IDL solicita a la CIDH medidas cautelares a favor del fiscal José Domingo Pérez

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El 17 de octubre el Instituto de Defensa Legal (en adelante IDL), según una nota de prensa publicada en su página web[1], solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) medidas cautelares de protección a favor del fiscal José Domingo Pérez Gómez, pues, supuestamente, el Estado habría intervenido en su labor e independencia.

Es pertinente tener presente que José Domingo Pérez es el fiscal a cargo del “Caso Cócteles”, proceso en el que se acusa a la lidereza del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cometer el delito de lavado de activos.

También es importante precisar que las medidas cautelares no fueron solicitadas por José Domingo Pérez, como muchos medios de comunicación han informado. El mismo IDL, en una nota publicada el día de hoy, ha precisado que presentó la solicitud de medida cautelar por iniciativa propia y sin previo aviso.

¿Qué medidas cautelares se solicitaron?

Según la mencionada nota de prensa, las medidas cautelares solicitadas son las siguientes:

  1. El cese de las violaciones en el desempeño e independencia de la labor del fiscal Pérez, sean internas o externas a su propia institución.
  2. Evitar su remoción o cese de las investigaciones a su cargo.
  3. Reguardar debidamente su integridad física y la de su familia.

¿Por qué se solicitaron las medidas cautelares?

La solicitud contiene fundamentos tanto de hecho como de derecho.

El fundamento jurídico invocado se basa en que el Estado habría conculcado la independencia del fiscal, valor jurídico tutelado por el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos; así como su libertad de expresión, resguardado por el artículo 13°de la misma.

Los referidos artículos prescriben lo siguiente:

“Artículo 8.

  1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter […]”[2].

“Artículo 13.

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección […]”[3].

Asimismo, los fundamentos de hecho de la solicitud se basaron, de acuerdo a la nota de prensa de IDL, en, principalmente, los siguientes hechos.

  • La intromisión de nueve congresistas fujimoristas en la diligencia fiscal de allanamiento de los locales de Fuerza popular en diciembre del año pasado.
  • La impunidad en la investigación de esta intromisión; investigación que estuvo a cargo del Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry.
  • El blindaje hecho por Fuerza Popular, el partido de la acusada Keiko Fujimori, respecto de Pedro Chavarry ante la solicitud de inhabilitación y destitución presentada en su contra por ser vinculado con los “CNMAudios”.
  • La apertura de un expediente en la Oficina de Control Interno por haber opinado que Chavarry no es idóneo para el cargo que ostenta.
  • La citación hecha por la Comisión de Defensa del Congreso a Pérez por, supuestamente, haber cometido el delito de apología al terrorismo, pues habló de “guerrillas” o “guerra civil” refiriéndose al conflicto entre Sendero Luminoso, el MRTA y el Estado; situación que puede servir de excusa al Fiscal de la Nación para retirarlo de la investigación del caso.
  • La campaña mediática en su contra a través de “fakenews”.

Por otro lado, si bien no se menciona en la nota de prensa, Perez ha sido sometido a un procedimiento disciplinario por, supuestamente, haber difundido documentos confidenciales. Estos serían los pliegos de preguntas que le realizó a Chavarry cuando lo interrogó en una audiencia por el previamente mencionado “Caso Cocteles”[4].

Además, de acuerdo al fiscal Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, al cual pertenece el fiscal Pérez, hay 18 procedimientos disciplinarios abiertos contra Pérez y ello “no genera un buen clima para las investigaciones”[5].

En ese sentido, la solicitud a la CIDH concluye que de los hechos se desprende que el Congreso, dominado por Fuerza Popular con apoyo del APRA, y, el propio Ministerio Público, de la mano del Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, tienen intereses en el desarrollo del “Caso Cocteles”; y, han interferido en las labores del fiscal Pérez mediante la apertura de múltiples procedimientos tanto disciplinarios como parlamentarios, sin fundamento fáctico ni jurídico.

Normativa aplicable a la solicitud de medidas cautelares

Finalmente, conviene tener en cuenta que según el artículo 25° del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

«1. […] la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano

2. A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión considerará que:

  • la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
  • la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y
  • el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

3. Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.

[…]

5. Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora. En dicha circunstancia, la Comisión revisará la decisión adoptada lo más pronto posible o, a más tardar, en el siguiente período de sesiones, teniendo en cuenta la información aportada por las partes» [El resaltado es nuestro].

Por tanto, la Comisión, de juzgar necesaria la emisión de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas, deberá, a su vez, dirigirse a los Estados partes y solicitar que emita las referidas medidas cautelares, en virtud de la suscripción de tal Estado a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, es importante destacar que el inciso 3° permite solicitar una medida cautelar en favor de un tercero, como en el presente caso se ha dado, ya que fue IDL quien realizó la solicitud, aunque no sea el beneficiario.

Finalmente, según el inciso 5°, antes de emitir una decisión la Comisión solicita información al Estado involucrado. Por ese motivo, según medios locales, el secretario técnico del COnsejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Martín Mijichich Loli, envió un oficio al Ministerio Público pidiendo información sobre la idoneidad y efectividad de las medidas de protección con las que contaría actualmente Pérez; pues en función a la información que reuna se le enviará un informe a la CIDH.


Imagen obtenida de: https://goo.gl/EJvNAM

[1] https://goo.gl/Kb8p4w

[2]  «Artículo 8.

  1.  Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
  2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
  3. a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
  4. b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
  5. c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
  6. d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
  7. e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
  8. f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
  9. g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
  10. h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
  11. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
  12. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
  13. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.

[3] “Artículo 13.

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
  2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
  3. a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
  4. b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
  5. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
  6. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
  7. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

[4] https://goo.gl/D1PkhY

[5] https://goo.gl/wGeFS4

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