Transparencia y acceso a la información pública en las deliberaciones del Tribunal Constitucional | Raúl Gutiérrez

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Raúl Gutiérrez Canales[1]

En la juramentación del cargo de presidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Marianella Ledesma planteó, como una de sus lineamientos de gestión, la promoción de una reforma normativa a fin de que las deliberaciones de los casos que conoce esta institución sean públicas. En el mismo sentido, declaró a los medios de comunicación que las ponencias deben ser de público conocimiento y que se debe permitir que la población vea el debate de la demanda competencial sobre la disolución del Parlamento, precisando que, de romperse la reserva, se permitiría tener una “deliberación social”[2].

La propuesta de Ledesma fue aprobada por el pleno del Tribunal Constitucional, aunque solo para el caso de la demanda competencial referida[3]. De esta manera, el debate que realizarán los jueces constitucionales, respecto de la ponencia presentada por el magistrado Carlos Ramos[4], será cubierta por los medios de prensa y tendrá difusión pública.

Dicha medida constituye un verdadero precedente en la historia de la justicia constitucional en el Perú y su compromiso con las políticas de transparencia y acceso a la información pública en el ámbito del Sistema de Administración de Justicia. Si bien, repetimos, es un acuerdo para un caso concreto, sin duda, será el punto de partida para caminar hacia objetivos deseables, como la generalización o normativización de esta práctica en todas las controversias que revistan interés público.

Es pertinente anotar que el propio Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que “Una de las manifestaciones del principio de transparencia es, sin duda, el derecho de acceso a la información pública (…). No obstante, el principio de transparencia no agota aquí sus contenidos, en la medida en que impone también una serie de obligaciones para los entes públicos no solo con relación a la información, sino en la práctica de la gestión pública en general[5]; esto equivale a afirmar que la transparencia no termina en su manifestación pasiva (dación de información solicitada), sino que exige por parte de las entidades públicas, el impulso de acciones innovadoras y accesibles, que garanticen una política de transparencia activa (publicidad máxima) y colaborativa (oportuna y útil).

Además de reconocer la iniciativa de la presidenta del Tribunal Constitucional, hay que señalar que esta disposición, lejos de comprender un mecanismo de presión que pueda afectar indebidamente la discreción de los magistrados, configura un acto cierto de reforma del sistema de justicia, específicamente, relacionado con el fortalecimiento del modelo democrático. Claro está, cuando hablamos de democracia en este campo, nos referimos a aquella que enmienda la falta de confianza en las entidades jurisdiccionales y su alejamiento con la sociedad.  Además, se fomenta el principio de independencia y la rendición de cuentas que debe cumplir todo componente estatal. En puridad, una pauta como la impulsada, contribuye decididamente al afianzamiento de la legitimidad del máximo intérprete de la Constitución, situación que resulta más que indispensable en un contexto como el que vivimos, donde el colegiado constitucional ha venido siendo cuestionado, no solo por la opinión pública, sino también por los órganos del propio aparato estatal. Basta ver que durante la presidencia del magistrado Ernesto Blume, el colegiado pasó de tener una confianza por parte de la población de 46% (2017)[6] a solo 23% (2019)[7], lo cual no es alentador si se tiene presente el alcance trascendental de sus sentencias y el rol ordenador central que cumple el tribunal en el régimen de la separación de poderes.

Si bien históricamente los órganos jurisdiccionales han desarrollado sus deliberaciones con restricciones y a puertas cerradas, es verdad también que la justicia constitucional, en los últimos tiempos ha emitido pronunciamientos de trascendencia social, económica, y política, que abordan casos de manifiesto interés ciudadano como la corrupción, los problemas de contaminación ambiental, los cambios de paradigmas en la regulación de los derechos sexuales y reproductivos, los límites a los poderes públicos, entre otros. En este escenario, qué duda cabe que el acceso de la población al proceso de toma de decisión de estos asuntos se convierte en una necesidad, antes que en mero formalismo. Por ello, además de hacer públicas las acciones de este tipo, se debería también generar los canales de difusión idóneos con la finalidad de que la población esté en condiciones adecuadas de informarse y participar.

Asimismo, debe anotarse que en América Latina ya existen experiencias apreciables sobre la materia. Es el caso de México, cuyo Canal Judicial incluye en su programación cotidiana la transmisión en vivo de la sesión, donde el pleno de ministros de la Suprema Corte delibera los casos puestos a su consideración. Aun cuando este país es un referente en la medida descrita, también se deben resaltar algunas otras acciones implementadas por muchos países de la región, incluido el Perú, que van en el mismo sentido, de consolidar un sistema eficaz de transparencia y acceso a la información pública en la estructura jurisdiccional. Ejemplos de ello son la legalidad del amicus curiae y la publicidad de las audiencias. En todo caso, una contribución en esta línea que hace el Tribunal Constitucional peruano, es el acceso público al contenido de las ponencias antes de que estas hayan sido debatidas y votadas.

En suma, el impulso de medios para el conocimiento y participación social en los asuntos que conoce la jurisdicción constitucional y ordinaria, siempre es un factor positivo. Evidentemente, habrá casos que justifiquen la respectiva reserva, no obstante, esta situación debiera ser la excepción y, como tal, encontrarse debidamente justificada. La medida de publicidad que busca institucionalizar la presidenta del Tribunal Constitucional es, por ello, conveniente, más cuando se ha optado por promover un cambio progresivo, que debe empezar por hacer públicas las deliberaciones en los procesos de control normativo (como los procesos competenciales o de inconstitucionalidad), donde, por regla, media un evidente interés público. No debe olvidarse, en ningún supuesto, que la transparencia socializa la función de justicia y contribuye decididamente a la recuperación y vigorización de la legitimidad de la labor que ejercen nuestros magistrados.


[1] Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y asesor principal del Congreso de la República.

[2] “Ledesma propone que ponencia y discusión de la demanda competencial en el TC sean públicas”, en diario El Comercio, sección Política, Lima, 7 de enero de 2020.

[3] Aprobación llevada a cabo en la sesión plenaria del Tribunal Constitucional, de fecha 7 de enero de 2020.

[4] La ponencia corresponde al expediente 0006-2019-CC/TC.

[5] Sentencia del Tribunal Constitucional 0565-2010-PI-ID/TC, fundamento jurídico 5.

[6] Encuesta El Comercio-Ipsos, en diario El Comercio, Lima 1 de octubre de 2017.

[7] Encuesta IEP, en diario La República, Lima, 23 de diciembre de 2019.

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