Consideraciones en torno a la implementación del acuerdo de facilitación del comercio en Ecuador

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El comercio mundial ha destacado un crecimiento pronunciado durante los últimos veinte años. Cada vez son más los países que le apuestan a la apertura comercial como mecanismo de internacionalización, buscando destacarse en el mundo con productos de alta calidad y relevancia, en los que la marca país se vuelve un componente de gran valor. Tomando en consideración estas variables, la simplificación, armonización, automatización de procedimientos, reducción de requisitos y formalidades deberían ser objetivos constantes y generalizados; sin embargo, estas circunstancias parecerían haber avivado el afán de otras Naciones de complicar las posibilidades de ingreso de bienes a su territorio, bajo un absurdo discurso de nacionalismo y autoconsumo, desconociendo que en un mundo globalizado el intercambio comercial es una ventaja ineludible de la que se debe aprovechar y no rehuir.

Es indiscutible que, a pesar de aislados afanes, los procesos de importación, exportación e incluso tránsito, que se desarrollan en múltiples países, no logran alcanzar la dinámica necesaria y siguen siendo parte de un esquema burocrático que, en muchos casos, parecería planificado para desincentivar estas prácticas, destacándolas implícitamente como dañinas o perjudiciales.

En este contexto, la Organización Mundial de Comercio ha determinado que cada día que una mercancía reposa en el puerto equivale a un 1% de arancel adicional. Este impacto es extremadamente negativo para el comercio exterior de una nación y de ahí que este ente, empeñado en lograr un desarrollo de comercio exterior óptimo y consciente de la ausencia de cierta normativa vinculada a procedimientos aduaneros, requerimientos de documentación y transparencia de información, determinó la necesidad de establecer reglas comunes que permitan efectivizar un esquema de reducción de tiempos de despacho y facilitación, que desemboquen una dinámica acelerada real, tanto en importaciones como en exportaciones.

Es así que, después de un periodo de negociaciones de nueve años, los países miembros de la OMC lograron aprobar un acuerdo destinado a reducir las trabas, agilizar los procesos, fomentar la transparencia e implementar políticas gubernamentales que protejan el cabal desarrollo del comercio internacional “El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio”, que ha sido ratificado por 137 de los 164 miembros de la Organización.

Es innegable que, durante los últimos años, el Ecuador ha dado varios pasos tendientes a   mejorar la operatividad aduanera,  ha reformado la legislación y normativa que rige la materia,  incorporó un nuevo sistema informático para la gestión de trámites de importación y exportación, desarrolló una plataforma tecnológica en la que confluyen múltiples actores públicos y privados vinculados al comercio y, en general, ha procurado dinamizar el ingreso y salida de mercancías, logrando una reducción importante en los tiempos de despacho. Lamentablemente, a la par de todas estas mejoras, surgió en el país una corriente de privilegio a la industria local y con ella una serie de trabas, requerimientos y sobrecostos, que dificultaron seriamente el comercio.  Hoy parecería que la tónica ha cambiado y que ahondar las relaciones comerciales internacionales se destaca como uno de los pilares de gestión del actual gobierno ecuatoriano, que ha expresado su interés por profundizar relaciones con países del EFTA, Alianza del Pacífico, e incluso con EEUU, opción que años atrás se veía inviable.  A pesar de todo esto, Ecuador se encuentra entre los países que aún no ratifican el Acuerdo de Facilitación de la OMC y, aunque las gestiones para ello ya se encuentran en proceso, no se avizora un panorama claro del tiempo que esto tomará.

El 23 de febrero de 2017, el Comité de Comercio Exterior Ecuatoriano emitió un dictamen favorable respecto a la ratificación del Protocolo de Enmienda para insertar el Acuerdo sobre Facilitación en el Acuerdo de Marrakech, dictamen que fue publicado en el Registro Oficial 972 del 28 de marzo de 2017.

Siguiendo con el proceso de aprobación, se remitió el tema a la Corte Constitucional del Ecuador, la que publicó el “Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio – Acuerdo sobre Facilitación del Comercio” en el Registro Oficial, a fin de que cualquier ciudadano pudiese intervenir defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o total del mencionado instrumento.  Cumplidas las etapas formales, en mérito del control constitucional atribuido a dicho cuerpo colegiado, la Corte Constitucional ecuatoriana confirió dictamen favorable y estableció que el Acuerdo es compatible con la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, también destacó que es necesario contar con aprobación legislativa para incorporarlo al ordenamiento jurídico.  Este pronunciamiento fue puesto en conocimiento tanto del Presidente de la República como del Ministro de Relaciones Exteriores.

Al respecto debe tenerse en cuenta que la Constitución del Ecuador en su Art. 419 dispone:

“ La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

… 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.”

En este contexto, respetuoso de lo mencionado en la Carta Magna, el Presidente de la República ya remitió a la Asamblea Nacional toda la información necesaria para que esta función del Estado realice su análisis y se pronuncie en relación con este importante tema.   Hoy dependemos de la Asamblea Nacional para que el proceso de ratificación pueda concluirse.

¿Cuánto puede tomar esta gestión? Esa es quizás una de las preguntas más difíciles de responder.  Al respecto, debe tenerse en cuenta que no existen disposiciones relativas al tiempo del que dispone la Asamblea Nacional para atender este tipo de requerimientos; por otro lado, no es desconocido que la agenda legislativa posee gran cantidad de temas pendientes de tratar, y el último elemento de preocupación es que la aprobación de este tipo de casos requiere de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, quorum difícil de congregar.

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta indispensable lograr que la Asamblea Nacional priorice el análisis y aprobación del Acuerdo, el que sin duda marcará un rumbo importante en el desarrollo de los esquemas de comercio exterior a futuro, evitando  que la política de turno  distorsione el objetivo fundamental que es el fortalecimiento y promoción del comercio simple y transparente.


Imagen obtenida de https://bit.ly/AHAZLm

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María Gabriela Uquillas Iturralde
Ecuatoriana, con más de 10 años de experiencia en el ámbito del comercio exterior, graduada de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, cuenta con Posgrados en Negociación Comercial Internacional y Derecho Público, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil; y un Posgrado en Derecho Empresarial, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro de su experiencia laboral en el sector público, ha trabajado en el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, desempeñando múltiples cargos, siendo los más relevantes los de Gerente de Asesoría Jurídica, Asesor Gerencia General y Jefe Jurídica Distrito Guayaquil. Ha intervenido en diversas actividades en el ámbito aduanero, entre las que podemos destacar delegada de Ecuador al Grupo de Expertos Gubernamentales Andinos (Convenio de Kyoto, Regímenes Especiales); delegada Oficial para la elaboración de un Código Aduanero Andino; miembro del Grupo Asesor Reuniones Directores de Asuntos Aduaneros Comunidad Andina; coordinadora de múltiples programas de capacitación a nivel aduanero; expositora de diversos seminarios de Legislación y Procedimientos Aduaneros, entre otros. En la actualidad, brinda asesoría a múltiples empresas: Zonas Francas, Compañías de Seguros, Terminales Portuarios, Almacenes Dutty Free, Importadores/Exportadores, entre otros; y se desempeña hace 8 años como Asesora Aduanera en la Cámara de Comercio de Guayaquil.

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