Recuperación extrajudicial de predios del Estado

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El pasado 12 de julio del 2014 el Gobierno publicó la Ley 30230, que estableció, a lo largo de siete (7) capítulos, medidas tributarias, de simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Se trató del segundo “paquete reactivador” de la economía peruana que impulsa el Gobierno desde finales del año 2013 con el objeto de evitar la desaceleración económica que nos afecta – aún – como país[1].

Qué duda cabe que lo más destacado en el ámbito del derecho civil patrimonial fue la modificación del artículo 920 del Código Civil que vino acompañada con las nuevas disposiciones sobre recuperación extrajudicial de la propiedad estatal (artículos 65 y 66 de la Ley 30230).

A casi un año de la entrada en vigencia de la referida norma, con este breve comentario buscamos referirnos a las nuevas disposiciones sobre la recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal y al requerimiento de auxilio de la Policía Nacional del Perú, en un contexto en el que – sobre todo hoy por hoy -, como bien señala el profesor Martín Mejorada, “el Estado se muestra muy activo en la defensa de sus bienes y está muy bien”[2]; máxime, si como lo venimos escuchando a cada momento en los medios de comunicación, mafias de traficantes de terrenos buscan ocupar ilegalmente incluso zonas arqueológicas de propiedad del Estado (Ministerio de Cultura) o terrenos supuestamente “abandonados” de propiedad de gobiernos locales o regionales.

El Código Civil en sus artículos 920 y 921 (Capítulo Sexto de la Posesión) detallan los clásicos mecanismos de defensa de la posesión. Por un lado, la defensa posesoria extrajudicial, hoy totalmente renovada a la luz de la modificación que ha dispuesto el artículo 67 de la Ley 30230. De otro lado, la defensa posesoria judicial a través del proceso sumarísimo de interdicto.

Para que proceda la recuperación extrajudicial desde el punto de vista estrictamente dogmático debe existir posesión. Tal como lo afirma Jorge Eugenio Castañeda: “la protección jurídica contra el despojo reside en que al defender al poseedor se defiende al propietario”.

Por tanto, y en primer lugar, tal como lo expresa Bonilla Cáceres, para lograr ejecutar el mandato que impone el artículo 65 de la Ley 30230 “en los predios que sean de propiedad del Estado, se puede hacer uso de la presunción legal de posesión en todos los bienes que son de su propiedad”[3] a que se refiere la Ley 29618 publicada el 24 de noviembre del 2010.

Coincidimos con la profesora Guerra Cerrón cuando señala que: “en nuestro concepto no ha sido creada una figura especial y exclusiva para el Estado, paralela a la defensa posesoria extrajudicial regulada en el CC. Lo que ha sido establecido en el contexto de la eficiencia en la administración de bienes del Estado, es el deber de diligencia de los funcionarios de entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales o locales, a través de su procuradurías públicas o los que hagan sus veces; de repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se realicen en los predios de su competencia, administración o de su propiedad, inscritos o no en el Registro de Predios o en el SINABIP (…)”[4].

Por tanto, para ejercer la defensa posesoria (o recuperación) extrajudicial, el Estado y sus entidades deberían: i) cumplir con el plazo a que se refiere el actual artículo 920 del Código Civil (15 días luego del despojo o de tomar conocimiento del mismo); ii) abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias; iii) proceder con la recuperación extrajudicial aun cuando el invasor u ocupante ilegal haya ejecutado alguna edificación o esta se encuentre en dicho proceso; iv) requerir el auxilio de la Policía Nacional del Perú siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 66 de la Ley 30230

Cabe precisar que según el mencionado artículo 66 de la Ley 30230 la entidad deberá reunir (siempre en el plazo de 15 días) una serie de documentos que acrediten manifiesta (e inmediatamente) su propiedad, administración o competencia sobre el predio a recuperar, entre otros, por ejemplo, un Certificado Negativo de Búsqueda Catastral en caso el bien no esté inscrito. En buena cuenta se confiere a la Policía Nacional verificar y/o certificar la titularidad del bien por parte de la entidad del Estado, incluso en casos de duplicidad registral de partidas. Increíblemente ahora nuestra PNP no solo deberá combatir la delincuencia sino que además fungirá de “juez” para validar la propiedad del Estado y todo esto, en un plazo que no debe extenderse de 15 días hasta alcanzar la recuperación extrajudicial del bien. Para no creerlo ¡!

En nuestra opinión el artículo 65 de la Ley 30230 no ha creado una figura especial de defensa de la posesión extrajudicial, solamente ha fortalecido o puesto sobre la mesa, el deber que tiene el Estado, a través de sus múltiples entidades, para hacer uso de la “vieja” defensa posesoria extrajudicial, hoy con una “repotenciada” redacción. No obstante, la obligación impuesta a la Policía Nacional de realizar una verificación “legal” respecto a la legitimidad de la entidad solicitante de auxilio para la recuperación, podría en la práctica, diferir el carácter inmediato de este tipo de mecanismo de autotutela en detrimento del propio Estado.

[1] Sobre lo insuficiente que han resultado los cuatro (4) paquetes reactivadores de la economía publicados hasta marzo del presente año, a decir de los entendidos, véase http://semanaeconomica.com/article/economia/149118-paquetes-reactivadores-por-que-su-impacto-ha-sido-tan-limitado/

[2] Comentario titulado “Juez y parte en los bienes del Estado”. Puede leerse íntegramente en https://ius360.com/columnas/martin-mejorada/juez-y-parte-en-los-bienes-del-estado/

[3] BONILLA CÁCERES, Pavel Vladimir, Recuperación de Predios, en Jurídica N° 536, Suplemento de análisis legal de El Peruano, Segunda Etapa, Año 10, martes 3 de febrero del 2015, pp. 6

[4] GUERRA CERRÓN, J. María Elena, Defensa de los inmuebles, en Jurídica N° 536, Suplemento de análisis legal de El Peruano, Segunda Etapa, Año 10, martes 3 de febrero del 2015, pp. 3

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