Convocatoria notarial: ¿Una verdadera liberación de la carga procesal?

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Escrito por Teresa Alayza

El Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo N° 1049) incluye, dentro de las funciones de los notarios, la tramitación de asuntos no contenciosos. Así, en el año 1996 se dictó la Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos (Ley N° 26662) por medio de la cual, entre otros actos, un notario público podría tramitar: rectificación de partidas, adopción de personas capaces, sucesiones intestadas, etc. Ante una propuesta legislativa del año 2006 del Colegio de Notarios del Distrito Notarial del Callao, se publicó en julio de 2010 la Ley que amplía la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, y la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades (Ley N° 29560), por medio de la cual se incluyó también la posibilidad de que un notario público tramite la declaración de unión de hecho y la convocatoria a junta obligatoria anual y a junta general de accionistas.

Antes de profundizar el tema central de este artículo debe destacarse la importancia de una debida convocatoria a una sesión de Junta General de Accionistas o una Junta Obligatoria Anual de Accionistas de una sociedad. Al respecto, el renombrado Dr. Julio Salas Sánchez se ha pronunciado y destacado lo siguiente:

“De manera general, no puede dejar de recordarse que «la convocatoria» no es un acto aislado. Es un régimen complejo de garantía de los derechos de los socios y de la propia sociedad, que comprende una serie de actos que obligan tanto a la sociedad como a los propios accionistas. (…)

La ley societaria busca con todo ello que los accionistas decidan o no su concurrencia a la Junta; que si deciden asistir lo hagan debidamente informados sobre los temas de agenda; que participen en ella de manera que contribuyan al mejor interés de la sociedad y que, finalmente, emitan el voto informado y responsable que se exige a cada uno de ellos.”[1]

La Ley General de Sociedades establece los requisitos mínimos que deben cumplir las convocatorias a las sesiones de Junta de Accionistas (sea ordinaria o extraordinaria); entre ellos: (i) anticipación de la publicación del aviso de convocatoria; (ii) detalle del aviso de convocatoria (lugar, día y hora de celebración de la junta general, así como los asuntos a tratar); (iii) plazo mínimo que debe existir entre una primera y segunda convocatoria; y, (iv) no pueden tratarse asuntos que no hayan sido abordados en el aviso de convocatoria, salvo en los casos permitidos por ley.

La oportunidad de la convocatoria a una sesión se realizará según el tipo de junta que se vaya a llevar a cabo. Estas podrían ser una junta establecida por el estatuto de la sociedad, Junta Obligatoria Anual, Junta solicitada por uno o más accionistas que representen no menos del 20% de las acciones suscritas con derecho a voto, cuando ocurra una vacancia múltiple de los miembros del Directorio, entre otros. Cabe la posibilidad de que el Directorio -órgano social encargado de realizar la convocatoria a junta general de accionistas- se niegue o no cumpla dentro del plazo legal establecido con llevar a cabo dicho acto, perjudicando los intereses sociales. En tal sentido, la Ley General de Sociedades ha previsto los siguientes supuestos:

  • Ante una convocatoria a junta que es solicitada por el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto; supuesto previsto en el artículo 117° (primer supuesto): “(…) el o los accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje exigido de acciones, pueden solicitar al notario y/o al juez de domicilio de la sociedad que ordene la convocatoria, que señale lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quién la preside, con citación del órgano encargado, y, en caso de hacerse por vía judicial, el juez señala al notario que da fe de los acuerdos.”[2] (el subrayado es nuestro)
  • Ante una convocatoria a Junta Obligatoria Anual o una convocatoria a junta estatutaria prevista en el artículo 119° (segundo supuesto): el titular de una sola acción podrá solicitar la convocatoria a junta de accionistas a un notario público o a un juez del domicilio de la sociedad, mediante trámite o proceso no contencioso, respectivamente. Las formalidades que deberá seguir la convocatoria son las que hacen referencia en el artículo 116° de la Ley General de Sociedades.
  • Ante una convocatoria a Junta General de Accionistas; supuesto de vacancia múltiple de los miembros del Directorio, prevista en el 158° (tercer supuesto): “(…) los directores hábiles asumirán provisionalmente la administración y convocarán de inmediato a las juntas de accionistas que corresponda para que elijan nuevo directorio. De no hacerse esta convocatoria o de haber vacado el cargo de todos los directores, corresponderá al gerente general realizar de inmediato dicha convocatoria. Si las referidas convocatorias no se produjesen dentro de los diez días siguientes, cualquier accionista puede solicitar al juez que la ordene, por el proceso sumarísimo.”

