Vientre de alquiler, maternidad subrogada o gestación por sustitución: ¿Debe el derecho evitar los abusos?

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Los avances científicos y médicos y la cada vez mayor recurrencia a las denominadas técnicas de reproducción humana asistida vienen siendo hoy una importante opción para que las personas, como por ejemplo aquellas con problemas de infertilidad, puedan realizar su deseo de ser madres/padres y, por ende, alcanzar la efectiva vigencia de sus derechos fundamentales, en especial de sus derechos reproductivos, a tener una familia, a  alcanzar sus planes de vida e, inclusive, su derecho a no ser discriminadas.

Un primer punto a tener en consideración es que no resulta posible trabajar este tema sin un enfoque de género. Y es que a pesar de los innegables avances logrados en materia de defensa y promoción de los derechos de las mujeres, tal como ha reconocido la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a  estereotipos de género las distintas sociedades siguen vinculando el papel y condición de las mujeres a su capacidad reproductiva, definiendo la feminidad a través de la maternidad y atribuyendo por consiguiente a las mujeres una mayor “responsabilidad” por los problemas de infecundidad[1]. Si a ello sumamos que, como reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la utilización de las tecnologías de  reproducción asistida se relaciona especialmente con el cuerpo de las mujeres”[2], la situación se torna aún más palpable. Resulta entonces claro que esta problemática requiere también ser analizada desde una perspectiva de género al ser, por regla general, las mujeres las principales afectadas en la efectiva vigencia de sus derechos sexuales y reproductivos.

En este contexto, gracias al uso de estas técnicas de reproducción humana asistida heteróloga[3] vienen naciendo personas que a nivel genético, biológico, legal o social resultan teniendo más de dos progenitores. Y esta situación plantea per se diversos problemas y dilemas éticos que se generan, por ejemplo, al presentarse conflictos de derechos entre quienes acceden a ellas para lograr su anhelo de ser padres/madres, las personas donantes (que por regla general suelen buscar la confidencialidad o anonimato),  y quienes nacen gracias a estas técnicas.

Desde un enfoque postpositivista caracterizado por su pretensión de corrección o justicia, el sistema jurídico debe buscar responder a estas nuevas realidades mediante exigencias deliberativas y argumentativas, a partir de las cuales se pretende  participar activamente en la construcción del Derecho[4]. Así, en el marco de un Estado Constitucional, basado en  la primacía de la persona y la defensa y garantía de sus derechos fundamentales[5], el sistema jurídico requiere dar soluciones a partir de una adecuada regulación (normativa y jurisprudencial) de toda esta problemática, a partir de la armonización y ponderación de los derechos fundamentales en juego.

Sin embargo, y a pesar del cada vez mayor desarrollo de la ciencia y medicina, en la actualidad el ordenamiento jurídico peruano, en el marco del enfoque tradicional de una regulación que continúa siendo la misma que fuera emitida hace más de quince años[6], no brinda respuestas adecuadas a la urgencia de solucionar los problemas que, en la realidad, se vienen presentando a partir de la utilización de las técnicas  de reproducción humana asistida. Y esto, lamentablemente, redunda en la vulneración de los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Dada la extensión del presente trabajo, resultaría imposible abordar toda la problemática que se presenta en materia de técnicas de reproducción humana asistida[7]. Es por esta razón que, en esta oportunidad, hemos buscado centrarnos en un tema concreto, cual es el de la gestación por sustitución o maternidad subrogada, mediante la cual una mujer cede su vientre para gestar al concebido que una persona o pareja quiere tener y que, una vez nacido/a, debe ser entregado/a a quien(es) hicieron uso de estos mecanismos para traerlo/a al mundo.  Cabe tener en consideración que esta maternidad por sustitución o es  altruista, o puede realizarse a cambio de una retribución económica. A su vez la maternidad por sustitución puede darse de múltiples maneras, por ejemplo: a) utilizando material genético de una pareja y un útero subrogado, b) usando material genético de donantes anónimos y sólo el útero de la madre sustituta, c) utilizando material genético de madre anónima, esperma del hombre y útero subrogado, o d) usando material genético de varón que busca el embarazo con óvulos y útero pertenecientes a la madre sustituta . Como bien plantea Siverino Bavio, también es factible que parejas del mismo sexo recurran a la maternidad por sustitución, existiendo sistemas jurídicos que tienen prevista esta posibilidad[8] [9].

