Importancia del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC para el Perú

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Eduardo García-Godos M.[1]
Socio

Ante la reducción significativa de los aranceles y otras medidas no arancelarias en el mundo, la reducción de los tiempos y costos en las transacciones internacionales de bienes demanda mejoras en los procedimientos administrativos vinculados al comercio exterior que involucra la optimización de la actuación aduanera y de otras entidades públicas con responsabilidades en el control de mercancías en frontera.

Para el World Economic Fórum la disminución de las barreras regulatorias y logísticas en frontera tiene un impacto económico mayor que la reducción de aranceles[2]. Asimismo, según el International Trade Center se ha estimado consistentemente que un Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) podría reducir los costos de negocios entre US$ 350 billones y US$ 1 trillón, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio  (OMC) y podría incrementar el comercio mundial de US$ 33 billones a US$ 100 billones en exportaciones globales por año y US$ 67 billones en PBI global.

No existe un concepto oficial de la facilitación del comercio, pero podemos definirla como la simplificación, armonización y estandarización de los procedimientos y procesos entre entidades públicas y estas con las empresas para permitir una transacción comercial internacional.

Su regulación ha estado presente en el GATT 1994, pero en una forma básica y con un alcance limitado, en los artículos V, VIII y X. En julio de 2004, los Miembros de la OMC acordaron formalmente iniciar negociaciones sobre la facilitación del comercio con el fin de aclarar y mejorar las provisiones del GATT, con miras a agilizar aún más el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación de las mercancías. Estas negociaciones culminaron en diciembre de 2013, con la adopción del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, estando a la fecha en etapa de ratificación.

El Gobierno del Perú participó activamente en la negociación del AFC. Dado que ya se habían implementado una serie de medidas de facilitación previstas en los acuerdos regionales preferenciales (tratado de libre comercio), nuestra legislación interna ya contemplaba alguna de sus normas más emblemáticas como publicidad y transparencia, gestión de riesgos, resoluciones anticipadas y despacho pre arribo (anticipado), etc. También el gobierno realizó una autoevaluación para determinar el nivel de cumplimiento, medidas de largo plazo, asistencia técnica y acciones que podrían ser realizables. Conforme a la reglas de la Sección 2 del AFC, los países tenían que clasificar su nivel actual de implementación, llegando a la conclusión que de las 36 medidas del AFC, 29 estaban en la categoría A (82%), es decir estaban implementadas. Entre los compromisos que aún en transición (categorías B y C) se encuentran las resoluciones anticipadas, las notificaciones de control y refuerzo de inspecciones, las pruebas en los procedimientos, asuntos relacionados a las sanciones, cooperación en frontera, ventanilla única y cooperación aduanera.

El AFC consolida los principales acuerdos preferenciales regionales ya firmados por el Perú y está armonizado con el Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en materias como el uso de criterios de riesgos, auditoría post despacho, publicidad de las regulaciones, intercambios de datos y pagos de manera electrónica, entre otros.

La parte normativa está desarrollada en la Sección I del AFC que contiene disposiciones para agilizar el movimiento, levante y despacho de las mercancías, mejorando los artículos V,VIII y X del GATT de 1994 y promoviendo la cooperación aduanera. Los artículos 1 al 5 se ocupan especialmente de tema de transparencia, mientras que los artículos 6 al 12 tratan materias relativas a los costos y formalidades en los procedimientos aduaneros.

El acuerdo incentiva el diálogo aduanas – empresas e incluso sugiere extenderlo a fórmulas ambiciosas que involucren a otras entidades regulatorias (como es el caso de las autoridades sanitarias, de medicamentos, etc). Al respecto la Guía de la Alianza Aduanas-Empresa de la OMA[3] puede servir de referencia para promover la asociación entre la Aduana, las agencias de frontera y empresas. Este mayor acercamiento permitirá a su vez una implementación normativa con menos fricción con el sector privado y posibilitará cosechar beneficios por ejemplo en la pre publicación de normas, al tener un mayor espacio de discusión sobre proyectos regulatorios que perfeccionen las normas, creando así una atmósfera de confianza en los operadores.

