La apertura del examen preliminar en Burundi

1059
0
Compartir

 

  1. Contexto

La República de Burundi se ubica al sur este del continente africano y se encuentra rodeado por Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo. Su capital se ubica en Bujumbura y cuenta con 10.4 millones de habitantes. De acuerdo con los índices de desarrollo humano tiene uno de los índices más bajos y está considerado como uno de los países con ingreso más bajo en el mundo por el Banco Mundial. Por otro lado, se encuentra compuesta por dos etnias: una minoría dominante tutsi y una mayoría hutu. Ambas etnias han convivido bajo tensiones desde la independencia de dicho país en 1962.

Tras varios años de conflicto entre hutus y tutsis, en junio del 2005, el líder de la rebelión hutu, Pierre Nkurunziza se convirtió en el primer presidente en ser elegido democráticamente. No obstante, en el 2015, el presidente Nkurunziza, quien ya había gobernado durante dos periodos continuos, expresó su decisión de candidatear para la presidencia por tercera vez a pesar de la gran oposición no solo por parte de sus opositores políticos sino por varios miembros de su propio partido, de la Iglesia Católica, la sociedad civil y varios actores regionales e internacionales[1], ya que consideraban que un tercer mandato significaría una violación de la Constitución de Burundi y del Acuerdo de Arusha[2], acuerdo en el cual se establece que el presidente solo podrá ser relegido una vez y que nadie podrá ser presidente por más de dos periodos presidenciales[3].  Sin embargo, en abril del 2015, se prohibieron cualquier tipo de manifestaciones y así, el presidente Nkurunziza fue elegido como candidato por su partido Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) para un tercer mandato.

Ante esta situación, las protestas no tardaron en surgir en contra de la re-reelección del presidente Nkurunziza, y con las protestas, empezaron los operativos de las fuerzas de seguridad (brigadas especiales anti-protesta y la policía encargada de la protección de las instituciones) y del Servicio Nacional de Inteligencia (SNR) del gobierno. Además de los operativos, el gobierno restringió las actividades proselitistas de los opositores del gobierno y de otras organizaciones de la sociedad civil, se prohibió el acceso a las manifestaciones a la prensa e inclusive se señala que amenazaron a algunos miembros de medios de comunicación internacionales[4].

En julio del 2015, se celebraron las elecciones presidenciales y Pierre Nkurunziza ganó por tercera vez las elecciones y las protestas se intensificaron, así como también los operativos anti-protesta.

Conforme a Amnistía Internacional[5] y Human Rights Watch[6] los agentes del estado, que han participado en los operativos en contra de las protestas, han cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos que incluirían ejecuciones arbitrarias, tortura, malos tratos, robos y pillaje sistemático, arrestos arbitrarios contra los miembros de la oposición política del gobierno, entre otras violaciones. En ese sentido, el operativo del 11 de diciembre del 2015 en Bujumbura representa uno de los puntos de quiebre de la situación de Burundi, ya que, las violaciones de derechos humanos ocurrieron a gran escala y sistemáticamente[7], en especial a las personas de origen Tutsi que viven en las zonas urbanas asociadas con la oposición política del gobierno[8] (vecindarios de Nyakabiga, Musaga, Mutakura, Cibitoke, Jabe y Ngagara). Luego de los operativos, testigos reportan que el 12 de diciembre, los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en fosas comunes en el cementerio de Kanyosha.

The fighting continued until around 2pm. When the shooting stopped, the police went from door to door, often breaking the locks with machetes and guns. From the place where one witness was hiding behind his house, he could see police pulling men out of their houses and shooting them. The shooting continued until around 8pm that evening. When he ventured out from his hiding place, he saw six bodies on the road and in drainage ditches, as well as a pile of bodies behind a school currently being used as a police post. Another witness reported seeing several bodies on 12th Avenue, one of the area’s main streets[9].

De igual manera, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado la muerte de 500 personas, cuenta con un registro de 1,700 detenciones arbitrarias y de 20 desapariciones forzosas[10]. Por otro lado, la Agencia de la ONU para refugiados ha registrado a la fecha 265, 728 refugiados burundeses en Uganda, Tanzania, Rwanda y República Democrática del Congo[11].

