Renegociación, Justicia Contractual y Soluciones con respecto a la reducción de las pensiones en los Contratos de Servicios Educativos | Richard Pinedo

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  1. Introducción

La situación provocada por la pandemia mundial Covid-19 ha conseguido llegar a límites impensables en muchos años, a niveles económico, político, social, sanitario y obviamente jurídico. El Derecho peruano, tan reticente a hacer cambios abruptos, ahora se muestra impotente ante la vertiginosa potencia de un virus que inmisericorde, avanza a pasos agigantados y lo sobrepasa.

Como es de conocimiento público, las actividades económicas, salvo las de primera necesidad y las de salud, han sido detenidas hasta nuevo aviso. La cuarentena general establecida por el Decreto Supremo Nº 044-2020, dictamina Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del Coronavirus en nuestro país. Su duración a la fecha, debido al incumplimiento de la población, a los precarios establecimientos sanitarios que tenemos y otras razones, hace parecer o creer en una posible extensión indefinida en pos del interés público (y no es para menos).

En razón de ello, el gobierno ha comenzado a decretar diversas medidas jurídicas que puedan al menos, hacer aguantar a los peruanos los tensos momentos que vivimos. Algunas de esas medidas podrían ser las polémicas prerrogativas en materia laboral como la prohibición del despido y la suspensión perfecta de laborales. Lo anterior es solo un ejemplo de lo complejo que puede ser movernos por el tramo del Derecho en situaciones límite. Ahora bien, no solo las medidas laborales son polémicas, el problema versa con el resto del mercado jurídico ¿Qué pasa con los contratos entre privados que están siendo socavados sin piedad por la presente medida?

En otro trabajo[1] nos habíamos manifestado sobre el polémico tema de los arrendamientos y las posibilidades que teníamos frente a la amenaza de la presente pandemia. En esta oportunidad queremos disertar acerca de otro importante tema que ha venido cogiendo la batuta los últimos días: Nos referimos a la posibilidad de renegociación de los contratos educativos y la posibilidad de emitir una ley que permita solucionar una situación de desigualdad (Adelantando un poco nuestra posición).

La cuarentena ha afectado mordazmente la normal ejecución  de los contratos de servicios educativos particulares y ha despertado la preocupación pública ante el mutismo que sigue haciendo el Estado. ¿Los padres deberían pagar el mismo monto de pensiones a pesar de que reciben clases virtuales? La solución, como muchos creen, no está en el Código de Protección al Consumidor que nada tiene que hacer en casos como este. La solución, aunque a medias, está en el Código y las Instituciones civiles básicas.

  1. ¿Principio de Santidad de los Contratos?

Todo parte de una interpretación errónea del artículo 62 de nuestra Carta Magna. Analizando el artículo 62, veremos si es posible determinar si resulta permisible la intervención estatal en los negocios jurídicos entre privados.

Lo cierto es que el artículo 62 no obstruye la posibilidad de intervenir legislativamente los contratos, la preocupación por la economía es ciertamente entendible, pero ello no dista mucho de los posibles trágicos escenarios que se podrían dar de no intervenir oportunamente.

Quizá el principal óbice con respecto al artículo 62, sea su profusa redacción, un clásico de las disposiciones constitucionales que pretenden con su ambigüedad y generalidad, llegar a más ámbitos, cuando en el fondo, solo incrementan los problemas interpretativos y la situación del Covid-19 es un ejemplo de ello. En realidad, lo que quiere decir el artículo 62, es que el fondo de los contratos entre privados no puede ser intervenido por cualquier ley o disposición, sino solo disposiciones que contengan graves razones de interés público y necesidad mayor.

No existe entonces, un principio de intangibilidad o santidad de los contratos como ciertas posturas identifican como tal como un principio del Estado peruano, ello está lejos de la realidad. En sí, ni siquiera en Estados Unidos, un país que pone en preponderancia la importancia de su economía y por defecto de los contratos entre privados, se privilegia de forma casi omnipotente a los contratos.[2] El Tribunal Constitucional ya ha señalado in extenso la posibilidad de superar dicha intangibilidad en contratos entre privados. Para muestra la sentencia 0005-2003-AI/TC: Caso Contrato-Ley con Telefónica, en su f.j. 35. Señala lo siguiente:

“35. En ese orden de ideas, este Tribunal precisa que no sólo gozan de inmodificabilidad las cláusulas que compongan el contrato-ley, cuando así se acuerde, sino también el estatuto jurídico particular fijado para su suscripción. Es decir, tanto la legislación a cuyo amparo se suscribe el contrato-ley, como las cláusulas de este último. Ello es producto de una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62° de la Constitución. Por un lado, de conformidad con la primera parte de dicho precepto constitucional, y no sólo respecto a los términos contractuales que contenga el contrato-ley, sino, en generalpara todo término contractual, éstos no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.” (El resaltado es nuestro).

