La criminalización mediática frente al derecho a la protesta social

“Los actos no son, se construyen, sus significados son creados el tiempo que suceden (…) el delito es por tanto un producto cultural, social y mental” Nils Crhistie

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Escrito por Flavia Tapia Olmos[1] y Mercedes Polo González[2]

  1. Introducción.

En el Perú, como en el resto del mundo, mediante la concreción del derecho a la protesta social se plasman las diferentes demandas colectivas, evidenciando así, las graves situaciones de exclusión que atraviesan diversos sectores de la población en la toma de decisiones. Es por tanto que, este es un factor clave para la existencia, conformación y defensa de las sociedades democráticas.

No obstante, a pesar de que la movilización ciudadana y la protesta son derechos reconocidos por los distintos organismos supranacionales, como a su vez, se encuentran enmarcados dentro de las diversas legislaciones internacionales y sustentados en sus sistemas normativos; además de que, se ha afirmado repetidamente que los Estados tienen obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en contextos de protesta. ¿Por qué hasta hoy en día se continúa condenando y criminalizando a los protestantes? ¿Tendrán alguna relación con dicha criminalización los intereses individuales que mueven a las autoridades estatales? ¿Los medios de comunicación juegan un papel clave para que se perpetúen dichos intereses? ¿La manipulación mediática refuerza estereotipos y prejuicios criminalizantes construyendo imaginarios colectivos?

Es a raíz de estos cuestionamientos que surge el presente artículo. Donde nuestro propósito general será describir y analizar la influencia que podrían llegar a tener los medios de comunicación frente a la criminalización de las personas que ejercen su derecho a la protesta.

  1. Desarrollo.

Criminalización mediática.  La conceptualización criminológica ha ido cambiando históricamente en función de su objeto de estudio. Es así que tenemos diversas aproximaciones a la misma; sin embargo, a grandes rasgos la definiremos como una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, del infractor, la víctima, el comportamiento desviado no delictivo o antisocial y las características individuales de los actores de tales conductas, como del control social y el sistema de control jurídico penal (Solís, 2017) y (García – Pablos, 2006). Por otro lado, comprendemos que los medios de comunicación masiva permiten llevar un mismo mensaje a múltiples receptores de manera simultánea, es decir, pueden transmitir una idea a través de la cual son capaces de modificar la realidad social, transformando así, la forma en que la comunidad entiende aquello que sucede en su propia sociedad. De esta manera, los medios de comunicación ejercen un rol indirecto, esencialmente, el cual repercute en el día a día de las personas. Siendo que, quien controla los medios de comunicación de masas puede a través de ellos ejercer un dominio sobre la sociedad entera, aunque no tenga el asentimiento de sus dirigidos y así sea en contra de la voluntad de ellos mismos.

A partir de ello, reconocemos entonces, el poder de los discursos informativos de los medios de comunicación –por discursos nos referimos a la construcción social de la verdad, creada y/o impuesta– que en este caso es el poder mediático y cómo este puede convertirse en relatos de control social en la medida en que naturalizan el accionar represivo de las agencias policiales y judiciales como es el caso de la persecución mediática que se ejerce contra los manifestantes.

En el caso de las protestas sociales, la criminalización mediática permite que se aplique la legislación penal como política de control ante aquellos que expresan su inconformidad frente a los derechos desatendidos y/o vulneraciones por parte de los gobiernos. Esta forma de criminalización desplaza los descontentos y conflictos sociales de su propia esfera hacia la judicialización, con un claro sentido preventivo y aleccionador formando una clara estrategia de dispositivo de control para la parte dominante.

De esta manera, se plasma lo que defiende Julio Virgolini (2005) cuando alega que la criminalidad surge de la desobediencia de las reglas del juego que el poder impone y, asimismo, M. Pavarini (2002) argumenta con razón en tanto defiende que “En cada reflexión criminológica existe siempre esta preocupación por el desorden social, por la amenaza del poder constituido” (p. 18).

Esta estigmatización, además, se da en 2 dimensiones: en la denominación estereotipada con que el discurso mediático identifica a los miembros de la protesta o movimiento social y la descalificación de las demandas, acciones o miembros de la protesta social que el discurso mediático utiliza (Llanos, 2015).

La tergiversación de la protesta y estigmatización de los manifestantes. En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, garantizan y protegen diversas formas –individuales y colectivas– de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, así como afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos, haciendo posible el libre juego democrático a través de la exigencia de una serie de demandas que buscan que el poder gubernamental escuche su llamado de justicia.

Es así que el derecho a la protesta ha sido asociado a otros derechos expresamente reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales y en las normas constitucionales, como son la libertad de reunión y la libertad de expresión (Saldaña, 2012). Muestra de ello es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció una vinculación entre el derecho a la libertad de reunión y el derecho de asociación, señalando que “las restricciones a la libertad de asociación constituyen graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos, dar a conocer sus peticiones y promover la búsqueda de cambios o soluciones a los problemas que les afectan” (Corte IDH, 2009, párr. 165); además, agrega que una interferencia en las comunicaciones podría suponer la vulneración del “derecho y la libertad de determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor” (Corte IDH, 2009, párr. 165).

