¿Podría el fin justificar los medios? Los petroaudios y la prueba ilícita

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El jueves 10 de setiembre, los medios de comunicación informaron[1] que la Tercera Sala Penal Liquidadora, a cargo del caso que compromete a Rómulo León Alegría, Alberto Químper y Ernesto Arias-Schreiber; decidió excluir a los petroaudios del grupo de pruebas que serán valoradas en dicho proceso. La defensa de Rómulo León indicó que esta decisión sería coherente con la sentencia previa del caso BTR (Business Track), en la cual se señaló que a los señores Quimper y Rómulo León los interceptaron de manera ilegal.

¿Qué implica que una prueba sea “ilícita”? ¿Puede un Juez válidamente excluirla del proceso? ¿Se admiten excepciones? Estas son algunas preguntas que surgen a partir de la reciente decisión en el caso Rómulo León y Alberto Quimper. Conocer las respuestas a tales interrogantes, no sólo permitirá evaluar críticamente la decisión de la Sala Penal Liquidadora, sino también pensar si este argumento podría ser válidamente repetido para un caso similar de agendas supuestamente robadas.

En vista de ello, mediante el presente editorial se responderán dichas interrogantes, con el fin de brindar herramientas básicas para que cualquier lector pueda llevar a cabo su propio juicio de este caso, así como de otros semejantes.

I. ¿Qué es una prueba ilícita?-

A nivel doctrinal, la prueba ilícita ha sido definida de diversas maneras. A continuación, esbozaremos tales aportes y concluiremos con el concepto de prueba ilícita que adopta nuestro ordenamiento jurídico.

De acuerdo a cierto sector de la doctrina, la prueba ilícita es aquella obtenida atentando contra la dignidad humana. Este concepto ha sido respaldado por autores como Hernando Devis Echandía, “son pruebas ilícitas las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derecho fundamentales que la constitución y la ley amparan”[2].

Otro sector de la doctrina postula que la prueba ilícita es aquella que vulnera normas de rango legal y constitucional. Dentro de este sector se encuentran autores como Santiago Sentís Melendo para quien los medios de prueba deberán ser expulsados del proceso “cuando se trate de pruebas obtenidas en violación de derechos constitucionalmente, o aun legalmente garantizados”[3].

Por último, existe el sector de la doctrina que postula que la prueba ilícita es aquella obtenida violando derechos fundamentales o algún bien jurídico constitucionalmente protegido. Este concepto ha sido respaldado por autores como Jairo Parra Quijano[4], y a nivel nacional, Reynaldo Bustamente Alarcón[5].

Nuestro ordenamiento jurídico ha adoptado esta última definición de prueba ilícita. Muestra de ello es el artículo 159º del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional respaldan y desarrollan esta postura.

“(…) quedando desde esta perspectiva la inadmisibilidad e ineficacia de la prueba ilícita limitada a aquella obtenida con violación de derechos fundamentales (…)”[6] (énfasis agregado).

“No obstante ello, en consideración de este Tribunal la prueba prohibida es un derecho fundamental que no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, que garantiza a todas las personas que el medio probatorio obtenido con vulneración de algún derecho fundamental sea excluida en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de una persona, o que prohíbe que este tipo de prueba sea utilizada o valorada para decidir la situación jurídica de una persona. En este sentido, debe destacarse que la admisibilidad del medio probatorio en cualquier clase de procedimiento o proceso no se encuentra únicamente supeditaba a su utilidad y pertinencia, sino también a su licitud[7] (énfasis agregado).

II. ¿Puede un Juez válidamente excluir una prueba ilícita del proceso?

En vista de que una prueba ilícita es aquella obtenida vulnerando derechos fundamentales, el Juez se encuentra en el deber de excluirla. Dentro de un proceso, esta decisión judicial se toma al momento de calificar la admisión de medios probatorios y en función al criterio de licitud.

En esta etapa del proceso, el Juez puede tomar la decisión de rechazar medios probatorios en función a varios criterios: utilidad, idoneidad, pertinencia, preclusión, licitud, etc.

Por ejemplo, si un Juez observa que un medio probatorio fue ofrecido fuera de la etapa de ofrecimiento de pruebas, lo rechazará en función al principio de preclusión[8]. Asimismo, si un Juez advierte que un medio probatorio fue ofrecido para probar el atentado contra las torres gemelas el 11 de setiembre de 2001 ó el atentado en Tarata, entonces lo rechazará por inútil[9].

Al igual que estos criterios, la ilicitud permtirá que el Juez rechace un medio probatorio por haber sido obtenido vulnerando derechos fundamentales. Así por ejemplo, si en un proceso penal se ofrece la confesión del cómplice del delito pero ésta ha sido previamente obtenida torturándolo, entonces el Juez la rechazará.

