Instituciones catalanas ante el 1 de Octubre: algunas analogías históricas

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La situación política actual en Cataluña afecta fundamentalmente las esferas del derecho constitucional, internacional y europeo, pero merece ser analizada también desde la perspectiva histórico-jurídica, brevemente y a modo de ensayo –por motivos de espacio y tiempo−, pero sin sacrificar el rigor científico.

La que hoy es una comunidad autónoma en el marco del estado español tuvo durante largos siglos, por lo menos entre los siglos XIII y principios del XVIII, un firme entramado institucional adicional a las estructuras de la corona –casa, corte, patrimonio y tribunales del rey, resumidamente− que singularizó la comunidad política de los catalanes y forjó su identidad como pueblo en el seno de la Corona de Aragón, en primer lugar, y de la monarquía hispánica, sucesivamente. Hoy no se trata de estudiar las piezas de ese entramado propio, de carácter ampliamente representativo y participativo dentro de los parámetros pre-liberales. Entre ellas destacaron las Cortes catalanas, cuyas ricas deliberaciones siguen editándose, la Diputació del General o Generalitat, erario provincial dotado de fuertes competencias políticas, y el Consell de Cent de la ciudad de Barcelona, un excepcional autogobierno local, emulado en menor escala por otras ciudades, villas y lugares de Cataluña.

Pretendemos solamente ofrecer unas reflexiones sobre la historia institucional en dos aspectos: de un modo muy conciso, como elemento legitimador relativamente frustrado del autogobierno catalán vigente, en la tensión creciente entre el Estado español y Cataluña −a estas alturas este sujeto político es innegable− e incluso en el seno de la metamorfoseada clase política catalana; de un modo más detallado, como sugerente antecedente de muchas innovaciones –que quizás no lo son tanto− de la última década. Haremos el ejercicio en base a la historiografía más reciente, que, con excepciones, desafortunadamente no tiene suficiente presencia en la red ni las traducciones al inglés que merecería.

Como punto de partida, proponemos un resumen de hechos de los últimos cuarenta años, escrito desde la perspectiva catalana −que ha tenido una proyección mucho menor que la estatal española−, forzosamente escueto –mejor dicho, telegráfico− e instrumental –para enlazar con los antecedentes históricos que hemos anunciado: Desde 1976, bajo el manto de la transición democrática, pactos políticos, ley de amnistía, proceso constituyente y texto constitucional menos modélicos de lo que se creyó y se pretendió vender, bajo un fuerte riesgo de involución; proceso de recentralización, crisis en el modelo territorial, dilución y progresivo acotamiento del autogobierno de comunidades autónomas; incapacidad para articular un estado plurinacional, lo que llevó a deslealtades cruzadas; crisis de legitimidad del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, forjado con muchas tiranteces, aprobado por el Parlamento catalán en 2005 y por las Cortes españolas en 2006, referendado por la población catalana y severamente enmendado por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010; asunción por parte de una creciente capa de población catalana de un “derecho a decidir” –se evitó durante largo tiempo la apelación al derecho de autodeterminación-; movilización de modo pacífico y logísticamente admirable de la sociedad civil; consultas populares a nivel local y, el 9 de noviembre de 2014 (9-N), consulta simbólica a nivel general, sin efectos vinculantes pero con gran efectismo; asunción por un segmento cada vez mayor de la clase política de la reivindicación popular; elección en 2015 de representantes al Parlament que, tras vaivenes en el seno de la compleja mayoría soberanista, eligieron un gobierno con el cometido de preparar estructuras de estado y llevar la comunidad autónoma a la independencia si así lo deseaba una mayoría del pueblo catalán mediante un referéndum –el que se ha realizado el 1 de octubre (1-O).

