Los trabajadores independientes y su vida jubilar

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No hace mucho el Ejecutivo promulgó, a regañadientes, la Ley 30237, que restablecía el aporte voluntario de los independientes al sistema previsional. Los congresistas que impulsaron el cambio normativo lo justificaron expresando que la obligatoriedad hoy anulada era un atentado a la libertad de aquéllos, amén de una inaceptable expresión del paternalismo gubernamental. Creían poco válido que de lo poco que podían ganar algunos debiesen aportar al sistema sin que pudiesen retirar su dinero cuando lo necesitasen. No se percataron, sin embargo, que un dependiente -que puede ganar un sueldo mínimo- igual debe aportar sin poder utilizar nunca lo ahorrado, pues dichos fondos cuentan con el carácter de intangible. Arguyeron también que tal ahorro forzado era una componenda del Estado con las AFP al considerar inadmisible que el independiente esté constreñido a permanecer en una de ellas por un tiempo fijo y que se le cobre comisión así durante unos meses no tenga ingresos, justificaciones falaces toda vez que no hace mucho el TC declaró constitucionales la licitación y la comisión por saldo.

El tratamiento diferenciado entre dependientes e independientes, como se observa, nada tiene que ver con la posición laboral de los segundos sino que refleja un cuestionamiento solapado a la intervención pública previsional en general. Es preciso, por tanto, escudriñar en dicho razonamiento. Si en efecto no existiese sistema de pensiones, los trabajadores deberían buscar instrumentos provistos -en especial- desde el sector privado para atesorar -de manera planificada y racional- las reservas indispensables para solventar su vida jubilar.

Esta propuesta ideal, no obstante, tiene ciertas fallas. El individuo suele no ahorrar porque valora más el consumo presente que el futuro. Por su comportamiento miope, suele realizar un ahorro nulo -incluso negativo-. Y en caso decida reservar parte de su sueldo para su jubilación su decisión se vería mediatizada por una función de utilidad de un tipo de constant relative risk aversion. Como la decisión tiene consecuencias a largo plazo e incierta, debe ser consciente que está asumiendo múltiples riesgos. Uno de ellos es medir su longevidad, pues podría vivir más tiempo de lo esperado, al poseer información limitada sobre su salud y sus expectativas de vida. Es más, si optase por ahorrar y todos quisiesen contratar annuity, las primas individuales de dichas rentas vitalicias se tasarían según el riesgo de una persona promedio y sólo quienes esperasen vivir más tiempo que la media adquirirían el seguro, desencadenando el aumento del precio y el posterior colapso de mercado. Tampoco podría planificar el valor del dinero ahorrado en el futuro por los riesgos originados en perturbaciones agregadas a la economía en su conjunto; incluso peor, no prever qué pasaría si se viera imposibilitado de ahorrar (por ejemplo, al caer en una situación de invalidez). Sin ahorros, muchos podrían alcanzar la vejez en situación de pobreza, no sólo porque no pudieron atesorar reservas para el futuro, sino también porque pudiendo hacerlo consideraron que el Estado iba a estar ahí para ayudarlos.

Tales fallas justifican una intervención pública. Pero ésta no sólo debería enfocarse en los asalariados, sino también en los independientes. Si bien la imposición de un aporte para un fondo individual o uno colectivo no es la única forma de intervenir y se podría proponer un mecanismo de promoción de ahorro voluntario (a través de beneficios tributarios, por ejemplo), el hecho concreto es que en el país la intervención suele canalizarse, para los que trabajan, a través de tal obligatoriedad. Pero si los congresistas o el Ejecutivo consideraban que la herramienta del ahorro forzado afectaba la vida actual de los trabajadores, debió anularla para todos. Es cierto que hoy coexisten tres ‘sistemas’ (los contributivos público y privado, conjuntamente con el no contributivo), sin conexión entre sí, sin constituir un modelo multipilar, según recomiendan el Banco Mundial y la OIT, pero hasta que no se produzca una reforma estructural del sistema -no sólo paramétrica-, al legislador le corresponde, siendo razonable, utilizar los mecanismos existentes para dar contenido real al derecho a la pensión de los independientes.

Según cifras del INEI y del MTPE, aproximadamente sólo el 25% de la PEA ocupada pertenece al mundo formal, y de estos sólo a los asalariados les corresponde ingresar al sistema previsional, razón por la cual, los independientes -el 35% de los formales- siguen sin incorporarse a él y sin incentivos para hacerlo. Podrían realizar un ahorro voluntario, pero lo real es que éste es, al día de hoy, casi nulo. Aun cuando muchos de los independientes están a favor de la derogatoria pensando más en su consumo actual, ojalá no se arrepientan de la medida cuando lleguen a la vejez. A nadie le gusta que le quiten parte de su sueldo pero menos seguir trabajando cuando su cuerpo ya no da para más.

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Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, experto en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid) y en Derechos Humanos por el Institut International des Droits de l'Homme (Estrasburgo) y candidato a Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Estancia de investigación en Boston University. Profesor de pregrado y postgrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Red de Expertos Iberoamericanos en Parlamentos y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Miembro extraordinario de Ius et Veritas.

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