Hacia un Gobierno Digital en los Procedimientos Tributarios. La Mesa de Partes Virtual de la SUNAT: una oportunidad de avanzar | Julio Sáenz Delgado

Analizando la experiencia nacional, en el año 2016, la OCDE concluyó que Perú tenía que definir una visión coherente e integrada en donde la naturaleza transversal de las tecnologías digitales faciliten un cambio hacia el uso estratégico de las TIC para desarrollar el ecosistema digital en todos los niveles de gobierno. ¿En que consiste el ecosistema de gobierno digital? ¿Cómo se vincula esto a la materia tributaria? ¿De qué manera contribuye la creación de la Mesa de Partes Digital de la Sunat al desarrollo tecnológico de nuestro país? Julio Saénz , abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú y asociado senior de Hernández & Cía. Abogados, responde dichas interrogantes.

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Elaborado por Julio Sáenz Delgado*

La Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) define al Gobierno Digital como “el uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos para crear valor público. Se basa en un ecosistema de gobierno digital conformado por actores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones de ciudadanos y personas que apoyan la producción de datos, servicios y contenido y tienen acceso a los mismos a través de interacciones dentro del gobierno[1] [2].

Para la OCDE, el Gobierno Digital “ya no se refiere solamente a poner servicios en línea y lograr la eficiencia operativa[3], sino que los gobiernos están adoptando una nueva concepción de las TIC [Tecnologías de Información y Comunicación] como elemento básico de la transformación del sector público. Las TIC son un mecanismo clave para fortalecer la gobernanza pública que puede contribuir a que los gobiernos sean más abiertos, eficaces y eficientes, además de permitir integrar las preferencias de los usuarios en el diseño y la prestación de los servicios públicos[4].

Así, la OCDE resalta la “necesidad de integrar la estrategia de gobierno digital en las reformas generales de la administración pública, así como identificar la complementariedad, alineamiento y esfuerzo mutuo entre la estrategia de gobierno digital y otras estrategias relevantes para el sector[5].

De este modo, la OCDE destaca como ejemplos de reformas adoptadas para lograr un Gobierno Digital a las que buscan:  (i) eficiencia y eficacia de los servicios públicos (entrega de un mayor valor por el costo pagado por los ciudadanos); (ii) competitividad (operación óptima de la administración pública y alta calidad de los servicios brindados); (iii) construcción de confianza (a través de un servicio público proveedor de servicios y orientado a las personas); (iv) acercar los servicios públicos a través de una atención multicanal; (v) integración de las tecnologías digitales en todas las áreas de actividad en la vida de los ciudadanos[6].

Analizando la experiencia nacional, en el año 2016, la OCDE emitió el documento “Perú Gobernanza Integrada Para Un Crecimiento Inclusivo Diagnóstico”, en el cual concluyó que “el gobierno peruano tiene que definir y seguir una visión coherente e integrada en donde la naturaleza transversal de las tecnologías digitales se posicionen de tal forma que faciliten un cambio hacia la transición digital y el uso estratégico de las TIC para desarrollar el ecosistema digital en todos los niveles de gobierno[7].

Ahora bien, no existe[8] aún en materia tributaria un “ecosistema de gobierno digital”, esto es, una integración de todos los niveles de gobierno que permita la consolidación de los servicios del Estado y la simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

La reciente creación de la Mesa de Partes Virtual (MPV) de la SUNAT[9] [10], que permite el inicio y seguimiento de diversos procedimientos de forma electrónica, presenta una oportunidad para integrar los servicios prestados por diversas entidades del Estado en la tramitación de los procedimientos de fiscalización, así como en la resolución controversias tributarias.

La MPV puede representar un punto de partida hacia la formación un expediente digital que permita el acceso virtual a todas las actuaciones realizadas en un procedimiento contencioso tributario -las cuales inician en el procedimiento de fiscalización, continúan ante la propia SUNAT en la instancia de reclamación y culminan en el Tribunal Fiscal, en la instancia de apelación-. De esta forma, se podría optimizar los servicios del Estado en la resolución de controversias tributarias, prestando servicios de calidad a través de una única plataforma digital, que acerque las labores del Estado a los contribuyentes.

En efecto, la SUNAT ha habilitado la presentación de recursos de reclamación y apelación[11] a través de la MPV, asignando un número de expediente que permite su seguimiento virtual. Ello implica un gran avance en la simplificación de los procedimientos tributarios, ahorrando tiempo y recursos tanto de los contribuyentes, como del personal de la Administración Tributaria.

Sin embargo, teniendo en cuenta la larga duración de los procedimientos tributarios -desde el inicio de la fiscalización, hasta la emisión de la resolución del Tribunal Fiscal que pone fin al procedimiento, transcurren, al menos, seis años-, es usual que los responsables de atender una controversia cuando ésta empezó (sean los contribuyentes, sus abogados o los propios funcionarios de la Administración) no sean los mismos que al momento en que ella culmina.

