¿Avanzamos contra la indiferencia?: Comentarios a la Nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

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El pasado lunes 23 de noviembre, se publicó en el Diario El Peruano la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la misma que derogó la ya desfasada Ley N° 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar (en adelante, “LPFVF”). En el presente artículo, comento por qué, desde mi situada perspectiva, considero que esta nueva ley significa un avance normativo del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres y otros integrantes del grupo familiar. A su vez, esbozo puntos que estimo importantes y que no fueron tomados en cuenta. Lo que más me preocupa, definitivamente, son las dificultades en la implementación de la norma; toda vez que esta requiere de recursos económicos, humanos y logísticos que, mientras no converjan de manera eficiente, pueden generar una situación de desprotección frente a muchas mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia. A continuación, planteo mis comentarios.

  1. Reconocimiento del concepto de violencia contra las mujeres por razones de género

Una de las críticas más fuertes a la ley anterior era que se limitaba a sancionar los actos constitutivos como violencia familiar, es decir, aquellos cometidos únicamente por personas vinculadas familiarmente a la víctima (cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientas colaterales hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar sin relación laboral o contractual, quienes hayan procreado hijos)[1]. Es decir, no existía en nuestro país una norma que sancionara la violencia contra la mujer por razones de género, sino únicamente en contextos familiares.

La nueva ley, en cambio, reconoce en su artículo 5 la definición de violencia contra las mujeres de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”. Esto significa que reconoce que la violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito doméstico –pues puede ocurrir también en el ámbito público- y, además, implica la comprensión de que este problema responde a desigualdades estructurales sociales hacia las mujeres, es decir, se da por razones de género.

Este cambio es positivo porque con la anterior ley había situaciones de violencia hacia las mujeres que no acarreaban ninguna respuesta por parte del Estado (si no se daban en el ámbito doméstico o  no calzaban como delitos del Código Penal o faltas tipificadas en otra ley especial). Además, significa la adecuación del Estado Peruano a estándares internacionales en materia de derechos humanos que se había comprometido a cumplir nueve años atrás[2].

También es favorable que se cumplan las obligaciones internacionales con el reconocimiento que hace la norma en su artículo 9 del derecho a una vida libre de violencia, que incluye los derechos a la no discriminación en todas sus formas, a la no estigmatización y a la no estereotipación en base a conceptos de inferioridad y subordinación.

2. Reconocimiento de violencia física, psicológica, sexual y económica

También resulta positivo que la norma defina, en su artículo 8, los cuatro tipos de violencia mencionados en torno a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar: física, psicológica, sexual y económica.

Además, los reconocimientos de los tipos de violencia se adaptan a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se establece que se puede configurar violencia sexual aunque no haya penetración ni contacto físico con la víctima, y se reconoce la violencia patrimonial hacia las mujeres que anteriormente no estaba reconocida en ningún dispositivo normativo nacional.

3. Inclusión de enfoques diversos de protección de derechos humanos

Es sumamente rescatable que la norma considere enfoques que deben ser aplicados transversalmente al interpretar y aplicar la ley en su artículo 3. Por ejemplo, el hecho que se incluya el enfoque de integralidad en torno a la violencia reconoce que esta se da por múltiples causas y factores, tanto individuales como estructurales. Asimismo, la inclusión de los enfoques de derechos humanos, interculturalidad, generacional e interseccionalidad exige tomar en cuenta las diferentes experiencias de violencia y discriminación que viven las mujeres de nuestro país en torno a diferentes variables (edad, raza, clase, estado civil).

En este punto, si bien resulta positivo que se incluya como una de las variables a considerar -al comprender la interseccionalidad- la orientación sexual de las mujeres, veremos que esta es la única referencia a las personas LGTBI en la norma. En ese sentido, resulta cuestionable que no se incluyan como variables ni la identidad de género ni la expresión de género y, además, que no se reconozca específicamente a las mujeres e integrantes del grupo familiar que son LGTBI como un sector en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia en nuestro país.