Entorno al principio de licitud, se han esbozado diversas teorías complementarias para excluir una prueba ilícita. Una de ellas es la teoría de “la bandeja de plata”, anunciada por la Suprema Corte en el caso Weeks vs United States de 1914. Si una prueba es obtenida ilícitamente por alguien y éste se la entregada a otra persona para que esta última la ofrezca en un proceso, es decir, le da la prueba en “bandeja”; el Juez también la rechazará.

Por otro lado, también existe la teoría del “fruto del árbol envenedado”. Por ejemplo, si una persona es torturada y dice dónde están las armas, no puede utilizarse la confesión ni tampoco acusarlo de haber utilizado el arma, pues, a pesar de que esta segunda prueba, la inspección judicial en la cual se halló el arma, sea válida y legal, tiene como fuente un acto ilegal[10].

III. ¿De manera excepcional, puede una prueba ilícita no ser excluida?

A nivel de la jurisprudencia y doctrina comparada, la prueba ilicita podría atravesar tres caminos distintos:

(i) Que el Juez no rechace la prueba ilícita pero que aquel que la obtuvo sea sancionado civil, penal o administrativamente.

(ii) Que el Juez la rechace siempre.

(iii) Que el Juez, en cada caso concreto, pondere los intereses y derechos en conflicto y decida motivadamente si rechaza o no la prueba ilícita.

Como podrá apreciarse, el tercer camino abre la posibilidad de admitir la prueba ilícita en un proceso. A nivel nacional, cierto sector de la doctrina[11] se inclina por esta postura.

La prueba ilicíta representa un problema complejo de conflicto de derechos. “Existirá una situación de conflicto porque mientras el derecho a la prueba y la búsqueda de la verdad jurídica objetiva parecen propugnar su admisión (sin perjuicio de la sanción que corresponda al agente), los derechos fundamentales, o demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, que han sido afectados exigirán su exclusión o pérdida de eficacia probatoria”[12].

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico ni la jurisprudencia de las cortes judiciales muestran alguna tipo de inclinación por esta postura. Por el contrario, el medio probatorio ilícito será rechazado en cuanto sea advertido, sin que para ello se realice un análisis previo de ponderación de derechos.

En síntesis, la prueba ilícita, categoría acuñada a los petroaudios y que podría ser también atribuida, más adelante, a cierta agendas, es un concepto amplio y problemático a la vez. El problema reside en la pugna entre la necesidad de llegar a la verdad de los hechos y la necesidad de respetar derechos fundamentales de terceros. El fin no justifica los medios, es la regla. Queda a criterio del lector si, para ciertos casos, sería razonable apelar a la excepción.


Fuente de la imagen: www.entornointeligente.com

[1] Véase en: http://diariocorreo.pe/politica/sala-penal-resuelve-que-los-petroaudios-son-prueba-ilicita-616681/ y también en http://elcomercio.pe/politica/justicia/petroaudios-pj-resuelve-que-grabaciones-son-prueba-ilicita-noticia-1839914

[2]   DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Quinta edición. T.I. Buenos Aires: Victor P. de Zavalía. 1981. Página 539-540. A mayor abundamiento, v´´ease el Proyecto de Correción y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil elaborado en 1974, artículo 549º; y en PICÓ I JUNOY, Joan. El derecho a la prueba en el proceso civil.Barcelona: José María Bosch Editor S.A. 1996. Página 284

[3] SENTIS MELENDO, Santiago. La prueba – Los grandes temas del derecho probatorio-. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – America. 1979. Página 228.

[4] Véase en PARRA QUIJANO, Jairo. “Pruebas ilícitaS”. En Ius et veritas. Año VIII, No 14. Lima: Revista editada por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junio de 1997. Página 27.

[5] Véase en BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo”. Lima: Ara editores. 2001. Página 198.

[6] Véase la Casación Nº 342-2001-LIMA de 17 de setiembre de 2004.

[7] Véase en la Sentencia del 27 de octubre de 2010, recaída en el expediente Nº 00655-2010-PHC/TC LIMA, Alberto Quimper Herrera. El lector podrá acceder a esta sentencia a través del siguiente enlace web: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00655-2010-HC.html  

[8] Siempre y cuando la prueba extemporánea no responda a la teoría de los hechos nuevos (hecho propio o impropio). Si al lector le interesa profundizar sobre ello, puede leer a ALSINA, Hugo. “Alegación de hecho nuevos en el proceso civil”. En: Revista de Derecho Procesal. Año IX, No. 1 y 2, primer y segundo trimestre de 1951, Buenos Aires: Ediar S.A. Página 40 y siguientes.

[9] Si al lector le interesa profundizar sobre ello, puede leer a BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Op. cit. Página 173 y siguientes.

[10] Este ejemplo ha sido ofrecido por Jairo Parra Quijano en “Pruebas Ilícitas” Op. cit. 40. Asimismo, el mismo ha sido desarrollado por Reynaldo Bustamante Alarcón, Op. cit. Página 223.

[11] Dentro de ellos destaca Reynaldo Bustamante Alarcón.

[12] BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Op. cit. Página 214.

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