Asimismo se ha pronunciado en repetidas ocasiones acerca de que la intangibilidad no es absoluta, pues los derechos fundamentales deben ceder ante supuestos en que el interés público se vea menoscabado, o una situación extraordinaria o excepcional (Como el Covid-19). En ese sentido en la Sentencia 00006-2000-AI/TC, en el tercer párrafo de su f.j. 2, que señala lo siguiente:

“2. En consecuencia, si bien el Congreso de la República, conforme al artículo 62 de la Constitución, no debe modificar a través de leyes posteriores los términos de un contrato entre particulares cuyo objeto pertenece al ámbito de la propiedad privada, debe interpretarse, en cambio, que el Congreso puede y debe tener injerencia cuando el objeto del contrato son recursos naturales de propiedad de la Nación y sobre los cuales el Estado tiene las obligaciones constitucionales de protegerlos y conservarlos, evitando su depredación en resguardo del interés general.” (El resaltado es nuestro).

En otras palabras, la disertación jurídica no debe versar sobre la intangibilidad o santidad contractual, sino en las posibles soluciones legales (de lege data) o las legislativas (de lege ferenda). Si la situación del Covid-19 no es de interés público, la verdad que nada lo es, nada en tantos años había paralizado nuestra economía de forma tan ramplona. Entonces concluimos que el artículo 62 no es impedimento para afectar los contratos en situaciones excepcionales, y que debe ser el Estado a través de un estudio calificado, quien analice la situación y proponga la medida más eficiente.

  1. Fuerza Obligatoria del Contrato.

El contrato es la categoría más amplia del acto de autonomía privada o de negocio jurídico, o sea del acto mediante el cual el sujeto dispone de la propia esfera jurídica[3], es la perfecta autoregulación de los intereses privados, en la que solo ellos pueden decidir que incluir y que limitar. Cuando se celebra un contrato, hablamos de muchos Principios y Reglas, pero uno esencial es el de vinculatoriedad y fuerza obligatoria del Contrato. El artículo 1159 expresa: “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No puede revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por ley”. Esto es algo impreciso, dado que es evidente que el contrato, ley no es, pues entre otras cosas carece de eficacia social. Fuera de esa observación semántica, lo que en realidad quiere decir es que las obligaciones contractuales son cuestiones a las que las partes deben someterse como si fueran la ley misma, o sino, como resulta más adecuado, que el contrato  vincula a las partes, así como la ley a sus destinatarios.[4]

Es justamente la fuerza obligatoria del contrato lo que hace por ejemplo, a las instituciones educativas no dejar de cobrar el monto de la pensión acordada mensualmente. Pero así como se exige el pago completo de la pensión resulta lógico exigir un cumplimiento óptimo de la obligación  de brindar educación, lo cual, casi en ningún caso, se puede hacer, más que porque las instituciones educativas no quieran, es que no pueden.

  1. ¿Protección al consumidor?

Con respecto a la posición de algunas voces con respecto a que es posible usar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, esta es errada, Indecopi no tiene injerencia en los precios que la Institución educativa, originalmente haya pactado, solo se preocupa por la idoneidad del servicio y los derechos esenciales de los consumidores en materia educativa. Al igual que el caso de los precios excesivos, estos solo responden a un normal uso de la oferta y la demanda. Ejercer un control de precios no es competencia de Indecopi, sino de una posible directiva legislativa. Entonces, como lo habíamos dicho al principio, la solución, acorde a Derecho, está en el Código Civil y sus instituciones básicas. Solo con las herramientas civiles tendremos capacidad de negociación, pero esto es en el mundo abstracto, la realidad es por mucho más compleja.

  1. Justicia Contractual- Principio de Igualdad.

Entre los temas más discutidos del Derecho Contractual, no solo parte de la doctrina italiana, sino también del ámbito del Common Law, se halla el de la Justicia Contractual. La expresión es grandilocuente y no es para menos, ya que evoca la posibilidad de que el contrato fuera instrumento de una “injusticia” impuesta o concretizada por una parte y sufrida por la otra; y por otro, si existen remedios que el ordenamiento pone a disposición de la parte sacrificada para sustraerla del vínculo o para reportar el contrato a su dimensión “justa”[5].

A nuestro criterio, una de las formas más idóneas de comprender la Justicia Contractual, corresponde al igual que profesor Guido Alpa, que indica que en la relación entre las prestaciones, los institutos  de rescisión, resolución por excesiva onerosidad, reducción equitativa de la cláusula penal, son formas de equilibrar la balanza en los contratos, ante una determinada “injusticia”.