4. Reconocimiento de derechos de las víctimas de violencia

En la norma anterior, no se enumeraban ni desarrollaban derechos de las víctimas (y consecuentes obligaciones estatales). Por ello, resulta especialmente positivo que la nueva ley recoja diversos derechos de las víctimas en su artículo 10. Uno de ellos es el derecho de las víctimas a un acceso a la información amplio en torno a las vías de denuncia de actos de violencia. Es así que resulta obligación de los operadores estatales señalarles todos los canales existentes y asesorar a las víctimas; teniendo en cuenta la propia lengua de la misma.

También, es sumamente valorable que se reconozca el derecho de las víctimas a la atención en salud gratuita en cualquier establecimiento de salud del Estado, así como a la asistencia social. Sin embargo, queda exigir que estos derechos no queden solo en el papel.

5. Reconocimiento de derechos laborales y en el campo de la educación a víctimas de violencia

Es también positivo que la norma reconozca derechos a las víctimas en el ámbito laboral y en el ámbito educativo; pues esto se condice con la comprensión de que la violencia hacia las mujeres y demás integrantes del grupo familiar es un asunto social y que así merece ser tratado por parte del Estado. Debemos estar atentos, sin embargo, a la reglamentación de la norma para ver cómo se planteará la implementación específica de estos derechos.

En torno a los derechos laborales (artículo 11), se reconoce el derecho a no sufrir despido por causas vinculadas a la violencia, al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible, a la justificación de inasistencias y tardanzas –con un límite- debido a situaciones de violencia y a la suspensión temporal de la relación laboral por parte del juez con derecho a la reincorporación. Estos derechos cobran una mayor relevancia si se comprende que la causa principal de violencia hacia las mujeres en nuestro país ocurre porque los varones agreden a sus parejas cuando estas quieren salir a trabajar al ámbito público[3].

Entre los derechos en el campo de la educación que se les reconocen a las víctimas de violencia (artículo 12), se reconocen la posibilidad de cambiar de lugar y horarios de estudios, la justificación de inasistencias y tardanzas- con un límite- y la atención especializada en el ámbito educativo a las secuelas de la violencia.

6. Procesos más céleres y con mayores garantías de tutela frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. ¿Cómo se viabilizarán?

En materia procesal en torno a la tutela de víctimas de violencia, se han introducido cambios de gran relevancia en el Título II de la nueva norma. Si bien seguimos manteniéndonos bajo un esquema que diferencia al proceso penal del proceso de tutela, este último ahora no incluye la participación de fiscales de familia (modificándose así el artículo 8 de la LPFVF), sino directamente de los juzgados de familia. Se mantiene como necesaria la aún pendiente de creación de juzgados especializados en violencia contra la mujer, como ocurre en otros países.

En esta línea, resulta positivo que se haya establecido en el artículo 15 la obligación por parte de la Policía Nacional del Perú de comunicar los actos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías a nivel nacional, en un máximo de 24 horas al juzgado de familia o al juzgado que cumpla sus funciones. Asimismo, la norma señala en su artículo 16 que el juzgado de familia (o equivalente) tiene la obligación de resolver en un máximo de 72 horas las medidas de protección que son necesarias de ser otorgadas a la víctima para proteger su integridad. Esto resulta favorable porque anteriormente la resolución de medidas de protección se dilataba, ya que los fiscales de familia derivaban la resolución de estas medidas a los fiscales penales, quienes eran los que las solicitaban al juzgado. Sin embargo, un problema que la ley en sí misma no va a erradicar es la falta de personal y recursos económicos en los juzgados de familia o sus equivalentes. Por lo tanto, para que se cumpla con el proceso más célere que está reconocido en esta ley, será necesario que el Estado destine más recursos a estas áreas. De lo contrario, podría ocurrir que los juzgados de familia y equivalentes no se den abasto para cumplir con las nuevas obligaciones que la ley les otorga y esto acarrearía una mayor desprotección de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia.

También se contempla que la resolución de medidas de protección debe darse en una audiencia oral, lo que garantizaría que el juzgado conozca de forma inmediata la situación de la víctima a diferencia de lo que ocurría anteriormente. También, resulta positivo que en esta misma audiencia el juzgado pueda pronunciarse sobre las medidas cautelares que resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, entre otros, porque esto agiliza el otorgamiento de las mismas que antes tenían que ser solicitadas de manera aparte (artículo 11 de la LPFVF).