Por otro lado, ciñéndonos a nuestra realidad nacional y haciendo un análisis de la misma, de acuerdo a la versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2008), los años de violencia política promovieron y contribuyeron a que todo aquel que protestara públicamente o se afiliara colectivamente con fines políticos pudiera ser considerado subversivo y, con ello, ser procesado como presunto terrorista, y en el peor de los casos, condenado a prisión por terrorismo. Estos hechos muestran una similitud con la realidad colombiana: Catalina Muñoz, en una conferencia realizada por la Universidad de los Andes (2021), evidenció esto haciendo un símil con la Masacre de las Bananeras donde en 1928 hubo un desenlace trágico en el que fueron asesinadas más de mil personas cuando el gobierno manejó la protesta como un asunto de orden público y no como una disputa laboral (Pernett, 2018). Cabe precisar que, esta represión se dio porque asumieron que los trabajadores que protestaban eran guerrilleros, reviviendo así, el miedo dentro de la sociedad. Otro caso parónimo, acontecido actualmente también en Colombia, fue donde el gobierno de Duque les dio a las manifestaciones el tratamiento de “amenaza terrorista”; a su vez, el ministro de Defensa, Diego Molano, responsabilizó a disidencias de la exguerrilla FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los “actos premeditados”. Por su parte, el presidente Iván Duque reafirmó el domingo que no se iban a replegar a los uniformados en los puntos donde se produzcan “actos de vandalismo» (Miranda, 2021).

Este derecho, como podemos evidenciar, es lamentablemente asumido por los Estados como una actitud hostil y “criminal”, lo cual se explica bajo el siguiente razonamiento: “las protestas sociales representan una amenaza contra la estabilidad y el orden social que los individuos políticamente más conservadores buscan preservar” (Rottenbacher y Schmitz, 2013, p.373). Es así, que se empieza a marginar, excluir, discriminar a los manifestantes tornándose en un dispositivo de control y donde se crea un imaginario colectivo en el cual existe la imagen de “nuevo delincuente”, una imagen que, cabe resaltar, está plagada de estigmas, prejuicios y estereotipos.

Los medios de comunicación frente a la impunidad policial. En Perú, las protestas en noviembre evidenciaron cómo la prensa empezó a informar recién al tercer día, donde Inti y Bryan de manera lamentable habían ya fallecido. Además, los medios peruanos mostraron una imagen suavizada de la represión policial, que dejó al menos 200 heridos, entre ellos 40 periodistas, según ha informado la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Por ello, Amnistía Internacional demandó a las autoridades la derogación inmediata de la Ley n.º 31012 (Ley de Protección Policial), aprobada en marzo de 2020, pues violaba el derecho internacional y los derechos humanos, así como dejaba la puerta abierta a la impunidad y al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden (Amnistía Internacional, 2020).

De igual manera, en enero del presente año continuaron las marchas contra la impunidad policial por las 166 muertes sin respuesta, ocurridas en protestas ciudadanas en los últimos 17 años. Esta cifra retrata a ciudadanos fallecidos en actuaciones policiales durante diversas protestas sociales desde el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), donde un 90 % de personas murieron por impacto de proyectiles de armas de fuego o por problemas respiratorios a causa del gas lacrimógeno. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna autoridad política ni miembros de las fuerzas de seguridad han sido identificados como responsables ni sancionados en estos 17 años, además de que producto de las manifestaciones muchos han quedado postrados o con discapacidad sin haber recibido alguna reparación civil, ni han sido apoyados por el Estado (Fowls, 2021).

De lo ocurrido en noviembre, CISEPA señala que se puede deducir que hay una cultura de autoritarismo, violencia y violación de derechos humanos en las protestas, que está claramente establecida en diferentes niveles de la policía, además de que este tipo de prácticas policiales no se deben a algunos subalternos que se han excedido desobedeciendo las correctas instrucciones de su comando; sino que en la gran mayoría de los casos han quedado impunes a pesar de tener reconocidos a sus responsables (Salas, 2020).

Algo similar es la situación que se vive en Colombia, donde en estas últimas semanas se vienen dando diferentes movilizaciones y protestas civiles a causa del proyecto de reforma tributaria del actual gobierno de Iván Duque, el cual aspiraba recaudar unos 6 300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para así sobrellevar la emergencia sanitaria y crisis económica de su país. Tal proyecto pretendía reducir el déficit fiscal, sostener la inversión y financiar los subsidios para las personas más pobres. No obstante, para lograr este fin se incluía un aumento del IVA, del impuesto funerario, los servicios básicos y la renta. Además, al recaer gran parte de la carga impositiva sobre todo en la clase media o trabajadora –quien ha sido duramente golpeada por la pandemia del covid-19–, estas medidas desataron el descontento social (RPP, 2021).

