La extinción del pago de los contratos u obligaciones que no pueden ejecutarse por culpa del coronavirus (covid 19) o el Estado de Emergencia | Rafael Viera Arévalo

¿Cuál es la situación de los contratos en el marco del Estado de Emergencia? ¿Existía ya una regulación que prevea estos escenarios extraordinarios? ¿Las obligaciones establecidas en el contrato cambiarían o mantendrían su cumplimiento a pesar del aislamiento social impuesto por el Estado? Rafael Viera Arévalo, socio fundador del estudio Viera Abogados, especialista en solución de controversias y litigios de toda índole ,y candidato a la Maestría Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, responde estas cuestiones.

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Elaborado por Rafael Viera Arévalo (*)

En las siguientes líneas, explicaré porqué sostengo que: i) los contratos de arrendamientos de locales comerciales no deben pagarse mientras dure el Covid 19 o Estado de emergencia, pero sí los inmuebles destinados a casa habitación; ii) los colegios no deben cobrar los servicios educativos que no prestan, iii) la suspensión perfecta de labores y iv) los contratos de cualquier naturaleza (distribución, suministro, obra, etc) no tienen  que ser pagados durante este periodo, si es que la prestación del acreedor no se ha realizado o no puede realizarse completamente.

Pues bien, todos nuestros derechos se sustentan en: i) la Constitución Política del Perú de 1993 (Constitución) que regula nuestros derechos constitucionales y fundamentales para cada persona y construye los pilares de la sociedad y el Estado y ii) las normas infraconstitucionales que están debajo de la Constitución,  que regulan cada sector, materia, situación, etc. Respecto de las normas infraconstitucionales, haremos referencia al Código Civil de 1984 (CC).

A ninguno de los creadores de la Constitución o CC se les ocurrió que podía darse una pandemia mundial por un virus tan letal que obliga a todos a quedarse en nuestras casas, no solo para el cuidado de nuestra propia vida y salud, sino por un interés superior y mayor como es la salud y vida de todos los peruanos y del mundo.

No existe ninguna norma que regula con precisión qué ocurre con las obligaciones cuando exista un virus letal, de tan fácil contagio y mundial; así que debemos dejar de buscar la norma que diga: “si aparece un virus letal y mundial, pasará esto o aquello con sus obligaciones” ni  la jurisprudencia porque nunca se ha resuelto un caso como este. Tampoco esperemos que el Estado, a estas alturas del complicado partido y que tiene mucho de qué preocuparse para que no mueran más personas y que no exista un hecatombe económico que nos destruya como sociedad y Estado, regule y prevea qué pasará con las consecuencias de cada prestación y obligación.

Cuando llueve nos mojamos todos, sin distinción de raza, credo, color, religión, estrato social, orientación sexual, menores o mayores de edad y debemos entender que esta lluvia letal de virus nos afecta a todos, no es culpa de cada uno, sino del Covid 19 y debemos tenerlo en cuenta en nuestras relaciones obligacionales porque también se mojan el acreedor y deudor.

Así como la Constitución regula y garantiza el derecho a la salud y vida de las personas también establece como derechos fundamentales la propiedad, libertad de empresa, libertad contractual y libertad de contratación. Ello significa que cada persona puede tener la propiedad de bienes muebles e inmuebles que quiera y hacer con ellos lo que les plazca, que las personas puedan pactar libremente los términos de sus contratos o acuerdos y escoger con quienes contratan (contratos de arrendamiento, de obra, de distribución, contratos educativos, contratos laborales, contratos de toda índole). Nadie nos puede obligar cómo contratamos, por qué contratamos, con quién contratamos, ni imponer los términos del contrato. Por otro lado, las normas infraconstitucionales regulan aquello que nos hemos olvidado pactar o nos prohíbe que pactemos por ser abusivo o ilegal y, cuando tenemos este vacío en la contratación, las normas suplen o compensan lo no pactado o pactado mal. Sin embargo, si aparece un evento inusual, irresistible y anormal, es evidente que se quiebra o rompe el normal desarrollo del contrato previamente acordado y afecta negativamente sus normales consecuencias.

Repetimos en reiteradas veces la palabra “contrato” y quizás creemos que es el papel firmado donde aparecen el conjunto derechos y obligaciones que se deben cumplir. Pues no lo es, el papel firmado es una de las tantas formas de evidencia sobre la existencia de un contrato, mas no la única.  El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial  (Art. 1351 del CC). Dicho de otro modo, si tengo un acuerdo con alguien, tengo un contrato. Podré demostrarlo con el papel escrito y firmado, con el correo electrónico que envié y me respondió, por lo conversado y acordado por Whatsapp, por el hecho de postular a un puesto de trabajo y me acepten, por el hecho de quedar con un propietario de un bien sobre las condiciones de un arrendamiento, por matricular a nuestros menores hijos en un colegio y pagar la pensión, por aceptar determinadas condiciones por internet con alguna empresa y dar “click” donde me preguntaban si estaba de acuerdo con lo que me proponen, en fin, dependiendo de la naturaleza del acuerdo, tendré un Contrato de Arrendamiento, Contrato Laboral, Contrato Educativo, Contrato de Distribución, Contrato de Obra, Contrato Mercantil e ilimitadamente tipos de contratos donde se generaran, de uno y otro lado, obligaciones (normalmente de pago) y prestaciones (sobre el servicio o  bien ofrecido).

