Estados paralelos de las mafias, a un paso de Lima

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El enorme operativo de seguridad realizado exitosamente esta semana en el centro poblado de Nuevo Ayacucho (Cañete, Lima) no es una anécdota común de las páginas policiales. Lo que venía sucediendo ahí, a dos horas de Lima y muy cerca de la carretera Panamericana Sur, debería ser una señal de alerta para la gobernabilidad de la ciudad y del país.

En un poblado joven, reconocido formalmente en 2004, se estableció una autoridad municipal paralela que, entre otras funciones, gestionaba documentos de propiedad de terrenos a pesar de no ser reconocida por el Estado peruano. Desde esta municipalidad “bamba“ un grupo criminal llamado “Los Injertos de Nuevo Ayacucho“ (con raíces en los años 90) venía coordinando actividades ilícitas como el tráfico de tierras, extorsión y el sicariato en una zona que, además, es cercana a rutas clave para el narcotráfico desde los mismos años 90.

Las actividades de este grupo criminal liderado por el falso burgomaestre Yosbel García (denunciado por numerosos crímenes, entre ellos el lavado de dinero) se caracterizaban por la invasión violenta de terrenos que luego vendían, y esto se intensificó en el último año y medio hasta constituir prácticamente un estado de guerra local. Según diversos diarios, se registraron 50 homicidios en la zona, y las víctimas incluyen empresarios, líderes de la comunidad, agricultores y funcionarios municipales legítimos.

Quizás lo más sorprendente de este caso es que no sucede en un rincón apartado de la Sierra o Selva del país, sino a vista y paciencia de autoridades metropolitanas y medios de comunicación nacionales. Si bien el mismo Nuevo Ayacucho está lejos del radar del limeño promedio, los mafiosos convertidos en autoridades políticas usurpaban y negociaban terrenos a partir del km 154 de la Panamericana Sur, un área de expansión de Lima Metropolitana. Que las pampas donde se ubica Nuevo Ayacucho hayan estado tan desprotegidas por autoridades nacionales y regionales se explica en buena parte porque se encuentran en una zona disputada por Cañete (Lima) y Chincha (Ica), en un conflicto de demarcación territorial aún no resuelto, como miles en el país. Esto dificulta la llegada de inversión pública y servicios básicos para la población, y favorece la situación de “tierra de nadie“ en la que se llega a reconocer como autoridades a criminales organizados.

Se habla del peligro de que el Perú se convierta en el futuro en un “narcoestado“, pero los narcoestados no requieren necesariamente las dimensiones de un país entero: cualquier territorio en que los grupos criminales disputen el poder y la soberanía al Estado oficial, siendo además reconocidos como autoridades por la población local, también puede calificar como narcoestado o “estado paralelo“. Que a un paso de la capital se haya requerido más de 1500 efectivos policiales y varios meses de cuidadosa planificación para remover a esta autoridad paralela, a pesar de sus actividades sangrientas, nos dice que estas situaciones fácilmente pueden convertirse en desafíos recurrentes para la gobernabilidad democrática del país, más aún cuando persisten las indefiniciones acerca de las jurisdicciones y competencias de los gobiernos legítimos.


FUENTE DE IMAGEN: http://www.tudocente.com/wp-content/uploads/2013/06/nuevo-cañete.jpg

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