Asimismo, se contempla que -finalizado el proceso y probados los actos que constituyen violencia hacia la mujer o integrantes del grupo familiar pero no se configuran como delitos- el juzgado de familia pueda sancionar al agresor, por ejemplo mediante una medida de reeducación en temas de género (artículo 20); lo que con la ley anterior no se podía hacer bajo la lógica de mera tutela hacia la víctima. Evidentemente si son actos que se configuran como delitos, la investigación la realiza la fiscalía penal -pudiendo obtenerse una vez finalizado el proceso- una sanción privativa de la libertad.

7. No revictimización y declaración única de víctimas de violencia

El artículo 19 de la nueva ley es positivo porque obliga a que la declaración de niñas, niños, adolescentes y mujeres se realice mediante la técnica de entrevista única y se constituya como prueba preconstituida. A su vez, da la opción para que el fiscal dictamine que a un varón mayor de edad, integrante del grupo familiar y víctima de violencia, también pueda aplicársele esta técnica. Estas medidas han sido contempladas en instrumentos internacionales y buscan evitar que la víctima de violencia tenga que dar su declaración más de una vez, pues esto significaría revivir el hecho traumático. Así, la víctima únicamente tendría que volver a rendir su declaración si se requiere aclarar o complementar algún asunto.

Resulta también bastante rescatable que el artículo 25 de la nueva ley prohíba la confrontación y conciliación entre la víctima y el agresor; a menos que la víctima mayor de catorce años lo solicite. Esto es positivo porque en la actualidad muchos jueces exigen la confrontación y esto termina afectando la integridad de la víctima porque se constituye como una experiencia traumática para la misma.

8. Sobre las medidas de protección

Resulta favorable la incorporación normativa de que la policía deba tener un mapa geográfico y georreferencial del registro de víctimas de violencia que se encuentran con medidas de protección; así como la habilitación de un canal directo con las mismas para atender a sus pedidos de resguardo (artículo 23). Esto no había sido contemplado por ningún mecanismo normativo nacional anteriormente y la situación de las medidas de protección de nuestro país ha venido siendo muy precaria. Sin embargo, nuevamente se hace necesario fiscalizar que se otorguen recursos económicos a la policía para que pueda implementar esto. Además, hubiera sido importante que la norma consagre nuevas medidas de protección posibles dentro de las que detalla; tales como la prohibición de acceso del agresor a lugares de trabajo o estudio de la víctima o el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Otro aspecto positivo en este ámbito es el otorgamiento de valor probatorio a los informes psicológicos acerca del estado de salud mental de las víctimas que realicen los Centros de Emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados (artículo 26). Se enfatiza que estos certificados deben incluir las evaluaciones psicológicas de las víctimas; lo cual es positivo porque con anterioridad siempre se había puesto más énfasis en la violencia física, invisibilizando la psicológica. Asimismo, es valorable que la norma no exija audiencia de ratificación pericial de los certificados y evaluaciones psicológicas en las audiencias del proceso.

Adicionalmente, en el artículo 29 de la norma se establece como política permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporal y la obligación al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de implementar y administrar un registro de los mismos. Resulta necesario contar con una base como la señalada; además que es positivo que se incorpore la política permanente señalada porque en nuestro país siguen siendo escasos e insuficientes los centros de refugio existentes y esto impide proteger a las víctimas y liberarlas del círculo de violencia.

9. Sobre la prevención de la violencia y reeducación de las personas agresoras

Resulta favorable que se contemplen medidas para prevenir la violencia. Una de ellas es la creación de programas re-educativos dirigidos a agresores para evitar que vuelvan a incurrir en actos de violencia. Otra es la obligación a la policía y al Ministerio Público de evaluar el riesgo en las relaciones de pareja cuando haya habido un acto de violencia entre sus miembros (artículo 28). Esto busca prevenir los actos de feminicidio, que en su mayoría demuestran ocurrir luego de haber tenido lugar actos de violencia hacia la mujer, y adoptar medidas de protección en esa línea.

Igualmente, la norma establece que en programas de tratamiento penitenciario se incluya un eje de prevención de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar; el mismo que también deberá otorgarse como mecanismo de re-educación a los agresores que no reciban pena de cárcel (artículos 31 y 32).