Haremos mención a las normas del Código Civil que regulan la relación entre las personas (sea naturales o jurídicas) y dejamos constancia que estos criterios se aplican a rajatabla para las relaciones civiles, pero de manera general, a las relaciones laborales, administrativas, o cualquier relación obligacional, con las particularidades propias a cada materia.

Las normas del CC que podemos aplicar e interpretar son:

  • 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
  • 1316.- La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor.

Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. Sin embargo, la obligación se extingue si la causa que determina la inejecución persiste hasta que al deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla; o hasta que el acreedor justificadamente pierda interés en su cumplimiento o ya no le sea útil.

También se extingue la obligación que sólo es susceptible de ejecutarse parcialmente, si ella no fuese útil para el acreedor o si éste no tuviese justificado interés en su ejecución parcial. En caso contrario, el deudor queda obligado a ejecutarla con reducción de la contraprestación, si la hubiere. (Art. 1316)

  • 1317.- El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título de la obligación.

De acuerdo con el lector que, aun cuando está en un idioma que conocemos,  no se entiende, lo explicaré, espero, de manera muy sencilla: El caso fortuito o fuerza mayor sería: i) el Coronavirus (Covid 19) que nos obliga a tomar todas las previsiones del caso para evitar contagiarnos a nosotros mismos, a los que nos rodean, a los que trabajan con nosotros, a los clientes, a los proveedores y similares  o ii) el Estado de Emergencia decretado por Gobierno que nos obliga a quedarnos en casa o que determinados establecimientos no funcionen por la cuarentena o ,aun levantada, estos no funcionarán (restaurantes, cines, discotecas, teatros, etc) para evitar aglomeraciones. En cualquier caso, habrán prestaciones que no podrán cumplirse, lo cual constituye un evento de caso fortuito o fuerza mayor y, como es “sin culpa del deudor”, no tiene por qué pagarse por la prestación que no recibe, debiendo pagar solo la parte efectivamente prestada. Tampoco pagará por los daños y perjuicios que se generen porque el incumplimiento del pago no le es atribuible a ninguna de las partes, sino al Covid 19 o Estado de Emergencia, siendo la inejecución, en puridad,  “sin culpa” ni del deudor ni del acreedor.

Por ello, debemos ser claros en indicar que:

I) En aquellos contratos de arrendamiento de inmuebles destinados para uso comercial como los locales comerciales, oficinas, y similares, el arrendatario (deudor) no tiene por qué pagar el arrendamiento por el tiempo que dure el coronavirus- COVID 19 o el Estado de Emergencia porque no es culpable de no poder operar el local. Tampoco es culpa del arrendador que no pueda brindar un local comercial, oficina o similar en condiciones para que pueda ser operado, conducido, usado por el arrendatario, ni para que pueda realizar la actividad empresarial y económica para la que fue contratado el inmueble. Lo equitativo es que, por este tiempo, se extinga la prestación de pago del local comercial por la imposibilidad de ocuparlo y la imposibilidad que la prestación (otorgar un local comercial en condiciones para que sea ocupado y usado para la realización de una actividad económica) no pueda cumplirse. Salvo las empresas autorizadas para operar y que efectivamente hayan usado los locales comerciales, porque dicha autorización no es mandatoria, es facultativa; no es “deben”, sino “pueden”, lo que significa que, digamos, tengo 10 locales comerciales arrendados, solo puedo operar 2 porque no hay suficiente trabajo, no tengo personal, tengo infectados o lo que fuere, pagaré por los efectivamente usados, pero no por los otros 8 locales que no he usado.

Claramente, ello no aplica en los casos que el inmueble esté destinado a casa habitación porque como consecuencia del Estado de Emergencia, cuya finalidad es que las personas se queden en sus casas (sean propias o alquiladas), se cumple con el objeto del contrato destinado para este fin.

II) Los padres de familia, dependiendo de la etapa escolar de sus menores hijos, no tienen por qué pagar la pensión escolar al menos no al 100% y es obligación del centro educativo eliminar o reducir el monto de la pensión en proporción del servicio efectivamente prestado.

