La búsqueda de las personas desaparecidas en el Perú a 15 años del informe final de la CVR

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El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este año, en particular, esta fecha revistió especial importancia para el Perú, pues se cumplían 15 años desde la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y, además, el 2018 ha sido declarado el “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” por el Ejecutivo.

En este contexto, pues, resulta importante reflexionar sobre el derecho de los familiares a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada, así como los avances y retos que se han presentado y se presentan en la búsqueda de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que afectó al país durante el período 1980-2000.

¿Qué son las desapariciones forzadas? ¿Existe una obligación de búsqueda de las personas desaparecidas? 

La desaparición forzada de personas consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”[1].

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se ha abordado la desaparición forzada de personas como una vulneración múltiple de derechos, tanto de la víctima como de sus familiares. En este sentido, se considera que la desaparición forzada vulnera el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la personalidad jurídica, a la libertad personal y a las garantías judiciales, entre otros. Asimismo, se han adoptado dos tratados específicos sobre la materia: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada De Personas y la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Asimismo, en el contexto de conflictos armados, el Derecho Internacional Humanitario establece una serie de garantías hacia las personas afectadas por el conflicto y prohíbe expresamente las desapariciones forzadas (norma consuetudinaria 98). Además, establece la obligación de las partes en conflicto de tomar todas las medidas factibles para averiguar lo ocurrido a las personas desaparecidas y transmitir toda la información al respecto a sus familiares (norma consuetudinaria 117) solo se encuentra recogida de manera expresa en el ámbito consuetudinario.

Precisamente, los Estados tienen la obligación de buscar a las víctimas de desaparición forzada en virtud de la obligación de respeto y garantía de los derechos de las víctimas, así como sobre la base del derecho a la verdad. Este derecho tiene una doble dimensión: una individual, que supone el derecho de los familiares de las víctimas a conocer lo sucedido, y una colectiva, que corresponde a la sociedad en su conjunto. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos”[2] y que “establecer lo sucedido devela una verdad histórica que contribuye a cerrar un proceso de duelo y sienta un precedente para que violaciones graves, masivas y sistemáticas no vuelvan a suceder”[3].

Ahora bien, conforme al Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias, entre las obligaciones estatales que se desprenden del derecho a la verdad se encuentran la obligación de investigar hasta que el destino y paradero de la persona sea clarificado y la obligación de comunicar los resultados de estas investigaciones a las partes interesadas[4]. Además, la familia tiene derecho a que, de encontrarse los restos de la persona desaparecida, éstos le sean entregados y a disponer de ellos de acuerdo a su propia tradición, religión o cultura[5].

Las desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno 

Conforme al informe final de la CVR, publicado en agosto de 2003, se estimaba que el total de muertos y desaparecidos por el conflicto armado ascendía a 69,280 personas.   De esta cifra, se calculó que cerca de 8,558 personas permanecían desaparecida.

Actualmente, sin embargo, conforme al Listado Base del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), publicado el 23 de abril de este año, se sabe que el número de personas desaparecidas durante el conflicto armado asciende a 20,329, de las cuales sólo 865 han sido encontradas y sus restos restituidos a sus familiares[6]. Ello quiere decir que habiendo transcurrido 18 años desde que terminó el conflicto, las familias de 19,464 personas siguen sin conocer el paradero de sus seres queridos.

Por ello, aún hoy la labor de búsqueda de las personas desaparecidas sigue jugando un rol importante de cara al derecho a la verdad de los familiares y de la sociedad peruana en su conjunto.

Las recomendaciones de la CVR y los avances en políticas públicas adoptadas por el Estado peruano

En su Informe Final, la CVR recomendó regularización de la situación jurídica de los desaparecidos, así como el impulso de un sistema integrado para abordar el tema de las personas desaparecidas durante el conflicto armado. Además, se propuso la implementación de un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico Forenses.

Es así que, en noviembre de 2004, se promulgó la Ley N° 28413 que creó el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada (1980-2000), a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, en 2013 se creó el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, a cargo de las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los desaparecidos durante el conflicto armado.

