Notas relevantes del delito de tráfico de influencias I Carlos Alberto Fernández Muñoz

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Carlos Alberto Fernández Muñoz(*)

 Resumen:

 En los meses recientes se han propagado audios que revelarían la existencia de una red de corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público, involucrando -entre otras personas- a una cantidad considerable de jueces y fiscales. Ante ello, este artículo pretende, sustancialmente, dilucidar cuáles son los delitos susceptibles de ser aplicados, qué sujetos podrían ser calificados como autores o partícipes, así como evaluar la diferencia entre las normas penales que pretenden ser imputadas con otras situados en la misma ubicación sistemática en la legislación. Todo ello permitirá una correcta comprensión de la extensión de estos delitos, además de proveer una base técnica que posibilite colegir la aplicación de dichas normas en casos análogos.

Palabras clave: Poder Judicial – Ministerio Público – Corrupción de funcionarios – Delitos contra la Administración Pública – Tráfico de influencias

Abstract:  

In recent months, audios have been broadcast that would reveal the existence of a corruption network in the Judiciary and the Public Ministry, involving – among other persons – a considerable number of judges and prosecutors. Given this, this article aims, substantially, to elucidate which crimes are susceptible to be applied, which subjects could be qualified as authors or participants, as well as to evaluate the difference between the criminal norms that claim to be imputed with others located in the same systematic location. in legislation. All this will allow a correct understanding of the extent of these crimes, in addition to providing a technical basis that makes it possible to determine the application of these standards in similar cases.

Keywords:

Judicial Branch – Public Ministry – Corruption of officials – Crimes against the Public Administration – Influence trafficking

 

  1. Introducción:

 En los últimos meses se ha hecho de público conocimiento la existencia de una amplia red de corrupción que involucraría, entre otras personas, a varios funcionarios de importante nivel jerárquico en el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial. El contenido de los audios comprometedores que han sido difundidos en los medios ha motivado el inicio contra los presuntos responsables de diversas investigaciones en sede penal, entre otros, por el delito de tráfico de influencias. El mencionado delito está descrito en el artículo 400° del Código Penal peruano, ubicado en la sección IV (corrupción de funcionarios), capítulo II (delitos cometidos por funcionarios públicos) del título XVIII (delitos contra la administración pública).(1)

Nos interesa, de sobremanera, identificar quiénes pueden ser calificados como autores o partícipes de este tipo penal, y, bajo ese marco, examinar si es que la intervención de las personas interesadas en la influencia objeto de delito es punible o no (en grado de complicidad o instigación). También nos importa determinar el momento de su consumación y si es que es razonable pretender cargos en grado de tentativa. Además, considerando la ubicación sistemática de dicha norma penal, pretendemos delimitar con absoluta claridad cuáles son las diferencias sustanciales con los otros tipos penales también descritos en el mismo capítulo y título (cohecho activo específico, cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal). Y evaluar si el interesado en una influencia que fue simulada por el sujeto activo puede ser víctima de un delito.

Estimamos estos puntos como muy útiles para una comprensión básica de los alcances de este delito, coadyuvando así a una aplicación correcta del enunciado penal en casos específicos y/o a la justificación de una opinión técnica sobre el tema en particular.

 

  1. Tipicidad Objetiva

 Este tipo penal fue introducido por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico con la modificación del Código Penal de 1924, mediante Decreto Legislativo núm. 121 del 12 de junio de 1981, y fue previsto en la versión original del Código Penal de 1991, aunque desde entonces ha sido objeto de diversos cambios hasta el establecido con el Decreto Legislativo NÚM. 1243 del 22 de octubre del 2016, que define su texto actual.

El artículo 400° del Código Penal, en su versión actual, dice literalmente:

«El que, invocando influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36°; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36°; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa» (sic.).