Por ello, consideramos que nuestras autoridades tributarias deberían utilizar a la MPV como un insumo que nos permita transitar del expediente físico a uno íntegramente digital, a través del cual, tanto los contribuyentes como los funcionarios de la administración, siguiendo protocolos de seguridad que salvaguarden la reserva tributaria, puedan acceder de forma virtual a dicho expediente, desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a internet.

De esta forma, se debería establecer un único expediente digital al inicio de un procedimiento de fiscalización[12], en el cual el contribuyente presente sus descargos y medios probatorios. Teniendo en cuenta el gran volumen de documentación que suele ser presentada en un procedimiento de fiscalización, el acceso a un expediente de fiscalización digital facilitaría las labores de los auditores encargados de este procedimiento, y otorgaría una herramienta adicional a los contribuyentes para el ejercicio de su derecho de defensa.

En este mismo expediente digital se podrían incorporar las actuaciones del procedimiento contencioso tributario en la instancia de reclamación. Asimismo, y en un avance de integración digital de diversas entidades del Estado, se debería permitir la estandarización de los sistemas informáticos de la SUNAT y el Tribunal Fiscal, de tal forma que el mismo expediente digital que empezó en la SUNAT, continúe en el Tribunal Fiscal durante la tramitación de la instancia de apelación.

Del mismo modo, contando con un expediente administrativo optimizado para un entorno digital, un último esfuerzo sería el de compatibilizar los sistemas informáticos del Tribunal Fiscal y la SUNAT con los del Poder Judicial, entidad que ya cuenta con el Expediente Judicial Electrónico en la mayoría de los juzgados de la Subespecialidad Tributaria y Aduanera del Distrito Judicial de Lima, debiendo establecerse disposiciones normativas que permitan que todas las partes procesales puedan acceder de forma virtual a todos los antecedentes de la controversia, sea que éstos se hubieran producido en la etapa administrativa o judicial.

Esperemos que la MPV sea el primer paso en la implementación de las tecnologías digitales en la resolución de las controversias tributarias.


Imagen obtenida de https://bit.ly/3cPt4oh

* Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Asociado Senior de Hernández & Cía. Abogados.

[1]     OCDE (2016), Perú Gobernanza Integrada Para Un Crecimiento Inclusivo. p. 249. En: http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/PueblosAndinosEcologia/files/9._estudios_de_la_ocde_sobre_gobernanza_p%C3%BAblica._per%C3%BA._gobernanza_integrada_para_un_crecimiento_inclusivo.pdf

Parte de las recomendaciones de este estudio fueron recogidas en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N°1412, el cual aprobó la Ley del Gobierno Digital.

[2]     Definición recogida por nuestra legislación en el artículo 6° de la Ley del Gobierno Digital.

[3]     Lo cual es definido por la OCDE como “Gobierno Electrónico” o “e-gobierno”.

[4]     OCDE (2016). Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe. p. 391. En:

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Pol%C3%ADticas-de-banda-ancha-para-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-Un-manual-para-la-econom%C3%ADa-digital.pdf

[5]     OCDE (2016), Perú Gobernanza Integrada Para Un Crecimiento Inclusivo. p. 249.

[6]     Cfr. OCDE (2016), Perú Gobernanza Integrada Para Un Crecimiento Inclusivo. p. 250-251. Las reformas de los puntos (i) al (iv) fueron implementadas por Hungría, mientras que la del punto (v), por Colombia.

[7]     OCDE (2016), Perú Gobernanza Integrada Para Un Crecimiento Inclusivo. p. 251.

[8]     No obstante que a través de la plataforma “SUNAT Operaciones en Línea” (SOL) los contribuyentes pueden realizar distintos trámites de forma virtual, tales como, presentación de declaraciones juradas determinativas e informativas, presentación de solicitudes de devolución, emisión de comprobantes de pago, actualización de datos del Registro Único de Contribuyentes, ser notificados con actos administrativos, etc.

[9]     Creada por la Resolución de Superintendencia N°077-2020/SUNAT, como parte de las acciones del Estado para la prestación de servicios y trámites a fin de atender a la ciudadanía durante la vigencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria producida por la COVID-19.

[10]    Cabe indicar que la MPV también permite realizar diversos trámites relacionados con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), permitiendo el uso de la Plataforma de Interoperatividad del Estado.

[11]    La SUNAT ha publicado en su sitio web las Guías para Iniciar los Procedimientos de Reclamación y de Apelación.

[12]    Para tal efecto, se debería analizar la pertinencia del segundo párrafo del artículo 131° del Código Tributario, que establece que los contribuyentes sólo podrán acceder al expediente de fiscalización del que son parte, cuando este procedimiento hubiera culminado.

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