Por otro lado, si bien la norma establece en su artículo 46 que los medios de comunicación deben tener especial cuidado con el tratamiento gráfico de las situaciones de violencia contra la mujer que presentan, resultaría necesario que el reglamento esboce algunas guías en torno a qué tipos de contenido podrían ser considerados como vulneratorios de los derechos a la intimidad de las mujeres o a la igualdad y no discriminación. También hubiera sido positivo que la norma contemple la obligación específica de los medios de comunicación de no presentar contenidos estereotipados sobre las mujeres que las coloquen en una posición de inferioridad o subordinación; toda vez que es una obligación que se encuentra consagrada en la Convención Belém do Pará.

10. Creación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

Es positivo que la norma cree en su artículo 33 un sistema funcional que coordine, planifique, organice y ejecute acciones articuladas, integradas y complementarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Este también pondrá énfasis en reeducar a los agresores y atender, proteger y reparar a las víctimas. De esta manera, por ejemplo, se podrá coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para la distribución de recursos a los sectores comprometidos con la aplicación de la ley y se crearán observatorios regionales de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en instancias regionales, provinciales y distritales, y una coordinación del mismo a nivel nacional. Además, de acuerdo al artículo 43 de la ley, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar no solo monitoreará casos de violencia, sino que producirá información e investigaciones y las sistematizará en base a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

También se creará un Protocolo Base de Actuación Conjunta (artículo 41), que unificará los procedimientos para prevenir, atender, proteger, detectar, reeducar y sancionar en torno a los actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel intersectorial. Esto resulta de suma utilidad porque en nuestro país los procedimientos no son de fácil acceso para las víctimas de estos tipos de violencia; toda vez que existen muchos órganos competentes para recibir denuncias o actuar frente a los diferentes actos. Es positivo, además, que contemple que deben establecerse y tenerse en cuenta las situaciones de vulnerabilidad adicionales de las presuntas víctimas (discapacidad, población indígena, entre otras). Hubiera sido necesario incluir expresamente a la población LGTBIQ; toda vez que son un sector vulnerable a la violencia por los valores predominantes en nuestra sociedad que aún perpetúan su exclusión.

Asimismo, la creación del Registro Único de Víctimas y Agresores (artículo 42) será de suma utilidad porque en la actualidad no se tiene una base de datos unificada e integral. Esta permitirá sistematizar los datos de la víctima, del agresor, la tipificación del acto, las causas y consecuencias del mismo para las respectivas coordinaciones intersectoriales.

También se contempla la creación del Centro de Altos Estudios Contra la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del grupo Familiar (artículo 44), bajo dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el mismo que tiene como objetivo generar un sistema integral de especialización y perfeccionamiento de los operadores estatales en sus respectivos roles para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Se señala que todas las acciones que realice este Centro deberán incluir un enfoque de género, de integralidad, de interculturalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad, generacional y de discapacidad.

Se plantean, también, competencias sectoriales. Por ejemplo, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se le pide servir como asesor de las diferentes entidades públicas y supervisar la implementación de la norma; al Ministerio de Educación se le exige eliminar los estereotipos sexistas y discriminatorios de todos los materiales educativos, así como difundir la problemática del acoso entre el personal docente y administrativo; al Ministerio del Interior se le establece promover la creación de la especialidad funcional en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a nivel de la policía; al Ministerio de Transportes y Comunicaciones se le exige velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas a los medios de comunicación en torno al especial cuidado en el tratamiento de la violencia hacia la mujer; al Ministerio de Defesa se le pide incorporar lineamientos educativos sobre contenidos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en las Fuerzas Armadas; entre otros.

De manera crítica, debe señalarse que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya debería haber venido cumpliendo una labor de dirección, asesoría y fiscalización de los diferentes sectores estatales en torno a los temas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Sin embargo, los niveles de violencia hacia las mujeres en nuestro país prácticamente no han disminuido durante los últimos años y nos seguimos consagrando como uno de los países con los índices más altos de violencia a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial[4]. Es así que la norma en sí misma no va a suplir una falta de articulación del Estado ni cambiar el hecho de que la temática de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, lamentablemente, siga sin ser una prioridad política nacional.

