Escrito por Gustavo Zambrano(*)
En el corazón de la Amazonía peruana, los pueblos indígenas no sólo habitan la selva: la sostienen, la ordenan y la defienden. Su vínculo con el territorio no es funcional ni utilitario: es cultural, ancestral y político. Frente a la expansión del extractivismo ilegal, la violencia estructural y la indiferencia institucional, estas comunidades se han constituido —por derecho propio— en sujetos colectivos de defensa territorial, mucho más allá de la noción clásica del defensor ambiental individual.
El mundo tiende a imaginar al defensor ambiental como un activista con voz pública ,litigante o vocero técnico. Pero en los territorios amazónicos, la defensa del ambiente no es una opción, es un mandato colectivo ejercido desde la organización comunal. Las rondas indígenas, las guardias forestales, las asambleas y las autoridades tradicionales —como los apus y mamas— asumen la protección del bosque no como una militancia, sino como una responsabilidad inherente a su cultura y cosmovisión. Esa es la gran diferencia: los pueblos indígenas no solo protegen la naturaleza, sino que viven en relación con ella a través de normas propias, lenguas, ritos y sistemas de autoridad.
Ello hace imperativo un tratamiento diferenciado entre quienes protegen el medio ambiente y los defensores indígenas de sus territorios.
Esto es así porque, cuando hablamos de defensores indígenas del territorio, no hablamos únicamente de individuos valientes, sino de comunidades enteras que ejercen un rol histórico de defensa frente a múltiples formas de despojo. Su lucha no comienza con una amenaza puntual, sino con siglos de resistencia. Su legitimidad no viene de una ONG o de un Estado, sino de un pacto intergeneracional de custodia de la vida. Su defensa no se sostiene en intereses globales o debates y seminarios, sino en proteger a sus tierras, familias, culturas.
Sin embargo, esta defensa no los ha protegido del peligro: al contrario, los ha puesto en la mira. Solo entre 2019 y 2024, 57 defensores ambientales han sido asesinados en Perú, la mayoría indígenas, y Ucayali concentra los niveles más críticos. Allí, entre 2010 y 2024, se han identificado 226 defensores indígenas en riesgo y 11 asesinatos. Estas cifras son parte de un patrón regional: De acuerdo con Global Witness (2024) en 2023, América Latina concentró el 88 % de los asesinatos de defensores ambientales en el mundo, y el 43 % de las víctimas fueron indígenas.
Casos como el de Saweto —donde en 2014 fueron asesinados cuatro líderes ashéninka, entre ellos Edwin Chota Valera— o el de Mariano Isacama, líder kakataibo asesinado en julio de 2024 tras denunciar a invasores ilegales, confirman que en Perú, defender el territorio siendo indígena puede costar la vida. Aunque en 2024 se dictó una sentencia emblemática que condenó a los asesinos de Saweto, este avance judicial contrasta con la regla general de impunidad. La mayoría de crímenes contra pueblos indígenas y sus líderes siguen sin resolverse.
Pero el peligro no solo es letal: también es silencioso. Muchos defensores indígenas enfrentan criminalización judicial, racismo institucional y exclusión sistemática. Se les abre procesos penales infundados, se les niega acceso a intérpretes, se desestima su sistema de justicia comunal. El Estado, lejos de protegerlos, muchas veces los persigue. Incluso el Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, creado en 2021, ha demostrado graves deficiencias: falta de recursos, burocracia lenta, escasa articulación intercultural y respuestas que llegan cuando ya es tarde.
Frente a esta crisis, urge cambiar el enfoque. No basta con reconocer a personas indígenas como defensores individuales. Se debe reconocer que los pueblos indígenas, en tanto sujetos colectivos, son actores centrales en la defensa del territorio y del clima global. Pero sobre todo, que sus líderes y lideresas no solo defienden el medio ambiente, sino culturas y territorios, que aal estar bajo amenazas, pierde la comunidad
también. No olvidemos que en Perú, más del 50 % de la Amazonía está bajo gestión comunal indígena, y diversos estudios han demostrado que la tenencia indígena titulada reduce significativamente la deforestación. Ignorar este hecho no solo perpetúa la violencia, sino que debilita cualquier estrategia climática nacional.
Es hora de asumir que sin pueblos indígenas no hay Amazonía posible. Y sin Amazonía, el planeta pierde uno de sus mayores reguladores climáticos y culturales. En ese sentido, la ratificación inmediata del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso peruano es un imperativo ético y jurídico. Este tratado no solo reconoce el derecho de acceso a la información ambiental, sino que garantiza medidas especiales de protección para personas indígenas que defienden su territorio. La comunidad internacional tiene también una responsabilidad: exigir al Estado peruano que cumpla con sus obligaciones, que garantice la protección efectiva de defensores, que respete los sistemas normativos indígenas y que sancione a los actores criminales que operan —con frecuencia— con complicidad o inacción estatal.
Pero sobre todo, enfocar adecuadamente sus ayudas, ya que no estamos frente a un problema ambiental únicamente, estamos ante personas y pueblos indígenas que ven su continuidad cultural en riesgo. Los pueblos indígenas no están pidiendo privilegios, están exigiendo respeto. Exigiendo que se reconozca su rol como guardianes milenarios del equilibrio entre humanidad y naturaleza. Defenderlos a ellos no es un acto solidario, es un acto de supervivencia. Porque, cuando muere un líder indígena, no solo se apaga una voz: se fractura un ecosistema entero de conocimientos, prácticas y pactos con la tierra. Se rompen estructuras de gobernanza, se debilitan liderazgos, se allana el camino a la
criminalidad.
Hoy más que nunca, el futuro de la Amazonía —y del planeta— depende de que sus verdaderos guardianes vivan y puedan seguir defendiendo, con dignidad y sin miedo, el territorio que nos sostiene a todos. This is the way.
(*) Sobre el autor: Profesor TPA Auxiliar Ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP y especialista en derechos humanos y derecho ambiental, en particular en temas de pueblos indígenas vinculados a la gestión territorial, el manejo forestal, el cambio climático, la gestión de reservas para pueblos indígenas en situación de aislamiento, y consulta previa.
