La ineficacia concursal en Latinoamérica

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Escrito por Anthony Lizárraga Vera-Portocarrero*

La ineficacia concursal es una institución de vital trascendencia en los procedimientos concursales, pues su objetivo principal es recomponer, reintegrar, mantener y determinar el patrimonio del deudor concursado a la masa concursal, siendo imprescindible su regulación en los sistemas concursales modernos.

En el presente trabajo, abordaremos la regulación de la ineficacia concursal en cinco países latinoamericanos haciendo un contraste con la norma concursal peruana.

En el Perú existen dos tipos de ineficacia concursal, la primera de ellas se desarrolla en la etapa pre concursal, donde el juez declara ineficaces los actos de disposición celebrados por el deudor sean a título gratuito u oneroso si estos no se han celebrado como parte del desarrollo normal de la actividad del deudor y causen perjuicio al patrimonio del deudor, dentro del plazo de un (1) año anterior a los siguientes supuestos: i) a la solicitud de inicio del procedimiento concursal (inicio de concurso a pedido del deudor); ii) al emplazamiento de la solicitud de inicio de concurso por parte de los acreedores; o, iii) a la notificación del inicio de la disolución y liquidación, a esta etapa se le denomina en doctrina “período de sospecha”.

Mientras que, la segunda etapa conocida como “ineficacia absoluta” transcurre desde la declaración de ineficacia de actos celebrados incluso posterior al inicio del procedimiento concursal del deudor y abarca desde que ocurran cualquiera de los tres (03) supuestos anteriormente señalados hasta que la Junta de Acreedores nombre o ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el respectivo Convenio de Liquidación, en esta etapa se busca declarar como ineficaces los actos que de pleno derecho que han sido determinados como tal por la ley concursal peruana.

Para nuestro ordenamiento jurídico le resulta irrelevante si los actos de disposición cuestionados se realizaron con la intención de defraudar a los acreedores o no, solo basta que se cumplan los presupuestos objetivos arriba descritos. Sin embargo, la ley no establece un plazo de prescripción para entablar la demanda de ineficacia, sino que en la mayoría de casos la autoridad concursal ha aplicado los dos (2) años que establece el Código Civil Peruano para acciones revocatorias[1].

Argentina

La legislación concursal argentina establece que el “período de sospecha” transcurre desde la fecha inicial de cesación de pagos, que debe ser determinada entre la resolución judicial y la sentencia de quiebra, no pudiendo ser este más de dos (2) años contados desde la emisión de dicha sentencia o de la presentación del deudor al concurso preventivo; además, no se regula la ineficacia absoluta.

Asimismo, no es necesaria la presencia de fraude en los actos a cuestionar, sino que se busca sancionar actos de disposición del deudor que cause un perjuicio a los acreedores y al patrimonio del deudor; además, en caso el juez declare la ineficacia de un acto impulsado por un acreedor, este tiene derecho al resarcimiento de sus gastos y a una preferencia especial sobre los bienes reintegrados que lo determinará el juez a su criterio que oscila entre la tercera y décima parte del recupero de estos con límite en el monto del crédito, y la prescripción opera a los seis (6) meses desde que se declaró el concurso (quiebra en Argentina).

Brasil

La norma brasileña establece la ineficacia y revocación de los actos de disposición celebrados por el deudor concursado anterior a su entrada en insolvencia. Siendo que, la primera opera sobre actos en el que adquirente no hubiese tenido conocimiento del estado falencial del deudor ni la intención de defraudar a los acreedores.

Mientras que, la revocatoria corresponde sobre actos de disposición celebrados por el insolvente y requiere la intención de perjudicar, prueba de la complicidad fraudulenta con el adquirente y el efectivo perjuicio sobre la masa activa del concursado; esta legislación no contempla la prescripción.

Chile

El tratamiento de las acciones revocatorias reguladas en ley concursal chilena se aplica tanto para personas naturales como para empresas, así podrán deducir la acción revocatoria contra actos de disposición realizados por el deudor como pagos anticipados, pagos de deuda vencida que no se haya ejecutado de acuerdo con el documento original o constitución de hipotecas que fueron celebradas un (1) año antes del inicio del procedimiento concursal. Asimismo, en caso de cualquier acto celebrado a título gratuito con personas relacionadas al deudor, el plazo se extenderá a dos (2) años.