La comunidad internacional, en especial la Comunidad de África Oriental, la Unión Africana (UA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han intentado, desde fines del 2015, reunir a las distintas partes interesadas al diálogo mediante la mediación externa aún sin éxito. En ese sentido, el 11 de mayo del 2016, el Consejo de la Unión Africana reiteró su preocupación por la inestabilidad en Burundi en la cual siguen ocurriendo asesinatos a militares y a la población civil, y condenó los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos. Asimismo, resaltó la necesidad del despliegue de observadores de derechos humanos de la Unión Africana, militares y policías expertos para que monitoreen y reporten la situación de seguridad en Burundi[12].

Ante esta problemática y las múltiples denuncias, el 3 de mayo del 2016, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, decidió abrir un examen preliminar sobre la situación en Burundi y así determinar si los reportes y comunicaciones sobre la comisión de crímenes como asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual y desapariciones forzadas pueden dar lugar a una investigación por parte de la CPI[13]. Sin embargo, ¿qué implica la apertura de un examen preliminar en la CPI?

2. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El artículo 13 del Estatuto de Roma (ER) señala las tres formas bajo las cuales, la CPI puede ejercer su competencia respecto a los crímenes internacionales contemplados en el artículo 5 del ER (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión):

  1. Remisión al Fiscal de la situación por parte de un Estado parte del ER;
  2. Remisión al Fiscal de la situación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y
  3. El Fiscal inicia la investigación por proprio motu.
  4. Excepcionalmente con la declaración de consentimiento de investigación por parte de un Estado no parte del ER bajo el artículo 12.3 del ER;

En el caso de Burundi, la Fiscal ha decidido iniciar de oficio un examen preliminar en base a las comunicaciones y reportes que informan sobre la comisión de los crímenes que se encuentran bajo la jurisdicción de la CPI, conforme lo indica el artículo 15 del ER. Asimismo, este proceso tiene el objetivo de determinar si existen razones suficientes para abrir una investigación y se realiza conforme con los tres criterios establecidos en el artículo 53.1 Estatuto de Roma: Jurisdicción, admisibilidad e interés de la justicia.

  • Jurisdicción.- Implica determinar si los crímenes cometidos se encuentran dentro de la jurisdicción temporal (del 1 de julio de 2002 en adelante, fecha en la que entró en vigor para un Estado, fecha dada por el Consejo de Seguridad o por la declaración de un Estado no parte del ER), jurisdicción territorial o personal y jurisdicción material.
  • Admisibilidad.- Comprende complementariedad[14] y gravedad. La complementariedad indica que la CPI solo actuará de forma complementaria a la jurisdicción penal nacional ya existente y solo ejercerá jurisdicción cuando el Estado carezca de voluntad o capacidad para llevar a cabo dicha investigación o procedimiento; mientras que la gravedad implica un análisis de la forma, la naturaleza, la escala y el impacto de los presuntos crímenes en una situación específica[15].
  • Interés de la Justicia.- Tomando en cuenta la gravedad del crimen y el interés de las víctimas, se debe valorar si hay suficientes razones para creer que dicha investigación también servirá en el interés de la justicia.

En el caso de Burundi, luego de que analizar los tres criterios anteriores, si la Fiscal concluye que sí se cumplen, presentará una petición de autorización de apertura de investigación junto con la documentación que lo justifique ante la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual, a su vez, analizará la documentación presentada y podrá autorizar el inicio de la investigación[16].

3. ANÁLISIS JURÍDICO

En base a los informes y comunicaciones presentadas a junio 2016 por las distintas organizaciones internacionales acerca de la situación de Burundi, a continuación, se presenta un breve análisis jurídico:

  • Ratione Materiae

Dependerá de las pruebas que se puedan recabar para establecer cuáles serán los crímenes por lo que se podría abrir el caso. Sin embargo, según las alegaciones descritas al inicio del artículo, dentro de los presuntos crímenes podrían figurar los siguientes: ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales y desaparición forzada.