Como pueden extraer del portal del Ministerio de Educación (Minedu) el servicio educativo escolar se divide en tres: i) inicial, ii) primaria y iii) secundaria. El servicio educativo en inicial es lúdico y se desarrolla las habilidades motoras y motrices; los menores están en una etapa de aprendizaje donde deben desarrollar los sentidos y aprender cosas muy básicas. La prestación del servicio del colegio en esta etapa es absolutamente presencial no pudiéndose desarrollar el servicio de manera virtual. No solo porque en esta etapa incipiente del desarrollo es imposible un nivel de atención de los menores a una computadora, sino porque no se cumple con ninguna finalidad. En este escenario, el centro educativo no tiene forma de prestar el servicio con los estándares requeridos por el Minedu por lo que no puede cobrar por un servicio no prestado ni los padres pagar por un servicio no recibido.

Los niveles de primaria y secundaria, si bien tienen similares características, se diferencian en que, conforme uno va pasando de años (de conocimientos más básicos, a más avanzados y específicos), es posible prestar parte del servicio de manera virtual. Siendo el caso que en primaria las clases de manera virtual deben ser mínimas no pudiendo tenerlas por largas horas, mientras que en secundaria pueden ser mayores las horas virtuales. Sin embargo, sea uno y otro caso, claramente no se brinda el 100% de los servicios educativos y el colegio debe reducir el pago de la pensión en proporción al tiempo efectivamente prestado de manera virtual y eliminar los tiempos que no pueden ser prestados de manera presencial.

III) La suspensión perfecta de laborales es, básicamente, no recibir el pago por un servicio no prestado. En un escenario normal de ejecución de un contrato de trabajo, el empleador debe pagar por el servicio prestado por el trabajador. Si el trabajador no puede prestar sus servicios por causas no imputables a él, el empleador no tiene por qué pagar por un servicio prestado. O si el empleador no puede prestar sus servicios a sus clientes, por tanto, no podrá emplear a sus trabajadores. Inclusive, si brinda el empleador un servicio parcial, y requerirá parte de su personal, no tiene por qué pagar los trabajadores que no puede emplear para satisfacer la poca demanda de trabajo que tiene o similares excepciones.

IV) Cualquier contrato que tenga prestaciones que deban ejecutarse durante la existencia del Covid 19 o estado de emergencia y que la parte obligada a efectuar la prestación o que debe brindar el servicio sea de manera total o parcial no puede hacerlo faculta al deudor a no pagar la prestación o el servicio si este no ha sido brindado o pagar la parte proporcional a la efectivamente prestada o brindada.

La salida brindada en estas líneas son lo más equitativas posible durante la existencia del Coronavirus COVID 19 o Estado de emergencia sin perder de rumbo que cualquier relación obligacional, por lo general,  dura no menos de 1 año y por un periodo de tiempo que no se pague, no se puede afectar esta relación. Queda hacer los máximos esfuerzos para mantener del tiempo que dure la relación obligacional,  que claramente quedará resquebraja (no por culpa de las partes, insisto, sino por el COVID 19), para superar juntos los estragos que deje esta pandemia. Por ello, el arrendador que alquiló su local comercial y no podrá cobrar en este tiempo, que vea que el arrendatario le cancele los meses siguientes que resta del contrato y tenga en cuenta ello ante las renovaciones; el trabajador suspendido de manera perfecta haga sus máximos esfuerzos para regresar a sus labores, sintiéndose tranquilo de tener un lugar a donde regresar; el colegio que no cobra por un servicio prestado o cobra por lo efectivamente prestado de manera virtual, cuide la relación con sus alumnos y sus padres porque mientras más pequeños son los alumnos, más tiempo tiene para recuperar. Si es inicial, tiene todo primaria y secundaria de este menor para recuperar y así sucesivamente cada año dado que el ingreso a un colegio, se entiende, es para toda su vida escolar, no por un año determinado. Y así con cualquier contrato que se vaya ejecutando en el tiempo.  A cuidar lo que se tiene, a unos mismos, a la persona que se tiene al frente  y que no nos ha podido quitar el COVID 19.

Esperemos que las partes entiendan esta situación que justificará el incumplimiento de obligaciones originariamente acordadas, pero que, por culpa del Covid 19, no podrán ser ejecutadas o serán ejecutadas parcialmente. Si las partes no lo entienden, esperamos que las autoridades llamadas a cumplir y respetar los acuerdos y normas sí lo hagan, sean las autoridades administrativas (INDECOPI, SUNAFIL, SUNAT, MUNICIPALIDADES Y SIMILARES FISCALIZADORAS) y las autoridades judiciales.


Imagen obtenida de https://bit.ly/3cMT574

(*) Rafael Viera Arévalo. Socio fundador del estudio Viera Abogados. Especialista en solución de controversias y litigios de toda índole. Candidato a la Maestría Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

 

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