Asimismo, serán revocables los actos celebrados por empresas deudoras dos (2) años antes del inicio del procedimiento concursal, cuando por ejemplo el contratante tuvo conocimiento del mal estado del deudor y cuando este cause perjuicio a la masa o altere la posición de igualdad que deben tener los acreedores en el concurso.

Por otro lado, el plazo para la interposición de la acción revocatoria es de un (1) año contado desde la resolución de reorganización, de liquidación o de admisibilidad, lo que corresponda. Además, a los acreedores que interpusieron la mencionada acción y obtuvieron la revocatoria se les cancelará los gastos del proceso judicial y tendrán el derecho de hasta un 10% del beneficio que le reporte esta acción al patrimonio del deudor o de la masa (que deberá fijarse en la sentencia sin exceder su crédito), siempre que el acreedor no sea relacionado al deudor.

Colombia

La norma concursal colombiana establece un “período de sospecha” fijo y otro aplicado de manera excepcional, en ese sentido, para actos de disposición celebrados a título oneroso el período será de dieciocho (18) meses y para actos a título gratuito de veinticuatro (24) meses anteriores al inicio del proceso de reorganización o liquidación judicial.

En el caso de los acreedores que impulsen la ineficacia, existe un incentivo hacia ellos; toda vez que su esfuerzo es valorado en caso la acción prospere sea total o parcialmente, pues se le otorgará un reconocimiento a título de recompensa equivalente al cuarenta (40%) del valor comercial del bien recuperado para el patrimonio del deudor concursado del beneficio que directa o indirectamente se reporte; sin embargo, no todos los acreedores reconocidos pueden impulsar una demanda de ineficacia concursal, sino a aquellos que los actos de disposición materia de controversia les haya causado un perjuicio directo; asimismo, el plazo máximo para ejercitar las acciones (una especie de prescripción) es de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que quede firme la calificación, graduación de créditos y derechos de voto (reconocimiento de créditos).

Uruguay

En la norma concursal uruguaya, la reintegración a la masa activa de los actos de disposición opera desde los dos (2) años anteriores a la declaración de concurso (a título gratuito) o desde los seis (6) meses anteriores (en caso de constitución o ampliación de garantías, pagos de créditos no vencidos, resolución de contratos), es decir, son actos de pleno derecho donde el perjuicio a los acreedores es el presupuesto objetivo.

Asimismo, el adquiriente demandado como consecuencia de la revocatoria tendrá crédito concursal, operando la prescripción a los dos (2) años a la declaración de concurso del deudor.

Argentina Brasil Chile Colombia Perú Uruguay
Período de sospecha
¿Existe ineficacia posterior al concurso? NO NO NO NO NO
Preferencia al demandante SÍ (del 1/3 al 1/10 del recupero) NO SÍ (10% del recupero) SÍ (40% del recupero) NO NO
Presupuesto objetivo de la ineficacia SÍ (perjuicio) Depende del acto SÍ (perjuicio) SÍ (perjuicio) SÍ (perjuicio) Depende del acto
Prescripción 6 meses No regula 1 año 6 meses No regula 2 años

 

Conclusiones

Es claro que, en la mayoría de sistemas concursales latinoamericanos modernos han adoptado el perjuicio a los acreedores como presupuesto objetivo, desterrando la idea del fraude como acto determinante en la ineficacia concursal.

Asimismo, casi todas las normas concursales estudiadas líneas arriba han adoptado el plazo de prescripción dentro de su propia norma concursal; por lo que, en el caso peruano, el legislador debería evaluar y analizar su inserción en la ley concursal peruana para evitar pronunciamientos judiciales contradictorios respecto al tema.

Finalmente, la obtención de un porcentaje de lo recuperado en la restitución en favor de los acreedores es una buena alternativa de incentivo hacia ellos para entablar las demandas de ineficacia y que no solo sean las entidades administradoras o liquidadoras quienes las interpongan.

*Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan, además, cuenta con un Postgrado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido docente del curso de Derecho Concursal de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNMSM. Es autor del libro “La Ineficacia Concursal: Estudio doctrinario y jurisprudencial en el sistema concursal peruano”. Actualmente, es socio del área de Procesos Concursales y Reestructuraciones del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera abogados. Miembro extraordinario de la Asociación IUS ET VERITAS.


[1] A mayor abundamiento ver: LÍZARRAGA VERA-PORTOCARRERO, ANTHONY. “La Ineficacia Concursal: Estudio doctrinario y jurisprudencial en el sistema concursal peruano”. Lex & Iuris Grupo Editorial. 2018. Lima, págs. 238-241.

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