Como puede apreciarse, el tema a tratar es muy controversial pues plantea dilemas morales o éticos. Estos se evidencian desde el propio uso de términos evidentemente emotivos, como es el caso de la expresión “vientre de alquiler”, que resulta menos aséptico o racional que el de “maternidad subrogada”, que a su vez suele ser menos aséptico  que el de “gestación o maternidad por sustitución”[10]. Por ello, y en concordancia con lo planteado por autores como García Manrique, consideramos más conveniente el término “gestación por sustitución” por ser más objetivo y, por ende, menos susceptible de caer en el riesgo de una reflexión que, antes que racional y argumentativa, pueda terminar  cargada de posturas personales, prejuicios o estereotipos, propios de la moral positiva  o predominante en el marco de una sociedad en la que, a pesar de formar parte de un Estado plural, laico y democrático, aún hay quienes pretenden plantear sus modelos de virtud personal resistiéndose a reconocer jurídica y políticamente los avances que  brinda hoy la ciencia para garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos.

El escenario se torna aún más grave en realidades como la peruana donde en los hechos, y ante la existencia de grandes brechas económicas y sociales, no existe en todos los supuestos igualdad o equidad entre quienes buscan acceder a estas técnicas de reproducción humana asistida para lograr su anhelo de paternidad/maternidad y quienes buscan ser donantes a cambio de una retribución económica. Ello debido a la situación de pobreza y  especial vulnerabilidad de muchas mujeres que puede llevarlas a convertirse en donantes por necesidad y, por ende, sin que hayan brindado el consentimiento realmente libre e informado que debe ser  presupuesto indispensable de todo tipo de tratamiento o intervención que tenga repercusión en la salud y condiciones de vida[11].

Teniendo en cuenta que la pobreza tiene rostro de mujer[12], la maternidad por sustitución constituye una realidad que debe ser enfrentada desde un enfoque de género, más aun cuando, sumada a razones como la raza, suele dar lugar a la que hoy ya se  reconoce como discriminación múltiple o interseccional, caracterizada por la confluencia simultánea de diversos factores de discriminación, y que por tanto requiere del Estado el establecimiento e implementación de políticas públicas con la finalidad de erradicar estas situaciones de abuso y discriminación.

Lo expuesto puede, por ejemplo, generar que muchas mujeres que consintieron en subrogar su vientre terminen arrepintiéndose y busquen su reconocimiento como madres de las personas nacidas bajo estas técnicas; lo que además resulta entendible teniendo en cuenta que, durante todo el proceso de gestación se generan cambios en el organismo de las mujeres y una relación entre madre y concebido que podría llegar a afectar su integridad y salud integral (es decir, no sólo física sino también psicológica o moral). Resulta evidente que esta situación conlleva al surgimiento de  problemas jurídicos en materia de filiación que, en el caso de personas menores de edad, requieren ser resueltos tomando en consideración el principio del interés superior del niño y la niña, expresamente reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Ley N° 27337, Código del Niño y del Adolescente[13].

A todo ello se suma como problema adicional que la condición de especial vulnerabilidad en la que se suelen encontrar las mujeres que gestan concebidos para ser entregados luego de su nacimiento a cambio de una remuneración, suele ir de la mano con la mercantilización o comercialización de esta práctica. La situación se complica aún más cuando quienes quieren tener un hijo/a acuden a otro país en busca de una madre sustituta, lo que suele generar problemas de tráfico o negocio transnacional[14]. Y es que existen países como Grecia, India o México[15], donde ante la existencia de mayor permisividad o de costos más bajos, suelen acudir quienes buscan conseguir una mujer que les brinde la posibilidad de tener hijos/as a partir de una retribución económica.