El contrato es justo, cuando es libremente negociado, en igualdad de condiciones, según la regla de que una parte jamás debe aprovecharse de la otra. Ese es el caso de que en el curso de los contratos, haya partes que sean más expertas y tengan informaciones útiles para poder consciente y libremente, alterar las prestaciones, la conocida asimetría informativa. Este, el caso anteriormente mencionado es el de los contratos educativos, no hay una relación de igualdad entre las partes.

Las instituciones del Código Civil, funcionan cuando existe igualdad de partes, cuando ambas partes pueden ponerse de acuerdo sobre la integralidad del mismo, de modo que ninguna está en desventaja informativa con la otra. Pero como es evidente, ese no es el caso de los contratos educativos, donde por el contrario, una parte tiene a su cargo mayor información y presupuestos para decidir unilateralmente por la otra parte.

  1. Los remedios del Código Civil

Para ir al grano, los padres de familia tienen dos derechos potestativos alternativos: Pueden optar por dejar sin efecto el contrato educativo (o sea retirar a su menor del centro) o solicitar una reducción de las pensiones. Dicha decisión depende de ellos porque se busca proteger el interés de los menores en pos de obtener una educación de calidad y para ellos solo debemos remitirnos al libro de Obligaciones. En una aplicación sencilla de sus normas, cuando nos enfrentamos a un cumplimiento inexacto o defectuoso de la obligación, nosotros como acreedores solo podríamos aceptar dicha prestación, a un precio reducido, pues las condiciones externas del contrato han cambiado. En otras palabras, los padres de familia pagan por clases presenciales, con todas y sus ventajas, ese es el objeto del contrato al cual se sujetan. El contexto del Covid-19 y la cuarentena es un caso atípico para el que ni el Centro educativo ni el padre estaban preparados, sin embargo ello no faculta al centro educativo a modificar unilateralmente el contrato (como imponer clases virtuales) a los padres de familia y mucho menos imponerles las mismas cuotas de pensión, ello no tiene asidero en nuestra normativa civil y tampoco responde a lógica alguna. Ahora bien, el monto de reducción es otro tema, es el colegio quien debe demostrar en que está gastando para efectivizar las clases virtuales (capacitación de profesores, sistemas, etc.) para poder realizar un descuento nimio o quizá para aumentar la pensión. Pero aquí es donde viene el detalle, esto presupone que el padre de familia está en capacidad de negociar con el centro educativo, lo que hace abstracto el uso de nuestra lógica civil.

El Ministerio de Educación sostiene que los padres de familia esperen la misericordia del centro educativo, para reducir las pensiones. Ello responde al yerro de pensar que los contratos de servicios educativos son contratos en igualdad de condiciones y que el único principio es del de fuerza obligatoria de los contratos, nada más alejado de la realidad. Estos contratos son de adhesión y proponer la renegociación es un desatino. Por lo tanto, nuestra única opción, sería apelar a que el Congreso emita una ley que compela a los centros educativos, en aras de seguir la buena fe , la justicia y solidaridad contractual, a sincerar el monto de sus pensiones.

  1. Conclusiones

Urge una ley que elimine el desequilibrio económico sobreviniente en estos contratos, debido a que los ingresos de los profesores se han visto menoscabados por la emergencia nacional del Covid-19. El Código Civil si regula estas situaciones, pero sus soluciones están especificadas para contratos paritarios, en igualdad de condiciones. La reducción o sinceramiento en las pensiones ya se están dando en algunas instituciones, pero ello no es suficiente, el Estado tiene que intervenir para poder solucionar esta situación de desequilibrio contractual. Los servicios educativos deben continuar, quizá de modos diferentes a los tradicionales, pero deben seguir en pos de no atrasarnos más ya en esta complicada coyuntura.


[1] https://idra.pe/blog/excesiva-onerosidad-imprevisibilidad-y-frustracion-del-arrendamiento-en-tiempos-del-covid19/

[2] R. Saavedra Velazco, (2016). Origen e interpretación de la cláusula de santidad contractual. Desmitificando la idea del (supuesto) ataque a la libertad contractual, en Id., Análisis económico y comparado del derecho privado. Una introducción, Lima, Fontana, p. 395.

[3] Bianca.Massimo. Derecho Civil.3. El Contrato. Primera edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pág. 24.

[4] Ronquillo Pascual. Jimmy. (2018). La resolución de los contratos.Problemas legislativos y jurisprudenciales del incumplimiento contractual.Gaceta Jurídica, pág.36-37.

[5] Alpa.Guido. (2015). El Contrato en general.Principios y problemas.Instituto Pacifico, pág. 514.

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