El triste desenlace entre Burundi y la Corte Penal Internacional

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Fuente: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03528/Burundi-UN-to-send_3528827k.jpg

El 18 de octubre de 2016, el presidente de la República de Burundi, Pierre Nkurunziza, promulgó la Ley No. 1/14, mediante la cual autoriza el retiro de dicho Estado del Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI) en julio de 2002. Como consecuencia de dicha ley, la cual entró en vigor el mismo día de su promulgación, Burundi, que actualmente se encuentra bajo un examen preliminar ante la CPI, se convierte en el primer Estado en retirarse de la competencia del Tribunal en La Haya, el cual fue creado por la comunidad internacional como un mecanismo de lucha contra la impunidad y que a la fecha, cuenta con 124 Estados parte al Estatuto de Roma[1].

La aprobación de esta ley refleja un movimiento que viene cobrando fuerza en Burundi de cara a las investigaciones que fueron iniciadas no solo por la Fiscalía de CPI, sino también por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con relación a las graves violaciones de derechos humanos que comenzaron en dicho Estado – y que continuarían hasta la actualidad – luego de que el actual presidente Nkurunziza anunciara el año pasado que se presentaría a las elecciones para cumplir un tercer mandato como presidente incluso cuando la propia Constitución burundesa lo impedía.

La reacción de la República de Burundi al estar en el ojo de la comunidad internacional fue, en primer lugar, suspender la cooperación de dicho Estado con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y declarar persona non grata a los autores del informe final[2] de la Investigación Independiente de Naciones Unidas, en el cual se identifican diversas violaciones a los derechos humanos, tras ser calificado como un informe “mentiroso y controversial” por el propio gobierno burundés[3]. Asimismo, la Asamblea Nacional de Burundi aprobó el 12 de octubre, el proyecto de ley que permite el retiro de dicho Estado de la CPI de forma casi unánime (94 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones)[4].

Cabe recordar que, el 25 de abril de 2015, tras el anuncio de una posible reelección por parte del actual presidente, la oposición política y la sociedad civil organizaron una serie de protestas que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad del gobierno. Frente a este panorama, el 13 de mayo el general Godefroid Nyombare, antiguo jefe de los servicios secretos de Burundi, anunció la destitución de Nkurunziza, mientras éste se encontraba en una reunión de la Comunidad de África Oriental en Tanzania[5]. Días después, el gobierno logró recuperar el control de Bujumbura, la capital burundesa, y se detuvieron a los generales implicados en el intento de golpe de estado. Debido a la intensidad de los enfrentamientos, las elecciones presidenciales tuvieron que ser pospuestas hasta el 21 de julio, cuando Nkurunziza fue reelegido con el 65 % de los votos.

Más de un año después, los niveles de represión parecen haber alcanzado al menos 700 muertes, 43,000 detenidos, 800 desaparecidos, cientos de personas torturadas, decenas de víctimas de violencia sexual y miles de arrestos arbitrarios[6]. Al respecto, Naciones Unidas ha reportado 651 casos de tortura entre abril del 2015 y abril del 2016[7], mientras que Human Rights Watch ha denunciado que agentes del servicio de inteligencia nacional de Burundi habrían torturado a decenas de presuntos opositores del gobierno[8]. De igual manera, de acuerdo con las últimas cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 310,265 personas dejaron el país desde que se inició la situación de violencia[9] y buscaron refugio en Ruanda, Tanzania, Uganda y la República Democrática del Congo.

Frente a la posibilidad de que se hubieran cometido crímenes internacionales, el 25 de abril de este año, la Fiscal de la CPI, anunció la apertura de un examen preliminar en Burundi, cuyo periodo de investigación abarcaría desde abril de 2015. Cabe mencionar que Burundi firmó el Estatuto de Roma de la CPI el 13 de enero de 1999 y lo ratificó el 21 de septiembre de 2004, convirtiéndose en el Estado parte número 95. En este sentido, la Corte tiene competencia para ejercer su jurisdicción sobre los crímenes internacionales regulados por dicho tratado que hayan sido cometidos en el territorio de Burundi, por o contra nacionales de Burundi desde el 1 de diciembre de 2004[10].

Ahora bien, la existencia de un examen preliminar en Burundi no implica necesariamente el inicio de una investigación formal por parte de la CPI. Por el contrario, supone que sobre la base de una evaluación inicial de los hechos, la Fiscalía ha considerado que éstos ameritan una evaluación un poco más detallada y exhaustiva antes de llegar a una conclusión determinante. Al respecto, vale resaltar que, tal como lo indica el Estatuto de Roma, los exámenes preliminares pueden iniciarse por medio de las siguientes vías:

a) Remisión del propio Estado Parte a la CPI

b) Remisión por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la CPI.

c) Ejercicio de la Fiscalía de sus poderes de oficio (propio motu)

d) Emisión de una declaración de aceptación del ejercicio de competencia por la CPI con arreglo al párrafo 3 del artículo 12 del Estatuto de Roma, por un Estado no Parte.

Durante la crisis en Burundi, la Fiscalía de la CPI recibió varias comunicaciones e informes que detallaban actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como casos de desapariciones forzadas, que la llevaron a iniciar un examen preliminar por propio motu.