Además, preocupa que no se haya destinado una partida presupuestaria para la nueva ley. Esto significa que la norma no va a ser implementada para el próximo año y, entonces, ¿qué ocurrirá con la atención de casos de violencia contra las mujeres? Es necesario que el Congreso se pronuncie en esa línea.

11. Sobre las modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal y Código Civil que plantea la norma

En las Disposiciones Complementarias Modificatorias, la nueva ley plantea modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y al Código civil. En los presentes comentarios, haremos referencia a las más importantes. La primera disposición modifica el artículo 45 del Código Penal, estableciendo como presupuesto para fundamentar y determinar la pena, además de los intereses de la víctima, también la afectación a sus derechos teniendo en cuenta de manera particular si la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Esta modificación resulta positiva, siempre que se entienda la situación de vulnerabilidad de manera social y no como inherente a la persona por alguna condición.

La norma también modifica el artículo 121-A del Código Penal, incorporando una agravante del delito de lesiones graves. Ahora la agravante aplicará no solo cuando la víctima sea un menor de catorce años, sino cuando sea un menor de edad en general, un adulto mayor de 65 años o una persona con discapacidad física o mental y cuando el agente haya aprovechado dicha situación para la comisión del delito. La configuración planteada resulta positiva siempre y cuando se aplique el agravante únicamente cuando el autor del delito se haya aprovechado de la situación de edad o discapacidad de la víctima para cometer su agresión; toda vez que la edad o la discapacidad no deben ser entendidas como condiciones de vulnerabilidad inherentes a la persona en sí mismas.

Cabe acotar que, lamentablemente, la norma refleja un modelo rehabilitador de la discapacidad, pues emplea el verbo de “sufrir” discapacidad; cuando la Ley General de la Persona con Discapacidad vigente en nuestro país ha adoptado el modelo social de la discapacidad, que reconoce que esta no es una enfermedad, sino la interacción de una deficiencia de una persona con una barrera que le impone la sociedad. En tanto, la discapacidad no se “sufre”, pues no es una condición peyorativa de una persona. Además, la norma únicamente contempla el aprovechamiento de una persona en situación de discapacidad física o mental y no se menciona por qué no se ha incluido a las personas con discapacidad sensorial; incurriéndose en una omisión grave.

Otra modificación relevante es aquella que replantea el artículo 121-B del Código Penal, que contemplaba las lesiones graves por violencia familiar, y ahora contiene las lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar. Esta modificación permite configurar una forma agravada de lesiones graves cuando se den contra la mujer, no solamente por violencia familiar como era antes, sino ahora también: i) por coacción, hostigamiento o acoso sexual; ii) abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; y iii) por cualquier forma de discriminación hacia las mujeres sin importar la relación entre el agresor y la víctima. Estas situaciones son aquellas que se presentan para configurar los feminicidios y, si bien resultan positivas para configurar formas agravadas de lesiones, los fiscales deberán tener mucho cuidado al decidir si una acción se configura como lesiones graves en forma agravada por discriminación hacia la mujer o como tentativa de feminicidio. Si la intensidad de la acción es alta y riesgosa para la vida de la mujer, no debería configurarse como lesiones en forma agravada; sino como tentativa de feminicidio.

A este respecto, si bien la modificatoria puede configurarse como un avance, sigue siendo cuestionable que no exista un tipo autónomo de violencia contra la mujer en el Código Penal. Esto porque se sigue exigiendo la configuración previa del delito de lesiones, el mismo que requiere la comprobación de un mínimo de diez días de asistencia o descanso de la persona afectada.

Por otro lado, esta modificatoria también contempla la posibilidad de configurar lesiones graves respecto de otros miembros del grupo familiar si hay relación de ascendencia, descendencia, conyugalidad o convivencia; así como cuando la víctima se encuentre en situación de dependencia o subordinación respecto del agresor.

La ley también modifica el artículo 124 del Código Penal, incluyendo a la lesión psicológica como delito. Esto será de gran utilidad, pues hasta el momento los daños ocasionados por violencia psicológica hacia las mujeres o integrantes del grupo familiar no se encontraban contemplados en nuestro Código Penal, pese a poseer un desvalor de acción igual o mayor que las lesiones físicas en algunos casos. Con la modificación, existirá la posibilidad de investigarlos y sancionarlos.