Sin embargo, este sistema limitaba la búsqueda de las personas desaparecidas a la existencia de un proceso penal. Precisamente, en 2015, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas señaló que solo “un número limitado de familiares de desaparecidos han utilizado este mecanismo, lo que puede estar relacionado con el engorroso proceso que requiere primero una aprobación por parte del Defensor del Pueblo y luego un proceso judicial para finalmente ser inscripto”[7].

Posteriormente, en 2016 se aprobó la Ley N° 30470 – Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000. Esta ley constituyó un gran avance, pues se pasó del enfoque judicial a un enfoque humanitario en la búsqueda de personas desaparecidas, que prioriza el aliviar el sufrimiento de los familiares[8].

Adicionalmente, el 8 de setiembre de este año se publicó el Decreto Legislativo N° 1398 que crea el “Banco de Datos Genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú”, que constituía una de las grandes tareas pendientes en la materia. Esta norma busca garantizar el almacenamiento de los datos genéticos de los familiares, a fin de contribuir a los procesos de búsqueda e identificación de los restos de las personas desaparecidas durante el conflicto armado. La importancia de su creación, como señala Susana Cori Ascona, Responsable del Programa de Personas Desaparecidas del CICR, “radica en la posibilidad de almacenar y centralizar tanto la información genética de los familiares como de los cuerpos recuperados en el proceso de búsqueda”, pues “el paso del tiempo puede generar que se pierda la posibilidad de identificar a más personas desaparecidas”[9] si no existe una entidad encargada de centralizar esta información.

¿Cuáles son los retos y tareas pendientes?

La implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas se enfrenta a retos institucionales y procedimentales. De un lado la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que forma parte del Ministerio de Justicia, “ha cambiado de director/a –en dos ocasiones, debido al cambio del ministro de Justicia-, y no ha recibido suficiente presupuesto para realizar intervenciones en los más de 4000 lugares de entierro”[10]. De otro lado, se debe fortalecer su labor de investigación y mecanismos de búsqueda, así como promover la participación de los familiares en el proceso[11]. Es así que esperamos que la reciente creación de un Banco Datos Genéticos contribuya a impulsar y mejorar la labor de búsqueda de las personas desaparecidas.


Imagen obtenida de: https://bit.ly/2yNuT2h

[1] Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, art. 2.

[2] CIDH. Derecho a la verdad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.152. Doc. 2. 13 de agosto de 2014, p. 30.

[3] Ibíd., p. 31.

[4] Grupo de Trabajo. General Comment on the Right to the Truth in Relation to Enforces Disappearances. 2010, párr. 5.

[5] Ibíd., párr. 6.

[6] Lugar de la Memoria (LUM). Presentan lista del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 24 de abril de 2018. Disponible en: https://lum.cultura.pe/noticias/presentan-lista-del-registro-nacional-de-personas-desaparecidas-y-sitios-de-entierro-renade

[7] Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Observaciones preliminares. 10 de junio de 2015. Disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16062&LangID=S#sthash.s3D6G8wC.dpuf

[8] Reátegui, Felix (coord.). Desaparición forzada y derechos de las víctimas: La respuesta humanitaria a las demandas de verdad, justicia y reparación en el Perú. Lima: IDEHPUCP, 2012, p. 21.

[9] Cori Ascona, Susana. Banco de Datos Genéticos y búsqueda de desaparecidos. 03 de agosto de 2018. Disponible en: https://elperuano.pe/noticia-banco-datos-geneticos-y-busqueda-desaparecidos-69781.aspx

[10] Jave, Iris y Grace Mendoza. Secuelas del posconflicto: La búsqueda de personas desaparecidas en el Perú como política pública. 27 de agosto de 2018. Disponible en:   http://idehpucp.pucp.edu.pe/noticias-destacadas/secuelas-del-posconflicto-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-en-el-peru-como-politica-publica/

[11] Ibíd.

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