Acerca de las concentración de propiedad en los medios de comunicación

3002
0
Compartir

La reciente adquisición del Grupo El Comercio de un significativo porcentaje del grupo Epensa (dueña de periódicos como Correo, Ojo, el Bocón y Aja entre otros) ha generado un debate sobre la necesidad de regular la propiedad de los medios de comunicación como mecanismo para reducir la probabilidad de un comportamiento comercial que afecte tanto el acceso a la información como a la difusión de ideas.

Este debate tiene como origen un intento fallido de parte del Grupo La República para adquirir el 54% de dos accionistas mayoritarios del Grupo Epensa, operación descrita con lujo de detalles en el artículo de Ricardo Uceda (“la jugada del decano”). Antes de que el Grupo La República adquiriese ese porcentaje, los accionistas minoritarios ejercieron su derecho de preferencia para lo cual se asociaron con el Grupo El Comercio. En virtud de esa asociación, la participación del grupo El Comercio pasa de 62.77% a 85.69% en Lima, y de 31.25% a 64.25% en provincias. De hecho, estas participaciones medidas por cualquier indicador de concentración indicarían un nivel de concentración “excesivo”.

Sin embargo, un aspecto importante a tomar en cuenta es el hecho que en la prensa escrita no existiría, aparentemente, barreras a la entrada endógenas; esto es, aquellas generadas por la conducta del jugador dominante (en nuestro caso el grupo el Comercio) y tampoco existen barreras exógenas como por ejemplo son las barreras legales. En ese sentido, la facilidad de entrada (y de salida) a un mercado en particular morigera el efecto que un alto grado de concentración pudiera conllevar sobre el nivel de bienestar, que en nuestro caso sería la libertad de información y de opinión.

Otro aspecto a analizar en este caso de concentración es la definición del mercado relevante, y, en este caso, el mercado de prensa escrita tiene varios mercados que rivalizan con él: radio, TV y el más reciente y crecientemente importante medio de comunicación como es el internet. El hecho de que existan varios mecanismos de obtención de información y formación de opinión relativiza severamente el indicador de concentración en la prensa escrita.

En todo caso, de considerarse que el Grupo El Comercio tiene posición de dominio, en nuestra actual legislación existen regulaciones que permiten sancionar posibles conductas anticompetitivas, como es el caso del abuso de posición de dominio a través de conductas de carácter exclusorias como son la negativa a comprar o vender bienes y servicios, o por ejemplo aplicar políticas comerciales diferenciadas injustificadas, etc. Asimismo, las practicas colusorias de tipo horizontal y vertical que se pudieran dar en el mercado de diarios y periódicos están prohibidas y son sujetas de investigación, ya sea de oficio o de parte.

Si existe legislación que potencialmente puede controlar los efectos de esta mayor concentración, ¿por qué entonces postular regulaciones adicionales, esto es, un control de estructuras, cuya CONTRIBUCION MARGINAL es nula para controlar cualquier abuso por parte de El Grupo El Comercio?

Se pueden argüir varias razones por las cuales el control de estructuras (particularmente en el caso de los periódicos) es ineficiente. Una primera es que como había indicado anteriormente, no existen barreras de acceso aparentes, y si las hubiera existe el mecanismo de la ley de competencia.

Segundo, el mercado relevante sería bastante más amplio que el de prensa escrita, motivo por el cual la concentración disminuye notablemente.

Tercero, el peso que la publicidad tiene en el mercado de prensa escrita es apenas del 11% (la televisión y la radio tiene un mayor peso en el gasto en publicidad por parte los anunciantes). De ese porcentaje, la mayor contribución está dada por los clasificados y los avisos de entidades públicas. Con esto último se pretende indicar que el aparente peligro de manipular el gasto de publicidad (tan importante en este negocio) para afectar la sobrevivencia de los competidores es bastante limitado.

Cuarto, el potencial efecto de dirigir la opinión pública en períodos electorales vista la experiencia peruana resulta más que dudoso; y en ese sentido, pareciera que existe una sobredimensión del rol que los medios de comunicación pudieran tener-en una economía, con las características del Perú- sobre la formación de opinión.

Los datos indican que si bien el nivel de lectoría es relativamente alto en América Latina, la composición de la demanda de diarios (básicamente tabloides o los diarios de 50 céntimos) no está aparentemente asociada con aquellos diarios que forman opinión; sino analicemos la experiencia electoral peruana donde encontramos que los editoriales de los principales medios resultaron prácticamente inútiles.

Quinto, el gasto en publicidad o la posición editorial en periodos electorales tiene el efecto de aumentar la exposición de los candidatos, que en un contexto de voto compulsivo;  puede ser importante; sin embargo, dicho efecto se diluye cuando el voto es voluntario.

Si existiera entonces una preocupación por el efecto que la concentración en el mercado de diarios pudiera causar en la opinión pública, ésta se debería concentrar en una reforma que aumente el nivel de competencia en los mercados políticos. Una de esas reformas está ligada a eliminar el voto obligatorio.

Más importante debiera ser asegurarse que las condiciones de entrada en el espectro radioeléctrico estén aseguradas puesto que dicho recurso es ESCASO, y tiene fundamental importancia en la transmisión de información y de opinión y, por tanto, se justificaría algún tipo de regulación. En el caso de la prensa escrita no parece necesario. Además, la Televisión y Radio tienen un mayor alcance que la prensa en la formación de la opinión pública.

Finalmente, debe tenerse presente que nuestro país está caracterizado por tener un conjunto de reglas formales muy parecidas a las de los países industrializados pero el resultado está lejos de lo esperado que se explica por una sencilla razón: enfrentamos un problema de implementación no resuelto, motivo por el cual cualquier política pública que se proponga debe tener en cuenta los costos y dificultades de su implementación por parte de un aparato burocrático débil.


DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here