El tipo básico (primer párrafo del artículo 400°) puede ser cometido por cualquier persona. La norma penal no exige que el autor tenga una condición especial, razón por la que estamos frente a un delito común. Sin embargo, el tipo agravado (segundo párrafo del artículo 400°) tan sólo puede ser desplegado en calidad de autor por un funcionario o servidor público, aunque no se exige que ejercite dicha posición, bastando que tenga dicha cualidad especial al momento de la ejecución del comportamiento típico. Identificamos que el comportamiento típico contiene 3 elementos:

  1. Un núcleo principal o verbo rector representado por el ofrecimiento de interceder ante funcionario público, invocando o teniendo influencias reales o simuladas.
  2. Medios corruptores o sustantivos: donativo, promesa o cualquier otra ventaja.
  3. Acciones o verbos complementarios consistentes en recibir, hacer dar o hacer prometer donativo, promesa o cualquier otra ventaja.(2)

En síntesis, el comportamiento con relevancia penal en este tipo consiste en que un sujeto, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, ofrece a un tercero interceder ante un funcionario o servidor público que conoce, ha conocido o ha de conocer un proceso judicial o administrativo, a cambio de recibir, hacer dar o hacer prometer un donativo, promesa o cualquier otra ventaja, para sí o a favor de otra persona.

En ese marco, distinguimos dos modalidades que expresamente son sancionables conforme al texto de la norma: a) quien invocando o teniendo influencias reales ofrece interceder ante funcionario o servidor público, y b) quien invocando influencias simuladas ofrece interceder ante funcionario o servidor público.

En la primera modalidad, el sujeto activo invoca; es decir, alega o manifiesta al interesado que tiene la capacidad de influenciar sobre un funcionario público que conoce, ha conocido o ha de conocer un proceso judicial o administrativo, razón por la que ofrece interceder o intermediar ante él. Esa influencia es la capacidad de condicionar o determinar a dicho funcionario para que adopte una decisión favorable al interesado (ilícita o no). No obstante, también es posible que el sujeto activo no invoque tal influencia, sino que en términos objetivos se le conozca en el entorno social como tenedor de dicha influencia y sobre la base de ese conocimiento común es que ofrece interceder por el interesado ante el funcionario público. La fuente de la influencia puede ser de diversa índole: relación de amistad, vínculo laboral, nexo familiar, superioridad jerárquica, etcétera.

En la segunda modalidad, el sujeto activo invoca o alega tener influencias que en estricto no las tiene; es decir, son falsas o simuladas, y sobre la base de esa alegación es que ofrece intermediar por el interesado ante el funcionario público que conoce, ha de conocer o ha conocido un proceso judicial o administrativo. A esta modalidad se le conoce como la «venta de humo», la que ha generado diversos cuestionamientos sobre la necesidad o no de su represión penal. Este último punto será abordado más adelante.

No es suficiente, en ambas modalidades, que el funcionario o servidor público, destinatario del ofrecimiento de interceder, conozca, haya conocido o haya de conocer un proceso judicial o administrativo, sino que, además, tenga facultades jurisdiccionales (sea en sentido estricto o amplio) en dichos procesos; es decir, que tenga la capacidad resolutiva, propia de la justicia administrativa o jurisdiccional, en esos casos. En esa línea, los destinatarios de ese ofrecimiento de interceder pueden ser los jueces, fiscales o integrantes de órganos administrativos con capacidad resolutiva (Tribunal Fiscal, Indecopi, Tribunal del Servicio Civil, etc.). Cabe destacar que el ofrecimiento de interceder puede ser para cualquier etapa del proceso judicial o administrativo, inclusive si ya ha culminado.

En cuanto a los medios corruptores, el donativo tiene naturaleza material, con contenido patrimonial. Puede tratarse de un bien mueble, inmueble o dinero. La ventaja es cualquier beneficio cuya naturaleza puede ser patrimonial o no (relación sexual, ascenso laboral, viajes, incremento de remuneración, distribución de utilidad, obtención de una beca de estudios, etc.), y la promesa es el anuncio de entrega o concesión de un donativo o cualquier ventaja que se materializaría en un futuro cercano. Cualquiera de estos medios puede ser a favor del traficante de influencia en sí o de otra persona. Como acciones complementarias, destacamos que el acto de recibir donativo, promesa o cualquier ventaja presupone que el interesado ha tenido la iniciativa de ofrecerlo al traficante de influencia, a diferencia del acto de hacer o entregar donativo o cualquier ventaja, supuesto en que el propio traficante de influencia toma la iniciativa de solicitarlo al interesado a cambio de ofrecer interceder por él ante funcionario público. Y el acto de hacer prometer significa que dicho traficante logra que el interesado le haga una promesa de donativo o cualquier ventaja.