Escaso émfasis en el autogobierno histórico catalán como elemento legitimador

Es tan conocido y comprensible como interesado el debilitamiento de las legitimaciones históricas en regímenes y diseños institucionales liberales. En la transición democrática española contemporánea que nos ocupa se optó sobre el papel por girar la espalda al pasado, excepto en aspectos muy concretos como la reinstauración de la monarquía –previamente apuntalada por el régimen franquista− y su regimen tradicional de sucesión al trono. Otras excepciones tocaron a la organización territorial del estado: La restauración preconstitucional de la Generalitat de Cataluña en 1977; dentro del marco constitucional, el ambiguo reconocimiento de la existencia de nacionalidades –al lado de regiones–, el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales –restringidos a los territorios vascos y Navarra en la práctica y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional−, la previsión de una vía acelerada de acceso a un techo superior de autonomía para los territorios que hubieran referendado un estatuto de autonomía durante la IIa República o la facultad dada a las comunidades autónomas con un derecho civil propio para conservarlo, modificarlo y desarrollarlo. En definitiva, se optó por una vía de en medio a todas luces insatisfactoria.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2005-2006 intentó dar un paso al frente y recogió en su artículo 5º una cláusula legitimadora adicional del autogobierno catalán basada en los derechos históricos, las instituciones seculares y la tradición jurídica catalana, en el marco constitucional y para ámbitos precisos como el derecho civil, la lengua, la cultura, su proyección en el ámbito educativo y el sistema institucional de la Generalitat. Así, el Estatuto no renunció a la vía de los derechos históricos –desaconsejaba hacerlo la experiencia vasca y navarra, muy existosa en los ámbitos fiscal y financiero−, pero tampoco los abrazó con convicción. La sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 arriba mencionada fue muy severa con este intento del artículo 5º y lo desautorizó con un pronunciamiento interpretativo muy opinable que dejó la cláusula de los derechos históricos en una mera enunciación sin eficacia jurídica.

En 2014 se conmemoró el Tricentenario de la derrota de las instituciones catalanas en la Guerra de Sucesión, que provocó una abolición radical del derecho público catalán formalizada con el decreto de Nueva Planta de 1716. Los actos y las publicaciones de la conmemoración fomentaron la memoria de las libertades históricas perdidas, una memoria que ha sido escasamente tenida en cuenta en las reivindicaciones del derecho a decidir y la voluntad de secesión del Estado español. Hasta la fecha de hoy, las instituciones catalanas recurren a la historia poco y a nivel simbólico, por ejemplo para clasificar como centésimo trigésimo al actual presidente del Gobierno de la Generalitat, tomando como antecesor primero de referencia a Berenguer de Cruïlles, diputado eclesiástico de la Diputació del General cuyo mandato se inició en 1359. Esta desatención puede sorprender, puesto que la historiografía de las últimas décadas ha negado que se puedan seguir explicando en clave de decadencia las instituciones catalanas de la edad moderna −se ha corregido en un modo similar el paradigma o estigma de la decadencia económica o cultural del Barroco catalán.

Analogías históricas de la situación actual

Antes del referido decreto de Nueva Planta, en varios momentos históricos las instituciones representativas de la Cataluña moderna actuaron firmemente para defender un programa político discrepante de la monarquía hispánica, lo que contrastó con la docilidad de las instituciones castellanas coétaneas. Citamos solo algunos encontronazos de entidad, a sabiendas que cada uno tuvo su periodo de gestación: 1568, 1593, 1626 y 1632, entre 1640 y 1652 o entre 1705 y 1714 –este último periodo con la complejidad añadida de unas instituciones alineadas con un monarca, Carlos III o el archiduque Carlos de Austria, alternativo al que inicialmente habían jurado, cuya legitimidad estaba en duda. Avanzamos que los desafíos, principalmente los más frontales y directos, fracasaron ante las armas rivales.

Salvando las distancias temporales y con los advertidos anacronismos, podemos identificar algunas analogías −si lo prefieren, casos inspiradores o casi precedentes.

El derecho a decidir que entidades soberanistas, instituciones y particulares han reivindicado con insistencia desde por lo menos el año 2006 tiene un cierto paralelismo con la tesis de la monarquía electiva que difundió en Cataluña un potente círculo de eruditos e historiadores en la década de 1620 y se utilizó a partir de 1640 para legitimar la adopción de Luis XIII de Francia como conde de Barcelona. Tal tesis sostenía que a finales del siglo VIII unos protocatalanes se habían liberado del yugo musulmán y se habían puesto de modo libre y voluntario bajo la protección de Carlomagno, reservándose una facultad de retrocesión del poder en caso de que la monarquía incumpliera los pactos fundacionales y sucesivos con la comunidad. Con esta tesis, los grupos dirigentes del principado de Cataluña en cierto modo emulaban los legendarios fueros de Sobrarbe de los que sus vecinos aragoneses se habían orgullecido durante siglos.

