos administrativos a su disposición para lograr que el RENIEC inscriba su matrimonio. Ojo con esto: el Sr. Ugarteche reside en el extranjero (tiene domicilio real en México). Por ello, en el trámite administrativo ante el RENIEC, fijó como domicilio procesal una dirección en Magdalena del Mar (ciudad de Lima). Además, habría autorizado a dos personas para que puedan recabar las notificaciones que fuesen expedidas.

La última resolución emitida por el RENIEC fue la Resolución Gerencial N° 055-2012-GRC/RENIEC, con la cual se dio por agotada la vía administrativa, negándose una vez más a inscribir el matrimonio. Fue notificada el 21 de agosto de 2012 al domicilio procesal consignado por el Sr. Ugarteche en el trámite administrativo: la dirección en Magdalena del Mar.

Contra esta decisión (el acto lesivo de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y bienestar), el Sr. Ugarteche interpuso demanda de amparo, solicitando que se le ordene al RENIEC inscribir su matrimonio válidamente celebrado en el extranjero. La demanda se interpuso, como ya vimos al inicio de este artículo, el 12 de diciembre de 2012. La fecha es importante. La demanda fue tramitada como Expediente N° 22863-2012 en el Poder Judicial.

El resto de la historia es conocido: el RENIEC se apersonó a través de su Procuraduría Pública y dedujo excepción de prescripción, aduciendo que si el acto administrativo que gatillaba el inicio del plazo de prescripción de sesenta (60) días hábiles previsto en el artículo 44° del CPConst. fue notificado el 21 de agosto de 2012, al 12 de diciembre de dicho año, el plazo ya había vencido. El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima declaró infundada la referida excepción y saneado el proceso. El RENIEC, obviamente, apeló.

Posteriormente, el 09 de enero de 2017 se hizo pública la histórica y sólida sentencia, con especial trascendencia constitucional y social para el Perú: la jueza Malbina Saldaña, del Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, declaró fundada la demanda y ‒en consecuencia‒ le ordenó al RENIEC que «cumpla con reconocer e inscribir el matrimonio celebrado por el demandante en el extranjero en el Registro Civil correspondiente«. Como también era evidente, el RENIEC apeló.

El expediente fue elevado a la Cuarta Sala Civil de Lima. Como correspondía, le tocaba resolver: (i) en primer lugar, la apelación contra el Auto de Saneamiento, que declaró infundada la excepción de prescripción y saneado el proceso; y, (ii) en segundo lugar, solo si desestimaba la apelación anterior (es decir, confirmaba el Auto de Saneamiento y por tanto se confirmaba que la demanda era procedente), pronunciarse sobre la apelación contra la Sentencia (el fondo del asunto).

La Sala, por Resolución N° 25 del 19 de enero de 2018, revocó el Auto de Saneamiento y, reformándolo, declaró fundada la excepción de prescripción y en consecuencia, nulo todo lo actuado, dando por concluido el proceso.

Como a criterio de la Sala se interpuso fuera del plazo, la demanda era improcedente. El Sr. Ugarteche interpuso recurso de agravio constitucional contra lo resuelto por la Sala, a fin de que el Tribunal Constitucional revierta la decisión de la Sala e ingrese al fondo del asunto, determinando si corresponde ordenarle al RENIEC que inscriba su matrimonio o no. Luego que el 20 de junio de 2018 se lleve a cabo la Vista de la Causa, sigue pendiente que el Pleno del Tribunal Constitucional resuelva el recurso de agravio constitucional tramitado como Expediente N° 01739-2018-AA/TC.

 

II. LAS DUDAS CONCRETAS:

  • «¿Considera válidos los argumentos esgrimidos en la Resolución de la Cuarta Sala Civil que resuelve a favor de la RENIEC aduciendo la extemporaneidad de la demanda de amparo (considerando que el señor Ugarteche afirma haberse encontrado fuera del país)?«.

Esta es una duda procesal relevante. Veamos el primer párrafo del artículo 44° del CPConst., que es el que genera la discusión:

«Artículo 44.- Plazo de interposición de la demanda

El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. […]«.

Así, este primer párrafo da cuenta de al menos dos (02) escenarios posibles:

(i) El afectado tiene conocimiento del acto lesivo y está en posibilidad de interponer la demanda, por lo que el plazo de sesenta (60) días hábiles empieza a correr normalmente (en el caso concreto, desde que se notificó con la última resolución administrativa del RENIEC).

(ii) El afectado tiene conocimiento del acto lesivo, pero no está en posibilidad de interponer la demanda, por lo que el plazo de sesenta (60) días no corre «normalmente» (como en el caso anterior), sino que el plazo se empieza a computar desde que el impedimento (se entiende que uno atendible) es removido.