A estas alturas, y como consecuencia de los dilemas morales que toda esta nueva realidad viene generando, esperamos se haya podido evidenciar en estas breves líneas la importancia de reflexionar y deliberar –desde el Derecho y la Bioética Jurídica- sobre los principios, el sustento y la argumentación que debe seguirse para el análisis de los problemas éticos y jurídicos que plantea la maternidad por sustitución, y la consiguiente necesidad de establecer la adopción de regulaciones jurídicas constitucionalmente adecuadas, pero desde un enfoque integral e interdisciplinario que establezca a su vez  límites que coadyuven a evitar abusos. Sin embargo, tenemos claro que se trata de una tarea por cuya complejidad escapa a todas luces de los alcances de este trabajo. Por este motivo aquí sólo nos limitaremos a esbozar algunas ideas básicas que despierten el interés en el tema y, por consiguiente, fomenten el debate.

En efecto, no puede dejar de tenerse en cuenta que en materia de gestación por sustitución aceptada por mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad por su condición social o económica resulta, cuando menos cuestionable, el real respeto de los principios bioéticos. Ello queda claro al momento de intentar responder a preguntas como las siguientes: ¿puede sostenerse sin que surjan dudas que en la adopción de esta decisión se ha respetado el principio de  autonomía de estas mujeres (entendido como el derecho de las personas de decidir de manera libre y voluntaria sobre lo que afecta sus condiciones de vida y su salud, y que comprende además su derecho a ser informadas al respecto)?; ¿puede asegurarse que se ha respetado su dignidad (en virtud de la cual un ser humano no puede ser tratado como un simple medio para lograr un fin)?; es más, ¿puede sostenerse que estas mujeres se encontraban realmente en situación de igualdad y justicia para “negociar” con quienes deseaban tener un hijo/a gracias a esta gestación por sustitución?[16]. El término “negociar” ha sido puesto a propósito teniendo en cuenta que estamos abordando un problema en el que ya resulta per se, por lo menos discutible, si es que en materia de gestación por sustitución se puede hablar de un tema netamente “contractual”.

La respuesta a estas interrogantes no resulta nada fácil. Ello se evidencia en la falta de consenso entre aquellas posturas feministas que defienden que la gestación por sustitución respeta la decisión libre y autónoma de las mujeres de disponer libremente sobre su propio cuerpo; y aquellas –a quienes en principio nos adscribimos- que consideran que, en sociedades como la nuestra (caracterizadas por una gran inequidad y desigualdad social y económica), la maternidad por sustitución podría resultar ser más bien causa de vulneración de sus derechos a la dignidad y no discriminación, instrumentalizando, cosificando y comercializando el cuerpo de estas mujeres, convirtiéndose en una nueva manifestación de  violencia de género y del contrato  sexual[17], en el contexto de la ya referida “discriminación múltiple o interseccional”.

Lo expuesto nos debe llevar indefectiblemente a reflexionar sobre cuál debe ser nuestro deber de conducta como seres humanos, y, más aún, como abogadas y abogados que requerimos plantear respuestas adecuadas ante los dilemas éticos o morales que plantea la gestación por sustitución. Se evidencia entonces la  necesidad de estudiar un tema novedoso, aún poco e inadecuadamente abordado desde el Derecho y que requiere de soluciones jurídicas ante una realidad a la que el Estado no brinda aún solución, a pesar de estar obligado a  garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, en especial de quienes, por diversas razones, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

En lo que se refiere al Derecho comparado es importante mencionar que, ni siquiera en los países donde existe un mayor desarrollo y utilización de técnicas de reproducción humana asistida, existe consenso sobre su regulación, mucho menos en lo que respecta al tema concreto de maternidad por sustitución. Así, mientras la gestación por sustitución está proscrita en países como Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia e Italia; existen Estados como Argentina, Bélgica o República Checa donde no se encuentra regulada; y países como Australia, Brasil, Estados Unidos, Grecia, Holanda, India, Israel, Reino Unido y Rusia en los que está expresamente permitida[18].  Es más, en muchos de estos Estados el tema no se encuentra zanjado. Así por ejemplo, aun cuando en en España la normatividad vigente plantea la nulidad de los contratos que establecen la gestación por sustitución -sea con o sin precio- y  que la filiación en los casos de personas nacidas por gestación por sustitución será determinada por el parto[19], existe en la actualidad un gran debate en medios de comunicación y redes sociales que evidencia la falta de consenso y consiguiente existencia de opiniones muy diversas en la materia[20].