Algunos aspectos a destacar sobre el procedimiento de convocatoria notarial a Junta de Accionistas:

  1. Dentro del primer y segundo supuesto cabe la posibilidad que los accionistas de una sociedad puedan acudir a un notario público a efectos de solicitar que se convoque a junta general de accionistas. Sin embargo, la Ley General de Sociedades no ha comprendido la posibilidad de convocar, a través de un notario público, en todos los supuestos de junta general de accionistas (se exceptúa el supuesto de convocatoria para tratar la vacancia múltiple de miembros del directorio).
  1. Sobre los requisitos para que un notario público convoque a junta general de accionistas previstos en el artículo 117° de la Ley General de Sociedades:
  • Lugar, día y hora: al igual que en los requisitos de convocatoria establecido en el artículo 116° de la Ley General de Sociedades, se solicita que se incluya este detalle.
  • Objeto de la convocatoria: debe entenderse como los asuntos que se tratarán en la junta.
  • Quién la preside: este es un requisito que es exigido dentro de los estipulados en el artículo 116° de la Ley General de Sociedades. A continuación, se citan algunos comentarios de expertos en la materia:
    1. El profesor Oswaldo Hundskopf[3] señala que no es correcto exigirle mayor carga al accionista minoritario cuando lo que se busca es celeridad. Adicionalmente, debe tomarse en consideración que a nivel del estatuto de la sociedad puede establecerse quién preside y supletoriamente, la Ley General de Sociedades dispone que es el Presidente del Directorio el que preside las Juntas de Accionistas o en su defecto el que se acuerde en junta.
    2. El notario público de Lima, Dr. Gonzales Loli[4], encuentra una razón de ser para este requisito, toda vez que en tanto se estaría ante un supuesto en el que el Directorio no ha cumplido con convocar a Junta, será complicado que sea el Presidente del Directorio quien presida la Junta. Además, considera que debería realizar dicha función quien solicita la convocatoria.
    3. El doctor Julio Salas Sánchez señala al respecto que los jueces no pueden autonombrarse como Presidente de la Junta (pronunciamiento de la Corte Suprema) y, por analogía, que el notario no debería nombrarse como presidente, a pesar que en el 56° de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos se establece que es el encargado de levantar el acta cuando así lo requiera el o los accionistas; el notario solo debería ser fedatario.
  • Citación del órgano encargado: al igual que en el literal anterior, este requisito no es exigido en el artículo 116° de la Ley General de Sociedades. Sobre el particular, en nuestra doctrina se han pronunciado de la siguiente manera:
    1. El profesor Hundskopf comenta que no existe motivo alguno para citar al Directorio a la Junta; en el proyecto normativo no se incluyó este requisito. Así, indica que debe interpretarse que se está citando a la Junta General y no al Directorio.
    2. El notario público de Lima, Dr. Gonzales Loli, señala que debe distinguirse entre la citación entendida como la notificación a la sociedad de que se realizará una Junta, y el hecho de que en la convocatoria se cite al órgano a cargo.
    3. El Pleno Registral del 2015[5] se ha pronunciado y menciona que se requiere que el notario público presente cualquier documento fehaciente que deje constancia de la notificación de la convocatoria a Junta.
  1. Oportunidad y parámetros para que los accionistas interpongan oposiciones al procedimiento de convocatoria notarial:

