La Prueba de Oficio en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil | Entrevista a Michele Taruffo

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Michele Taruffo es catedrático de Derecho Procesal Comparado y Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pavia en Italia.

IUS 360 conversó con el maestro italiano sobre la prueba de oficio y su regulación en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil aprovechando su visita al Perú para participar en el VIII Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución, organizado por la Maestría de Derecho Procesal de la PUCP y la asociación IUS ET VERITAS.

A nivel conceptual, ¿cuáles son los fundamentos de los poderes probatorios del juez? Es decir, ¿cuál es su justificación? 

A nivel conceptual, la premisa básica es que uno de los fines del proceso es la búsqueda de la verdad sobre los hechos – que es la premisa que yo personalmente comparto-. Si las partes no presentan, por cualquier razón, todas las pruebas que serían relevantes y útiles para buscar la verdad, una consecuencia lógica es permitirle al juez ordenar de oficio las pruebas que faltan para llegar a una decisión completa y justificada. Entonces, la premisa es importante. El problema es que muchas veces no se admite esa premisa. Y claro, si no se considera a la verdad como uno de los fines del proceso, los poderes del juez no serían útiles. 

Hay ordenamientos jurídicos que consideran a la prueba de oficio como un deber y otros como una facultad. En su opinión, ¿la prueba de oficio debe ser un deber del juez o una facultad? 

Normalmente las reglas de varios sistemas hablan de un poder, de una posibilidad discrecional que el juez puede o no utilizar dependiendo de una valoración suya. Mi opinión sería más radical, yo hablaría de un deber porque si la premisa es que la verdad es uno de los fines del proceso, el juez tiene que llegar a una decisión justa que considere la verdad de los hechos. En ese sentido, la prueba de oficio es un deber básico. Si el juez sabe que hay pruebas que las partes no presentaron, pero que serían importantes por la búsqueda de la verdad, tiene el deber de ordenarlas. 

Se discute en la doctrina si es que el juez – al ordenar una prueba de oficio luego de que las partes ya han presentado sus pruebas y este no ha quedado satisfecho respecto a su convicción- estaría vulnerando el principio de imparcialidad. En este supuesto, ¿el juez no estaría teniendo una pre concepción de cuál sería el resultado final de su decisión?

Este es el argumento más común en contra del rol activo del juez de ordenar las pruebas. A mí me parece un argumento que no tiene base porque sería como decir que si un médico me ordena hacer controles o exámenes pierde la capacidad de valorar el resultado de estos controles porque él lo ordenó. Es absurdo. Si un científico decide hacer un experimento en física o química y él decide hacerlo y lo hace, ¿decimos que pierde la capacidad de valorar correctamente el resultado del experimento porque ha sido él quien ha decidido? Esto también no es tan lógico. Entonces, el hecho de que haya sido el juez quien ha ordenado la presentación de un documento no elimina su razonabilidad al considerar de manera correcta su contenido. Esa crítica me parece mal planteada como justificación para decirle al juez que no tiene que hacer nada porque si no pierde su imparcialidad. 

¿Qué criticas reconoce como válidas hacia la prueba de oficio? 

Bueno, la única crítica medianamente válida que encontré en varias literaturas es esta del riesgo por la imparcialidad del juez. No hay muchas otras razones. Cuando algunos hablan de un proceso inquisitorio, simplemente utilizan esta palabra para espantar, y lo mismo cuando se habla de la gran inquisición. Se habla de todo esto sin considerar que en la historia del proceso civil jamás hemos tenido un proceso civil inquisitorio. En el siglo XII se crea el proceso romano canónico, un proceso de partes con un juez con poderes probatorios de oficio. Pero eso no permite decir que era un proceso de tipo inquisitorio. El proceso es inquisitorio cuando, por ejemplo, se les niega a las partes el derecho a defenderse. En un proceso con un juez que tiene poderes de oficio, las partes pueden defenderse, incluso, por ejemplo, presentando pruebas en contra de la prueba de oficio. Como ven, se trata del normal desarrollo del contradictorio procesal. Entonces, reitero, no es un buen argumento en contra de la prueba de oficio. 

¿El juez podría actuar de oficio – considerando la premisa de que la verdad es el fin del proceso- una prueba ilícita que es relevante para determinar la inocencia del acusado?

En general se dice que la prueba ilícita no puede ser admitida. Yo tengo dudas sobre este punto porque no cabe duda que, si detrás del descubrimiento de una prueba hay un crimen, una actividad ilícita, esta tiene que ser sancionada como tal. Si hay el robo de un documento, el robo tiene que ser sancionado, pero esto no necesariamente tiene que afectar la posible utilización de la prueba. Si este documento a pesar de que ha sido robado, sigue siendo una buena prueba para documentar, ¿por qué no utilizarla? ¿porque ha sido robada? Ese es otro problema.