Considerando ello, veamos los siguientes hechos: no está en disputa que la última resolución emitida por el RENIEC ‒la que agotó la vía administrativa‒ fue notificada el 21 de agosto de 2012 al domicilio procesal que fijó el Sr. Ugarteche en sede administrativa. Así, el primer día del plazo debió ser el 22 de agosto de 2012. Descontando los días inhábiles, los sesenta (60) días hábiles se cumplieron el 20 de noviembre de 2012. Ahora bien, a dicha fecha nadie podía presentar una demanda pues del 15 de noviembre al 05 de diciembre de 2012 se llevó a cabo una huelga nacional de los trabajadores del Poder Judicial.

Así, si el plazo venció el 20 de noviembre de 2012, pero en ese momento no era posible presentar la demanda por la huelga, procesalmente correspondía que la demanda sea ingresada el 06 de diciembre de 2012. El Tribunal Constitucional ha precisado en reiterada jurisprudencia que el término final del plazo ‒el día que vence‒ se difiere al primer día hábil posible (en este caso, al día siguiente de finalizada la huelga, cuando se retomó la atención en el Poder Judicial y ya era posible presentar la demanda).

Pero lo cierto es que la demanda no se llegó a presentar el 06 de diciembre de 2012, sino el 12 de diciembre (esto es, cuatro días hábiles más). De acuerdo a la resolución de la Sala que comentamos, el Sr. Ugarteche habría alegado que arribó al Perú recién el 09 de diciembre de 2012 y que desde esa fecha de inicia el cómputo del plazo.

Si entendemos bien, su argumento sería el siguiente: si bien la última resolución del RENIEC fue notificada el 21 de agosto de 2012, él no habría estado físicamente en el Perú, sino en México. Retornó el 09 de diciembre a Lima, por lo que habría existido un impedimento (físico) para que él pueda presentar la demanda. A mi criterio, sólo tendría sentido si se refiere a lo dispuesto en el artículo 42.7° del CPConst., que señala que la demanda de amparo contendrá «[l]a firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del abogado«. Su defensa sería, entonces, que como retornó el 09 de diciembre de 2012 a Lima, los sesenta (60) días hábiles se contarían desde el primer día hábil siguiente: el lunes 10 de diciembre de 2012. Por lo tanto ‒siempre según la posición del Sr. Ugarteche‒ al 12 de diciembre estaría claramente dentro del plazo[3].

Dicho ello, ¿prescribió el plazo o no? Como señala el profesor Juan Monroy Gálvez, la prescripción se sostiene en que si «el derecho le concedió [al demandante] un plazo para que exija la satisfacción de su pretensión, se presume que vencido éste, ha desaparecido el interés en satisfacer judicialmente su pretensión, por lo que el demandado está en aptitud de pedirle al juez tal declaración«[4] (corchetes añadidos). Si el amparo es subsidiario y se busca garantizar la seguridad jurídica, es válido establecer plazos procesales (que en este caso, aparentemente, se habrían vencido).

Corresponderá al Tribunal Constitucional justificar ‒dar buenas razones‒ sobre la interpretación que termine adoptando del primer párrafo del artículo 44° del CPConst.: (i) si admite que el hecho de encontrarse en el extranjero para la firma del escrito es un «impedimento» en los términos descritos por la norma procesal; o, (ii) si considera que no lo es (o no es atendible en este caso concreto). Si va por la primera opción, se revocaría la decisión de la Cuarta Sala Civil y se habilitaría un pronunciamiento de fondo por parte del TC. En cambio, si el TC opta por la segunda alternativa, el caso acabaría definitivamente.

Solo culminaría recordando, como señala el profesor Samuel Abad, que el TC «ha efectuado interpretaciones que han conducido a ampliar el plazo existente«[5]. Al respecto, compartimos su opinión en el sentido que en dichos casos[6] se ha tratado de:

«decisiones excepcionales que abren la puerta a que se pueda conocer aquellos casos en los que, pese al vencimiento del plazo de prescripción establecido, se presenta una demanda de amparo. Una indebida aplicación de este criterio podría generar una sensación de inseguridad jurídica que el Código ha tratado de evitar«[7] (énfasis y subrayado añadidos).

Solo añadiría que la Opinión Consultiva OC-24/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vinculante para el Estado Peruano (lo cual incluye al TC). Según dicha Opinión Consultiva, el artículo 234° del Código Civil de 1984 es contrario al bloque de convencionalidad, por lo que «es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales» (énfasis y subrayado añadidos). Sin duda alguna, la Opinión Consultiva comentada deberá ser considerada por el TC al momento de resolver.