De conformidad con lo establecido en la Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, se requiere el consentimiento unánime de los interesados para que un notario pueda tramitar el procedimiento de convocatoria notarial toda vez que los notarios no tienen jurisdicción y, por lo tanto, no pueden resolver conflictos. Cabe la posibilidad de que se presente una oposición al procedimiento, por lo cual el notario deberá remitir lo actuado al juez de letrado del domicilio del demandado (es decir, la sociedad). Algunos aspectos por destacar sobre este punto son que no se determina el plazo que tiene el accionista para presentar la oposición y tampoco se establece bajo qué supuestos éstos podrían oponerse a una convocatoria notarial. Esto podría conllevar a que las convocatorias notariales fácilmente se vean perjudicadas y se judicialicen, yendo en contra de los objetivos iniciales: disminuir la carga procesal y evitar la demora de un proceso judicial para obtener la convocatoria a junta general de accionistas. El notario Público de Lima, Dr. Gonzales Loli[6] señala que desde el momento en el que le solicitan la convocatoria al notario, éste debería poner en conocimiento de la sociedad, porque hay juntas que pueden ser convocadas en tres días y no sería un plazo suficiente para oponerse.

  1. El rol del notario en el procedimiento de convocatoria notarial vs. el rol que cumple como fedatario en una Junta:

El artículo 56 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos puede conllevar a ciertos errores con relación a la función del notario en un procedimiento de convocatoria a junta general de accionistas; se estaría induciendo a que el notario debe dar fe de los acuerdos de la junta que convoca, lo cual no es el objetivo de este procedimiento. Debe distinguirse la función de fedatario regulada en el artículo 138 de la Ley General de Sociedades con la función que ejerce al momento en el que tramita una convocatoria notarial. Beaumont Calligros[7] señala que si bien es una innovación que otorga seriedad y formalidad, queda a libre discreción de la sociedad determinar si requiere o no de la presencia de un notario, puesto que esta se da principalmente en casos de juntas conflictivas.

Habiendo analizado distintas aristas de la regulación vigente sobre las convocatorias a junta general de accionistas de las sociedades tramitadas por notarios, se puede concluir que es una solución a la celeridad que requieren los accionistas cuando se ven perjudicados por una falta de convocatoria realizada por el órgano social correspondiente. Sin embargo, deberían plantearse determinadas reformas a la normativa vigente, tales como:

(i) adecuar los requisitos de la convocatoria notarial señalados por en el artículo 117 de la Ley General a los establecidos en el artículo 116 del mismo cuerpo normativo;

(ii) establecer la oportunidad y bajo qué supuestos un accionista puede interponer una oposición a una convocatoria realizada por un notario; y,

(iii) adecuar el texto del artículo 56 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos en el sentido que se debe precisar que lo que debe realizar el notario en un procedimiento de convocatoria a junta general de accionistas es levantar un acta protocolizando y dando fe de que la junta se ha convocado válidamente y no debe interpretarse que el notario que convoca tiene que estar presente en la junta convocada y que debe emitir el acta de la sesión respectiva.


Imagen obtenida en

*Asociada del área de Banca y Finanzas en el Rebaza, Alcázar & De las Casas.

[1] Salas Sánchez, Julio. Ius et Veritas 41 (2010). “El nuevo régimen de convocatoria a la Junta General de Accionistas, a solicitud de accionistas minoritarios”.

[2] Artículo N° 117 de la Ley General de Sociedades.

[3] Hundskop Exebio, Oswaldo. Manual de derecho societario. Segunda edición. Lima: Gaceta Jurídica.

[4]Gonzales Loli, Jorge Luis. Manual de Derecho Registral y Notarial. Primera Edición. Editora y Distribuidora Ediciones Legals E.I.R.L.

[5] TRIBUNAL REGISTRAL. Resolución N°2706-2015-SUNARP-TR-L de fecha 31 de diciembre de 2015.

[6] Gonzales Loli, Jorge Luis. Manual de Derecho Registral y Notarial. Primera Edición. Editora y Distribuidora Ediciones Legals E.I.R.L.

[7] BEAUMONT, Ricardo. Comentarios a la Ley General de Sociedades: análisis artículo por artículo. Sexta edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2006, p. 405.

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