VII Pleno Casatorio Civil… un análisis diferente (Desde la óptica del Proceso de Tercería Excluyente de Propiedad)

12781
1
Compartir

El pasado 17 de julio se llevó a cabo la audiencia pública convocada por la Sala Suprema Civil de la Corte Suprema de Justicia para establecer precedente judicial al amparo del artículo 400 del Código Procesal Civil (CPC) en un tema verdaderamente polémico: ¿Debe prevalecer la propiedad no inscrita frente al embargo inscrito?

Nuestra posición desde las aulas – como estudiante hace algunos varios años- y ahora como profesor – se mantiene en favor de hacer prevalecer el derecho de propiedad no inscrito pero adquirido con fecha anterior al embargo. En nuestro entender no es aceptable que por deudas ajenas se condene a un propietario (con o sin derecho inscrito) a pagarlas con sus bienes. La discusión no solo alberga una polémica de índole dogmático (la clásica distinción de derechos reales y personales, en nuestra opinión muy vigente aún) por el contrario, encierra mucho más que ello.

En algún momento e incluso aún hoy, con argumentos que finalmente redundan en lo mismo, se pretendía(e) hacer valer la seguridad jurídica que ofrece el registro público para hacer prevalecer la anotación de medida cautelar de embargo haciéndose referencia a los principios de fe pública registral (artículo 2014 del Código Civil – CC), de prioridad (artículo 2016 del CC) y recientemente, al principio de legitimación (artículo 2013 del CC) e incluso, al principio de publicidad material recogido en el artículo 2012 del CC[1].

El error de sustentar directa o indirectamente la prevalencia del embargo en los mencionados principios parte de la creencia equívoca de que todo supuesto de conflicto entre derechos que involucre al registro público debe solucionarse con base a hacer prevalecer indiscriminadamente al que inscribió su derecho, sin atender la verdadera naturaleza de los derechos enfrentados.

Qué duda cabe que nuestro actual sistema de transferencia de propiedad consensual genera innumerables (y hoy más que nunca mediáticos) conflictos, no obstante, soy un convencido que el propio sistema normativo ha establecido respuestas a estos problemas que naturalmente aparecen en una sociedad que se alinea al consensualismo como modo de adquirir la propiedad.

Así, por ejemplo, cuando nuestra legislación protege al tercero que – de buena fe – adquiere con desconocimiento de la inexactitud del registro, zanja la litis entre dos eventuales derechos de propiedad (artículo 2014 del CC). O cuando se pronuncia a favor de conceder oponibilidad a un garantía real (léase hipoteca) que se inscribió en primer lugar, incluso frente al derecho de propiedad que alcanzo el registro con posterioridad (artículo 2022 del CC – primer párrafo). En buena cuenta, y lo reitero, el problema nuestro no son las normas (que existen) sino su interpretación y aplicación a cada caso concreto, labor que corresponde a todos los operadores jurídicos (pero sobre todo, a los Magistrados).

No es mi intención repetir los argumentos correctamente afirmados por los amicus curae en favor de la posición que concede prevalencia a la propiedad no inscrita, pero adquirida con documento de fecha cierta anterior,  frente a la inscripción del embargo. Quisiera sumar, bajo un análisis diferente, un argumento más.

Es por todos sabido que este conflicto “sustantivo” termina encontrando respuesta en los causes del proceso de tercería excluyente de propiedad regulado por el artículo 533 del Código Procesal Civil (CPC). A la letra el artículo establece que “La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes” (subrayado nuestro).

De otro lado, el artículo 100 de la misma norma procesal establece de forma más categórica que “puede intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca su derecho en oposición a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar ejecutada sobre un bien de su propiedad o sobre el cual tuviera un mejor derecho que el titular de la medida cautelar” (subrayado nuestro).

Y finalmente, el artículo 624 del CPC precisa que “cuando se acredite fehacientemente que el bien afectado con la medida pertenece a persona distinta del demandado, el Juez ordenará su desafectación inmediata, incluso si la medida no se hubiera formalizado” (subrayado nuestro).

Independientemente del cuestionamiento  procesal por la reiteración en abordar el mismo tema puntual (que podría generar confusión), puede advertirse que tres (3) artículos del CPC se están refiriendo a un mecanismo de similar estructura para que el propietario (naturalmente sin derecho inscrito en un caso como el comentado) pueda pedir que se levante la medida judicial (cautelar o para la ejecución, ejemplo, un embargo inscrito) por afectar su derecho real de propiedad.

¿No es meridiano acaso que también para la norma adjetiva se busca la prevalencia del derecho de propietario afectado con una medida cautelar por deuda ajena? En nuestra opinión es más que claro – redundante incluso- que nuestro ordenamiento busca defender un hecho insoslayable: no es posible afectar con un embargo y obtener una cobranza, con un bien que no es de propiedad del deudor.

Temo que de resultar amparándose el embargo, estos artículos del CPC y la referencia al proceso de tercería excluyente de propiedad resulten inútiles e inoperantes. Como quiera que fuera, está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia la respuesta definitiva a este dilema que en nuestra opinión, hace mucho merecía una Pleno Casatorio.


Fuente de la imagen: www.tvperu.gob.pe

[1] Véase la CASACION N° 5135-2009 CALLAO publicada en septiembre del 2014

1 COMENTARIO

  1. En la realidad social existe el ocultamiento de la

    titularidad de la propiedad. Es frecuente que una

    persona no inscriba la adquisición de un inmueble a fin

    de que su bien no sea embargado por sus acreedores. Esto

    halla una solución en el código civil a través de la

    acción pauliana.Pero algunos deudores no tienen

    problemas en inscribir sus propiedades porque han

    planeado desde antes de la celebración de un contrato

    que sea transferido a favor de terceros para proteger

    sus intereses.

    La informalidad es un mecanismo que permite ocultar los

    activos, así como los contribuyentes prefieren ocultar

    sus negocios al estado.
    Todos ganan, el titular registral que publicita el

    dominio que no es suyo, y el nuevo propietario que no

    desea que se sepa que tiene un patrimonio. Todo sale

    bien mientras no sean confrontados ambas caras de la

    misma monea: El propietario conocido y aquel que se

    encuentra por conocer. Por eso creo que quien quiera

    argumentar la terceria de propiedad tenga la obligación

    de inscribir su propiedad a fin de publicitarla, y no se vea beneficiado con la informalidad. Creo debe existir un tratamiento especial a cada caso en particular y no consentir en aplicar una regla general para todo.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here