El sistema jurídico peruano vigente resuelve el tema de la maternidad bajo la tradicional regulación de la maternidad a partir del parto[21]. Y a ello se suma el hecho de que el artículo 7° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, ha llevado al establecimiento de una insuficiente e inadecuada regulación, pues si bien reconoce al derecho a procrear mediante el uso de  técnicas de reproducción humana asistida, plantea que la condición que la madre genética y madre gestante “recaiga sobre la misma persona”. Sin embargo, como bien sostiene Siverino esta disposición, además de ser cuestionable en diversos aspectos (como por ejemplo el hecho de limitar la ovodonación[22]) viene resultando, en la práctica, inaplicable.

En efecto, estamos de acuerdo con la autora en que, en principio, el citado artículo no trata a esta coincidencia de madres genética y gestante como una prohibición sino mas bien como una suerte de exhortación; y que debe además tenerse en cuenta que, en los hechos,  puede incluso coincidir la condición de madre genética y gestante en la misma mujer que se ofrece como madre sustituta[23].   Así, ante la inexistencia de mayor regulación al respecto y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2° 24 a) de la Constitución[24] a la fecha se viene en el país empleando la gestación por sustitución sin que se establezcan límites y controles que coadyuven a evitar abusos y vulneraciones de los derechos de las partes involucradas.

Es más, ya el Poder Judicial ha sostenido a partir de dos sentencias que en el Perú no existe prohibición legal de la maternidad por sustitución ni sanción penal por incumplimiento. Así -más allá de existir diversos cuestionamientos respecto a algunos de los fundamentos de estas sentencias que por problemas de espacio no serán analizadas en este trabajo- en la primera de ellas se otorgó la maternidad a la hija de una abuela que, ante la imposibilidad de gestar de su hija, se ofreció como madre sustituta (subrogación altruista)[25] dejando así de lado el criterio contemplado en el Código Civil de que la maternidad se determina por el parto. Y en una sentencia de casación emitida por la Corte Suprema en el año 2011 se amparó el derecho de la pareja que contrató y pagó a la madre sustituta[26]. Queda entonces claro que, en ambos casos,  el Poder Judicial consideró válida la maternidad por sustitución[27].

Tampoco puede dejar de tenerse en cuenta que existen situaciones en las que, en los hechos, los propios centros de fertilidad podrían terminar fungiendo como mediadores encargándose de “ubicar” a las “madres sustitutas” para las y los pacientes que encuentran en la maternidad por sustitución la oportunidad de lograr su sueño de ser padres/madres. También hoy se pueden encontrar avisos en internet donde, o mujeres se ofrecen como madres sustitutas, o personas manifiestan su deseo de poder contactar a quienes estén dispuestas a fungir de tales. Debe tenerse en cuenta que, por lo general, las candidatas idóneas resultan ser las mujeres de bajos recursos y con hijos/as[28].

En base a estas ideas iniciales nos permitimos sugerir pensar en la importancia  de regular la maternidad por sustitución[29], no prohibiéndola pero sí estableciendo límites en atención y respeto de los principios bioéticos y no brinda aún solución constitucionales aplicables así como de los derechos fundamentales en conflicto. Y en este contexto deberá tenerse en cuenta la trascendencia de garantizar los derechos de las mujeres gestantes ante la especial situación que, en países como el nuestro, suelen enfrentar quienes optan por fungir como madres sustitutas. En tal sentido, consideramos deseable evaluar propuestas que, entre otros aspectos, busquen garantizar un consentimiento realmente libre e informado (que incluya por ejemplo plazos de reflexión), o que contemplen  la posibilidad de revocar el acuerdo o, inclusive, de no firmarlo sino hasta después de producido el parto. Es más,  creemos conveniente analizar la posibilidad de restringir la maternidad por sustitución a aquellos casos en que se trate de una decisión altruista (en la que por lo general quien accede a ser madre sustituta es o pariente o persona muy cercana a quienes desean tener el/la hijo/a).