Vamos a destacar a continuación algunas de las disposiciones que refuerzan las políticas de facilitación del comercio en el país.

En primer lugar, el levante de las mercancías (Artículo 7º del AFC) constituye uno de los ejes del acuerdo, dado que promueve el despacho anticipado de mercancías, incluyendo las provisiones del Convenio de Kioto Revisado. Se establece la tramitación previa a la llegada.- utilizando procedimientos que permitan que la gestión de documentación (datos e información) comercial y de transporte, incluyendo en formato electrónico, y otros trámites, pueda realizarse antes de la llegada de los bienes para proceder con un levante rápido a su llegada. Esta disposición consolida la importancia y necesidad de la información anticipada como lo promueven los acuerdos regionales preferenciales y el Marco SAFE de la OMA[4].

Luego, en el mismo artículo, se profundiza el alcance de los operadores autorizados en armonía con el Convenio de Kioto Revisado que ya anticipaba algunas provisiones sobre tratamientos más flexibles para aquellos operadores con un record satisfactorio de cumplimiento (Artículo 3.32 Anexo General) así como con el Marco SAFE de la OMA que impulsó el acercamiento entre la aduana y las empresas para efectos de un mejor control en la seguridad de la cadena logística internacional.

Las acciones para elevar la seguridad en las operaciones de comercio exterior, deben ser consistentes con criterios de riesgos que logren un equilibrio entre el objetivo deseado, las potenciales pérdidas o riesgos y el costo de las medidas de seguridad para el Estado y las empresas. De esta manera el AFC refuerza el rol de las autoridades en la aplicación de criterios de riesgo, con arreglo los lineamientos de la OMA y también el estándar ISO 31000: 2009 sobre gestión de riesgos para entidades públicas.

La Ventanilla Única de Comercio recogida en el Artículo 10º, constituye una grata novedad en el acuerdo. Al respecto se incentiva la implementación de un sistema de ventanilla única para el envío de documentación y/o requisitos de datos para la importación, la exportación o el tránsito, y que simplifiquen los procedimientos. Esta regulación propicia además la interoperabilidad entre las ventanillas de comercio de otros países creando un entorno de almacenamiento e intercambio de datos expeditivo.

La Ventanilla Única de Comercio Exterior en el Perú ha incentivado reformas pero quedaría empoderar aún más al Ministerio de Comercio Exterior y lograr que la Aduana trabaje estrechamente con las entidades sanitarias, de transportes y todas aquellas con algún rol en el control de mercancías. Otro importante beneficio que merece resaltarse es que los esfuerzos en la mejoras de procedimientos de comercio exterior tiene un efecto sobre aquellos que aplican al comercio local dado que la intervención impacta a toda la entidad independientemente si el procedimiento es para una exportación o para una venta local.

El AFC consolida una política de facilitación del comercio permitiendo la integración regional creando condiciones para la convergencia de las regulaciones internas de sectores específicos tal como lo promueve la Alianza del Pacífico para los medicamentos, cosméticos y productos sanitarios, estandarizando formatos y promoviendo la transparencia de normas y decisiones administrativas para construir así un clima de predictibilidad. Pero quedan otros retos aún que deben enfrentarse en el corto plazo como la actualización de la Ley de Procedimientos Administrativos dada la expansión de los trámites electrónicos, la firma electrónica como una condición para la eliminación de pasos innecesarios en la tramitación de expedientes; la transparencia de costos logísticos mediante un observatorio que analice y difunda regularmente el desempeños de los operadores, la desregulación del comercio de ciertos bienes eliminando productos de bajo riesgo de la lista de mercancías restringidas, volviendo procedimientos de evaluación previa en automática, admitiendo la posibilidad de tercerizar servicios, disminuyendo requisitos e información que no agregan valor al objeto de la solicitud.


[1] Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, LLM en Derecho Internacional Económico por  Warwick University, fue negociador del Acuerdo de Promoción Comercial Perú EEUU en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, profesor universitario. Es asesor de empresas y entidades públicas en facilitación del comercio y derecho corporativo.

[2] http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalEnablingTrade_Report_2014.pdf

[3] Idem.

[4] Marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global

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