Las sesiones de Cortes catalanas celebradas en Barcelona en 1626 y 1632, presididas respectivamente por Felipe IV y su hermano el cardenal-infante Fernando de Austria, han sido a menudo tildadas de fracasadas por el hecho de haber quedado inconclusas. Consideramos defendible que fueron relativamente exitosas porque los tres estamentos que entonces configuraban la comunidad política catalana consiguieron escapar al proyecto político de la monarquía, encarnado en la Unión de Armas del conde-duque de Olivares, y replicarle de modo tenaz con un proyecto diametralmente opuesto, el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la observancia del derecho. La fuerte confrontación política, inédita en Europa en un contexto de debilitamiento de instituciones protoparlamentarias ante el avance de monarquías autoritarias, se vehiculó mayoritariamente a través de disentimientos duraderos y tenaces, actos individuales o colectivos de legítimo bloqueo parlamentario. La tramitación en septiembre de 2017 de las dos leyes centrales en el proceso de autodeterminación catalán ha estado envuelta de fuertes polémicas y actos de bloqueo recíprocos, procedimentales o políticos, entre parlamentarios secesionistas y unionistas –remitimos al artículo de Pau Bossacoma en este mismo número, “El referéndum de autodeterminación de Cataluña”. Sin legitimar para nada lo sucedido, acudimos a la perspectiva histórica para explicar que en la multisecular tradición parlamentaria catalana, particularmente en momentos de extrema complejidad, no han faltado episodios de frentismo, ciertamente difíciles de reconducir. En ámbito parlamentario, otro paralelismo reside en, por un lado, el carácter marcadamente propositivo de los estamentos catalanes durantes los siglos XVI y XVII, que a través de una comisión de ‘constitucioners’ sugerían la mayoría de proyectos legales que luego serían objeto de deliberación –y quizás decretación regia− y, por otro lado, el bagaje legislativo innovador impulsado por el Parlamento catalán en su última legislatura, un bagaje mayoritariamente impugnado por el gobierno estatal y suspendido o anulado por el Tribunal Constitucional.

Enlazando con este bagaje, traemos a colación que en septiembre de 1640, ocho años después de las sesiones de Cortes inconclusas de 1632, a remolque de un motín popular que encendió la mecha de lustros de alta tensión política y conflictos constitucionales con la corte, la Diputació del General convocó una Junta General de Brazos –unas Cortes sin rey, hablando llanamente− a la que, entre otros, acudieron un gran número –mayor que con ocasión de Cortes propiamente dichas− de representantes de ciudades, villas y lugares de Cataluña. La fuerza del municipalismo –más del 75% de alcaldes han prestado oficialmente pleno apoyo al referéndum en 2017− no es la única analogía que buscamos. La Junta General de Brazos, presidida por el diputado eclesiástico Pau Claris, deliberó resistir ante la presión militar de la monarquía hispánica y cimentar los pilares, considerados revolucionarios por autores como Eva Serra, de un nuevo ente político catalán: implementación de un nuevo impuesto para sufragar la guerra –la “nova ampra”−, varios medios de reclutamiento de tropas –entre ellos el “Batalló”−, emisión de deuda pública patriótica, etc. La creación de estructuras de estado –fiscales, diplomáticas o de información, por citar solo algunas−, es decir capaces de servir a un nuevo ente soberano, ha sido una prioridad pública del gobierno de la Generalitat que ha convocado el referéndum del 1 de octubre.

En el resbaladizo terreno de los futuribles es oportuno recordar que a partir de octubre de 1652, cuando la mayor parte de Cataluña regresó bajo obediencia de Felipe IV, tuvo lugar una represión de la que cada vez conocemos mejor el alcance. Consistió principalmente en intervenir las principales instituciones representativas catalanas, que habían salido fuertemente endeudadas de la guerra, a través de sus mecanismos electorales, de tipo insaculatorio, en catalán llamados popularmente “de sac i sort”. La monarquía se reservó la facultad de desinsacular a desafectos de las bolsas de donde podían ser extraídos a suerte y filtrarlos en futuras insaculaciones. Ello supuso eclipsar derechos de participación política muy estimados. Como reacción, las clases dirigentes fueron potenciando una institución exenta de tutela regia, el brazo militar o nobiliario en versión extraparlamentaria, cada vez más nutrido –no estrictamente de aristócratas, aunque tampoco de grupos populares.