Ahora bien, la importancia de un análisis concienzudo que coadyuve a una adecuada regulación normativa en materia de maternidad por sustitución no nos impide ser conscientes de que ésta resultará insuficiente si no va acompañada de mecanismos y herramientas que contribuyan a su efectivo cumplimiento e implementación y a evitar la comisión de abusos y consiguiente vulneración de derechos fundamentales, tanto por parte del Estado como de los particulares.

Sólo resta reiterar que la finalidad de este trabajo ha sido únicamente plantear algunas ideas que motiven la discusión ante una realidad que exige, urgentemente, un debate serio y racional que contribuya al establecimiento de una regulación en materia de técnicas de reproducción humana asistida que, obviamente, comprenda la maternidad o gestación por sustitución. Para ello resultará también necesario partir de un análisis crítico que tome en consideración la doctrina existente en la materia así como los alcances y limitaciones que se vienen presentando en el derecho comparado y en el derecho internacional de los derechos humanos.

Cabe por último incidir en que una regulación jurídica sobre maternidad por sustitución y, en general, en materia de técnicas de reproducción humana asistida debe tener como fin último garantizar, a través de la ponderación, el respeto de los derechos fundamentales en conflicto, deconstruyendo y reconstruyendo el Derecho en virtud de las exigencias propias de las nuevas tecnologías y avances científicos, los cuales deben siempre estar al servicio de las personas y en el marco del respeto de los principios éticos y constitucionales que deben inspirar todo Estado Social y Democrático de Derecho.


FUENTE DE IMAGEN: http://realmoda.es/

[1] Corte Interamericana de  Derechos Humanos. Sentencia Caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica sobre técnicas de reproducción humana asistida –fertilización in vitro (de fecha 28 de noviembre de 2012), numerales 295 a 298.

[2] Ibídem, p. 299.

[3] Entendidas como aquellas en las cuales se emplea material genético de donante o donantes varios, es decir, de personas distintas a quienes desean ser padres/madres, como por ejemplo óvulos, espermatozoides, e incluso embriones.

[4] ALEXY, Robert. La institucionalización de la justicia, Editorial Comares, Granada, 2005, p.31. En: Seminario de Investigación y Derecho Constitucional. Unidad de Teoría General del Derecho. Material de Lectura. Profesora Rocío Villanueva Flores. Lima, PUCP, 2015-1

[5] Artículos 1° y 44° de la Constitución Política de 1993, y artículos 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[6] El artículo 7° de la Ley General de Salud, Ley N° 26842, emitida en el año 1997, establece expresamente lo siguiente: Artículo 7: “Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos.

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos.”

[7] Un ejemplo puede ser la posible afectación del derecho a la identidad de una personas nacida bajo técnicas de reproducción humana asistida heteróloga que desea conocer su origen biológico o genético, inclusive aún contra de la voluntad de su(s) padre(s)/madre(s) social(es) o legales y/o de su(s) padre(s)/madre(s) genéticos o biológicos (quienes por regla general suelen buscar la confidencialidad o anonimato de dicha donación.

[8] Ver al respecto SIVERINO BAVIO, Paula. Impugnación de la maternidad, identidad y reproducción asistida heteróloga en el Perú: cuando los genes ganan y las personas pierden. En: Revista de Derecho de Familia N° 55, Buenos Aires. Abeledo Perrot, agosto 2012.

[9] Cabe referir al respecto que hace pocos días en Tailandia, tras una larga batalla judicial,  se otorgó a  un matrimonio español de dos hombres la custodia de una niña concebida con un óvulo donado y el esperma de uno de los cónyuges, y que naciera mediante la subrogación de vientre de una madre tailandesa. Ver al respecto https://redaccion.lamula.pe/2016/05/02/tailandia-matrimonio-de-homosexuales-obtiene-custodia-de-su-hija-por-encima-de-la-madre-biologica/redaccionmulera/

[10] GARCÍA MANRIQUE, Ricardo. La argumentación en bioética. En: Casado, María. Bioética, Derecho y Sociedad. Madrid, Trotta, segunda edición, 2015, p.71.

[11] Situación similar se presenta en países como Colombia. Ver al respecto RINCÓN CASTELLANOS, Ximena. Bioética y derecho para qué y para quiénes? Discusiones en torno a la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida en Colombia. En: Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, Lima,  N° 69, 2012.

