En contra de la determinación obligatoria del objeto social

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*El presente artículo ha sido elaborado con la colaboración de Fernando Loayza, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y Ex Director Ejecutivo de Ius et Veritas.

 

El artículo 11 de la Ley General de Sociedades establece que la sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto social. En consonancia con este mandato de determinación del objeto social, el artículo 26 del Reglamento del Registro de Sociedades dispone que no se inscribirá el pacto social o sus modificaciones cuando el objeto social (o parte de éste) contenga expresiones genéricas que no lo identifiquen inequívocamente.

El Tribunal Registral ha sido consecuente al aplicar estas normas, limitando la inscripción de pactos sociales cuyos objetos sociales fueron considerados genéricos. Veamos algunos ejemplos de frases dentro del objeto social que han sido consideradas genéricas y, por ende, han impedido la inscripción de los correspondientes pactos sociales:

a)  “…dedicarse (…) a la prestación de servicios, principalmente a la asesoría de empresas mineras, a la consultoría así como a la elaboración de estudios de ingeniería” (resolución No. 1689-2009-SUNARP-TR-L). En este caso, el análisis del Tribunal Registral puso énfasis en el adverbio “principalmente”, señalando que éste determinaba que la lista de servicios específicos señalada no sea una lista cerrada, lo que determinaba que la sociedad podría prestar cualquier servicio.

b) “…comercialización al por mayor y menor de toda clase de productos” (resolución No. 635-2007-SUNARP-TR-L).

c) “La sociedad tiene como objeto dedicarse al alquiler de bienes muebles e inmuebles dentro y fuera del territorio nacional” (resolución No. 1184-2009-SUNARP-TR-L). En este caso, el análisis del Tribunal Registral puso énfasis en que el artículo 886 del Código Civil establece una lista abierta de bienes muebles, al considerar que todo bien que no tiene la calidad de inmueble será considerado mueble.

Así, nuestro ordenamiento societario recoge y aplica la regla de la determinación obligatoria del objeto social, propia de la tradición europea de la que es tributario. Existe una extensa tradición doctrinaria que sustenta esta regla. En contraposición a esta opción legislativa, los ordenamientos societarios estatales de los Estados Unidos de América han abandonado ya la regla de la determinación obligatoria del objeto social, permitiendo que se establezcan objetos sociales indefinidos o genéricos. En el plano de la doctrina nacional, ante esta dualidad de opciones legislativas, han aparecido voces a favor de flexibilizar o eliminar la regla de la determinación obligatoria[1], que contrastan con un sector más tradicional de la doctrina nacional[2].

¿Cuál es la opción legislativa más adecuada para el Perú hoy? ¿Debemos continuar en la senda de la determinación obligatoria del objeto social o debemos flexibilizar la norma y permitir la existencia de objetos sociales indeterminados? Para responder esta pregunta debemos analizar los intereses que la regla de la determinación obligatoria del objeto social busca preservar, a fin de determinar si nos encontramos ante intereses tutelables. La doctrina tradicional clasifica estos intereses en cuatro grupos:

 a) El interés de los socios: la determinación del objeto social es considerada un elemento fundamental del contrato de sociedad, que determina una de las razones fundamentales por las que los socios deciden su aporte y adquirir la condición de tales (al punto que la variación del objeto social conlleva el derecho de separación del socio). Un objeto social indeterminado dejaría a este socio desprotegido, a merced de una administración que podría involucrar a la sociedad en cualquier negocio, a pesar de que éste no cuente con la aprobación del socio.

b) El interés social: un objeto social determinado permitiría esclarecer cuándo los actos de administración o los acuerdos de los órganos societarios se encuentran dentro del interés social y cuándo se alejan de éste.  Esta determinación es especialmente importante para los casos de impugnación de acuerdos o determinación de la responsabilidad de los administradores.