La norma también modifica el artículo 242 del Código Procesal Penal, incorporando como supuesto de prueba anticipada la declaración de niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados por delitos de violación de libertad personal, libertad sexual, proxenetismo, ofensas al pudor público. Esto está planteado, como se esbozó anteriormente, para evitar la revictimización de los menores de edad y que no tengan que volver a emitir su declaración respecto de vulneraciones a sus derechos humanos sumamente traumáticas. Hubiera sido necesario incluir que la declaración de las mujeres víctimas de violencia, sobre todo violencia sexual, también pueda ser constituida mediante este mecanismo probatorio.

Por último, una modificatoria también importante es la inclusión en el artículo 667 del Código Civil como exclusión de la sucesión por indignidad a los sancionados con sentencia firme en más de una oportunidad por procesos de violencia familiar en agravio del causante.

12. Ausencia de las mujeres e integrantes del grupo familiar LGTBI

Como esbozamos brevemente con anterioridad, resulta cuestionable que no se haya incluido en la norma mención específica a las situaciones de vulnerabilidad a la violencia que viven las mujeres e integrantes del grupo familiar que se identifican como LGTBI. Esto porque ellos son víctimas de violencia en nuestro país de manera muy frecuente e intensa, tanto por agentes estatales como por privados, en el ámbito público y privado. Por ejemplo, entre la violencia cometida por funcionarios del Estado, predominan los casos de serenazgos y policías que otorgan golpes, injurias y desnudan forzosamente a las trabajadoras sexuales trans[5]. Respecto de la violencia cometida dentro de las familias, los jóvenes LGBTI se enfrentan a un ambiente adverso en el cual, cuando revelan su identidad y/u orientación sexual, son víctimas de amedrentamientos, violencia física o de las mal denominadas “violaciones correctivas” por parte de sus familiares. Ejemplo de esto es el joven de veintidós años de Loreto, que fue quemado vivo por su padre cuando este descubrió su orientación sexual[6].

Pese a esta realidad, la Ley N° 30364 se mantiene en silencio respecto de este sector de la población. La alusión genérica al definir el enfoque de interseccionalidad a la consideración de la orientación sexual como factor adicional de violencia resulta insuficiente porque no es desarrollado en ninguna otra parte de la norma; además que no incluye a la identidad de género y a la expresión de género como categorías reconocidas.


(*) El presente artículo ha sido publicado en el portal web del IDEHPUCP el 25 de noviembre de 2015.

Fuente de imagen: Foto obtenida de Colectivo 25n.

[1] Cfr.: Artículo 2 de la Ley N° 26260.

[2] La Convención Belém do Pará reconoce la definición de violencia contra las mujeres por razones de género y establece la obligación de los Estados de adecuarse a la misma. Está en vigencia para el Estado Peruano desde el año 1996.

[3] MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015. Lima: 2009.

[4] Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar. Lima: 2014. OBSERVATORIO DE CRIMINALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO. Estadísticas sobre feminicidio según las características de las víctimas y el presunto victimario. Lima: Ministerio Público

[5] MOVIMIENTO HOMOSEXUAL DE LIMA. Informe sobre la situación de los derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexuales y trans en el Perú (2006-2007). Lima: Ediciones Mhol, 2008 pp. 2-7.

[6] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Registro de Violencia contra las Personas LGBT en América realizado por la Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI. Washington D.C.: diciembre de 2014. Registro No. 202.

1 COMENTARIO

  1. En el artículo se señala: «esto resulta favorable porque anteriormente la resolución de medidas de protección se dilataba, ya que los fiscales de familia derivaban la resolución de estas medidas a los fiscales penales, quienes eran los que las solicitaban al juzgado». Esta afirmación no es cierta, con la anterior Ley de Violencia Familiar, el Fiscal de Familia podía dictar medidas de protección, las mismas que eran convalidadas por el Juez de Familia al calificar la demanda. Contrario a lo que se afirma en el artículo, pienso que esta ley implica un retroceso.

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