¿Qué sucede en el Lote 192? Consideraciones sobre la última gran concesión petrolera

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El conflicto socio-político que gira en torno al ingreso de PetroPerú a la zona denominada Lote 192, en Loreto, ha revivido el tema vinculado a la actividad extractiva en zonas no urbanas. Asimismo, es una de las muestras de cómo se desarrollan este tipo de situaciones cuando los temas que pueden resolverse de forma jurídica se politizan de acuerdo a conflictos de intereses de ciertos grupos. En el presente editorial comentaremos ciertos aspectos jurídicos medulares en este tema.

El Lote 192, que protagoniza el último conflicto social que amenaza con desestabilizar el escenario político actual, está ubicado en la región de Loreto y cuenta con una extensión de 290 ha., manejando el 17% del petróleo del Perú, siendo explotada hasta el 29 de agosto por la empresa argentina Pluspetrol.

Actualmente, la concesión temporal del Lote 192 está en poder de la empresa canadiense Pacific Stratus Energy, ello desde el 30 de agosto último y bajo contrato de servicios aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2015-EM, luego de un proceso de negociación directa[1]. De esta forma, es descabellado pensar que el Gobierno Central deba, por decisión propia, otorgar la concesión a la empresa PetroPerú.

Sin embargo, el problema se produce con anterioridad, pues desde un inicio se evitó que PetroPerú sea la empresa encargada de la explotación del Lote 192 . Uno de los principales obstáculos para otorgarle la concesión del Lote 192 a PetroPerú era la Ley Nº 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Esta Ley, en su artículo sexto menciona que:

“Artículo 6.- Actividades de PETROPERÚ

Establécese que PETROPERÚ puede realizar actividades y proyectos de inversión, siempre y cuando no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes, presentes o futuros, no afecten las garantías del PMRT[2] y no demanden recursos del Tesoro Público. Esto no limita a aquellos proyectos que permitan mantener la operatividad de la empresa a la entrada en vigencia de la presente Ley. Es responsabilidad del directorio determinar restrictivamente los proyectos que están destinados a mantener la operatividad de la empresa. Cuando PETROPERÚ genere los flujos suficientes para garantizar el pago del endeudamiento a ser contraído para realizar las inversiones vinculadas al PMRT, y se haya incorporado una participación privada de cuanto al menos el 40% en su capital social en circulación, ya no tendrá restricciones en la realización de actividades y proyectos de inversión”

Entonces, este artículo hace mención a que la principal preocupación de PetroPerú, hoy en día, es el PMRT. Adicionalmente, el Ejecutivo, especialmente Pedro Cateriano y la ministra Ortiz, señalaron que PetroPerú debería entrar con 70 millones de dólares para iniciar el proyecto en el Lote 92. Ante ello, “Germán Alarco, profesor de la U. del Pacífico, explica que los US$ 40 millones se podrían obtener del sistema financiero. Para tal efecto, hay que constituir una filial (o aprovechar una existente) a la cual el Estado aportaría formalmente todos los activos fijos netos valuados en alrededor de US$ 350 millones. Una empresa en marcha con activos tiene posibilidades de financiamiento de corto plazo sin acudir al Estado”[3]. Entonces, se podría entender que es un fuerte desembolso de dinero por parte de PetroPerú; no obstante, se presentan alternativas interesantes, como la planteada por el profesor Alarco, para conllevar dicha situación.

Entonces, la situación también se desvía en la necesidad de que el encargado de dicha explotación sea PetroPerú. ¿Por qué tanta insistencia en torno a ese tema? En primer lugar, el profesor Peña Jumpa plantea, a su vez, la siguiente interrogante: ¿Es que consideramos a Petroperú tan deficiente o es que la empresa transnacional tiene beneficios particulares?, considerando que, según lo entendido en los medios de comunicación, a “la empresa favorecida no se le ha exigido un aumento de producción y aportes, además de tener reducido el pago de impuestos y habérsele otorgado mayores facilidades para que disponga de los recursos naturales como el agua, la madera y la tierra de las Comunidades Amazónicas (declaraciones de autoridades regionales en diarios La República y Uno, del 30 y 31 de agosto de 2015)”[4].

A su vez, la opción no es desconocer el Decreto Supremo Nº 027-2015-EM, que otorga la concesión a Pacific Stratus Energy. El Proyecto de Ley aprobado hace unos días, que autorizaría a PetroPerú de otorga contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192, puede estar vulnerado ciertos mandatos legales previamente impuestos. Existen dos argumentos trascendentales para sustentar esta posición:

“1. La Constitución prohíbe que los términos de un contrato sean modificados por leyes ni otras disposiciones de cualquier clase (artículo 62). El dictamen en minoría recuerda que el sábado 29 de agosto se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 027-2015-EM, a través del que se aprueba el contrato de servicios temporal para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192, suscrito entre PerúPetro y Pacific Stratus Energy del Perú S.A.

2. El Congreso no tiene iniciativa de gasto (artículos 79 de la Constitución y 76 del Reglamento del Congreso). Este argumento toma en cuenta la situación actual de PetroPerú y explica que, de promulgarse la norma aprobada, esta entidad requeriría alrededor de setecientos millones de dólares para operar en el Lote 192.”[5]

Ello se refiere a la situación del contrato firmado con la empresa canadiense por dos años y, arbitrariamente, no puede romperse dicho pacto; ya que dicho Proyecto de Ley no interviene directamente en dicho contrato, sino que modifica la Ley 30130, añadiendo la consideración de que PetroPerú sí puede hacerse con la explotación del lote 192. Una de las alternativas posibles, como lo indicó Pedro Pablo Kuczynski, es que PetroPerú firme un contrato con la empresa canadiense actualmente encargada de la actividad extractiva de dicho Lote 192, para de esa forma poder incluir a dicha empresa en tan importante proyecto.

Finalmente, es muy importante que una empresa peruana como PetroPerú se encargue de dicha actividad extractiva, primero, por un tema económico provechoso tanto para la empresa como para los proyectos que esta desarrolla (como el PMRT), así como por un tema energético propiamente dicho. Asimismo, el tema de la intervención de PetroPerú podrá ser un gran paso para afianzar los procesos de Consulta Previa estipulados por ley, ya que es poco probable que estas se hayan realizado si representantes de Comunidades Amazónicas se han pronunciado en contra de ciertas decisiones, como la concesión a la empresa canadiense. Es por ello que auspiciamos la correcta ejecución de los conceptos y mandatos legales establecidos, siempre pensando en el bienestar de la población y del país, ya que, si bien es importante que una empresa nacional se encargue de dicha actividad, se tienen que respetar las formas y ser cautelosos en la capacidad económica que tendrá dicha empresa –PetroPerú- para afrontar un desafío de esta magnitud.


Fuente de imagen: www.radionacional.com.pe

[1] Peña Jumpa, Antonio. Buscando prever un nuevo desastre político. El Lote petrolero 192 y los derechos del Perú y de las Comunidades Amazónicas II. En IUS 360º.

[2] Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

[3] http://larepublica.pe/impresa/economia/701237-10-verdades-sobre-el-lote-192-y-el-ingreso-de-petroperu

[4] Peña Jumpa, Antonio. Ídem.

[5] http://laley.pe/not/2729/proyecto-de-ley-que-permite-a-petroperu-explotar-lote-192-seria-inconstitucional/

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