Como lo hemos anticipado, el tipo agravado exige que el traficante de influencias tenga la condición de funcionario o servidor público. Es indistinto, en términos generales, que tenga o no vínculo con la justicia administrativa o jurisdiccional, a diferencia del destinatario del ofrecimiento de interceder, quien, según lo ya indicado, necesariamente debe tener facultades jurisdiccionales en sentido estricto o amplio en el proceso judicial o administrativo que motiva al interesado.

Según lo previsto en el artículo 425° del Código Penal, y en congruencia con el artículo I de la Convención Interamericana contra la Corrupción(3), el funcionario o servidor público es todo aquel que es seleccionado, designado o elegido para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, sea de manera temporal o permanente, o de forma honoraria o remunerada.

Para la configuración del tipo objetivo agravado, sin perjuicio de la realización del comportamiento previsto en el tipo básico, no se exige que el traficante de influencia ejerza su condición de funcionario o servidor público, sino que es suficiente que tenga dicha cualidad al momento de ofrecer su intercesión o intermediación. El bien jurídico que en términos generales se protege con la penalización del tráfico de influencias, dada su ubicación sistemática en el citado título XVIII del Código Penal, es el recto funcionamiento de la administración pública, cuyo titular exclusivo es el Estado(4).

En la modalidad de tráfico de influencia real, el objeto específico de protección que se pone en peligro (de manera abstracta) con el comportamiento típico es la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función pública, en congruencia con el principio de independencia de la función jurisdiccional (artículo 139.2° de la Constitución Política del Perú). Lo que se pretende garantizar es que las facultades jurisdiccionales (en sentido estricto y amplio) pueden ser desplegadas en un caso concreto (judicial o administrativo) sin intromisión de terceros.(5) Y en lo que se refiere a la modalidad de tráfico de influencia simulada o falsa, resulta obvio que el objeto específico de protección no es el antes indicado, pues es inocuo para lesionar o poner en peligro la objetividad o imparcialidad en el ejercicio de la función pública. No obstante, ello no significa que esta última modalidad carezca de relevancia penal o que no debería ser reprimida, pues está descrita explícitamente en el tipo penal y el Estado peruano tiene el compromiso de sancionar penalmente no sólo el tráfico de influencia real, sino también la simulada o supuesta, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.(6)

Con la punición del tráfico de influencia simulada se pretendería evitar la creación de mercados paralelos en cuanto a los servicios y bienes de la administración pública. Desplegar dicho tráfico pone en riesgo la organización del aspecto prestacional (público o gratuito) de la referida administración. No se vulnera ni peligra la imparcialidad en la función pública, sino que se contribuye a la desorganización del sistema prestacional de la administración pública. Si hay mercados paralelos, entonces no se usan los canales regulares para la obtención de servicios públicos, peligrando el funcionamiento de dicho sistema. Se busca prevenir las expectativas de acudir a un mercado paralelo con la pretensión de «comprar» decisiones funcionariales en un determinado sentido, en lugar del uso de los mecanismos legales para hacerse valer las pretensiones específicas en una controversia judicial o administrativa. En esa línea, el objeto específico de protección en la influencia simulada es la vigencia del carácter prestacional de la administración pública; si se habilitan mercados paralelos, se pone en peligro la operatividad del mencionado sistema prestacional.

Discrepamos con la posición adoptada por las Salas Penales de la Corte Suprema mediante el acuerdo plenario NÚM. 3-2015 del 2 de octubre del 2015, en el sentido de que el objeto específico de protección en la modalidad de tráfico de influencia simulada sea el prestigio y buen nombre de la administración pública (fundamentos 16 y 17), pues se trata de un concepto vago, con un contenido sustancialmente subjetivo. Asimismo, podemos advertir que el tráfico de influencias representa un adelantamiento de la intervención del Derecho Penal para reprimir actos preparatorios de otros delitos (tales como el cohecho activo, prevaricato, patrocinio infiel, etc.), con el objetivo central de prevenir la intromisión o manipulación de la justicia jurisdiccional o administrativa.