A medida que el siglo XVII se acercaba a su fin, ante la urgencia de reaccionar a contrafacciones de la monarquía y a la vis expansiva de la jurisdicción militar, en un contexto bélico reiterado con Francia, representantes de las principales instituciones catalanas –Diputació del General, Consell de Cent y brazo militar extraparlamentario− iniciaron reuniones, deliberaciones y actuaciones consorciadas, a dos o tres bandos, lo cual también se ha producido en fechas recientes, si bien con actores distintos –incluyendo las entidades soberanistas de una parte de la sociedad civil muy movilizada.

Por lo que respecta a las contrafacciones −actos de oficiales regios o señoriales contrarios a las constituciones pactadas en Cortes y otros derechos de Cataluña−, cabe destacar que las Cortes de 1701-1702, presididas por Felipe V, aprobaron después de un denso debate político tres normas que configuraron un Tribunal ad hoc de composición mixta y paritaria encargado de juzgarlas. Tres dignatarios de la Real Audiencia compartirían mesa, interpoladamente, con tres dignatarios de los estamentos –comúnmente, el canónigo de mayor antigüedad de un capítulo catedralicio catalán que se hallare en Barcelona, el protector del brazo militar extraparlamentario y el primer o el segundo conseller de Barcelona− y decidirían los casos conjuntamente, con el azar como encargado de deshacer previsibles empates. Este tribunal, del que apenas se sabía nada hasta fechas recientes, juzgó por lo menos dieciocho contrafacciones entre 1702 y 1705 y debió de inhibir muchas otras. Se erigió así en un serio defensor de los derechos de Cataluña ante las arbitrariedades de las autoridades regias y señoriales –ello no significa que tuviera ningún acento antifeudal. En las Cortes de 1705-1706, presididas por el mencionado Carlos III, la reglamentación del Tribunal fue objeto de interesantes enmiendas para superar disfunciones experimentadas en su primera fase. Durante seis años, pero, quedó aletargado −comprensiblemente la coyuntura bélica empujó a la búsqueda de soluciones extrajudiciales. El Tribunal no fue reactivado hasta 1713, cuando Cataluña de facto funcionaba como una república. A nuestro entender, en la actualidad se produce una sugerente paradoja en relación con este Tribunal −parangonable en ciertos aspectos a un Tribunal Constitucional avant la lettre−, con las contrafacciones y con la observancia del derecho. Históricamente las instituciones catalanas se habían parapetado detrás de la sacralización de la observancia y el respeto ad unguem de las constituciones pactadas con la monarquía. En la actualidad, las instituciones y los sectores sociales del soberanismo, que se han sentido impotentes ante un marco constitucional rigidizado e interpretado restrictivamente, tienen mejores bazas en la legitimidad que en la legalidad estricta, mientras que la bandera del constitucionalismo ha sido izada por el Gobierno del Estado −unos años atrás el Partido Popular aznariano intentó una apropiación del patriotismo constitucional habermasiano.

En cualquier caso, el Tribunal de Contrafaccions creado hace poco más de trescientos años nos deja una buena lección: En momentos de enorme tensión política surge la oportunidad para implementar innovaciones institucionales valientes. Ignoramos si esta lección valdrá para el caso de un futuro proceso constituyente catalán o de un ahora improbable pacto político para mejorar el encaje de Cataluña en el Estado español –otras opciones solo postergarán el problema.


Imagen: http://despiertaalfuturo.blogspot.pe/

Notas bibliográficas

Albareda, Joaquim (2010), La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Ed. Crítica.

Capdeferro, Josep (en prensa, 2017), “The configuration of the Tribunal de Contrafaccions of Catalonia in the Corts of 1701-1702”, Ed. Routledge.

