Falta mucho para conocer todo el impacto político del escándalo internacional relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. En las últimas décadas, sus prácticas ilegales habrían involucrado 788 millones de dólares en coimas realizadas en doce países, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y en el escándalo están envueltas autoridades y políticos en América Latina (desde Panamá hasta Argentina) e incluso en África (Angola y Mozambique). Sin embargo, algunas cosas ya deberían quedar claras si deseamos entender cómo se llegó a esta situación crítica, y cómo evitar que se repita.
Primero, comprendamos que las condiciones que han permitido que ocurra algo de esta magnitud no se deben simplemente a los modelos económicos de derecha o izquierda que algún gobierno aplique por unos años (como argumentan de manera oportunista ciertos analistas), sino a deficiencias profundas en nuestras democracias. Cuando la corrupción parece haber involucrado a los gobiernos sucesivos e ideológicamente encontrados de Rousseff y Temer en Brasil, así como a los polos opuestos de Maduro en Venezuela y García en Perú, deberíamos preguntarnos, más bien: ¿qué problemas tienen en común estos estados en su manera de hacer políticas y asignar los recursos públicos en democracia?
Segundo, también debería quedar claro que estos actos de corrupción de alto nivel no son delitos aislados o acercamientos intempestivos de las empresas a los funcionarios públicos, sino parte de patrones de interacción bien establecidos entre el Estado y ciertos grupos poderosos. Lo que ha permitido que ocurran los actos de corrupción es, en gran medida, el acceso indebidamente privilegiado de algunos intereses privados a los procesos de toma de decisiones. Este acceso de ciertos grupos privados y poderosos ha sido bien estudiado en muchos países, como lo ha hecho Francisco Durand en el Perú, por ejemplo. En algunos casos este acceso ha venido de la mano de hechos delictivos comprobables y que deben ser castigados. Pero incluso cuando no haya evidencia de coimas, debería preocuparnos que las políticas y las decisiones sobre el uso de los recursos públicos (que finalmente son de todos los ciudadanos) no se estén orientando al bien común y de acuerdo con criterios técnicos, sino al beneficio de unos cuantos poderosos.
Hace 20 años el mundo tuvo una crisis financiera de gran alcance (la Crisis Asiática de 1997) en la que se hizo evidente que la caída económica de países aparentemente muy distintos de Asia Oriental se debía, en buena medida, a factores políticos comunes: el tipo de relación desarrollada entre el Estado y las grandes empresas. Como analizó David Kang en un reconocido estudio de 2002 sobre los casos de Corea del Sur (alabada como estrella del desarrollo económico en su región) y las Filipinas (vista, más bien, como un caso de relativo fracaso), en ambos países la corrupción de alto nivel estaba institucionalizada y era parte integral de sus procesos de decisión sobre políticas, incluyendo las políticas económicas que fueron exitosas por un tiempo. Finalmente, la crisis evidenció que la corrupción y favoritismo de alto nivel en Corea y Filipinas había influido en los procesos electorales, política económica, política tributaria y en el manejo cotidiano del país. Por un tiempo las cosas salieron bien, pero este tipo de relación política Estado-empresa llegó a ser muy perjudicial económicamente porque no se establecieron políticas ni se asignaron recursos de manera eficiente y racional.
Este tipo de relación se denomina capitalismo de amigotes (o también capitalismo clientelista o de compinches, como traducciones del inglés crony capitalism). Especialmente desde los años 90, el concepto ha sido citado frecuentemente por medios internacionales y analizado por numerosos académicos, incluyendo algunos de amplia difusión como Krugman o Stiglitz, pero curiosamente aún no se habla mucho de su pertinencia en los actuales escándalos internacionales de corrupción como el de Odebrecht. Aunque las definiciones varían, podemos decir que el capitalismo de amigotes se refiere a una forma de capitalismo que restringe la asignación de recursos económicos y oportunidades a la élite privilegiada de un país o a los «compinches» políticamente bien conectados (Enderwick, 2005), y que naturalmente tiende a involucrar actos de corrupción para asegurar ciertos favores. Esto hace que los recursos públicos no sean bien asignados, entre otras consecuencias negativas.
Más allá de que los gobiernos involucrados sean de derecha o izquierda, todo esto también suena bastante familiar en América Latina. En Perú y en Brasil, sucesivos representantes de gobiernos de derecha e izquierda han tenido una cercanía inusual con Odebrecht a lo largo de muchos años, como sucede con muchas otras grandes empresas que logran influir de manera desproporcionada en las decisiones sobre políticas e incluso en procesos electorales. Sin esa cercanía, las coimas y arreglos clandestinos que vienen siendo revelados serían casi inconcebibles.
El gran contexto que permite que haya escándalos como el de Odebrecht, entonces, parecería ser el capitalismo de amigotes que prevalece ya casi como condición estructural en nuestros países desde hace décadas atrás, y no las políticas neoliberales ni las políticas del nuevo socialismo latinoamericano. Entonces, poner a todos los culpables de recibir coimas tras las rejas, incluyendo ex presidentes, es necesario pero no suficiente para evitar que esto vuelva a suceder. Tampoco será suficiente con elegir autoridades de distintas tiendas ideológicas a las de los culpables.
De alguna manera hay que empezar a democratizar el capitalismo (sí, el capitalismo, porque finalmente ningún país involucrado en los escándalos es una economía puramente socialista) mediante mejores normas, políticas públicas y el buen uso de los recursos gubernamentales. Es preciso aumentar la transparencia en los procesos administrativos, fortalecer la rendición de cuentas a la sociedad y la participación ciudadana, y el papel fiscalizador de los poderes del Estado y de los medios de comunicación, entre otros aspectos. Reducir este fenómeno no será fácil, ya que incluso en las democracias más institucionalizadas, como EE.UU., se viene hablando de la prevalencia del capitalismo de amigotes (especialmente a partir del escándalo Enron, y hoy más que nunca bajo Trump).
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