Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena archivar acusación constitucional contra magistrados del Tribunal Constitucional

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Con cinco votos a favor y dos en contra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ordena al Estado peruano archivar el procedimiento de acusación constitucional seguido ante el Congreso contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña. (Punto resolutivo N°1).

La decisión de la Corte, sustentada en las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana, busca garantizar el derecho de las víctimas del caso Durand y Ugarte a obtener un acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial. También, que la acusación no siga generando presiones indebidas en el TC.   

Además, la Corte también le pide al Estado que presente, a más tardar el 15 de abril del 2018, un informe completo y detallado sobre el archivamiento de la acusación contra los magistrados. (Punto resolutivo N°2).

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú acusó a los magistrados de haber violado la cosa juzgada y cometer el delito de prevaricato porque habrían cambiado el sentido de la sentencia recaída en el EXP. N.° 01969-2011-PHC/TC que declaraba a los hechos ocurridos en El Frontón no constituían delitos de lesa humanidad.

En un informe de esta subcomisión se recomendó la destitución e inhabilitación por diez años del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, así como la suspensión por 30 días de los magistrados Manuel Miranda, Carlos Ramos y Marianella Ledesma.

Después de ello, en diciembre del 2017, se solicitó a la Corte “la interposición de una medida provisional en tutela de la estabilidad en sus puestos” de los magistrados del Tribunal alegando que “se les busca destituir a través de una medida exclusivamente política, que tiene como finalidad de impedir la ejecución de lo dispuesto por la Corte” en la Sentencia del caso Durand y Ugarte. (Visto 3)

Luego, en una resolución emitida por Roberto Caldas, presidente de la Corte IDH, el 17 de diciembre del 2017 se ordenó la suspensión inmediata de esta acusación constitucional hasta que la Corte conociera en una audiencia la solicitud de medidas provisionales presentada por los representantes de las víctimas en tutela de la estabilidad en sus puestos de los magistrados.

En la audiencia celebrada el 2 de febrero del 2018 la Corte escuchó los argumentos de los representantes de las víctimas del caso, del Estado y de la Comisión Interamericana para recabar mayor información sobre la solicitud de la medida provisional y sus cuestionamientos.

Finalmente en esta sentencia del 8 de febrero del 2018, la Corte ratificó lo señalado por Caldas y considera ante los cuestionamientos del Estado que, si bien la medida provisional beneficia de forma indirecta a los magistrados del Tribunal Constitucional, el derecho que se tutela en último término es el de los familiares de los señores Durand y Ugarte a acceder a la justicia en el juzgamiento y eventual sanción de los responsables, protegido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, que exige que las determinaciones y sentencias sean realizadas por un juez o tribunal independiente e imparcial. (Fundamento 26).


Imagen obtenida de: https://goo.gl/VKx51a

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