En el supuesto que la Fiscalía concluyera que existen fundamentos suficientes para creer que se han cometido crímenes internacionales en Burundi, el examen preliminar podría devenir en el inicio una investigación autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. Para ello, la Fiscalía tomaría en cuenta lo siguiente: (i) si la información disponible constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte; (ii) si la causa es o sería admisible de conformidad con las cuestiones de admisibilidad establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Roma; y (iii) si existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.

¿Este procedimiento puede verse afectado por el retiro de Burundi del Estatuto de Roma? La respuesta es que no. En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 127 del Estatuto, la denuncia del tratado por un Estado Parte solo surte efecto un año después de la fecha en la que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación, de modo que, la aprobación de la Ley No. 1/14, no impide que el examen preliminar vigente siga su curso, ni que, eventualmente, este se transforme en una investigación.

Con ello claro, es importante enmarcar la gravedad de este suceso en el complejo contexto que engloba la actuación de la CPI en el continente africano. Como puede recordarse, el año pasado, determinados Jefes de Estados de la Unión Africana entablaron una iniciativa, liderada por Kenia, para realizar un retiro masivo de la CPI, acusándola de ser un Tribunal racista que enfoca sus investigaciones solo contra individuos y dirigentes de Estados africanos[11]. Si bien dicha iniciativa nunca llegó a concretarse, no es menos cierto que la reputación de la CPI entre los Estados africanos, haya mejorado, lo que se ve ahora reflejado en la decisión de Burundi de retirarse del Estatuto de Roma.

En diversas declaraciones efectuadas a lo largo del último mes por parte de Burundi, encontramos este mismo argumento de forma recurrente. Mientras que el 06 de octubre, Philippe Nzobonariba, vocero oficial del gobierno, declaraba en un comunicado que “la CPI, cuyo trabajo es financiado en un 70% por la Unión Europea, se ha convertido en un instrumento de presión política contra los países pobres o un medio de desestabilización de estos”[12], el 18 de octubre, Alain Aimé Nyamitwe, Ministro de Relaciones Exteriores de dicho Estado, justificaba el retiro de Burundi del Estatuto de Roma, acusando a la CPI y a Estados extranjeros de inmiscuirse en asuntos que debían ser resueltos en el fuero interno[13].

En nuestra opinión, este suceso es lamentable pues, en lugar de avanzar en la lucha contra la impunidad y por el respeto de los derechos humanos, que emprendió la comunidad internacional en el año 2002 al aprobar el Estatuto de Roma y crear la CPI, estamos retrocediendo al permitir que argumentos políticos que carecen de fundamento real y que obedecen a intereses particulares de ciertos gobiernos de turno, afecten la legitimidad de un Tribunal que sirve, al final del día, como una garantía de protección para todos los individuos.

[1] El Salvador fue el último Estado en ratificar el Estatuto de Roma, 07 de marzo de 2016.

[2] Report of the United Nations Independent Investigation on Burundi (UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1 Disponible en < http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/UNIIB/Pages/UNIIB.aspx>

[3] Declaration du Gouvernement burundais sur la collaboration et la cooperation avec l ’Office du Haut Commissariat des Droits de l’Homme au Burundi. Disponible en <http://www.burundi.gov.bi/spip.php?article1538>

[4] Federación Internacional de los Derechos Humanos. “Burundi: retrait de la CPI et rupture de la coopération internationale sur fond de perpétration continue de crimes internationaux”. Disponible en < https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/burundi/burundi-retrait-de-la-cpi-et-rupture-de-la-cooperation-internationale>

[5] EL PAIS. “Confusión en Burundi tras el anuncio de un golpe de Estado”. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/13/actualidad/1431520619_201045.html

[6] FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. “Burundi: one year of bloody crisis”. Disponible en: https://www.fidh.org/en/region/Africa/burundi/burundi-one-year-of-bloody-crisis.

[7] NACIONES UNIDAS. Resolución A/HRC/31/3, Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aprobada el 23 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas.

[8] HUMAN RIGHTS WATCH. “Burundi: Intelligence services torture suspected opponents”. Disponible en: https://www.hrw.org/news/2016/07/07/burundi-intelligence-services-torture-suspected-opponents.

[9] Para mayor información revisar http://data.unhcr.org/burundi/regional.php.

[10] CORTE PENAL INTERNACIONAL. Preliminary Examination on Burundi. Disponible en < https://www.icc-cpi.int/burundi?ln=fr#ctl00_ctl67_SkipLink>

[11] THE GUARDIAN. “African Union members back Kenyan plan to leave ICC”. Disponible en < https://www.theguardian.com/world/2016/feb/01/african-union-kenyan-plan-leave-international-criminal-court>

[12] JOURNAL DU MALI. “Burundi: Le divorce avec la CPI consommé” disponible en <http://www.journaldumali.com/2016/10/19/burundi-divorce-davec-cpi-consomme/>

[13] DEUTSCHE WELLE “Burundi-CPI: Alain Aimé Nyamitwe s’explique” Disponible en <http://www.dw.com/fr/burundi-cpi-alain-aim%C3%A9-nyamitwe-sexplique/a-36081842>

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