Reforma al Código Procesal Civil

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El 18 de octubre del 2016 se constituyó el Grupo de Trabajo encargado de revisar y proponer mejoras al Código Procesal Civil, presidido por Giovanni Priori Posada, y tuvo como colaboradores a Dante Apolín –vicepresidente –, Martín Hurtado Reyes, Mario Reggiardo, Juan Luis Avendaño, Juan Morales Godo, Renzo Cavani Brain, Rolando Martel Chang, Eleuterio Nelson Ramírez Jiménez, Carmen Julia Cabello y Christian Delgado Suárez, todos ellos abogados y académicos reconocidos.

Según Ramiro Bustamante[1], la antigua reforma al Código Procesal Civil, realizada por Juan Monroy y su equipo, estableció un proceso por audiencias, en el cual el juez no solo tenía contacto con las partes, sino también con las pruebas. Sin embargo, la poca capacitación de los jueces, abogados y de todos los operadores de justicia, llevó a que el Congreso de la República elimine las audiencias y dejó únicamente las audiencias de prueba, es decir, hemos retrocedido al modelo del Código de 1912. Hoy tenemos un proceso totalmente escrito. Esto lleva a que la solución de los procesos civiles sea lenta y engorrosa.

Según Bustamante[2], nuestros vecinos Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, y en parte Chile, vienen aplicando el sistema de oralidad en los procesos civiles. Esto lleva a que estos sean resueltos de manera más eficaz.

La reforma de Código Procesal responde, según Pedro Chávarry[3], a cuatro puntos esenciales a subsanar.

(i)      La reforma apunta a establecer una regulación muy cuidadosa sobre la ejecución civil. La ejecución de los procesos son lentos, se multiplican, figuras como la nulidad por cosa fraudulenta, acción de amparo, ocultamiento del patrimonio del deudor, entre otras, lo que hacen es dilatar el proceso, haciendo menos accesible el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ante ello, la reforma apunta a derogar la figura de la cosa juzgada fraudulenta y la reemplaza por la ‘revisión civil’. El artículo 409 de la reforma establece lo siguiente:

“La resolución que pone fin al proceso, con o sin pronunciamiento sobre el fondo, puede ser objeto de demanda de revisión en los siguientes casos: 1. Si el juez incurrió en concusión o cohecho 2. Si la parte que perdió el proceso se siguió el proceso en rebeldía por emplazamiento inexistente y por tal razón estuvo imposibilitada de conocer la existencia del proceso 3. Si hubo desconocimiento del proceso por la parte perdedora debido a que el representante que actuó en su nombre no contaba con poder vigente. 4. Si se demuestra la existencia de coacción o violencia provocada la parte vencedora. 5. Si hubo colusión entre las partes en perjuicio de un tercero. El objeto de la revisión puede extenderse a otros actos del proceso. Si la demanda ataca actos anteriores a la sentencia, el demandante deberá precisar a cuáles actos se extenderá el pronunciamiento anulatorio. En el caso del inciso 1, solo podrá estimarse la demanda de revisión en caso de alegación de comisión de delito si es que media sentencia condenatoria firme”

(ii)      La reforma apunta a superar los mecanismos tradicionales del sistema civil con efectos procesales como por ejemplo: acción pauliana, acción de simulación, pocas veces usadas por la dificultad de su tratamiento y de su prueba. Asimismo, lo que se busca son mecanismos mucho más expeditivos que permitan el levantamiento del velo societario con la finalidad de establecer el verdadero patrimonio que la persona está tratando de ocultar.

(iii)     La reforma del Código Procesal Civil apunta a dejar sin efecto la necesidad de que haya un título ejecutivo para acceder a un proceso expeditivo, así, el proceso minoritario parte de la premisa de acciones concretas, en base a documentos que no necesariamente son títulos valores y que afincan especialmente en la conducta del demandado (obligado). Si guarda silencio, hay ejecución inmediata. Esto con la finalidad de hacer llegar la justicia a las personas no vinculadas a asesorías jurídicas ni a grandes negocios, aquellos que no cuentan con títulos valores para acreditar una obligación y poderla cobrar. Así, según el artículo 642 de la reforma del Código Procesal Civil, establece lo siguiente:

“El solicitante de una medida provisional responde con el todo su patrimonio por los daños y perjuicios que produzca la medida provisional solicitada. La caución es una garantía específica del pago de la indemnización por los daños y perjuicios que pudiera causar la medida provisional. Esta caución debe ser ofrecida al solicitar la medida provisional. La admisión de la caución, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida provisional. La caución puede ser de naturaleza real o personal, pero el juez puede exonerar del ofrecimiento de caución solo en los casos establecidos en el artículo 179. En ningún caso es admisible la caución juratoria. La caución de naturaleza real se constituye con el mérito de la resolución judicial que la admite y recae sobre bienes de propiedad de quien la ofrece. El juez remite el oficio respectivo para su inscripción en el registro correspondiente”

(iv)    La reforma del Código Procesal apunta a tratar al proceso colectivo, debiendo apuntar fundamentalmente al medio  ambiente vinculado a las  comunidades nativas, ya que suelen estar vinculados a la defensa de derechos patrimoniales o derechos de protección al consumidor. Es por ello que el artículo 481 que plantea la reforma del Código Procesal Civil establece lo siguiente:

“El proceso colectivo tutela: 1. Derechos difusos. Son aquellos de naturaleza indivisible, de titularidad de un conjunto de personas de difícil individualización y vinculadas por circunstancias de hecho contingentes 2. Derechos colectivos. Son aquellos de naturaleza indivisible, de titularidad de un grupo, categoría o colectividad de personas vinculadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica común, 3. Derechos individuales homogéneos. Son aquellos que corresponden a personas titulares de derechos individuales similares y cuya afectación deriva de un hecho común”

De esta manera, se espera que las reformas que se introduzcan en el Código Procesal Civil lleven a garantizar el derecho al acceso a la justicia, sobre todo para aquellas personas de escasos recursos, quienes son los más perjudicados al contar con un sistema que dilata mucho el proceso.


[1] (51) Reforma del Proceso Civil – Dr. Ramiro Antonio Bustamante Zegarra – Cápsula 268 – YouTube. (s. f.). Recuperado 9 de abril de 2018, a partir de https://www.youtube.com/watch?v=byErVS7wcQg

[2] (51) Reforma del Proceso Civil – Dr. Ramiro Antonio Bustamante Zegarra – Cápsula 268 – YouTube. (s. f.). Recuperado 9 de abril de 2018, a partir de https://www.youtube.com/watch?v=byErVS7wcQg

[3] (51) La Reforma del Código Procesal Civil – Cápsula 209 – YouTube. (s. f.). Recuperado 9 de abril de 2018, a partir de https://www.youtube.com/watch?v=9iRdd9KAaZs

Imagen: goo.gl/zAt8SE

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