Por otro lado, cabe destacar que la ley NÚM. 28024 regula la gestión de intereses ante la administración pública, pero la justicia jurisdiccional y administrativa están explícitamente fuera del ámbito de dicha gestión (tercer párrafo del artículo 1°). En ese sentido, la mencionada ley no justifica ni excluye de sanción penal al tráfico de influencias en los términos del artículo 400° del Código Penal. Según lo anunciado, es de especial interés determinar si la intervención del interesado es punible o no en el marco del tipo penal de tráfico de influencias, aunque de primer plano se descarta que pueda ser autor pues aquel no invoca la influencia ni ofrece la intercesión ante un funcionario público.

Si bien el artículo 400 del Código Penal (parte especial) no menciona de manera explícita que es punible la intervención del interesado, ello no excluye per se que se pueda evaluar la aplicabilidad de las reglas de participación (complicidad e instigación) previstas en la parte general del Código Penal (artículos 24 y 25).

Para delimitar una respuesta razonable, primeramente debemos comprender el significado de los «delitos de encuentro» o «delitos de intervención necesaria». En ellos, la configuración del comportamiento típico exige no solo conductas del sujeto activo, sino también de un tercero interviniente, quienes las despliegan desde posiciones distintas y de manera complementaria. Sin embargo, es imprescindible distinguir los supuestos en los que el tipo penal está organizado para proteger al tercero interviniente (por ejemplo, el perjudicado en el delito de estafa quien dispone de su patrimonio a consecuencia del error al que ha sido inducido por el sujeto activo), de aquellos en los que el tipo penal no está configurado para proteger a dicho tercero (por ejemplo, el particular en el delito de colusión a propósito del pacto colusorio que tiene con el funcionario público).(8)

El tráfico de influencia es un «delito de encuentro» pues la configuración del comportamiento típico exige que el sujeto activo ofrezca su intercesión ante funcionario público, a cambio de la entrega o promesa de beneficio o ventaja por parte del interesado en la influencia. El traficante persigue la ventaja o beneficio, mientras que el interesado pretende la influencia. No obstante, es claro que este tipo penal no está configurado para proteger al interesado. Él no es el agraviado, pues el bien jurídico protegido es de naturaleza institucional, cuya titularidad recae exclusivamente en el Estado. Se trata, como lo hemos mencionado, de un delito contra la administración pública. Inclusive, en la modalidad de tráfico de influencia simulada (o falsa), ni siquiera es sostenible que el interesado sea víctima del delito de estafa, pues el acuerdo entre aquel y el traficante de influencia se funda en causa ilícita, por lo que no resulta exigible ni protegible en nuestro ordenamiento jurídico.(9) Tampoco es sostenible que en dicha modalidad se proteja el patrimonio porque, además de las razones antes indicadas, no está ubicada en el título referido a delitos patrimoniales y la ventaja ofrecida por el interesado puede tener contenido patrimonial o no.

Conforme al artículo 25° del Código Penal, el cómplice es aquel que dolosamente ayuda o presta auxilio al autor para la ejecución del comportamiento típico. Y el instigador, según el artículo 24°, es quien dolosamente determina o motiva al autor a ejecutar el comportamiento típico. El interesado, en tanto interviniente necesario, puede responder penalmente como cómplice del tráfico de influencia si es que, aceptando la oferta del traficante, entrega o promete el donativo, promesa o ventaja, contribuyendo así a que el autor pueda desplegar las acciones complementarias del comportamiento típico consistentes en recibir, hacer dar o hacer prometer donativo, promesa o ventaja; o puede responder penalmente como instigador del tráfico de influencia, si es que, requiriendo la intermediación del traficante, determina o motiva a este último a ofrecerle su influencia.

Como ha quedado dicho, la configuración del tipo de tráfico de influencias se da con la intervención activa del interesado que otorga o promete donativo o promesa o cualquier ventaja, lo que significa la exteriorización de su conformidad para el acuerdo con el traficante.

