Hacia un delito de explotación humana | Carlos Romero y Sergio Rodríguez

En en Perú, la respuesta penal para enfrentar las distintas formas de la explotación humana ha sido progresiva y específica para casos concretos. No obstante, dicha respuesta carece de uniformidad y sistematización, lo que ha conllevado a una errónea interpretación del bien jurídico protegido y a un distinto tratamiento. ¿Es necesaria la creación de un nuevo delito de explotación humana? ¿Cuáles serían las implicancias de ello? ¿Cuáles son las diversas manifestaciones de la explotación humana? En el presente artículo, Carlos Romero y Sergio Rodríguez responden dichas interrogantes.

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Carlos Romero*

Sergio Rodríguez**

CHS Alternativo***

La lucha por reconocer la libertad e igualdad intrínseca de toda persona ha supuesto una preocupación constante de los Estados desde mediados del siglo diecinueve. En el Perú, por ejemplo, mediante decreto del presidente Ramón Castilla del 3 de diciembre de 1854 se abolió definitivamente la esclavitud, que se caracterizaba por ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre otra persona, que hasta entonces era reconocido jurídicamente.

Sin embargo, un concepto más amplio y contemporáneo de la esclavitud, que podría denominarse explotación humana, abarca todas aquellas situaciones en las que se somete a una persona con la finalidad de obtener cualquier tipo de provecho de su fuerza de trabajo o  de la realización de distintas actividades, o directamente de su fisionomía.[1] Este sometimiento implica una relación de control o dominio de una persona sobre otra, en virtud del cual la instrumentaliza, aprovechando una situación de vulnerabilidad.[2]

Distintas son estas manifestaciones contemporáneas de la esclavitud o explotación humana,  a saber, la venta de niñas, niños y adolescentes; la explotación de la prostitución ajena u otro acto de connotación sexual; la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso u otras prácticas análogas de explotación laboral; la explotación de la mendicidad; la extracción y el tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos; y, otras formas  similares.[3]

La venta de niñas, niños y adolescentes implica todo acto o transacción por medio de la cual ellos son entregados a una persona o grupo de personas a cambio de una remuneración o retribución de cualquier otra naturaleza.[4]

La explotación sexual consiste en la obtención de beneficios económicos o de otra índole de la prostitución de otras personas o de los actos de connotación sexual comercial a que son obligadas, incluyendo las que se realizan en el ámbito del turismo y los viajes; del uso de personas en actos pornográficos o la producción de material pornográfico que se facilitan, especialmente, por las tecnologías de la información y las comunicaciones; la esclavitud sexual; y, otras formas similares.

La explotación laboral comprende, principalmente, la obligación de realizar trabajos o servicios forzosos a los que el trabajador no accede voluntariamente, sino como consecuencia de una pena;[5] la servidumbre, que implica una carga sobre la libertad del ser humano que, si bien no la elimina del todo, sí la restringe en beneficio de un «amo» que adquiere ciertos privilegios sobre esta relación;[6] la esclavitud, entendida como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad;[7] y, otras prácticas análogas. Entre estas pueden mencionarse las denominadas «peores formas de trabajo infantil», que además de las situaciones descritas, incluyen el reclutamiento forzoso u obligatorio de menores de edad para utilizarlos en conflictos armados; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños y adolescentes para la realización de actividades ilícitas; y, el trabajo que es probable dañe la salud, la seguridad o la moralidad de la población infantil.[8]

La explotación de la mendicidad ajena, entendida esta como la práctica, permanente o eventual, de solicitar con persistencia y humillación una dádiva o limosna, no generando transacción económica, prestación de servicios ni relación laboral alguna.[9]

La extracción y el tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos constituye una forma de comercializar con el cuerpo de las personas, incluyendo no solo la extirpación y las venta de partes del cuerpo, sino también el transporte, la importación, la exportación y la conservación de estas.

En nuestro país, la respuesta penal para enfrentar las distintas formas de la explotación humana ha sido progresiva y se centrado especialmente en las de carácter sexual y laboral, así como en el tráfico de órganos y tejidos humanos. En efecto, desde el año 1991 el texto inicial del Código Penal tipificó en el capítulo de proxenetismo los delitos de explotación de la prostitución ajena, como favorecimiento a la prostitución (artículo 179), rufianismo (artículo 180) y proxenetismo propiamente dicho (artículo 181);  y, el 2004 se agregó el cliente del adolescente (artículo 179-A) y la publicación en los medios de comunicación sobre delitos de explotación sexual en agravio de menores de edad (artículo 182-A). Posteriormente, el 2017 en el capítulo de los delitos de violación de la libertad personal se tipificó la explotación sexual (artículo 153-B), complementada dos años después –mediante la Ley 30963, publicada el 18 de junio del 2019– por los de promoción (artículo 153-D), cliente (artículo 153-E), beneficio (artículo 153-F) y gestión (artículo 153-G), así como por el delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (artículo 153-H), su beneficio (artículo 153-I) y gestión (artículo 153-J).

