Las declaraciones de Marcelo Odebrecht en Curitiba—así como las de otros funcionarios de la corporación que lleva su apellido—sugieren que esta empresa logró influir de manera desmedida en las decisiones de los principales actores políticos en los últimos 40 años. Al parecer, muchos funcionarios públicos peruanos, y todos los candidatos que estuvieron entre los favoritos para ganar elecciones, recibieron de Odebrecht favores y fondos para sus campañas. Presumiblemente, las entregas fueron a cambio de futuras decisiones favorables a los intereses de dicha corporación.
La mayor parte de estos recursos no han sido declarados adecuadamente, así como tampoco han quedado registrados oficialmente los encuentros entre funcionarios y representantes de Odebrecht. Hoy todas las tiendas políticas están manchadas por el escándalo, pero casi nadie , desde el actual Presidente de la República hasta la lideresa de la oposición, acepta haber recibido fondos de dicha corporación. En algunos casos, los aportes constituirían actos de corrupción, y en otros—por lo menos—acciones claramente reñidas con la ética y transparencia en las decisiones
Así, nos encontramos nuevamente en medio de una crisis ocasionada por la corrupción de muchos funcionarios públicos, pero también por la falta generalizada de transparencia en las relaciones entre los grupos de interés y la clase política en todo su espectro ideológico. Esto es muy preocupante para la gobernabilidad de un país que ya se caracteriza por la bajísima confianza de los ciudadanos en sus líderes políticos e instituciones democráticas. Otra vez, la población percibe que quienes deberían representarlos en realidad suelen tomar decisiones pensando en los intereses de unos cuantos
¿Qué se puede hacer para evitar que esto se repita? Regular de manera más integral y explícita la influencia de los grupos de poder económico en los procesos de políticas—incluso cuando sus actividades no constituyan actos de corrupción ni involucren transferencias de dinero. Estamos hablando de lo que comúnmente se denomina “cabildeo“, “gestión de intereses particulares“ o lobby, por su nombre en inglés, el cual es definido por la OCDE como la comunicación oral o escrita con un funcionario público para influir en la legislación, políticas o decisiones administrativas, y que puede ocurrir en los distintos poderes e instituciones del Estado. Es importante recalcar que la OCDE, a la cual Perú aspira a incorporarse en los próximos años, propone lineamientos para evitar no sólo la corrupción, sino también la captura del Estado y de los procesos de políticas por parte de intereses particulares.
Llama la atención que la injerencia desproporcionada de ciertos grupos de poder siga siendo un problema serio en el Perú, cuando fuimos el primer país latinoamericano en contar con un marco normativo para regular los lobbies, con la Ley 28024 de 2003 que regula la gestión de intereses en la administración pública. Dicha norma establece elementos obligatorios e instrumentos para que el proceso de toma de decisiones públicas sea más transparente en el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente, hacerla cumplir no ha sido prioritario para nuestros últimos tres gobiernos, y por ello no se ha logrado formalizar y transparentar las interacciones entre servidores públicos y representantes de los intereses de grupos privados. Según un artículo del diario Gestión, para 2015 solo existían seis gestores profesionales registrados en Sunarp, y solo uno de ellos reportaba sus actividades con regularidad.
La solución realista a nuestras recurrentes crisis de corrupción y captura de las políticas, con el deterioro de la democracia que suponen, no pasa por intentar eliminar toda influencia externa en los procesos de políticas, aislando a los funcionarios públicos. Al contrario, en un contexto democrático es normal y saludable que los representantes de diferentes grupos de interés participen y traten de influir en las políticas. El verdadero problema está en la influencia desmedida y poco transparente de algunos actores, que suelen ser grandes empresas nacionales y trasnacionales. Es necesario asegurar que la influencia de estos no sea siempre mayor, ni menos transparente, que la de otros grupos; por ejemplo, aquellos que representen movimientos sociales, actores locales, y una diversidad de otros actores con o sin fines de lucro. Todo debe quedar registrado, y el acceso a los tomadores de decisiones debe ser equitativo para quienes lo soliciten.
El proceso de incorporación del Perú a la OCDE, actualmente en marcha, es una oportunidad inmejorable para perfeccionar y hacer efectivo este marco regulatorio. En 2010, el Consejo de la OCDE aprobó los principios de transparencia e integridad en el cabildeo o lobby. Ahí se recomienda que para cumplir con las expectativas públicas de transparencia e integridad, los países adopten regulaciones de lobby, permitiendo a todos los interesados del sector privado y de la ciudadanía en general un acceso justo y equitativo para participar en las políticas públicas, lo cual dicha institución considera crucial para proteger la integridad de las decisiones y salvaguardar el interés público, contrarrestando la influencia desmedida de ciertos intereses creados.
Cabe también considerar de manera integral otro aspecto cercano a esta problemática: el de las puertas giratorias, donde funcionarios entran y salen del Estado, inmediatamente antes o después de trabajar para empresas con intereses en procesos públicos como licitaciones y concursos. Esto ya ha sido regulado y puesto en práctica en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos el Congreso desde 1978 ha determinado que los funcionarios del Ejecutivo no pueden hacer lobby en agencias federales por lo menos durante dos años después de dejar el servicio público, en los temas que eran de su responsabilidad. Nuestra Ley 28024 también considera una restricción similar por un período de 12 meses, pero mientras no se obligue a quienes hacen lobby a registrar sus actividades formalmente, esto será letra muerta y los conflictos de intereses seguirán a la orden del día.