Capdeferro, Josep y Serra, Eva (2015), El Tribunal de Contrafaccions de Catalunya i la seva activitat (1702-1713), Barcelona, Parlament y Generalitat de Catalunya. http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/publicacions_per_temes/historia/TJC34.pdf <octubre 2017>

Capdeferro, Josep y Serra, Eva (2015), Casos davant del Tribunal de Contrafaccions de Catalunya (1702-1713), Barcelona, Parlament y Generalitat de Catalunya. http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/publicacions_per_temes/historia/TJC35.pdf <octubre 2017>

Elliott, John Huxtable (1963), The Revolt of the Catalans: a study in the decline of Spain (1598-1640), Cambridge, Cambridge University Press.

Ferret, Joaquim (2011), “Los derechos históricos”, en Revista Catalana de Dret Públic, nº especial STC sobre el Estatut, pp. 22-24. http://www.raco.cat/index.php/RCDP/article/view/262856/350329 <octubre 2017>

Ferro, Víctor (1987), El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo Editorial (obra reeditada en 2016 por el Institut d’Estudis Catalans).

Martí, Eduard (2008), La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana, Lleida, Pagès editors-Fundació Ernest Lluch.

Martí, Eduard (2009), La Classe dirigent catalana: els membres de la Conferència del Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714), Barcelona, Fundació Noguera. http://www.fundacionoguera.com/libros/51%20CLASSE%20DIRIGENT%20Cat.pdf <octubre 2017>

Martí, Eduard (2016), El braç militar de Catalunya (1602-1714), Valencia, publicacions de la Universitat de València.

Montagut, Tomàs de (2007-2008), “Els drets històrics a Catalunya”, en Ivs Fvgit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, nº 15, pp. 125-137. http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/26/06montagut.pdf <octubre 2017>

Pérez Latre, Miquel (1996), “Les torbacions de Catalunya (1585-1593). De les Corts a la suspensió del nou redreç de la Diputació del General”, en Afers, nº 23/24, pp. 59-98.

Puig, Eduard (2012), Intervenció reial i resistència institucional: el control polític de la Diputació del General i del Consell de Cent de Barcelona (1654-1705) [tesis doctoral], Barcelona, Universitat Pompeu Fabra.

Serra, Eva (1991), “1640: Una revolució política. La implicació de les institucions”, en AA. VV., La revolució catalana de 1640, Barcelona, Ed. Crítica, pp. 3-65.

Serra, Eva (2016), “El naixement de la concepció de la ciutadania”, en AA. VV., Dret, conflictes i justícia. Barcelona 1700, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, pp. 51-93.

Simon, Antoni (1999), Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Simon, Antoni (2011), Del 1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política internacional europea, Publicacions de la Universitat de València y Institut d’Estudis Catalans, Valencia, 2011.

Torres, Xavier (2006), La Guerra dels Segadors, Vic-Lleida, Eumo Ed.-Pagès Ed.

Vernet, Jaume (2011), “Derechos históricos”, en Revista Catalana de Dret Públic, nº especial STC sobre el Estatut, pp. 25-27. http://www.raco.cat/index.php/RCDP/article/view/262856/350329 <octubre 2017>

Villanueva, Jesús (2004), Política y discurso histórico en la España del siglo XVII: las polémicas sobre los orígenes medievales de Cataluña, Alicante, Publicacions de la Universitat d’Alacant.

 

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Josep Capdeferro
Licenciado en Derecho por la UPF, ha hecho los cursos de doctorado en Historia del Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens Vives y una estancia de dos años de formación complementaria en París con una beca de 'La Caixa' y el Gobierno francés y otra de la Generalidad de Cataluña. En su tesis doctoral (UPF, 2010) ha retratado la ciudad de Girona en los siglos XVI y XVII a través de sus pleitos y negociaciones jurídico-políticas, conducidos principalmente por el célebre jurista Joan Pere Fontanella (1575-1649). Actualmente es profesor lector de la UPF, y también ha sido profesor visitante en la UPNA (Universidad Pública de Navarra) y tutor académico en el centro asociado de la UNED de Terrassa. Sus publicaciones versan sobre historia de las instituciones políticas (sobre todo Cortes, Generalitat y municipios de la Cataluña moderna), ius commune tardío), los juristas y de sus obras de doctrina. Tiene una predilección por el estudio con fondos de archivo y con alegaciones y literatura jurídica. En 2014 José Capdeferro y Eva Serra (profesora emérita de Historia Moderna de la UB) han culminado una investigación sobre el Tribunal de Contrafacciones de Cataluña.

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