El “modelo“ del ´92: Mientras más cambia, más sigue igual

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Por estos días recordamos que el quiebre de la institucionalidad democrática del 5 de abril de 1992 permitió a Alberto Fujimori establecer un régimen que sería responsable de graves actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Por estos crímenes, hoy están en prisión el ex presidente y varios de sus allegados. Sin embargo, no debemos olvidar que, además, el autogolpe también le permitió consolidar un nuevo modelo de desarrollo, orientado a la libertad económica individual, liberalización de mercados, y minimización del rol del Estado. Este modelo neoliberal, que persiste hasta la actualidad, se vio plasmado definitivamente en la Constitución de 1993, y particularmente en su capítulo económico.

 

Hoy, un cuarto de siglo después, tenemos un país solvente, con sólidos indicadores económicos y que es parte de la nueva “clase media“ mundial, pero que aún enfrenta grandes brechas, vulnerabilidades y desigualdades de desarrollo, así como creciente inseguridad y conflictividad social. El modelo permitió, gracias a la disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica, abordar algunos de nuestros grandes problemas, pero ciertamente no todos nuestros problemas, ni tampoco los más importantes, necesariamente. La mejor evidencia de esto es el persistente y mayoritario descontento de la ciudadanía con el Estado, democracia y condiciones de vida que muestran cada año estudios como el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas. Como escribió Alberto Vergara, el neoliberalismo cumplió su promesa de “mercados desregulados, crecimiento económico, desigualdad si hacía falta, (y) el individuo como consumidor y/o empresario“, pero queda pendiente aún cumplir la promesa republicana mucho más antigua de “igualdad, instituciones y ciudadanos“.

 

Gracias al éxito del modelo en el plano económico, y a pesar de la enorme agenda pendiente en las otras dimensiones del desarrollo, hoy mantenemos la esencia de este marco impuesto en un contexto de pobreza, crisis y autoritarismo para un país que ha cambiado mucho. Es más, los años de bonanza (2004-2014) propiciados por los precios internacionales de los metales parecieran haber reforzado el convencimiento de que lo económico es lo primordial como medio y fin del desarrollo, por sobre lo social, lo ambiental y el fortalecimiento de la democracia.En los medios de comunicación y debates políticos, las voces que cuestionan esto son minoritarias y no siempre bienvenidas. Se comenta mucho la espectacular reducción de la pobreza en términos monetarios, pero casi nada acerca de la vulnerabilidad y precariedad actual de las nuevas “clases medias“.

 

Ahora, mirando más de cerca al modelo, ¿realmente se ha mantenido inalterable por un cuarto de siglo? Pues, sí y no. En lo fundamental, sí, los principios del ´92 siguen vigentes: las consideraciones de crecimiento económico, privatización y promoción de la gran inversión aún prevalecen en la práctica, al hacer políticas, sobre las consideraciones sociales, ambientales y democráticas del desarrollo.

 

Cuando han entrado en conflicto, casi siempre han prevalecido las consideraciones económicas y privatizadoras. Se mantuvo esta orientación durante los gobiernos de Toledo y García, que fueron elegidos con promesas de reforma. Incluso se mantuvo en el gobierno nominalmente “transformador“ de Ollanta Humala, donde (por citar un caso) las principales medidas de reactivación económica fueron “paquetazos“ que debilitaron la frágil institucionalidad ambiental y los derechos laborales. Y se mantiene en el gobierno actual donde, por ejemplo, destrabar grandes proyectos paralizados ha sido la gran prioridad para dinamizar la economía, pero ni en el plan de gobierno ni como gobernante ha evaluado públicamente sus posibles impactos sociales y ambientales.

 

No obstante esta continuidad, también es destacable que desde fines de los años noventa ocurrieron cambios significativos que han dado un rostro más “humano“ y “sostenible“ al modelo. Y en la práctica estos cambios han reducido en algo el fuerte desequilibrio de los noventas entre la preocupación por lo económico y los demás aspectos del desarrollo. Para empezar, se ha adoptado para el planeamiento y políticas un discurso oficial mucho más cercano al desarrollo humano y sostenible, que es multidimensional y exige que los objetivos económicos no sean perseguidos sin considerar sus efectos sociales, ambientes y político-institucionales.

 

En el plano de la política social, a diferencia de los años noventa, ésta ya no se reduce a programas sociales que funcionaban aisladamente como “ambulancias“ para recoger los heridos del ajuste económico y también, a veces, como herramientas para el proselitismo y la corrupción. Se ha mejorado e integrado sustantivamente el manejo focalizado de los programas contra la pobreza, se han orientado más al desarrollo y menos a la asistencia temporal, y (aunque tímidamente) se ha empezado a vincularlos a las políticas sociales universales de educación y salud que deberían ser mucho más relevantes en un país de ingreso medio-alto. En general, la consideración de los temas sociales hoy está mucho más integrada a la de los temas económicos, incluso en los niveles más altos de decisiones, pero sigue prevaleciendo la atención a la pobreza antes que al ejercicio de derechos universales.

 

Lo ambiental también ha adquirido mayor pertinencia pero la institucionalidad sigue siendo relativamente débil y está aún más claramente subordinada a las consideraciones económicas que en el caso de lo social. Sin embargo, desde 2008 existe un Ministerio del Ambiente, y se han asumido importantes compromisos internacionales en temas de medio ambiente y cambio climático. No obstante, cuando los compromisos ambientales y las prioridades del modelo neoliberal se han enfrentado, los segundos siempre han salido vencedores, como cuando se promulgó un paquetazo de reactivación económica que debilitaba la fiscalización ambiental a pocos meses de ser anfitriones de la COP 20.

 

A pesar de que en el discurso y en la práctica hoy hay menor distancia entre las distintas dimensiones del desarrollo, cuando hubo algún conflicto entre los objetivos de estas, siempre han prevalecido las prioridades establecidas en 1992. Mientras más ha cambiado el modelo, más evidentes se han hecho sus aspectos incuestionables. Queda la pregunta: ¿alcanza esto para resolver la enorme agenda pendiente de desarrollo en el país, incluyendo lo social, ambiental y la consolidación democrática?

FUENTE DE IMAGEN: http://e.rpp-noticias.io/normal/2016/04/05/253625_112328.jpg

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