Los delitos referidos a la explotación laboral fueron incorporados al Código Penal el 6 de enero del 2017, con la publicación del Decreto Legislativo 1323, en particular, la esclavitud (artículo 153-C) en el capítulo de los delitos de violación de la libertad personal y el trabajo forzoso (artículo 168-B) como un delito contra la libertad de trabajo.

Por su parte, la intermediación onerosa de órganos y tejidos humanos se agregó como un delito contra la paz pública en el Código Penal el 19 de marzo del 2004, cuando se publicó la Ley 28189.

Esta respuesta penal carece de uniformidad y sistematización, lo que conlleva a una errónea interpretación del bien jurídico protegido y, por ende, a un distinto tratamiento. Es necesario, pues, unificar esta respuesta frente a conductas delictivas que, materialmente, responden a una misma realidad: la explotación o «usufructo» de la persona para obtener un beneficio económico o de otra índole, en detrimento de su dignidad. Un referente en este aspecto es el Código Penal Italiano, cuyo artículo 600 prevé y sanciona el delito de esclavitud moderna, que incluye tanto la esclavitud propiamente dicha y sus formas análogas, como la explotación sexual, la mendicidad, el empleo de personas en actividades delictivas y el tráfico de órganos.

Este nuevo delito de explotación humana protegería el bien jurídico dignidad,[10] concretado en la prohibición de cosificar, instrumentalizar o mercantilizar a una persona. Ello supone que, «frente a una situación objetiva de afectación de la dignidad –vía comportamientos de explotación, vejación o instrumentalización de la persona– o de proximidad de dicha afectación, el sujeto no puede válidamente consentir. Esto no supone un paternalismo estatal ni una forma encubierta de incluir una moral particular, sino la protección de la esencia misma del ser humano».[11]

La importancia de determinar el bien jurídico protegido no solo reside en que permite justificar la criminalización de determinadas conductas, sino también estructurar e interpretar los elementos del tipo penal. En efecto, la redacción de la ley penal debe permitir al intérprete identificar cuáles son aquellas conductas que se prohíben por lesionar o poner en riesgo el bien jurídico.

El delito de trata de personas también vulnera la dignidad. Si bien su tipo base y sus formas agravadas están previstos en los artículos 153 y 153-A del Código Penal del capítulo de delitos de violación de la libertad personal, la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado el 2019 que su bien jurídico trasciende a esta, pues «afecta la dignidad de la persona colocada o mantenida en una situación de vulnerabilidad y degradación permanentes. El desarraigo y la consolidación de la situación de vulnerabilidad de la víctima afectan las cualidades fundamentales o inherentes a la persona; esto es, no se la respeta por su condición de tal; se la instrumenta como un objeto al servicio de otros; se destruye o limita esencialmente su autodeterminación y con ello su proyecto de vida, y se la coloca en un plano de completa desigualdad. En resumen, el bien jurídico protegido comprende los atributos de la dignidad de la persona; esto es, respeto de su condición intrínseca de persona; inmanencia trascendente, autonomía moral e igualdad».[12]

La trata de personas implica la captación, el transporte, la acogida, la recepción o retención de una persona, mediante el empleo de medios coercitivos o fraudulentos –estos no son exigibles en el caso de víctimas menores de edad–, con fines de explotación en sus distints formas. Durante el proceso penal será necesario acreditar dicho propósito, aunque finalmente la explotación no se efectivice o materialice.[13] Si esto último sucede, se presenta un concurso real heterogéneo entre el delito de trata de personas y el de explotación.[14]


Imagen obtenida de: https://cutt.ly/yyPYk6z

* Abogado, magister en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex becario del Programa de Visitantes Internacionales «Crímenes Internacionales: Terrorismo, Narcotráfico y Trata de Personas» del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue el primer secretario técnico del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas, que continúa como Comisión Multisectorial. Actualmente integra CHS Alternativo, organización que protege los derechos de las víctimas de trata de personas y las distintas formas de explotación.