[12] Lakshmi Puri, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres. En http:/elpais.com/elpais/2014/11/28/planetafuturo/1417194323 643470.html, visitada el 13 de mayo de 2016.

[13] Artículos 3.1. y IX del Título Preliminar, respectivamente.

[14] GARCÍA MANRIQUE, Ricardo, op.cit., pp. 69 y 70.

[15] Ver al respecto noticia publica el 26 de abril de 2016. Latinoamerica. México se resiste a convertirse en “próximo paraíso” del turismo reproductivo. En: http://noticias.terra.com.pe/mundo/latinoamerica/mexico-se-resiste-a-convertirse-en-proximo-paraiso-del-turismo-reproductivo,7e13096faa650ac9275089e285a7f7e6wtnl4eb2.html

[16] Ver al respecto los principios de la bioética planteados en ATIENZA, Manuel. Bioética, Derecho y argumentación. Lima, Palestra, 2010, p.86.

[17] Cabe mencionar que en diciembre de 2015 el Parlamento Europeo consideró el contrato de gestación por sustitución como contrario a la dignidad e la mujer, “cuyo cuerpo  función reproductiva son considerados como mercancías”.  Ver al respecto SALAZAR, OCTAVIO. Una mirada feminista sobre la gestación por sustitución-Agenda pública. En: http://agendapublica.es/una mirada feminista sobre la gestación por sustitución, visitada el 22 de abril de 2016.

[18] CARRACEDO URIBE, Sarah Lucía. La Fertilización in vitro y el debate sobre el estatuto del no nacido. Tesis para optar el grado académico de Licenciada en Derecho. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015, p .227.

[19] Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, artículo 10°.

[20] Ver al respecto SALAZAR, OCTAVIO. Una mirada feminista sobre la gestación por sustitución-Agenda pública. En: http://agendapublica.es/una mirada feminista sobre la gestación por sustitución, visitada el 22 de abril de 2016.

[21] Artículos 371° y 409° del Código Civil.

[22] Ver al respecto SIVERINO BAVIO, Paula. Impugnación de la maternidad, identidad y reproducción asistida heteróloga en el Perú: cuando los genes ganan y las personas pierden. En: Revista de Derecho de Familia N° 55, Buenos Aires. Abeledo Perrot, agosto 2012.

[23] Ver al respecto SIVERINO BAVIO, Paula. Una mirada desde la bioética jurídica a las cuestiones legales sobre la infertilidad en el Perú. En: Revista de la Sociedad Peruana de Infertilidad (Rev. Perú Ginec. Obstetr. 2012; 58: pp. 213-219).

[24] Constitución Política del Perú. Artículo 2° inciso 24: Toda personas tiene derecho (…) a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

[25] Décimo Quinto Juzgado Especializado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, sentencia de enero de 2009.

[26] Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Sentencia Cas. N° 563-2011 de 6 de diciembre de 2011.

[27] CARRACEDO URIBE, Sarah Lucía, op.cit., p.229.

[28] RINCÓN CASTELLANOS, Ximena. Bioética y derecho para qué y para quiénes? Discusiones en torno a la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida en Colombia. En: Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, Lima,  N° 69, 2012, p.102.

[29] Es importante mencionar que a la fecha se han presentado los siguientes proyectos de ley en materia de técnicas de reproducción humana asistida: PL 1722/2012-CR que busca regular de manera específica las técnicas de reproducción humana asistida; el PL 2003/2012-CR que modifica el artículo 7° de la Ley General de Salud y trata sobre el uso de estas técnicas, y el PL 2839/2013-CR que modifica el artículo 7° de la Ley General de Salud, sobre maternidad sustituta, propuestas que sin embargo presentan diversos problemas en su contenido que no pueden ser abordados en el presente trabajo. De otro lado, se conoce de una propuesta de reforma legal que busca regular los diversos aspectos relacionados con la investigación biomédica y las técnicas de reproducción humana asistida, la cual viene siendo elaborada por un grupo de trabajo multidisciplinario que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, constituido mediante Resolución Ministerial N° 0271-2013-JUS, del 4 de diciembre de 2013.

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