A su vez, estas manifestaciones han evidenciado variopintas problemáticas, entre ellas queremos resaltar: la situación de precariedad económica en la que vive sumida casi un 75% de la población como bien señala el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), asimismo calando fuerte se agrega la precariedad alimentaria que abarca a casi 7,5 millones de colombianos como bien señala el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, seguidamente a estas se suman la desigualdad social, corrupción, el deficiente manejo de medidas y políticas públicas en el sector salud. Y finalmente, como hemos evidenciado en los últimos días, la violenta represión y el abuso de poder por parte de las autoridades policiales. Pues de acuerdo al último informe emitido por la Defensoría del Pueblo se ha reportado un total de 42 muertos durante los 14 días de protestas en el país y 168 personas dadas como desaparecidas que continúan a día de hoy sin ser localizadas. Además, según los registros de la ONG Temblores, durante las protestas han ocurrido 40 casos de víctimas de “violencia homicida” por parte de la fuerza pública y al menos 1956 casos de violencia física, que incluyen 28 agresiones oculares, así como 12 casos de violencia sexual. Es así que, varios agentes de la Policía han sido acusados por la muerte de estas víctimas; a razón de eso, la Policía Nacional comenzó 62 investigaciones disciplinarias en la institución por las que fueron detenidos, hasta ahora, tres uniformados vinculados a la muerte de dos jóvenes baleados durante protestas pacíficas, mientras que, por otro lado, la Fiscalía imputará a varios oficiales por los homicidios de otros tres civiles (Perú21, 2021).

Diferentes instituciones nacionales, internacionales, ONG y asociaciones civiles se han pronunciado ante la alarmante gravedad de estos sucesos, los cuales corroboran el uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo a muchas personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas, representando grandes violaciones a los derechos humanos.

El fenómeno de la criminalización mediática frente a los lamentables hechos presentados en las protestas naturaliza estas muertes e incluso llega a disfrazar a los fusilamientos de enfrentamientos. Los presenta como episodios bélicos contra el crimen, donde el cadáver del fusilado es mostrado como signo de eficacia preventiva, como el soldado enemigo muerto en la guerra. Además, esta asume el discurso de la higiene social, donde en este caso los manifestantes son las heces del cuerpo social (Zaffaroni, 2011).

Romantización mediática de las muertes. La romantización de los decesos en protestas es muy común, pues se reconoce la pérdida de vidas como el “sacrificio” que debía de darse para que las cosas cambiaran. Esto se ha evidenciado dentro de las distintas protestas que se han dado en Latinoamérica, pero ¿por qué la romantización mediática de las muertes producto de las protestas no es favorable? Pues porque romantizar estas situaciones solo contribuye en no poner una mirada crítica sobre el porqué se está protestando. Esta óptica no contribuye en evaluar las medidas que darían el cese de estas, no permite analizar las causas ni consecuencias de este suceso, sino que pretende minimizar la reflexión sobre cómo sucedieron estas muertes, así como su prevención.

  1. Conclusiones.

Los medios de comunicación construyen socialmente el fenómeno de la criminalidad mediante discursos vindicativos, represivos, estereotipos criminales y repetición sistemática de noticias violentas como amenazas hacia la población, sintetizando la realidad del Perú, como un país caótico y violento. El miedo generado por los medios es una herramienta útil para el Estado con la finalidad de controlar a la sociedad, siendo esta la que acepta dicho control sin ser consciente del mismo del todo, manejada por el miedo que se tiene de ser víctima de un delito, miedo que es creado por la criminología mediática.

Los medios crean enemigos, “ellos” (refiriéndose a los protestantes) separados del resto de la sociedad y en el caso puntual de las manifestaciones sociales. El principal enemigo que muestran son todas aquellas personas que exteriorizan su disconformidad y descontento, fabrican además estereotipos criminales hacia ellos, construyendo así, un mensaje netamente discriminatorio y represor. Los medios utilizan un discurso vindicativo e inquisidor, en los cuales se evidencia un mensaje de venganza, solicitando aumento de penas, castigos severos, mayor represión social, aumento de policías, apoyo militar en las calles y soluciones mediáticas represivas. Vivimos en una época en la cual se termina ejerciendo un gran poder con la concentración de medios, cuyo resultado es la homogeneización de las opiniones.

Concluimos que, a medida que las acciones de los movimientos sociales se hacen masivas y trascienden, los medios de comunicación informan estigmatizando a los participantes y dirigentes movilizados. El uso de adjetivaciones negativas se usa reiteradamente con el afán de desacreditar las demandas y acciones de todos aquellos que integran dichos movimientos sociales o protestas, manipulando así la opinión pública como utilizando sus discursos y dispositivos de control para llevar a estos a la judicialización.

Referencias.

[1] Estudiante del V ciclo en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Miembro activa y coordinadora de Actualidad Jurídica en la Secretaría de Investigación de la Asociación “Logos y Ethos”.

[2] Estudiante del V ciclo en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Miembro fundadora y tesorera de la Asociación “Logos y Ethos”.

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