Las conductas de ambas partes ponen en peligro el mismo bien jurídico, aunque desde diversas posiciones: el traficante busca una ventaja por su ofrecimiento de intercesión y el interesado pretende una resolución judicial o administrativa que lo beneficie. Dicho peligro deriva tanto del comportamiento del traficante de influencias como de la participación del interesado que las compra. Y sobre la base de este antecedente es que puede invocarse la sanción del interesado como: i) cómplice, cuando acepta la oferta del traficante, otorgando o prometiendo donativo, promesa o ventaja, o, ii) instigador, cuando requiere la intermediación del traficante. En esa línea, no se pretende en lo más mínimo sancionar al interesado por el único hecho de ser el posible beneficiario de la intercesión ofrecida por el traficante, sino, sobre todo, por ejecutar un comportamiento sin el cual no puede realizarse el tipo penal (otorgar o prometer donativo o ventaja).(10)

El fundamento 8 del citado acuerdo plenario NÚM. 3-2015 sostiene que el interesado no puede ser sancionado en calidad de cómplice, pues no es viable materialmente que ayude al traficante en la ejecución del núcleo principal o verbo rector del comportamiento típico: la invocación de las influencias. Por el contario, la Corte Suprema, erróneamente, pasa por alto que el comportamiento típico también exige acciones o verbos complementarios como recibir, hacer dar o hacer prometer donativo, promesa o cualquier ventaja, en cuya realización, como ha quedado dicho, contribuye el interesado al otorgar o prometer tales beneficios. No vemos inconveniente de que en un proceso específico la autoridad jurisdiccional pueda apartarse motivadamente del criterio contenido en dicho fundamento, en aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

  1. Tipicidad Subjetiva

Se trata de un delito exclusivamente doloso. El sujeto activo actúa con conocimiento y voluntad de ofrecer su intercesión ante funcionario o servido público, invocando influencias o teniéndolas, a cambio de una ventaja (patrimonial o no) para sí mismo o a favor de un tercero.

En la modalidad del tráfico de influencia real se exige, además, que el sujeto activo proceda con una tendencia interna trascendente; es decir, con el propósito o intención adicional de ejercer en el futuro la intercesión ofrecida, cuya realización está sujeta a un eventual acto que es posterior a la conducta típica, pero que objetivamente resulta irrelevante para efectos de la consumación del tipo penal de tráfico de influencias.(11)

 

  1. Consumación

En lo que se refiere a la acción de recibir, el tipo penal se consuma cuando el sujeto activo, invocando o teniendo influencias, recibe el donativo, promesa o cualquier ventaja, a cambio de su ofrecimiento de intercesión. En cuanto a la acción de hacer dar, la consumación se da cuando el sujeto activo, invocando o teniendo influencias, y tras solicitarlo al interesado, hace que este entregue u otorgue donativo o cualquier ventaja, a cambio de su ofrecimiento de intercesión. Y por motivo de la acción de hacer prometer, la consumación se verifica cuando el sujeto activo, invocando o teniendo influencias, hace que el interesado haga la promesa de que un futuro cercano dará donativo o cualquier ventaja, a cambio de su ofrecimiento de intercesión (no se exige la entrega del donativo o ventaja que se promete).

En cualquiera de estos supuestos, no se requiere en lo más mínimo que la intercesión ofrecida se haga efectiva. Es suficiente que el interesado acepte el ofrecimiento de intercesión del traficante y entregue o prometa la ventaja acordada como contraprestación. Y es posible la tentativa (artículo 16° del Código Penal) cuando, una vez iniciada la ejecución del comportamiento típico (por ejemplo, con el ofrecimiento de intercesión y empezada la tratativa con el interesado), aún no se produce la dación u otorgamiento del donativo, promesa o cualquier ventaja por parte del interesado.(12)(13)

4.1. Diferencias con el cohecho activo específico, cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal

El tráfico de influencias se distingue del cohecho activo específico (artículo 398° del Código Penal) porque en el primer tipo no se exige que el sujeto activo (vendedor de influencias) tenga contacto efectivo con el funcionario que interviene en el proceso judicial o administrativo, mientras que en el segundo tipo se exige que el particular (sujeto activo) que ofrece, da o promete ventaja, tenga contacto con el funcionario que interviene en el proceso judicial o administrativo. Es posible un concurso real de ambos tipos penales.(14)