En ese sentido, si se tienen pruebas suficientes para sustentar que el gobierno de Burundi atacó a su población, sus actos calzarían en el artículo 7 del ER, crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes tienen la particularidad de exigir un alto grado de lesividad ya que se requiere que los ataques sean cometidos de manera sistemática y generalizada contra la población civil, lo cual, implica que el ataque sea de múltiples actos y que exista una política de Estado o de la organización[17]. Por otro lado, también se podría estar en el escenario del crimen de genocidio, artículo 6 del ER, si se prueba que se tenía la intención de destruir total o parcialmente a un grupo de la población por ser parte de un grupo étnico, que en el caso de Burundi sería pertenecer a la etnia de los Tutsis.

  • Ratione Loci

El artículo 12.2.a del Estatuto de Roma señala que la CPI tendrá jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de un estado parte del Estatuto. En ese sentido, siendo Burundi un Estado parte de la CPI, la ratione loci será todo el territorio de Burundi.

  • Ratione Personae

La CPI, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, tiene competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional y tiene jurisdicción sobre personas naturales. En este caso los sujetos activos serán aquellos que hayan cometido crímenes internacionales.

Por lo que puede desprenderse del caso, los probables sujetos activos serían las autoridades y funcionarios del gobierno de Burundi, las fuerzas del orden de Burundi, incluyendo a las brigadas especiales anti-protesta.

  • Ratione Temporis

Burundi es un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma el 21 de setiembre del 2004, por tanto, la CPI tiene la facultad para investigar desde el 01 de diciembre del 2004 en adelante y juzgar por las violaciones cometidas. Sin embargo, las denuncias indican que las violaciones empezaron en abril del 2015, razón por la cual, la fiscal de la CPI ha decidido iniciar el examen preliminar desde abril del 2015.

4. CONCLUSIONES

Es claro que la tercera reelección del Presidente Pierre Nkurunziza es un acto cuestionable con respecto a los acuerdos de Arusha y probablemente sea una de las razones por las cuales la comunidad internacional, en especial de Unión Africana se encuentre tan preocupada en resolver la situación (prueba de ello son los múltiples comunicados en los que expresa su preocupación y reitera que el respeto de los acuerdos de Arusha es parte de la piedra angular de la paz en Burundi).

Adicionalmente, la situación de violencia ha llevado al país a una grave crisis que se ve reflejada en las graves consecuencias humanitarias (muertes, detenciones arbitrarias, refugiados, etc). En esa línea, el que las conversaciones de paz hayan sido suspendidas varias veces da señales de que esta situación de violencia aún no tiene cuando acabar.

Por ello, es una buena noticia para los burundeses y la comunidad internacional en general que se haya anunciado la apertura del examen preliminar ya que, es una forma de colocar mayor presión a Burundi para que solucione sus problemas internos e inicie las investigaciones correspondientes porque de no comprobarse que el estado efectivamente está investigando o procesando a los perpetradores de los supuestos crímenes, entonces la CPI podrá iniciar una investigación completa , colocando el caso en el plano internacional.


FUENTE DE IMAGEN: Dos niños caminan detrás de un grupo de soldados que patrullan las calles en Bujumbura, Burundi, el 15 de mayo de 2015 © REUTERS/Goran Tomasevic[1]

[1] COALICIÓN POR LA CPI. La sociedad civil celebra la apertura de un nuevo examen preliminar en Burundi por parte de la CPI, 3 de mayo del 2016. [en línea] <https://ccpijusticiaglobal.wordpress.com/2016/05/03/la-sociedad-civil-celebra-la-apertura-de-una-nueva-investigacion-en-burundi-por-parte-de-la-cpi/>

[1] VALDEHÍTA, Carolina. “Burundi sangra por los Acuerdos de Arusha”, Especial para EL MUNDO, 31 de marzo de 2015. [en línea] <http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/31/5569daabca47417d048b4578.html>; ALJAZEERA. Burundi President Nkurunziza wins disputed election, 24 de julio de 2015. [en línea] <http://www.aljazeera.com/news/2015/07/burundi-president-nkurunziza-wins-disputed-election-150724140417364.html> y TROUP BUCHANAN, Rose. Burundi elections: President Pierre Nkurunziza wins third term in poll denounced by opposition and international observers,  The independent, 25 de julio de 2015. [en línea] < http://www.independent.co.uk/news/world/africa/burundis-president-wins-third-term-in-election-denounced-by-opposition-and-international-observers-10415501.html>

