Principales modificaciones a la Ley del Procedimiento Administrativo General

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El domingo pasado, el Poder Ejecutivo, haciendo uso de las facultades delegadas por el Congreso de la República, promulgó el Decreto Legislativo N. 1452 que modificó la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (conocida popularmente como “LPAG”), con el fin de simplificar el procedimiento administrativo, el cual entró en vigencia el 17 de setiembre. A continuación, señalaremos cuáles han sido los cambios principales.

Notificación electrónica de los actos administrativos

Se añade al inc. 3 del art. 20 de la LPAG que, además de los medios tradicionales utilizados para la notificación del acto administrativo (es decir, la publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio natural), la autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, siempre y cuando la entidad cuente con este mecanismo.

Asimismo, la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la respuesta de recepción es generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice dicha respuesta. Si no se recibe respuesta automática de recepción en el plazo de dos días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación, se procede a notificar por cédula conforme al num. 1 inc. 1 del art. 20 de la LPAG, volviéndose a computar el plazo establecido en el num. 1 del art. 24 de la misma.

Además, se permite a la Administración asignar a los administrados, con su consentimiento expreso, una casilla electrónica gestionada por la misma. Sin embargo, mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la entidad puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.

Por último, se establece la implementación de la casilla única electrónica para las comunicaciones y notificaciones de las entidades del Estado dirigidas a los administrados. Mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban los criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la implementación gradual en las entidades públicas de la casilla única electrónica.

Principio de legalidad en el procedimiento

La modificación añade al reconocimiento expreso en la LPAG de la capacidad de los organismos técnicos ejecutores del Poder Ejecutivo para establecer procedimientos administrativos (para el otorgamiento o reconocimiento de derechos de los particulares, el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas y requisitos) la necesidad de habilitación por Ley o Decreto Legislativo para ello.

Análisis de calidad regulatoria

Las entidades deben realizar el Análisis de Calidad Regulatoria de los procedimientos administrativos a su cargo o sus propuestas, teniendo en cuenta el alcance establecido en la normativa vigente sobre la materia.

Plazo de la nulidad de oficio 

Se amplía el plazo para la atribución que tienen los consejos o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que emitieron de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado al de dos años contados desde la fecha en que el acto haya quedado consentido.

Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan.

Silencio administrativo negativo

Se resalta que el silencio negativo debe calificarse de forma excepcional en la norma de creación o modificación del procedimiento administrativo. La reciente modificación de la LPAG obliga a los funcionarios públicos a sustentar técnica y legalmente la calificación de un silencio como negativo en la exposición de motivos, en la que debe precisarse la afectación en el interés público y la incidencia en alguno de los siguientes bienes jurídicos: la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos procedimientos de promoción de inversión privada, procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción registral (agregado en la modificación de la LPAG) y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas.

Vigencia determinada de los títulos habilitantes

En principio, los títulos habilitantes son de vigencia indeterminada. La única excepción es su revocación si cambian las condiciones indispensables para su obtención. Sin embargo, la modificación al art. 36-B de la LPAG admite que excepcionalmente se establezca mediante Decreto Supremo la vigencia determinada de los títulos habilitantes, para lo cual la entidad debe sustentar la necesidad, el interés público a tutelar y otros criterios que se definan de acuerdo a la normativa de calidad regulatoria.

Expediente electrónico

Se define al expediente electrónico como el conjunto de documentos electrónicos generados a partir de la iniciación del procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad en una determinada entidad de la Administración Público.

Dicho expediente deberá contar con un número único de identificación, el mismo que será inalterable y permitará su identificación únivoca en la entidad que lo origine. Asimismo, cada documento electrónico será numerado correlativamente, de modo que se cree un índice digital que llevará la firma electrónica del personal responsable de cada entidad de la Administración.

Enfoque intercultural

Se obliga a las autoridades administrativas a brindar servicios a los administrados adaptando los procesos que sean necesarios en función a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de los segundos.

Supletoriedad de la LPAG respecto a las normas especiales

Se deroga la Tercera Disposición Complementaria Final de la LPAG, referida a la supletoriedad de la presente norma respecto de los procedimientos especiales.


Imagen obtenida de: https://bit.ly/2uo1MAl

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