 

  • «¿Cuál es su opinión sobre el argumento del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima que menciona que el Código Civil de 1984 no se ha adaptado a los nuevos cambios sociales como el caso del matrimonio homosexual?«

Este es un argumento sumamente interesante, pues asume la teoría de la «living Constitution«, de la Constitución como un texto inacabado que se adapta a los nuevos tiempos. La Constitución, si bien nace en un determinado contexto, tiene una pretensión de vigencia indeterminada y, por eso mismo, de vivencia actualizada, a partir de la cual aspira a regir de manera efectiva la vida en común, en acomodo a los valores y principios que ella proclama. Esta teoría ha sido asumida por el TC desde hace muchos años:

«8. El Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, sustentándose en los artículos 3° y 43 ° de la Constitución, que reconocen al nuestro como Estado Social y Democrático de Derecho, ha venido otorgando contenido a sus principios a través de su jurisprudencia. De este modo, desde la STC N.° 0008-2003-AIITC (caso Roberto Nesta Brero contra el artículo 4° del Decreto de Urgencia N.° 140-2001) y en causas subsiguientes, se ha marcado la pauta de lo que el constituyente histórico ha querido plasmar en la concepción de una Constitución como una realidad viviente. […]

  1. La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional es también una fuente de primer orden no sólo para los tribunales ordinarios y los demás entes públicos, sino para el propio Tribunal a la hora de decidir un nuevo caso. En cada sentencia de principio, un nuevo dispositivo de nuestra Constitución es desarrollado sin olvidar que se trata de una obra duradera en el tiempo y en constante movimiento. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es, en buena cuenta, Constitución viviente de la sociedad plural«[8] (énfasis añadido).

Siguiendo esta manera de leer la Constitución, la sentencia del Sétimo Juzgado Constitucional de Lima es impecable en este extremo. Veamos:

«DÉCIMO NOVENO.- […] desde el año 2001 recién se empezó a reconocer dicho derecho a dichas personas, debiendo indicar que nuestro Código Civil data del año 1984, momento en el cual era inimaginable pensar en una institución como la del matrimonio de personas del mismo sexo, razón por la cual el contenido del artículo 234° de dicho dispositivo legal no fue cuestionado por un largo periodo de tiempo; sin embargo en vista de los cambios sociales que se han ido presentando, es que a la fecha esta Judicatura considera que dicho artículo del Código Civil no se ha adaptado a dichos cambios que se han presentado en el mundo, razón por la cual hoy existe un largo debate sobre si se debe aprobar o no un matrimonio entre personas del mismo sexo. […]

VIGÉSIMO NOVENO.- Que, efectuando una interpretación evolutiva de nuestra Constitución, esta Judicatura considera que dicho dispositivo legal, debe ser interpretado conforme a los cambios y exigencias que nuestra sociedad reclama, y al haber quedado demostrado que a la fecha un gran sector de la población reclama algún tipo de reconocimiento a las parejas homosexuales, ya sea por medio del matrimonio, unión civil u otro dispositivo; resulta factible que a falta de existencia de dicha institución, dichas personas puedan reclamar protección de sus derechos fundamentales por la vía judicial en virtud del contenido de nuestra Carta Política, puesto que no pueden estar a la espera de que se legisle a favor de ellos; […]«.

En ese sentido, estoy de acuerdo con lo arriba señalado.

 

  • «El ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, argumentó que la resolución de la primera instancia que dio la razón a Ugarteche sienta un precedente peligroso en tanto que abre las puertas a que las normas vayan perdiendo vigencia bajo la interpretación de un juzgado. Por otro lado, para el constitucionalista Enrique Bernales considera que esto sentaría un buen precedente, ya que ha prevalecido el derecho constitucional de la igualdad por encima de una norma civil. Desde un análisis jurídico- constitucional, ¿qué argumento considera es el más acertado?«.

Discrepo profundamente con el Sr. Álvarez. Me remito a lo expresado en la respuesta anterior, pues es claro que si la Constitución es un texto viviente, la decisión del Juzgado es válida. Y por válida me refiero a la posibilidad de que se interpreten las cláusulas constitucionales (ninguna de las cuales prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo) e infra-constitucionales (como el Código Civil) conforme a los nuevos tiempos y al bloque de convencionalidad (atención con la Opinión Consultiva de la CorteIDH). Ya en el otro plano (motivación, la cual debe expresar buenas razones sobre el sentido de su decisión), coincido con lo expresado por el Juzgado. Un constitucionalismo de derechos, enfocado de verdad en la protección de la persona, solo puede optar por la teoría de la «living Constitution«[9].

