El rol del Directorio de una sociedad durante el Estado de Emergencia Nacional | Ranfis Ortiz Roncal

¿Cuál es rol deL Directorio como órgano de una sociedad en esta crisis económica y sanitaria causada por la pandemia de COVID-19? ¿Qué ha de priorizarse: los intereses de los accionistas o los intereses de la sociedad? Ranfis Ortiz Roncal, Abogado por la PUCP, comparte algunos apuntes.

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Es inevitable afirmar que el Covid-19 esta causando daños irreparables no solo a la salud de los seres humanos sino, también a la economía global. A nivel mundial, este impacto económico en las sociedades se evidencia en la afectación a la producción; interrupción de la cadena de suministros; y en las repercusiones financieras en las empresas y en los mercados financieros.

En el caso peruano, el cese de actividades empresariales a excepción de las listadas por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, sumado a la prohibición de modificar las relaciones laborales mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, trae a colación la necesidad de respuesta del gobierno corporativo de las sociedades: ¿maximizar las ganancias en beneficio de los accionistas (modelo shareholders) o considerar los intereses de los demás stakeholders: Estado, clientes, trabajadores, proveedores, etc. (modelo stakeholders)? ¿cuál es rol del Directorio en esta crisis económica y sanitaria?

¿Un rol que responda a los intereses de los accionistas o a los intereses de la sociedad?

De acuerdo con las teorías de gobierno corporativo, mientras el modelo shareholders responde a una visión en donde la organización debe satisfacer las necesidades de sus accionistas, el modelo stakeholders señala que la maximización de los beneficios empresariales no necesariamente conduce al bienestar del conjunto de la sociedad por lo que satisfacer al Estado, proveedores, trabajadores, clientes, etc. debe ser el objetivo de la sociedad.

A consideración propia, y durante el actual contexto, ambos modelos deben complementarse a fin de configurar un buen gobierno corporativo, dirigido por el Directorio, capaz de equilibrar las relaciones de poder entre shareholders y stakeholders. En tal sentido, el Directorio debe considerar que la responsabilidad, regulada por nuestra ley N° 26887, Ley General de Sociedades y otros instrumentos normativos, puede imputársele desde ambos frentes: internos y externos, por lo que, en virtud de las actuales disposiciones del gobierno, es necesario que el accionar de las sociedades que dirigen se ordene en base a éstas[1].

En efecto, es necesario señalar que, de acuerdo con la LGS, el Directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta general y que cada director tiene el derecho a ser informado por la gerencia de todo lo relacionado con la marcha de la Sociedad.

El rol del Directorio frente a la actual regulación de Estado de Emergencia Nacional

No obstante lo señalado anteriormente, el marco normativo dictado por el gobierno, hasta la fecha, no ha podido delimitar expresamente si alguna regulación, como, por ejemplo, la de libre competencia, sigue siendo aplicable o si sus estándares han sido reducidos para aquellas sociedades que mantienen operaciones dentro de los alcances del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM[2], o si la no afectación de la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones económicas del trabajador estipulada en el Decreto de Urgencia 026-2020 es compatible con soluciones como i) reducción o eliminación de beneficios otorgados a través de políticas de la sociedad; ii) no renovación de contratos cuyo plazo venza en este periodo; y iii) reducción voluntaria de remuneraciones o solicitudes de vacaciones.

Como podrá advertirse, este difuso contexto regulatorio puede generar que el Directorio o sus miembros se involucren demasiado en el proceso e intenten actuar como ejecutores, más que como supervisores a fin de satisfacer los intereses de sus shareholders y stakeholders. Por ello, el Directorio debería limitarse vigilar a la alta gerencia y confiar en las capacidades de ésta, sin perjuicio de tomar acciones tales como solicitar información permanente, crear un comité ad-hoc encargado, y sobre todo fiscalizar que el accionar se dirija en cumplimiento de los principios y valores de la sociedad.

En conclusión, durante el presente contexto, el Directorio debe cumplir un rol preponderante en la sociedad, pues es quien define las políticas, estrategias y vela, en ejercicio de su deber fiduciario, por el interés de la sociedad. No obstante, su función es adoptar un rol vigilante y supervisor -que evite imputación de responsabilidad desde sus stakeholders como desde sus shareholders- a las labores de la alta gerencia sin la necesidad de tomar un rol ejecutor y atendiendo a una doble visión: intereses de sus accionistas e intereses de la sociedad.


[1] De acuerdo con los artículos 177º y 178º de la LGS, es responsable ilimitada y solidariamente ante la Sociedad, los accionistas, y los terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. No es responsable el director que, habiendo participado en el acuerdo o que, habiendo tomado conocimiento de él, haya manifestado su disconformidad en el momento del acuerdo o cuando lo conoció.

[2] Toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas puede ser sancionada.

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Ranfis Ortiz
Abogado por la PUCP (2018). Actualmente, Analista de Marco Regulatorio en Talma Servicios Aeroportuarios S.A. Su ejercicio profesional se centra en la consultoría legal en asuntos relacionados a la Compañía; contratos de accesos a infraestructura, comerciales y civiles. Asimismo, ha participado en procesos de compraventa de acciones de la Compañía.

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