El tipo agravado de tráfico de influencias se diferencia del cohecho pasivo específico (artículo 395° del Código Penal) porque en aquel un funcionario (traficante de influencia) ofrece interceder ante otro funcionario que tiene competencia en el proceso judicial o administrativo que motiva al interesado, mientras que en el segundo tipo es el propio funcionario que tiene dicha competencia, quien solicita, acepta o recibe ventaja o promesa de beneficio con la finalidad de influir en su decisión. El tipo penal de patrocinio ilegal (artículo 385° del Código Penal) presupone que el funcionario actúe efectivamente (interceda materialmente) ante la administración pública a favor de intereses particulares, sin necesidad de obtener a cambio una ventaja o beneficio (patrimonial o no), mientras que en el tipo agravado de tráfico de influencias el funcionario ofrece su futura intercesión ante otro funcionario que tiene las facultades jurisdiccionales en sentido estricto o amplio, a cambio de obtener donativo o cualquier ventaja. Es posible un concurso real si es que el funcionario que haya vendido influencias, luego las hace efectivas defendiendo o intermediando por intereses privados ante el funcionario que tiene dichas facultades.(15)

 

  1. Bibliografía 

Abanto Vasquez, Manuel. 2003. Delitos contra la Administración Pública, 538-539. Perú: Palestra.

Acuerdo Plenario núm. 3-2015/CIJ-116 (Lima: Salas Penales de la Corte Suprema del Perú, 2015).

Acurio Carreño, Fátima. “El bien jurídico protegido en el tráfico de influencias simuladas” (trabajo presentado para obtener el título de segunda especialización, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017), 12-14.

Reátegui Mayta, Daniel. 2016. Breves consideraciones sobre la composición del delito de tráfico de influencias en el IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ita Ius Esto (diciembre 2016).

Montoya Vivanco, Yván y otros. 2013. Manual de capacitación para operadores de justicia en delitos contra la administración pública. Lima: IDEHPUCP

Reaño Peschiera, José. 2009. Formas de intervención en los delitos de peculado y tráfico de influencias. Perú: Jurista Editores.

Siccha Salinas, Ramiro. 2014. Delitos contra la administración pública. Perú: Grijley.

San Martín Castro, César; Caro Coria, Carlos; y Reaño Peschiera, José. 2002. Delito de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir aspectos sustantivos y procesales. Perú: Jurista Editores.

(*)        Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con estudios de posgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la misma casa de estudios y en la Universidad de Buenos Aires – Argentina. Litigante penalista.

(1)              El nombre general asignado al capítulo no nos debe inducir a asumir que solo los funcionarios públicos pueden ser autores del delito de tráfico de influencias, pues, como lo veremos más adelante, su tipo básico puede ser realizado por cualquier persona.

(2), Ramiro Salinas Siccha, Delitos contra la administración pública (Lima: Grijley, 2014)

(3)         Esta Convención fue ratificada por el Perú mediante Decreto Supremo 012-97-RE del 21 de marzo de 1997 y por lo que forma parte de nuestro derecho interno, conforme al artículo 55 de la Constitución Política del Perú.

(4)               Ramiro Salinas Siccha, Delitos contra la administración pública (Lima: Grijley 2014)

(5)         César San Martín Castro, Carlos Cora Coria y José Reaño Peschiera. Delito de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir: aspectos sustantivos y procesales (Lima: Jurista Editores 2002).

(6)            Esta Convención entró en vigencia el 14 de diciembre del 2005 y fue ratificada por el Perú mediante Decreto Supremo 075-2004 del 20 de octubre del 2004, por lo que forma parte de nuestro derecho interno, conforme al artículo 55 de la Constitución Política del Perú.

(7)        Fátima Acurio Carreño, “El bien jurídico protegido en el tráfico de influencias simuladas” (trabajo para obtener el título de segunda especialización, Pontificia Universidad Católica del Perú), 12- 14.

(8)        Yván Montoya Vivanco y otros, Manual de Capacitación para operadores de justicia en delitos contra la administración pública (Lima: IDEHPUCP, 2013).

(9)       César San Martín Castro, Delito de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir aspectos sustantivos y procesales (Lima: Jurista Editores, 2002).

(10)   César San Martín Castro, Delito de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir aspectos sustantivos y procesales (Lima: Jurista Editores, 2002), 61-62y 70.

(11)   César San Martín Castro, Delito de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir aspectos sustantivos y procesales (Lima: Jurista Editores, 2002), 25-27.

(12)      Salinas Siccha, op. cit, páginas 599-601.

(13)      Montoya Vivanco y otros, op. cit., página 115.

(14)      Montoya Vivanco y otros, op. cit., página 116.

(15)      Abanto Vásquez, Manuel. Delitos contra la Administración Pública. Lima: Palestra, 2003.Páginas 538-539.

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