[2] El acuerdo de Arusha fue firmado por el gobierno de Burundi, 14 delegaciones tutsis y hutus en pesencia del Presidente Nelson Mandela (Sudáfrica) en la ciudad de Arusha (Tanzania) el 28 de agosto del año 2000. Este acuerdo de Paz y Reconciliación reconoce la naturaleza del conflicto, del genocidio y se plantean algunas soluciones. Cuenta con cinco protocolos, 5 anexos y 2 apéndices. Ver: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE. Peace Agreements Digital Collection: Burundi [en línea]. <http://www.usip.org/library/pa/burundi/pa_burundi_08282000_toc.html>

[3] Artículo 7.3. del Protocolo II (Democracia y buena gobernanza) del acuerdo de Arusha.

[4] De acuerdo con el Informe de Amnistía Internacional, el 13 z 14 de mayo del 2015, los agentes estatales destruyeron total o parcialmente las instalaciones de los siguientes medios de comunicación: RPA, Radio Television Renaissance, Radio Isanganiro y Radio Bonesha. Ver: AMNISTÍA INTERNACIONAL. Burundi 2015/2016. Ataques contra organizaciones de los medios de comunicación (en línea) <https://www.amnesty.org/es/countries/africa/burundi/report-burundi/>

[5] AMNESTY INTERNATIONAL. Report, “My Children are scared”, Burundi´s Deepening Human Rights Crisis, AFR 16/3116/2015, 22 December 2015.

[6] HUMAN RIGHTS WATCH. Burundi. [en línea] <https://www.hrw.org/africa/burundi>

[7] AMNESTY INTERNATIONAL. Report, “My Children are scared”, Burundi´s Deepening Human Rights Crisis, AFR 16/3116/2015, 22 December 2015.

[8] VALDEHÍTA, Carolina. “En Burundi están matando a la gente sin piedad”, el Mundo, Nairobi, 19 de noviembre de 2015. [en línea] <http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/19/564c7a8b46163fe20b8b45d5.html>

[9] Amnesty International interview with witness, Bujumbura, December 2015.

[10] HEYNS, Christof. Oral update by Christof Heyns, UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, member of the United Nations Independent Investigation on Burundi (UNIIB), Geneva, 22 March 2016.

[11]UNHCR. INTER-AGENCY Information Sharing Portal. Burundi Situation. <http://data.unhcr.org/burundi/regional.php>

[12] AFRICAN PRESS ORGANIZATION. The 595th meeting of the AUPSC on the Report of the African Commission on Human and Peoples´s Rights (ACHPR) on its fact-finding mission o Burundi, 11 de mayo de 2016, Addis Ababa. [en línea] < http://www.african-union.africa-newsroom.com/press/the-595th-meeting-of-the-aupsc-on-the-report-of-the-african-commission-on-human-andpeoples-rights-achpr-on-its-factfinding-mission-to-burundi-?lang=en>

[13] El ministro de relaciones exteriores de Burundi ha señalado que Burundi está reconsiderando su membresía en la CPI debido a que no se ha tomado en cuenta el principio de complementariedad. Sin embargo, se debe recordar que es dentro del examen preliminar en donde se evalúa la complementariedad de la situación. NJOROGE, Caroline. Burundi to reconsider Rome Statute membership after ICC´s investigation launch, The Exchange, 20 de junio de 2016. [en línea] <http://exchange.co.tz/burundi-to-reconsider-rome-statute-membership-after-iccs-investigations-launch/>

[14] Cláusula 10 del preámbulo, artículo 1 y artículos 17-19 del ER. Para profundizar ver: SCHABAS, William. An Introduction to the International Criminal Court, 3rd edition, Cambridge University Press, 2007, p. 175.

[15] OFFICE OF THE PROSECUTOR ICC. Report on Preliminary Examination Activities 2012, 22 de noviembre de 2012.

[16] La primera vez que la Fiscalía decidió iniciar de oficio un examen preliminar fue con respecto a la situación de Kenya. Más adelante también lo ha hecho en las situaciones de Costa de Marfil y Georgia.

[17] Artículo 7.2. del Estatuto de Roma.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here