Entonces yo estoy a favor de la utilizabilidad de la prueba a pesar que sea ilícita todas las veces que el origen ilícito no elimine el valor probatorio de la prueba. Se sanciona el ilícito, pero si la prueba sigue siendo, a pesar del ilícito, una buena prueba de un hecho, ¿por qué no utilizarla? 

A pesar de la orientación generalmente negativa sobre la admisibilidad de la prueba ilícita, empiezan a ver casos en los que se admite. La doctrina está cambiando sobre ese punto. 

¿En qué casos debería usarse la carga de la prueba y en qué casos la prueba de oficio?

Son dos temas diferentes. La carga de la prueba tiene que ver con cómo el juez decide cuando falta la prueba de un hecho. Se llega al final del proceso y falta la prueba del hecho básico de la demanda. Si no hay pruebas se aplica la carga de la prueba para establecer quién es el vencedor y quien es el derrotado. Esto no se conecta necesariamente con la prueba de oficio porque la prueba de oficio para mi significa lo siguiente: si al final de la presentación de las pruebas por las partes, el juez se da cuenta que hay un hecho no probado o que hay una prueba relevante que no ha sido presentada, la ordena y luego ve cual es el resultado. Si el hecho sale probado no se aplica la carga de la prueba, la carga de la prueba se aplica, repito, cuando falta la prueba de un hecho.

¿Cuál es su opinión respecto de la regulación de la prueba de oficio en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil peruano? 

Artículo 194.- Pruebas de oficio

Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes no sean suficientes para probar los hechos controvertidos, el juez de primera o de segunda instancia puede incorporar medios probatorios de oficio siempre que la existencia de los mismos haya sido invocada en alguna fuente de prueba citada en el proceso.

Para tales efectos, el juez debe informar previamente a las partes la necesidad de incorporar un medio probatorio sobre algún hecho que a su juicio no estaría probado, debiendo las partes absolver lo indicado por el juez en un plazo de seis días, pudiendo ofrecer el medio probatorio necesario.

Con la absolución o sin ella, el juez decide la incorporación de oficio o no del medio de prueba. En caso la decisión sea la de incorporar el medio probatorio, el juez otorga a las partes un plazo adicional de seis días para que puedan ejercer su derecho de defensa respecto de él, pudiendo ofrecer nuevos medios probatorios si fuera el caso.

En ninguna instancia o grado se declara la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la incorporación de oficio de medios probatorios.

A mí me parece intuitivamente una regla razonable. Podría decir algo sobre el excepcionalmente, porque evidentemente se presupone que como regla las partes presentan todas las pruebas y que solo en caso excepcional falta una prueba. En la práctica puede que sea así porque normalmente las partes tienen un interés en presentar sus pruebas y si son las partes que presentan todas las pruebas posibles, el juez no tiene nada más que hacer. Entonces este excepcionalmente si se interpreta de esta manera me parece razonable, así como me parece razonable, si entiendo bien la otra parte de la norma, cuando dice que la información sobre la prueba que el juez ordene de oficio tiene que salir de los actos del proceso. Esto también es razonable porque se corresponde con la prohibición del conocimiento privado del juez. El juez tiene que utilizar solo lo que sabe de los actos del proceso. Me parece una regla muy razonable. 

¿Nota algún cambio significativo respecto al artículo vigente sobre la prueba de oficio?

Artículo 194.- Pruebas de oficio.-
Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.

Excepcionalmente, el Juez puede ordenar la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial.

Me parece más clara la propuesta, es más sintética, establece muy bien cuándo y cómo el juez puede ordenar de oficio. No veo una gran diferencia entre los dos textos, pero me parece mucho mejor el texto nuevo. 


Imagen obtenida de https://bit.ly/2KsVXbu   

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Catedrático de Derecho Procesal Comparado y Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pavía. Es Doctor en Derecho por la Universidad de Pavía, Profesor visitante de las Universidades de Cornell (1994 - 1996), Pennsylvania (1997), Hastings College of the Law de la Universidad de California y conferenciante en otras universidades. Es miembro del American Law Institute, del Bielefelder Kreis y de varias otras asociaciones italianas y extranjeras en el área de derecho procesal, de derecho comparado y de teoría del derecho. Es miembro de comités científicos de varias revistas italianas y extranjeras. Entre sus obras más importantes cabe destacar: "Studi sulla rilevanza della prova" (Padua, 1970), "La motivazione della sentenza civile" (Padua, 1975), "Il processo civile "adversary" nell'esperienza americana (Padua, 1979), "La giustizia civile in Italia dal 700 a oggi" (Bolonia, 1980), "Il vertice ambiguo. Studi sulla Cassazione civile" (Bolonia, 1991), "La prueba de los hechos" (Trotta, 2002) y "Sui confini. Scritti sulla giustizia civile" (Bolonia, 2002). Ha colaborado, además, en numerosas obras colectivas sobre derecho procesal y teoría del derecho y ha editado un centenar de artículos sobre temas de su especialidad. Varias de sus obras se han traducido a diversos idiomas. Ha impartido cursos y conferencias en numerosas universidades de Europa y América.

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