c) El interés de terceros: un objeto social determinado permitiría a los terceros que contratan con la sociedad determinar si esos contratos comprometen a la sociedad a actos ajenos a su objeto social. En otras palabras, gracias a la determinación del objeto social los terceros que contratan con la sociedad pueden evitar verse involucrados en un acto ultra vires, cuya oponibilidad, vigencia o eficacia puedan ser luego cuestionadas.

d) Intereses extrasocietarios: un objeto social determinado también protegería el interés público relacionado con determinadas actividades sujetas a regulación especial (por ejemplo, las actividades de intermediación financiera y bursátil). La idea que subyace a esta afirmación es que las autoridades regulatorias específicas podrán saber cuándo resulta aplicable la normativa especial de determinado sector o actividad a una sociedad, a partir de su objeto social.

¿Estamos ante razones atendibles? Como indica el título de este artículo, no consideramos que hoy se justifique una regla prohibitiva rígida que impida pactar objetos sociales indeterminados. Nuestra posición puede resumirse en que consideramos carente de sustento la supuesta protección de intereses múltiples de la regla de la determinación obligatoria del objeto social, resultando una regla que le resta innecesariamente flexibilidad a la libre configuración estatutaria.

Analizaremos los intereses supuestamente protegidos por la norma en el orden inverso a aquel en el que fueron planteados. En relación con los intereses extrasocietarios, cabe señalar que la aplicación de normativa especial a determinados sectores se logra con la supervisión estatal a través de entidades reguladoras específicas y el requisito de autorizaciones administrativas previas para el desarrollo de tales actividades. Es poca la orientación que la literalidad del objeto social puede dar para “detectar” a las sociedades que deben estar sujetas a esta regulación. Por supuesto, nada obsta para que la regulación especial obligue a las entidades que realizan la actividad regulada a tener un objeto social específico y limitado, pero en este caso estaremos ante casos de excepción que no tienen por qué impedir una regla general permisiva.

En relación con la protección de intereses de terceros, desde la vigencia de la actual Ley General de Sociedades (1998) el debate sobre las consecuencias de los actos ajenos al objeto social (actos ultra vires) quedó zanjado por su artículo 12, según el cual la sociedad quedará vinculada frente a aquellos con quienes ha contratado (siempre que los representantes de la sociedad actúen dentro de los límites de sus poderes), aunque tales actos comprometan a la sociedad a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social. Incluso, según el último párrafo del artículo 12 mencionado, la presunción de buena fe del tercero no se ve enervada por la inscripción del pacto social, lo que constituye una excepción a la presunción del artículo 2012° del Código Civil. Como puede verse, el tercero de buena fe que contrate con la sociedad no tiene nada que temer si el contrato que celebra involucra actos ultra vires para la sociedad. Esta circunstancia no afectará la oponibilidad, eficacia o validez del acto, solo tendrá consecuencias respecto de los administradores o accionistas que celebraron o mandaron celebrar el acto. En suma, la determinación del objeto social ya no es relevante para el tercero que contrata con la sociedad, ya que basta su buena fe para proteger de cuestionamientos futuros al acto celebrado.

Sobre la protección del interés social, analizar si un acuerdo o acto específico de la sociedad no ha sido adoptado o realizado en función del interés social (sino en función de intereses ajenos a ésta, como los de la mayoría o los de un administrador) requiere de una evaluación detallada de las circunstancias que rodean al acto específico. Ese análisis trasciende largamente a lo que pueda decir –o dejar de decir- el objeto social específico. Si bien es cierto que un objeto social determinado delimita áreas de actuación y facilita así la determinación de actividades de negocio que deben ser ajenas a la sociedad, la determinación del objeto social no es un requisito sin el cual no se pueda evaluar si una operación o acuerdo contraviene el interés social. Por ejemplo, la venta de activos por debajo de su valor de mercado será claramente contraria al interés social, con prescindencia absoluta del objeto social.

