Día internacional de la justicia social

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Por Rosalí Juscamaita, miembro de SIEMBRA.

Es una triste realidad que millones de personas no cuenten con un empleo digno a causa de su condición de migrantes, mujeres, mayores, niños, etc. Esta situación genera otras como hambre, desnutrición, enfermedades, falta de vivienda y educación. Se tratan de limitaciones que hacen complicado que las personas gocen plenamente de sus derechos fundamentales.

Por ello, el 20 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Justicia Social. Con este día, la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) busca apoyar e impulsar la labor que realiza la comunidad internacional para erradicar la pobreza y promover el pleno empleo. En ese sentido, en el ámbito laboral, la ONU desea lograr un trabajo decente, igualdad de oportunidades entre sexos y acceso al bienestar social, es decir, justicia social para todos.

Asimismo, pretende recordar a los Estados miembros su compromiso con la erradicación de la pobreza y la desigualdad social. Cumplir con esas metas significaría alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU ya que de lograrse la justicia social se cumpliría con el objetivo N° 1 (el fin de la pobreza) y el N° 8 (el trabajo decente y  el crecimiento económico).

Pero, ¿qué se entiende por justicia social? Se refiere a la obligación por parte de los estados de conseguir la distribución igualitaria de los recursos para que todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades, especialmente los personas más desfavorecidas, y sus derechos sean respetados. La justicia social es uno de los pilares para la convivencia social. Dentro de ella se encuentran la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar y la igualdad social.

Por ello la promoción de la justicia social es fundamental. Para su realización se necesitan eliminar las barreras que enfrentan a las personas por razones como género, edad, raza, etnia, religión, cultura y/o discapacidad.

Este día fue establecido por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 62/10 del 26 de noviembre de 2007. En ella, tomando en cuenta los acuerdos dados en “La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el futuro: en pos del desarrollo social para todos en el actual proceso de mundialización” y en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción, señala que:

[…] el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y seguridad en las naciones, y que a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

También hace mención de la necesidad de un crecimiento económico de base amplia y sostenible para el logro del desarrollo social y la justicia social.

Inclusive refiere que la globalización y la interdependencia están generando nuevas oportunidades laborales a través del comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología. De esta manera, hay un crecimiento en la economía y también un desarrollo y mejora del nivel de vida en todo el mundo. Sin embargo, persisten problemas graves: agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad que hacen más difícil la integración y participación de los países en desarrollo.

Cumpliendo con los propósitos y objetivos mencionados y con el compromiso que se tiene de alcanzar la justicia social, el 10 de junio del 2008, la Organización Internacional del Trabajo adoptó la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa. Esta declaración tiene el objetivo de alcanzar en el empleo resultados equitativos, protección y diálogo social, y el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales, todo dentro de un contexto de fuerte globalización. Los Estados miembros se comprometieron a reforzar las capacidades de la OIT y conseguir que la Declaración sea una herramienta para que exista un trabajo decente y más oportunidades de ingresos para todos.

En el día Internacional de la Justicia Social celebrada el 2010, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, indicó que “la justicia social se basa en los valores de equidad, igualdad, respeto de la diversidad, el acceso a la protección social, y la aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida, incluso en el lugar de trabajo”. Recordándonos de esta manera que la justicia social debe estar presente en todos lo ámbitos de nuestra vida y sociedad.

Este año, la ONU ha escogido el lema: “Prevenir los conflictos y mantener la paz con el trabajo decente” con la finalidad de prestar especial atención a la necesidad de una economía que respete los límites del planeta, que sea sostenible y compatible con el bienestar del ser humano y que no solo se preocupe en la producción de materiales y su excesivo consumo.

Así mismo, la OIT, teniendo en cuenta que en los últimos años las olas migratorias han sido constantes y han ido en aumento, exhorta a que haya un trato justo a todas estas personas. Sin ir muy lejos, vemos que la situación no es ajena a nuestra realidad ya que el Perú ha recibido una gran cantidad de ciudadanos venezolanos debido a la crisis que ocurre en su país. La OIT menciona que muchos de los migrantes en todo el mundo son víctimas de discriminación, explotación, violencia y que no cuentan con la protección básica. Además, las mujeres, que son un 44% de los trabajadores migrantes, son las más afectadas.

Se recomienda que haya una migración bien gestionada, justa y eficaz que pueda dar oportunidades a los trabajadores migrantes y a sus familias. También se sugiere que los gobiernos tomen medidas en beneficio de una migración justa y que estas incluyan al trabajo conjunto que hacen los Ministerios de Trabajo, las empresas, organizaciones de empleadores y trabajadores.

Nuestro país, por ejemplo, mediante el Decreto Supremo N° 023-2017-IN, emitió el Permiso Temporal de Permanencia para los ciudadanos venezolanos que ingresaron al Perú de manera regular hasta el 31 de julio del 2017. El documento permite que se acredite la situación migratoria regular de los venezolanos por un año. Así ellos ya pueden acceder a un trabajo y desde su implementación, según lo que menciona Migraciones, muchos han podido retomar sus estudios, mejorar sus condiciones de vida y sus posibilidades de desarrollo personal.

Si bien es un gran paso y avance, todavía hay algunas cosas que subsanar y hay países en los que el trabajo no cumple con lo que establece la OIT. Existen aún mucha personas que no pueden acceder a empleos dignos. Está en manos de los Estados hacer que la situación cambie y seguir promoviendo la justicia social.


Imagen: https://goo.gl/3dTjfZ

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