El derecho de información de los accionistas ad portas de la aprobación de la memoria anual y los estados financieros

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El derecho de información es uno de los denominados derechos individuales del accionista, que se deriva de la titularidad de acciones o participaciones, derecho fundamental e inherente a la condición de accionista, e inderogable, que se ostenta por normas imperativas que reconocen dicho derecho.[1]

En sentido amplio, para el caso de juntas generales, de conformidad con el artículo 130 de la Ley General de Sociedades, «desde el día de la publicación de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la junta general deben estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad o en el lugar de celebración de la junta general, durante el horario de oficina de la sociedad. […] El directorio está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos solicitados perjudiquen el interés social».

El derecho a la información, que ostenta un carácter imperativo, contribuye a un mayor control y participación del accionista en la marcha de la sociedad, en tanto trata de facilitar a los accionistas un conocimiento directo sobre la situación y gestión social constituyendo, por tanto, uno de los más importantes derechos del mismo.

En realidad, el derecho a la información resulta trascendente a efectos de tomar decisiones, en tanto permite a los accionistas poseer los instrumentos necesarios para involucrarse de una manera más activa en la gestión de la sociedad, así como fiscalizar a los gerentes generales y/o administradores.[2] Siendo ello así, es importante que la información sea oportuna, veraz y deba estar a disposición cabal de los accionistas.[3]

Por otro lado, de conformidad con el artículo 224 de la Ley General de Accionistas, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria a la junta general, cualquier accionista puede obtener en las oficinas de la sociedad, en forma gratuita, copias de los documentos a que se refieren los artículos anteriores, entendiéndose por ellos la memoria anual, los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades.

Según Elías Laroza, el artículo 224 contempla un derecho especial y novedoso en nuestra Ley, que complementa, solo para este supuesto, el del artículo 130 citado: los accionistas pueden obtener gratuitamente copias de esos documentos, en las oficinas de la sociedad. Se trata de un gasto adicional que se impone a la empresa, pero que por su poca importancia es aceptable, para cumplir con el precepto de brindar información adecuada.[4]

Ergo, tratándose de la Junta Obligatoria Anual con el fin de aprobar la memoria anual, los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades, no existe razón alguna que justifique su incumplimiento o su entrega parcial, defectuosa o tardía. Máxime cuando dicha documentación debe ser estudiada a efectos de que el accionista pueda tomar una decisión.

La idea es que los accionistas puedan revisar con antelación esta información para poder emitir un voto adecuado al realizarse la Junta, pudiendo solicitar copia de estos documentos sin costo alguno.[5]

Sobre el particular, en España, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de fecha 2 de julio de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en lo relativo a la aprobación de las cuentas, dispone en su numeral 2 del artículo 272 que «A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas».[6]

Además, debemos tener presente que, según el inciso 8 del artículo 190 de la Ley General de Sociedades, el gerente es particularmente responsable por «Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que señala la ley a lo dispuesto en los artículos 130 y 224». Por ende, el impedir u obstaculizar el ejercicio del derecho de información del accionista, hace responsable al gerente general por el daño que aquel pudiese ocasionar al accionista.

Finalmente, un tema interesante es el relativo a determinar si la obstaculización del derecho de información del accionista podrá acarrear la impugnación del acuerdo societario adoptado mediante la Junta.

Sobre el particular, el numeral 5 del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital española prescribe que la vulneración del derecho de información previsto en el apartado 2 [al momento de la celebración de la Junta] solo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general.

Contrario sensu, para que la vulneración del derecho de información permita impugnar acuerdos societarios, ésta ha de producirse con carácter previo a la celebración de la Junta, entendiéndose que desde que el momento en el que se recibió la convocatoria y hasta la celebración de la Junta, el accionista ha dispuesto del tiempo suficiente para ejercitar su derecho de información.

A efectos prácticos, resulta recomendable que la solicitud de información se realice mediante carta notarial, con la finalidad de que el accionista tenga constancia de su pedido y, a futuro, pueda ser utilizada en un eventual proceso judicial.

En consecuencia, consideramos que resultará procedente la impugnación de un acuerdo societario cuando el accionista, pese a solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta la información correspondiente, no le haya sido proporcionada o la información facilitada por la sociedad sea insuficiente, y la misma hubiere sido esencial para el ejercicio razonable del derecho al voto por parte del accionista.

De ahí la improcedencia de la impugnación, con carácter general, en los casos en los que la información no resulte esencial al voto.

Tal circunstancia hace que se resalte la habitual definición del derecho de información como complementario, accesorio o instrumental para el ejercicio del accionista del derecho al voto, quien solo a partir de la capacidad de ponderar los distintos aspectos de la cuestión sobre la que ha de pronunciarse puede decidir, de forma consciente, el sentido de su voto.[7]


FUENTE DE IMAGEN: http://thmbcache.com/

[1]     Esteban Velasco, Gaudencio. «Derecho de información del accionista». En: Derecho de Sociedades Anónimas. Madrid: Editorial Civitas, 1994, p. 201.

[2]     Según una atenta doctrina española, el derecho de información constituye una herramienta de control social, siendo el cauce ordinario por cuyo conducto puede acceder el accionista individual al control de la gestión de los administradores y no un derecho de carácter meramente instrumental o vicario. Sánchez Andrés, Aníbal. «La acción y los derechos del accionista». En: Comentarios al régimen legal de las Sociedades Mercantiles. Bajo la dirección de Rodrigo Uría, Aurelio Menéndez y Manuel Olivencia. Madrid: Editorial Civitas, 1992, tomo IV, p. 170.

[3]     Así, según el principio 4 del Código del Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, «Los accionistas tienen derecho a recibir y requerir información oportuna, confiable y veraz que les permita velar adecuadamente por sus derechos, incluyendo mecanismos de acceso permanente para expresar su opinión sobre el desarrollo de la sociedad».

[4]     Elías Laroza, Enrique. Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú. Segunda edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, tomo II, pp. 25 y 26.

[5]     Northcote Sandoval, Cristhian et al. Manual Práctico de la Ley General de Sociedades. Lima: Instituto Pacífico, 2012, p. 221.

[6]     En Colombia, el derecho de información que tienen los accionistas en las sociedades se le denomina el derecho de inspección. Este derecho, que por cierto es inherente a la calidad de socio, se encuentra consagrado en los artículos 369 y 447 del Código de Comercio colombiano, y el artículo 48 de la Ley n.º 222 de 1995, el cual consiste en la facultad que tienen todos y cada uno de los accionistas de examinar, directamente o mediante persona delegada para tal fin, los libros y comprobantes de la sociedad con miras a enterarse de la situación financiera y administrativa de la compañía a la que pertenecen en razón de su inversión allí realizada. Este derecho no tiene carácter absoluto e ilimitado, pues de un lado, no puede convertirse en un obstáculo permanente que llegue a entorpecer la buena marcha de la empresa, y del otro, porque, en ningún caso este derecho se extenderá a documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad (artículo 48 de la Ley n.º 222).

[7]     Uría González, Rodrigo. La información del accionista en el Derecho español. Madrid: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1975, p. 20.

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