 

  • CONCLUSIONES:

Como hemos visto, el caso es complejo tanto en su dimensión procesal como en su dimensión material. El TC va a tener que presentar una argumentación muy sólida sobre la procedencia de la demanda, cuestionada por la excepción de prescripción: ¿la demanda de amparo se interpuso «dentro del plazo» o no?

En cuanto al tema de fondo, creo que la Sentencia de primer grado es acertada[10], por lo que si el TC termina por entrar al fondo, considero que la demanda debería ser declarada fundada. Los jueces no son ni la «boca de la ley» ni tampoco «gobiernan»: tienen el deber de tutelar los derechos de las personas y de inaplicar toda norma contraria a la Constitución y el bloque de convencionalidad.

El Caso Ugarteche puede haber sido el primero que se discute ampliamente. Pero que no les quepa ni la menor duda: no será el último. Refraseando a la banda «Mägo de Oz», luchar es litigar.


Imagen obtenida de: https://bit.ly/2EdOj2I

[1]           KLARMAN, Michael J. «From the Closet to the Altar. Courts, Backlash, and the Struggle for Same-Sex Marriage». Nueva York: Oxford University Press. 2013. pp. 218-219.

[2]           El autor no ha tenido a la vista todas las piezas del expediente. El artículo está basado en las resoluciones judiciales publicadas a través del reporte web del Poder Judicial (CEJ – Consulta de Expedientes Judiciales), así como en aquellas que se han hecho públicas de diversas maneras.

[3]           Descartaría la interpretación según la cual habría aceptado que el plazo empezó a correr el 22 de agosto de 2012 (el día siguiente de notificada la última resolución del RENIEC), pues en ese caso la demanda se debió presentar el 10 de diciembre de 2012 y no el 12, pues si el impedimento era el viaje, al 10 de diciembre ya no existía pues desde el día anterior (09, día inhábil), ya estaba en Lima.

[4]           MONROY GÁLVEZ, Juan. «Las excepciones en el Código Procesal Civil peruano». En: THĒMIS-Revista de Derecho N° 27-28. 1994. p. 127.

[5]           ABAD YUPANQUI, Samuel B. «El proceso constitucional de amparo». Tercera edición. Lima: Gaceta Jurídica. 2017. p. 127.

[6]           Como las de las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes N° 00644-2001-AA/TC, 005296-2007-PA/TC y 05961-2009-PA/TC.

[7]           Ibíd. p. 128.

[8]           En el contexto de una polémica decisión, un voto singular del TC ha señalado lo siguiente sobre la teoría de la «living Constitution«: «La interpretación de la Constitución no puede ser de una vez y para siempre la representación de la voluntad de quienes pensaron en un determinado sentido en un espacio y tiempo determinados. Ello supondría condenar a las generaciones futuras a actuar siempre y en todos los casos de conformidad con la ideología constitucional de las generaciones pasadas, haciendo de la Constitución un documento estático incapaz de representar la evolución del pensamiento de una sociedad, encontrándonos ante la postura conservadora llamada por el pensamiento norteamericano como interpretación textualista, originalista, preservasionista y que entiende a la Constitución como un texto acabado cuya interpretación fiel debe respetar tanto la palabra como la intención del constituyente histórico. Sin embargo, existe también en la otra orilla la idea de «Constitución viviente» o interpretación dinámica que pretende romper con el textualismo u originalismo«.Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03173-2008-PHC/TC, del 11 de diciembre de 2008. Voto singular de los Magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz (Fundamento Jurídico N° 05).

[9]           Recomiendo el texto del profesor Bruce Ackerman («The Living Constitution«, publicado en Harvard Law Review N° 120, año 2007), el cual también ha sido traducido al castellano. Ver: ACKERMAN, Bruce. «La Constitución viviente». Madrid: Marcial Pons. 2011.

[10]          Si me permiten, me remito a un artículo previo: MONGE MORALES, Gonzalo J. «La igualdad se va abriendo paso. Dudas materiales y procesales con motivo de una reciente sentencia sobre el matrimonio igualitario». En: https://laley.pe/art/3745/la-igualdad-se-va-abriendo-paso (visto por última vez el 18 de febrero de 2019 a las 08:46 p.m.). Solo me permito añadir que en lugar de control difuso, la Jueza también podría haber resuelto el caso desde la perspectiva de las lagunas jurídicas, colmando esta laguna con su sentencia.

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