Hemos dejado para el final el análisis de la supuesta protección de los intereses de los propios socios. Es innegable que un objeto social determinado restringe los ámbitos de actuación de la sociedad (creando un marco más rígido para la actuación de sus administradores y órganos), y en tal sentido un objeto social determinado puede resultar –al menos en el plano teórico- una protección estatutaria para la minoría. Nos referimos a un plano teórico porque en la práctica no es extraño que la redacción de los objetos sociales involucre las listas de actividades que, pese a haber cumplido en lo formal con el requisito de la determinación, otorgan un margen de actuación amplísimo a la administración de la sociedad.

¿Es la protección de los socios razón suficiente para justificar la regla de determinación obligatoria del objeto social? Consideramos que no, porque se trata de una regla ciega, que no toma en cuenta que existen varias otras formas de defensa de los intereses de las minorías y varias configuraciones de sociedades en las que no existe una minoría real.  La libertad de configuración estatutaria permite la implementación de muchos controles a los órganos sociales, mecanismos que permiten la participación de la minoría en la administración, limitaciones a la actuación de los administradores, mayorías calificadas para determinados acuerdos, etc. Por otro lado, existen sociedades de marcado carácter unipersonal (escondidas bajo el ropaje de “sociedades de favor”, al no permitir nuestro ordenamiento la unipersonalidad en forma permanente) en las que no hay una minoría real. También es reconocible la gran sociedad de capitales que cotiza acciones en bolsa, en la que la minoría no tiene interés político alguno y está protegida de decisiones de administración que considere erradas por la liquidez que otorga un mecanismo centralizado de negociación de acciones. En un universo en el que la libertad de configuración estatutaria es tan amplia y las sociedades albergan esquemas de asociación muy diversos (incluso la sociedad de favor, negación de un esquema de asociación real), una regla tan rígida como la determinación obligatoria del objeto social es marcadamente ineficiente y ocasiona que los operadores la violenten con objetos sociales extensos.

Nuestra conclusión es que ya es hora de flexibilizar esta regla y dejar a la autonomía de la voluntad de las partes la configuración de un estatuto con objeto social determinado o indeterminado. No consideramos que esta flexibilización vaya  a perjudicar algún interés tutelable, como hemos expuesto.

Finalmente, cabe señalar que la regla de la determinación obligatoria del objeto social tiene el sabor rancio de la concepción contractual de la sociedad, según la cual la sociedad es antes que nada un contrato a partir del cual se configuran intereses patrimoniales diversos en un marco que los armoniza. Esta concepción desatiende una visión más completa y moderna del rol de las sociedades en una economía de mercado, según la cual las sociedades, además de permitir esquemas contractuales entre los socios para el desarrollo de actividades económicas en común, constituyen también una forma eficiente de segregar activos y distribuir riesgos entre socios, acreedores de los socios y acreedores de la sociedad. Si abandonamos la concepción tradicional podemos dejar de ver a una sociedad sin objeto social determinado como un acto jurídico carente de objeto, para pasar a verla como un conjunto de activos segregados y afectados a actividades de negocios, que por las especiales características que rodean al esquema asociativo subyacente, no requieren de un objeto social determinado en el estatuto.


[1] Ver HERNANDEZ GAZZO, Juan Luis. La actividad empresarial de las sociedades anónimas y el alcance de la representación societaria: cuestionamiento a la determinación del objeto social. En: Ius et Veritas No. 35, págs. 228-240, y FERNANDEZ GATES, Carlos. Revisando la necesidad de mantener la doctrina de los actos Ultra Vires en el objeto social de las sociedades peruanas. En: Ius et Veritas No. 44, págs. 122-131.

[2] Ver: FERRERO DIEZ CANSECO, Alfredo. La función e importancia del objeto social en las sociedades mercantiles. En: Ius et Veritas No. 13, págs. 163-171; ELIAS LAROZA, Enrique. El objeto social, los Alcances de la Representación y los Actos “Ultra Vires” en la Nueva Ley General de Sociedades. En: Derecho & Sociedad No. 13, págs. 7-12.

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Alfonso Montoya
La caja negra por dentro. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master of Laws (LL.M.) por Yale University. Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano. Miembro extraordinario de la Asociación IUS ET VERITAS. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.

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