El 17 de julio de 1998, tras el cierre de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, y tras más de tres años de intensas negociaciones en las comisiones preparatorias, 120 estados aprobaron el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), la primera corte permanente con vocación de universalidad capaz de juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Bajo la premisa de que la persecución judicial de dichos crímenes incumbe a la comunidad internacional en su conjunto, y operando bajo el principio de complementariedad – el cual establece que la Corte actuará únicamente cuando los estados no puedan o no quieran llevar a cabo tales investigaciones – la creación de la CPI constituye uno de los logros más importantes en la historia del Derecho internacional.
Tras la adopción del Estatuto de Roma en 1998, surgiría el primer gran desafío de la Corte, el cual recayó en conseguir las 60 ratificaciones necesarias para garantizar la entrada en vigor del Estatuto y la activación de la competencia de la Corte. El mencionado principio de complementariedad, así como el alcance territorial y personal de la jurisdicción de la Corte (por el cual la Corte únicamente puede juzgar a individuos que cometen estos crímenes en el territorio de un estado parte al Estatuto, o individuos nacionales de un estado parte) brindaron suficientes garantías para reafirmar el derecho soberano de los estados de ejercer su jurisdicción criminal de manera primaria frente a un carácter subsidiario de la Corte. No obstante, ello no impidió la oposición al sistema por parte de grandes potencias, tales como Estados Unidos, China, Rusia o India.
De esta manera, más allá de que EE.UU. había históricamente apoyado y financiado importantes antecedentes a la CPI como fueron la creación de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, así como de los tribunales penales internacionales ad hoc para la Ex Yugoslavia y para Ruanda, y a pesar de haber participado activamente en la Conferencia de Roma durante la administración del antiguo presidente Bill Clinton, la administración del gobierno de George W. Bush se embarcó en un proceso agresivo de abierta oposición a la Corte que apunto a desminar la misma. En el marco de esta campaña, se recurrió a amenazas de recortar asistencia militar y financiera para aquellos estados que siendo partes al Estatuto se negaran a suscribir acuerdos bilaterales de inmunidad con EE.UU. (donde se esperaba que los estados extraditaran a nacionales estadounidenses a EE.UU. antes entregarlos a la Corte).[1]
Ante tal escenario de oposición y ausencia de grandes potencias, la entrada en vigor del Estatuto se presentó como una tarea ardua, que requirió alianzas importantes entre estados que apoyaban esta misión junto con académicos, expertos en justicia internacional, y miembros de la sociedad civil. La intensa campaña de ratificación que se impulsó desde estos espacios vio su fruto en el año 2002, cuando, tras solo cuatro años desde la adopción del Estatuto, se lograron las 60 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del mismo, lo cual ocurrió el 1 de Julio de 2002.
De este modo, el próximo año (2012) se celebrarán diez años de la entrada en funcionamiento de la Corte, y la comunidad internacional – incluyendo los hasta hoy 119 estados partes, organizaciones de la sociedad civil y la propia CPI – ya se encuentra en los preparativos de la celebración que coincidirá con el Día de la Justicia Penal Internacional. No obstante, mientras nos preparamos para estas celebraciones, no podemos dejar de reflexionar sobre algunos de los desafíos que se presentan para el futuro de la CPI.
A la fecha, existen siete situaciones bajo investigación ante la Corte: Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia y Costa de Marfil. A su vez, ésta ha emitido, hasta el momento, nueve órdenes de comparecencia y 18 órdenes de detención, dos de las cuales han recaído en Jefes de Estado en funciones (Omar Al Bashir de Sudán y Muammar Ghadaffi de Libia). Actualmente, se vienen desarrollando tres casos (caso contra Thomas Lubanga; caso contra Germain Katanga y Matthieu Ngudjolo Chui; y caso contra Jean Pierre Bemba). Adicionalmente, la Corte viene realizando investigaciones preliminares en Colombia, Honduras, Afganistán, Nigeria, Guinea, Palestina, República de Corea y Georgia. Como se puede apreciar, la Corte se encuentra hoy en día ante una carga judicial significativa, y la Fiscalía de la CPI- liderada hasta diciembre de este año por el argentino Luis Moreno Ocampo- ya ha anunciado que continuará llevando a cabo investigaciones en Libia, y evaluando la emisión de nuevas órdenes de detención en la situación de Sudán. Tanto la carga judicial como diversos programas dentro de la Corte se encuentran ante un momento complejo, ya que por el momento la Corte debe trabajar con un presupuesto limitado tomando en cuenta el alcance importante de su mandato.
Otro desafío para la labor de la CPI lo constituye la cooperación de los estados con la misma, la cual resulta crucial para ejecutar sus sentencias, entregar sospechosos, congelar los activos de los mismos, entre otras acciones necesarias para garantizar el cabal funcionamiento de la Corte. El distanciamiento de la CPI por parte de la Unión Africana, lo cual incluso ha llevado a esta última a emitir decisiones sobre no cooperación con la CPI, representa un obstáculo preocupante para impartir justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. La cooperación de los estados con la Corte requiere la adopción de legislación interna en esta materia, así como la implementación de los crímenes contemplados en el Estatuto dentro de los ordenamientos internos.
Por otro lado, la participación de las víctimas en los procesos ante la CPI representa un hito en la justicia internacional, donde cada vez más víctimas buscan ejercer su derecho a la participación (de las 123 víctimas representadas en el primer caso ante la CPI, el caso Lubanga, hoy nos encontramos ante más de 3,000 víctimas que han pedido ser representadas en el caso Bemba). A su vez, el caso contra Thomas Lubanga se encuentra ad portas del cierre y, antes de finalizar el año, la Corte deberá emitir el primer fallo sobre reparaciones en su historia, lo cual representará un precedente importante para futuros fallos en esta materia.
Finalmente, en diciembre de 2011, los estados partes elegirán un nuevo Fiscal y seis nuevos jueces (entre otras autoridades) de la CPI, lo que significará un cambio significativo en el liderazgo de la Corte. Estos desafíos se encontrarán en el centro de la labor de tales autoridades y deberán ser abordados plenamente para garantizar el futuro del sistema de justicia internacionales instaurado en el Estatuto.
[1]La oposición a la CPI por parte de EEUU cambiaría en los últimos años del gobierno de Bush con la remisión de la situación de Sudan por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la CPI en 2005, donde USA no recurrió a su derecho al veto.