** Profesor contratado del Departamento Académico de Derecho de la PUCP. Abogado por la PUCP con mención sobresaliente. Máster en Sistema Penal y Criminalidad, con especialidad en Derecho Penal de la Empresa y de la Administración, por la Universidad de Cádiz (España). Miembro del Grupo de Investigación y Estudio de Derecho Penal y Criminología (GRIPEC).

*** ONG Capital Humano y Social Alternativo, organización que protege los derechos de las víctimas de trata de personas y las distintas formas de explotación.

[1] Villacampa, Carolina (2013). La Moderna Esclavitud y su Relevancia Jurídico Penal. En Universidad Nacional de Educación a Distancia. Revista de Derecho Penal y Criminología, Tercera Época, Número 10, Madrid, página 304.

[2] Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Organización Internacional para las Migraciones (2017). Manual de Capacitación para Operadores de Justicia durante la Investigación y el Proceso Penal en Casos de Trata de Personas. Segunda Edición, Lima, página 96.

[3] Las Naciones Unidas, por ejemplo, cuenta con una Relatoría Especial sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, Incluidas sus Causas y Consecuencias, y un Fondo para las Víctimas de la Esclavitud Moderna.

[4] Literal a) del artículo 2 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en Pornografía (2000).

[5] Artículo 2 del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio.

[6] Bernales, Enrique (1999). La Constitución de 1993. Análisis Comparado. RAO Editora. Lima, página 172. Cabe precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia emitida el 20 de octubre del 2016 sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil (párrafo 276), ha considerado que «la servidumbre es una forma análoga de la esclavitud y debe recibir la misma protección y conlleva las mismas obligaciones que la esclavitud moderna».

[7] Numeral 1) del artículo 1 de la Convención sobre la Esclavitud (1926).

[8] Artículo 3 del Convenio 182 del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil.

[9] Numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento de la Ley 28190, Ley que Protege a los Menores de Edad de la Mendicidad, aprobado por Decreto Supremo 001-2005-Mimdes, publicado el 19 de enero del 2005.

[10] En la Declaración y Programa de Acción de Viena que se aprobaron al término de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 se convino en que la explotación en su dimensión sexual es incompatible con la dignidad y la valía de la persona humana.

[11] Montoya, Yván (2016). El delito de trata de personas como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana. En Derecho PUCP, Número 76, Lima, páginas 408 y 409. Sobre este particular, Montoya sigue la posición de Alonso, Mercedes (2007). ¿Protección penal de la dignidad? A propósito de los delitos relativos a la prostitución y a la trata de personas para la explotación sexual. En Revista Penal, Número 19, página 7.

[12] Corte Suprema de Justicia de la República (2019). XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial. Problemas Concursales en los Delitos de Trata de Personas y Delitos de Explotación Sexual. Acuerdo Plenario 06-2019/CJ-116. Lima, página 9. En la misma línea, el Preámbulo del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos considera como este fenómeno criminal como un atentado a la dignidad.

[13] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2007). Manual para la lucha contra la trata de personas. Nueva York, Programa Mundial contra la Trata de Personas, página xiv.

[14] Corte Suprema de Justicia de la República (2019). XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial. Problemas Concursales en los Delitos de Trata de Personas y Delitos de Explotación Sexual. Acuerdo Plenario 06-2019/CJ-116. Lima, página 12. Tratándose del concurso real de delitos, el artículo 50 del Código Penal dispone que «cuando concurran varios hechos punibles que deben considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente esta».

2 COMENTARIOS

  1. Me genera mucho interés sus apreciaciones del cumplimiento de trabajos comunitarios como sentencia penal por faltas y delitos de menor peligrosidad en la coyuntura de la pandemia sanitaria por el covid-19, considerando que en el presente artículo señalan que «La explotación laboral comprende, principalmente, la obligación de realizar trabajos o servicios forzosos a los que el trabajador no accede voluntariamente, sino como consecuencia de una pena» artículo 2 del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio

  2. Muy interesante el artículo. Permítanme compartir mi experiencia como empresa, la primera que se sumó al Proyecto Cárceles Productivas el 05 de junio del 2017. La personas privadas de libertad, son personas vulnerables, necesitan trabajar para poder pagar la reparación civil y ayudar a sus familias. BURANA (www.viaburana.com) se encuentra en el C.P. Santa Mónica. En este lugar se cuida muy bien a las internas, se nos pide todo un plan de trabajo, se nos pide tarifario de cuánto es lo que vamos a pagar por trabajos realizados y tienen que ser tarifas que se acerquen o sean iguales a las del mercado. Nos solicitan un sueldo mínimo, es decir que así la interna no haya rendido se le debe pagar como mínimo, actualmente 400 soles. Se te exige tener una planilla de 10 internas como mínimo. Todo esto está muy bien, no me estoy quejando, más bien aplaudo la iniciativa de poner parámetros para que no exista explotación. Sin embargo; y aquí es donde me cuestiono, es que en el mismo penal, hay otras internas que NO pertenecen a una empresa como la nuestra. Porque empresas somos muy pocas (Santa Mónica Comunes) sino me equivoco actualmente soy la única con un Área asignada. Mi cuestionamiento es que hay otras empresas a las cuales se les permite ingresar, seleccionar el grupo de internas con las que quieren trabajar, y esa empresa no tiene ninguna obligación. No llevan máquinas, ni implementos, ni pagan luz, ni un sueldo mínimo, ingresan trabajo y pagan a destajo. Estas son las internas que aceptan lo que se les pague, más aún si se trata de máxima seguridad. BURANA ha estado también en Sarita Colonia unos meses, donde los internos reciben 5 soles por hacer una cartera mientras mi empresa pagaba 10 veces más. Y esos internos que reciben 5 soles por cartera pertenecen a una «empresa» …. He tenido la bendición de trabajar también con los internos de QUENCORO, ahí es una fábrica, he visto internos ganar UN SOL por confeccionar un buzo, realmente una explotación. Lamentablemente hay malas personas que se aprovechan de esta gente vulnerable porque les encanta llenarse los bolsillos de dinero, para mí lo llamaría mal habido. Un día vino hacia mí una empresa que quería confeccionar en el penal santa mónica, actualmente lo hace, con las internas que no pertenecen a una empresa y me dijo que el pagaba un sol por cartuchera y que la vendía a 10 soles, considerando que su materia prima es material reciclado que le regalaba una ONG para no botarlo a la basura, es decir, consume la luz del penal, se saca foto con las internas, dice que es una empresa social, y se mete 9 soles al bolsillo por cartuchera que vende, digamos que 8 soles (restándole el pasaje). Esa gente que se aprovecha de personas vulnerables, son las que deberían recibir una sanción por explotadores, se les debe regularizar, así como regularizan a la empresa privada y se debe hacer una distinción entre los que como empresa capacitamos los 360 días del año, cuidamos de las internas y aún les seguimos pagando desde marzo aunque nuestro taller se encuentre cerrado desde el 16 de marzo del 2020. Permítanme concluir diciendo que la reinserción social no es solo llevar trabajo y pagar una miseria a los internos, ESO ES UN ABUSO!!!! y eso es un desmedro emocional contra el interno y de nada saca el departamento de psicología tratando de levantarles la autoestima si es que por otro lado, los empresarios abusivos se aprovechan de su situación. La REINSERCIÓN SOCIAL tiene que ver con una educación de calidad, un trabajo digno y justo, un buen lugar de trabajo, un pago digno, ver por su salud y estar con ellas cuando se encuentran encerradas, enfermas, sin poder hacer nada y al punto de entrar en la desesperación. El doctor Carlos Romero ha sido director del INPE, fue un muy buen director, preocupado a mil por la empresas; ahora la primera (BURANA) que apostó por el proyecto (Proyecto con el cual el INPE ganó un premio latinoamericano), se encuentra abandonada, con una ex jefa de trabajo que fue al taller BURANA para incentivar a mis colaboradoras a pasarse a otra empresa que iba a ingresar, de las cuales ninguna aceptó; se encuentra sin saber quién es la nueva responsable de trabajo porque no le comunican absolutamente nada; se encuentra con una directora que si bien es cierto nos ayudaba en los primeros momentos, ahora le escribo por esta incertidumbre por WhatsApp, por mail al correo institucional, al correo particular y no recibo una respuesta. Somos una empresa que acató desde el día uno la cuarentena decretada por el presidente, pero otras empresas han seguido produciendo saltándose todas las reglas de inmovilización y presentan sus productos y todos les aplauden. Es que hacer las cosas bien está mal? Los que no cumplen las reglas ahora tienen que ser aplaudidos? Que lamentable lo que pasa en el Perú; sin embargo, pase lo que pase BURANA jamás perderá su corazón social, aunque ello le signifique pérdidas sobre pérdidas, estaremos siempre del lado del bien, porque aunque lo malo ahora se considere bueno y el mundo esté al revés, nosotros seguiremos conservando nuestros principios y valores alineados con las ODS que muchos la usan solo de caricatura.

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